La comunidad indígena Kawésqar residente en Puerto Edén pidió que se investiguen los hechos y se  persiga a los responsables “en su más alto grado y extensión”,  del derrame de 40 mil litros de petróleo que afectó a la Isla Guarello, en la Región de Magallanes.

“Requeriremos de parte de la Autoridad Marítima la mayor transparencia en la investigación de este evento y en la persecución de las responsabilidades a las que dé lugar, en su más alto grado y extensión”, dicen desde la comunidad en un comunicado.

En la misiva, pidieron además solucionar la problemática ya que afecta “las bases fundamentales de su cultura“.

La comunidad había solicitado hace dos años la implementación de un resguardo específico a todas las actividades que pudiesen significar una posible amenaza para el sector del Archipiélago Patagónico, pero alegan que nunca fueron escuchados.

Entre los afectados, el comunicado señala también a la comunidad de canoeros, “para quien el mar y sus recursos son constitutivos de su cultura” según dicen los Kawésqar.

Otro de los aspectos relevados por la comunidad Kawésqar, es el de las pinturas de sus antepasados,  que se habrían visto afectadas por el derrame y que son constitutivas de una alta “relevancia cultural y arqueológica“.

Por estas razones, desde la comunidad residente en Puerto Edén, cuyo territorio ancestral es la Isla Guarello, expresaron que se encuentran a disposición de las autoridades y de quienes lleven a cabo las acciones para encontrar las responsabilidades correspondientes, recalcando que estas deben ser llevadas con transparencia y con foco en castigar a los culpables.

• La empresa de capitales estatales proyecta construir dos centrales hidroeléctricas en el Río Pilmaiquen, afectando sitios sagrados y arqueológicos del pueblo mapuche.

• A la reunión, asistió también el senador de la región de Los Lagos, Alfonso de Urresti, quien respalda a las comunidades en su demanda.

Representantes de comunidades mapuche de Río Bueno se reunieron con la embajadora de Noruega en Chile, Beate Stiro, a quien pidieron que la empresa de capitales estatales noruegos Statkraft se retire de su territorio ancestral, dando cuenta de los graves e irreversibles impactos que tendrán los proyectos hidroeléctricos Osorno y Los Lagos en su territorio ancestral, los podrían comenzar a construirse en agosto de este año en el Río Pilmaiquen.

La delegación estuvo compuesta por dirigentes y autoridades de las comunidades afectadas por los proyectos de la compañía noruega, entre ellos Rubén Alen Cañio, Amanda Huichalaf, Norma Vargas Queulo, presidenta de Asociación de comunidades mapuche de Puyehue Kimun Newen, y la machi Millaray Huichalaf. En la reunión también participó el vicepresidente de la Cámara Alta y senador por Los Ríos, Alfonso de Urresti, quien respalda la demanda de las comunidades.

La machi Huichalaf, confirmó que la audiencia fue solicitada previamente por ellos, y que se trata del último diálogo para intentar una salida al conflicto generado por la compañía y que llegarán hasta las últimas consecuencias con tal de que la iniciativa no se desarrolle.

Su objetivo “era plantearle, como representante en Chile de ese Estado noruego, desde el interior de las comunidades que estamos en la zona de afectación de los proyectos centrales hidroeléctricas Osorno y Los Lagos, nuestra posición, que es que la empresa se vaya de nuestro territorio. Hace más de diez años venimos luchando por la defensa del rio Pilmaiquen, pues es un conflicto muy grave el que ellos mantienen dentro del territorio”.

Como parte de sus reivindicaciones, las comunidades afectadas han hecho ocupación pacífica de los terrenos ocupados por la empresa, donde existe un campamento policial que resguarda el territorio en conflicto. “Actualmente nuestro lof se encuentra en reivindicación territorial en el fundo Carimallin, donde esta empresa noruega pretende llevar adelante sus proyectos se encuentra vulnerando nuestros derechos políticos, territoriales y culturales, por eso le planteamos que se vayan, que bajen sus dos proyectos y se devuelva este territorio a las comunidades”, reafirmó Huichalaf.

“Al interior del predio se encuentran nuestras comunidades, son familias completas que estamos al interior de esta ocupación pacífica, en resguardo de nuestro río Pilmaiquen, de nuestro centro ceremonial, de nuestro sitios arqueológicos, que nos queremos que sean saqueados ni inundados”, aclaró.

Cabe señalar que los proyectos de las centrales hidroeléctricas Osorno y Los Lagos fueron sometidas a evaluación ambiental de forma separada, por tanto sin considerar sus impactos sinérgicos y acumulativos, ello a pesar de que ambos se encuentran separados por solo 11,6 kilómetros y que afectarán importantes sitios ceremoniales y arqueológicos del pueblo mapuche, así como un cementerio indígena.

