La FIDH envía misión de observación de urgencia a Chile frente a la situación actual de aplicación de la ley antiterrorista a Mapuches.

París, Temuco 27 de septiembre de 2017.– La FIDH y el Observatorio Ciudadano manifiestan su preocupación y condena por la intensificación del uso de la ley sobre conductas terroristas por parte del Estado de Chile para perseguir a integrantes del pueblo mapuche, varios de ellos defensores de derechos humanos. Asimismo, por el uso abusivo y desproporcionado de las fuerzas policiales en contra de personas mapuche, afectando en varios casos a niños y niñas. Frente a esta situación la FIDH enviará una misión de urgencia a Chile del 2 al 6 de octubre de 2017.

En la actualidad la legislación antiterrorista está siendo utilizada contra 23 mapuches en distintos casos en que se les imputa la comisión de delitos terroristas, entre ellos los delitos de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, el delito de incendio terrorista, y el delito de asociación ilícita terrorista. Un caso emblemático es el que se sigue por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay donde el Ministerio Público ha solicitado para 10 de los imputados mapuche, incluyendo la machi y autoridad tradicional del pueblo mapuche, Francisca Linconao, una pena de presidio perpetuo. Cabe señalar que en este proceso que se sustancia por el Tribunal Oral en lo Penal en Temuco, y en el cual actúa como querellante el Ministerio del Interior, la mayoría de los imputados lleva un año y seis meses de prisión preventiva, sin pruebas serias, y en abierta violación del derecho a la presunción de inocencia.

Otro caso es el del procesamiento de Alfredo Tralcal y los hermanos Ariel, Benito y Pablo Trolcol, todos ellos integrantes del pueblo mapuche, quienes fueron detenidos en junio de 2016 bajo acusación por parte del Ministerio Público y del gobierno de haber cometido un delito de incendio con carácter terrorista. Dichas detenciones fueron resultado de la apertura de una investigación como consecuencia del ataque ocurrido contra una iglesia evangélica en la localidad Padre Las Casas ese mismo mes. Desde entonces, los acusados se encuentran sometidos a prisión preventiva en el marco de un proceso que ha superado 15 meses de duración.

En protesta ante esta situación, los comuneros mapuche iniciaron hace 112 días una huelga de hambre para visibilidad a su caso y exigir el reconocimiento de su derecho a un juicio justo, celebrado en plazo razonable, la no aplicación de la ley sobre conductas terroristas y no utilización de testigos de identidad protegida, así como la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva a que se encuentran sometidos en la actualidad. Informes del Colegio Médico de Chile dan cuenta de la perdida sostenida de peso por parte de los huelguistas, y del deterioro de sus funciones vitales, todo lo cual hace temer por sus vidas. No obstante, el gobierno hasta ahora no ha depuesto su querella, y persiste en su procesamiento por la ley sobre conductas terroristas.

La situación se ha agudizado desde el 23 de septiembre pasado, razón por la cual la FIDH ha decidido organizar esta misión de observación de urgencia, cuando en una operación policial y de inteligencia denominada “huracán”, se detuvo a ocho dirigentes y autoridades tradicionales mapuche acusados de los delitos de incendio y asociación ilícita terrorista considerados en la legislación referida. La detención, que se realiza luego de una reunión de coordinación de las policías, Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso jueces, se hizo sobre la base de una orden verbal y no escrita, con fuertes contingencias que ejercieron violencia desproporcionada. En tres de los casos de detención estaban presentes niños y niñas, los que en algunos casos fueron encañonados, en otros huyeron buscando refugio en lugares aledaños. Como parte de este operativo se allanó un hogar estudiantil y se desalojó un campamento pacífico que se había establecido frente a la cárcel pública de Temuco, en solidaridad con los presos mapuche en huelga de hambre.

El comportamiento abusivo de las policías chilenas en operativos que involucran a comunidades mapuche ha sido una práctica reiterada. Por lo mismo ha sido representado al Estado de Chile por entre otros órganos, por el Comité Contra la Tortura (2009), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (2013), y el Comité de Derechos Humanos (2014). Es preciso recordar que el Estado de Chile fue condenado por la CIDH en el marco del caso “Norin Catriman y otros vs la República de Chile” por violaciones del principio de igualdad y no discriminación y del derecho de defensa, como consecuencia de la aplicación de la Ley Antiterrorista contra 8 activistas y líderes mapuche, ley calificada por el propio Tribunal como violatoria del principio de legalidad y del principio a la presunción de inocencia.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano solicitan al Estado de Chile que desista en su voluntad de calificar como terroristas los actos enjuiciados en estos casos y garantice el respeto de los derechos de los acusados a la presunción de inocencia y a un juicio justo. La FIDH solicita también la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas que resulten acordes a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo a dicha jurisprudencia, los Estados al interpretar y aplicar su normativa interna deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural, añadiendo que la duración prolongada de la prisión preventiva puede afectar de manera diferenciada a los miembros de los pueblos indígenas por sus características económicas, sociales y culturales.

Finalmente solicitamos al gobierno de Chile que, en vez de privilegiar la política criminal y policial para perseguir presuntos delitos que puedan cometerse en el contexto de la protesta social mapuche, asuma las obligaciones que ha contraído al ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígena y Tribales y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y de pasos ciertos hacia el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales del pueblo mapuche, hasta ahora denegados, única manera de garantizar una paz estable en esta parte del país.

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