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Tiempos de reinicio del ciclo de la vida. A fines de junio los pueblos indígenas del hemisferio sur celebran su año nuevo; el We Xipantu para los mapuche en el sur de Chile y Argentina. También es un tiempo de renacer de las esperanzas de los pueblos indígenas en el establecimiento de nuevas formas de relación, más justas y menos discriminatorias, con los estados y con las sociedades no indígenas con las que conviven.

El año 2006 estuvo marcado por la acción de las víctimas de la política de criminalización de la protesta social impulsada por el Estado chileno en el territorio mapuche. Una extensa huelga, realizada por tres presos mapuche y una simpatizante, condenados a 10 años y un día de cárcel por el supuesto delito de incendio terrorista, fueron quienes, a través de hambre de 62 días en demanda de su libertad y la de los “presos políticos mapuche”, y en demanda del término de la aplicación de la legislación antiterrorista para la persecución de la protesta social indígena, los que fijaron la agenda del debate en esta materia.

El Gobierno de la Presidenta Bachelet dio cuenta de la postergación del diálogo relativo a la política pública y a la agenda legislativa. Diversas organizaciones e intelectuales indígenas, manifestaron su visión sobre estos temas. Señalando que una prioridad en esta materia está constituida por la ratificación por el Congreso Nacional del Convenio 169 de la OIT y no por la reforma de la Constitución como desde la nueva administración se ha insistido, incluso otorgándose urgencia —y luego retirándola— a un proyecto de reforma constitucional cuya aprobación, lejos de constituir un avance en la materia, significaba un serio retroceso.

Tales reformas jurídicas serían claves para la protección de los derechos de pueblos indígenas amenazados en el contexto de la expansión de la economía global, con el aval del estado, hacia sus territorios, proceso que, como se analiza en los artículos de este nuevo ejemplar del Observador, no solo parece estar lejos de terminar, sino por el contrario, sigue constituyendo una grave amenaza para la sobrevivencia material y cultural de los pueblos indígenas y de sus comunidades en Chile hoy.

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