Organizaciones solicitan a la CIDH informe temático sobre afectación de acuerdos comerciales a DDHH

  • Los peticionaros, junto con entregar antecedentes sobre la afectación de tratados comerciales y de inversión a derechos humanos, en general, e indígenas, en particular, formularon una serie de recomendaciones a los Estados y a la Comisión.

Por Paulina Acevedo M., Observatorio Ciudadano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atendiendo la solicitud de un conjunto de organizaciones indígenas y de sociedad civil de Chile, México y Perú, alertando sobre graves impactos en derechos humanos que se registran producto de los acuerdos comerciales que son suscritos por los Estados, como es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) del que son parte estos tres países, concedió una audiencia temática especial para tomar conocimiento de estos antecedentes en el marco de su 159º Periodo Ordinario de Sesiones, que se desarrolló del 01 al 07 de diciembre recién pasado en Panamá.

Alejandro Parellada, Coordinador del Programa para América Latina del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA), fue el primero en intervenir en nombre de la delegación asistente a la sesión, quien destacó el carácter secreto que reviste la negociación de este tipo de tratados, “sin ninguna participación de la sociedad civil” y “con graves perjuicios a los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas”.

Luego fue el turno del sociólogo Emanuel Gómez, miembro de la Coalición de Organizaciones y Movimientos México Mejor Sin TPP, dando cuenta que Chile, México y Perú mantienen 57 acuerdos comerciales con más de cien países de todo el mundo, y que no obstante en las legislaciones internas de estos países se prevé que sean los congresos nacionales los encargados de ratificarlos, no existe en ninguno de ellos la “obligación de consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, aun cuando se trate de estados parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sean firmantes de la Declaración de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que así lo establecen”.

Posteriormente intervino la dirigente mapuche, Ana Llao Llao, de la organización AD-Mapu (Chile), quien para ejemplificar los efectos de los acuerdos comerciales en los derechos indígenas, se refirió a los problemas generados por la inversión forestal en el medio ambiente y en la diversidad biológica de las tierras ancestrales del pueblo mapuche, la que ocupa una superficie de un millón y medio de hectáreas, principalmente con monocultivos de pino y eucaliptus mapuche.

La dirigente destacó también la criminalización de la protesta mapuche frente a estas realidades, la que ha incluido el uso de la ley antiterrorista, lo que implicó la condena del Estado chileno por faltas al debido proceso. Igualmente, dio cuenta de los casos de violencia policial que han enfrentado, resultantes en diversos casos de torturas y muertes que han afectado a los integrantes de las comunidades en los últimos años.

A continuación Fernando López, Coordinador de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CNPA (México), se refirió a los principales impactos de las políticas de libre comercio los últimos 20 años, tras la suscripción del TLCAN con Estados Unidos, entre ellos, un éxodo migratorio de gran magnitud; en la agricultura, aumentando la dependencia alimentaria de la exportación desde un 10% en 1994 a un 43% en 2013, lo que podría llegar a un 80% al 2030, según de la ONU sobre el derecho a la alimentación.

Luego Ketty Marcelo, presidenta de la organización indígena ONAMIAP (Perú), destacó “que en el actual contexto de globalización, en la región se viene imponiendo un modelo extractivista de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles, que amenaza el buen vivir de nuestros pueblos”. Marcelo se refirió también a los graves problemas de deforestación que enfrentan los territorios de los pueblos en Perú, poniendo como ejemplo el caso de las inversiones del el Grupo Melka, que “entre 2011 y 2013 en la región de Ucayali ha deforestado 11,000 hectáreas de bosques, sin estudios de impacto ambiental y sin trámite de cambio de uso de suelo, ante la vista y paciencia de todas las autoridades y ante la advertencia de las organizaciones indígenas”.

Tras las intervenciones de los representantes indígenas, el abogado y co director del Observatorio Ciudadano de Chile, José Aylwin, se refirió a impactos específicos del TPP, consignando que la exclusión de la que la ciudadanía fue objeto habría vulnerado el derecho a participar en forma directa en la dirección de los asuntos públicos (artículo 23 de la CADH) y, en el caso de los pueblos indígenas, su derecho que tienen a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos (art. XXII 2), a definir sus prioridades en materia de desarrollo (art XXIX) y a ser consultados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado frente a la adopción de este acuerdo comercial (art XXIII 2), reconocidos en la recientemente aprobada Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

En cuanto a los principales ámbitos de afectación, Aylwin advirtió que uno de los contenidos más preocupantes del TPP es el que dice relación con los derechos que se otorgan a los inversionistas para su protección frente a los estados, al establecer la obligación de brindarles un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas” e impedirles expropiar o nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, lo que genera un efecto inhibidor en la adopción de políticas en favor de derechos humanos por parte de los Estados. También se refirió a los mecanismos arbitrales de solución de controversias establecidos en los acuerdos comerciales, incluyendo el TPP, señalando que este año un conjunto de relatores ONU han afirmado que estos “parecen no cumplir con las garantías del derecho a un recurso efectivo, a un juicio imparcial y debido proceso”.