Ambos proyectos se suman además a otras dos centrales que se encuentran construidas en la cabecera del río Pilmaiquen, la Central Hidroeléctrica Rucatayo, en operaciones desde 2012, también de propiedad de EEP S.A. (adquirida por la noruega Statkraft), y la Central Hidroeléctrica Pilmaiquen, en operaciones desde 1944, de propiedad de ENEL.

Estos impactos fueron negados por la empresa mediante declaración pública difundida tras la reunión, no obstante en ella reconoce que la casa de máquinas del proyecto Los Lagos se encuentra tres kilómetros más debajo de un Ngen Mapu Kintuante, sitio de gran significación cultural para el pueblo mapuche, y citando un estudio realizado de 2017 que no acompaña, señala que no habrían en la zona de obras hallazgos que demuestren la presencia de un cementerio prehispánico o en el área del reservorio del proyecto, el que sería inundado por dicha central hidroeléctrica.

En cuanto a los siguientes pasos, la machi indicó que “a la espera de los resultados de la reunión se encuentran más de 27 comunidades que estamos en resistencia. La gente está muy expectante de los resultados, pero la embajadora lo único que nos señaló que informará a esta empresa estatal noruega y Estado noruego de nuestra demanda. Nosotros entendemos que este es el último diálogo que nosotros hacemos con el estado noruego y que seguiremos protegiendo nuestro espacio ceremonial, mediante el control territorial del rio Pilmaiquen”.

-Los pueblos originarios de la Amazonia peruana, el Pueblo Achuar del Pastaza-FENAP y la Nación Wampís-GTANW rechazan cualquier actividad petrolera dentro su territorio y piden la nulidad de todos los Lotes petroleros, establecidos sin consulta ni consentimiento. -Ambos Pueblos viajaron a Chile a realizar su manifestación pública de rechazo a las petroleras y reunirse con GEOPARK para exigirle que renuncie al Lote 64.

En Chile, delegación del Pueblo Achuar del Pastaza, representado por la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), y el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) se reunieron con la empresa petrolera GEOPARK y le exigieron que renuncie al Lote 64, en el que mantiene el 75% de la propiedad, en territorio peruano.

Esto porque ambos Pueblos rechazan cualquier actividad extractiva dentro de sus territorios y exigen la nulidad de todos los Lotes petroleros, establecidos sin consulta ni consentimiento por el Estado peruano.

Ante el CEO de GEOPARK, James Park, y sus gerentes, el presidente de FENAP, Nelton Yankur Antich, aseguró que el Pueblo Achuar del Pastaza y la Nación Wampís se han unido en defensa de su territorio y no permitirán el ingreso de GEOPARK ni de otra petrolera. “Ustedes pueden operar en otro territorio, pero no en territorio achuar ni wampís”, afirmó tajantemente.

Ambos Pueblos increparon a GEOPARK haber omitido en su cuestionado Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del “Proyecto de desarrollo del Área Noroeste (Situche Central) del Lote 64” la existencia del Pueblo Achuar del Pastaza, del área de influencia directa e indirecta. “El Lote 64 abarca el 60% de nuestro territorio. Y en la zona de los pozos petroleros, dejados por la empresa Tálisman, hay contaminación que no han sido remediados”, manifestó, en idioma achuar, Chiwian Mashiant Sukuut, presidente de la Comunidad de Putuntsa, una de las 45 comunidades del Pueblo Achuar del Pastaza.

También, Julio Hinojosa, vocero de la Nación Wampís, aseveró que las empresas petroleras solo buscan aprovecharse de sus recursos naturales, destruyendo sus territorios y dejando contaminación. “Nación Wampís y Pueblo Achuar del Pastaza también quieren vivir sano y quieren existir. Les exigimos respeto a nuestra naturaleza porque nuestra existencia depende de ella”, dijo Hinojosa a GEOPARK.

La empresa escuchó atentamente la exigencia de la delegación indígena y les solicitó otra reunión. Sin embargo, ambos pueblos se negaron rotundamente, porque aseguraron que el rechazo a las petroleras ha sido expresado mediante cartas que nunca recibieron respuestas. Y, además, porque no cambiarán de posición.

GEOPARK aseguró haber entendido el mensaje “no queremos actividad extractiva en nuestro territorio”. Y, acordó en emitir una respuesta a este comunicado, a través de sus asesores legales, por la Nación Wampís, Perú Equidad, y por el Pueblo Achuar del Pastaza, el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS).

Es importante resaltar que la reunión fue solicitada por ambos Pueblos Originarios el pasado 17 de junio del presente año, en el marco de la reunión anual de accionistas y gerentes de GEOPARK, llevada a cabo este 27 de junio a horas 4:00 p.m., en Santiago de Chile, sede de la compañía. Por ese motivo, arribaron a Chile desde el norte de la Amazonía peruana.