Aylwin también se refirió a los impactos al medio ambiente, ya que el TPP prioriza claramente el comercio sobre la protección ambiental al establecer que “ninguna Parte fallará en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente de una manera que afecte el comercio o la inversión”. Subrayó además las limitaciones que imponen a la protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos las disposiciones de propiedad intelectual y los riesgos de la obligación de ratificar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), “el que establece un sistema de ‘protección’ de los derechos de los ‘obtentores vegetales’, entre ellos la reproducción y comercialización de variedades vegetales muchas veces desarrolladas a partir de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas”.

Estos antecedentes fueron complementados por el representante Javier Llamoza, representante de RedGe de Perú, quien abordó los impactos en la salud pública y el acceso a medicamento, debido a la extensión de patentes que promueve sobre esta industria el capítulo de propiedad intelectual del TPP. Como dan cuentas informes de los propios servicios de salud pública, en el caso de Chile y Perú.

Recomendaciones

Los representantes de las organizaciones peticionarias formularon además una serie de recomendaciones, tanto a los Estados como a la Comisión Interamericana, las que fueron expresadas por Walter Vargas, encargado de Área DESC de APRODEH.

Respecto a lo primero, solicitaron a los Estados realizar un estudio de los impactos en derechos humanos generados por los acuerdos comerciales que hasta ahora han suscrito. Asimismo, asegurar la coherencia interna en sus políticas, absteniéndose de celebrar nuevos acuerdos comerciales que puedan comprometer el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En el caso particular del TPP, recomiendan realizar en forma previa a su ratificación un estudio de sus potenciales impactos en los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de pueblos indígenas. E impulsar en el marco de los procesos de ratificación de este acuerdo un proceso efectivo de participación ciudadana, idealmente a través de un referéndum sobre la materia, dado el secreto que marcó sus más de cinco años de negociaciones.

Finalmente, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos, hacen un llamado a que los tres países desarrollen procesos de consulta a los pueblos indígenas, con miras a lograr su acuerdo o consentimiento, y en caso de que este no sea otorgado abstenerse de su ratificación.

A la Comisión Interamericana, en tanto, le solicitaron realizar un informe temático sobre los acuerdos comerciales y los derechos humanos en las Américas, y a la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas del dicho organismo, dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe de la CIDH sobre Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes e Industrias Extractivas, cuyas actividades de inversión son incentivadas por los acuerdos comerciales.

Del mismo modo, recomendaron a la CIDH instar a los Estados a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y éstos que establezcan medidas efectivas para proteger los derechos reconocidos en la Declaración Americana sobre Derechos de pueblos indígenas, en particular los derechos de propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, la propiedad intelectual, y su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo.

Plantearon, asimismo, la disposición de las distintas organizaciones peticionarias a colaborar con esta Comisión para abordar la compleja relación entre acuerdos comerciales y derechos humanos.

Reacciones

Concluida la audiencia, el co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, valoró de forma la instancia, “ya que permitió visibilizar la situación de afectación de los derechos humanos en la región por los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos por la mayor parte de los estados con las grandes economías. Entre estas afectaciones se destacó por representantes de pueblos indígenas la de los derechos de sus pueblos, dado que dichos acuerdos generalmente inciden en inversiones extractivas en sus territorios, las que se imponen sin consulta y consentimiento, sin participación en los beneficios y sin compensación por daño”.

Agrega que la audiencia sirvió para visibilizar “en particular la afectación actual y potencial del TPP en los casos de Chile Perú y México, tanto en términos de los derechos políticos y de participación, como en los derechos sociales y culturales”.

Por último, destacó que “los comisionados asistentes, que incluyeron al presidente de la Comisión, James Cavallaro, al Relator de Pueblos Indígenas, Francisco Eguiguren, y Paulo Vannuchi tuvieron una disposición receptiva a nuestros planteamientos, manifestando el interés de la CIDH de profundizar en estas materias. Al respecto se propuso a la CIDH realizar un estudio temático sobre la afectación de derechos humanos por acuerdos comerciales, y el instar a los estados a desarrollar estudios de impacto en derechos humanos de los tratados suscritos, y de los futuros, previo a su ratificación”.

Por su parte Walter Vargas, encargado de Área DESC de APRODEH, puso énfasis en la experiencia de implementación del TLC entre Perú y EEUU, que generó una fuerte represión a la protesta social y la movilización por la defensa indígena de territorios comunales. Como ha determinado un reciente fallo judicial en Perú, el cual afirma que “la resistencia indígena a decretos de implementación del TLC fue reprimida letalmente por la fuerza pública, a pesar de ser la única vía legítima de autodefensa territorial ante la ausencia de consulta previa”, asegurando que el secretismo y la potencial afectación del TPP a los derechos humanos puede llevarnos a un escenario análogo.

Revise la audiencia: https://www.youtube.com/watch?v=HZwSuuV4vN0

Organizaciones peticionarias de la audiencia

CHILE: Observatorio Ciudadano, Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP, Ad-Mapu, Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas (RAP-AL).

MÉXICO: Coalición de Organizaciones y Movimientos Sociales México Mejor Sin TPP, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

PERÚ: Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Red Peruana por una Globalización con Equidad (REDGE), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

INTERNACIONAL: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

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