Una hora antes de la reunión, realizaron una manifestación pública de protesta, en compañía de organismos, personajes y medios de comunicación, en la sede de GEOPARK. Con pancartas y banderolas en la mano, entonaron el himno achuar y el himno del Perú en su propio idioma, expresando de esa forma su riqueza cultural y su total rechazo a la actividad petrolera dentro de sus territorios.

También, en el marco de este viaje a Chile, sostuvieron reuniones con la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, diputado del Partido Humanista, el Observatorio Ciudadano, Plataforma Mapuche, la Universidad Católica Silva Henríquez, a fin de expresar su preocupación frente a la amenaza petrolera y solicitar apoyo para defender sus territorios y conservarlos libres de contaminación.

Por segunda semana consecutiva, la crisis de los cientos de venezolanos que llegaron a los pasos fronterizos de Chacalluta y Colchane -intentando ingresar a Chile- fue tema central del tradicional Comité Político de los días lunes en La Moneda.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, debió volver a exponer ante los personeros de Chile Vamos sobre las medidas que está adoptando el Ejecutivo para hacer frente a la masiva llegada de migrantes. A lo largo del masivo éxodo de ciudadanos venezolanos, no se había registrado una situación similar.

Si bien desde el Gobierno han insistido en que se ha abordado este hecho con «responsabilidad» y a que han intentado explicar los alcances de las gestiones, los cuestionamientos no han cesado, e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos  (INDH) ya presentó un recurso de amparo en favor de los dichos ciudadanos.

Adicionalmente, parlamentarios de oposición ya evalúan denunciar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que otros organismos pedirán que la Contraloría investigue el posible incumplimiento legal en el que habrían incurrido funcionarios de la Policía de Investigaciones y de Extranjería, al negar el acceso al país.

Los diferentes representantes oficialistas se han encargado de transmitir el trabajo que lleva adelante el Ejecutivo. Han recordado, por ejemplo, que la situación en la frontera se dio luego de que el 15 de junio Perú decidiera establecer una visa consular de forma «sorpresiva», como el mismo Chadwick ha asegurado.

El mensaje que el oficialismo busca transmitir apunta a una previsión. En los próximos meses más de 340 mil venezolanos buscarán ingresar al país, dicen las estimaciones que manejan en el Gobierno, en una suerte de «nueva ola migratoria». Por esto, según el Ejecutivo, más que nunca hay que abordar la situación con responsabilidad.

El lunes, el ministro del Interior; el subsecretario Rodrigo Ubilla y el asesor de Política Migratoria, Mijail Bonito, llegaron hasta la Comisión de Derechos Humanos del Senado para abordar explicar qué está haciendo la administración del Presidente Sebastián Piñera para ir en ayuda de los venezolanos.

En la instancia, el secretario de Estado explicó, tal como lo había hecho más temprano, que la política migratoria de Chile «se mantiene exactamente igual», y que lo que cambió fue que el día 15 de junio «Perú hizo un cambio sorpresivo en términos de establecer una visa consular para el ingreso de venezolanos».

Esa determinación, como dijo el ministro, «nos obligó» a establecer una visa consular similar, adoptando mecanismos «de carácter humanitario» para las personas que estaban en la frontera, trasladándola y reforzando la acción de los consulados en Tacna y La Paz.

«Tenemos fronteras abiertas, pero también es tradición que tengamos una migración ordenada, legal y que se cumpla la ley», dijo Chadwick. Informó que entre el 22 y el 29 de junio ingresaron por Chacalluta 899 personas, 815 mediante salvo conducto o visa consular y 84 mediante una solicitud de refugio.

De mantenerse la crisis tal como está en Venezuela, entre cuatro y cinco millones de venezolanos dejarán el país y sus destinos serán principalmente Colombia, Perú y Chile, sostienen en La Moneda. A territorio nacional llegarían 300 mil venezolanos de aquel grupo.

Además, de acuerdo con las proyecciones que tiene el Ejecutivo, 49 mil venezolanos que se encuentran en Perú intentarían llegar a Chile en los próximos meses. Nueve mil de ellos, según el detalle entregado por el titular del Interior, se encontrarían en Tumbes, en la frontera de Perú con Ecuador.

Considerando aquello, Chadwick insistió en que se está haciendo lo necesario, entregando visas consulares, de reunificación familiar, de responsabilidad democrática, verificando la situación de menores de edad que no tienen certificados de nacimiento y postergando la vigencia de pasaportes. Siempre, eso sí, con respeto a la legislación vigente.

Los argumentos expuestos por el secretario de Estado no fueron suficientes para el INDH, pues como comentó a PAUTA Rodrigo Bustos, jefe jurídico de la entidad, «el Estado chileno no ha estado a la altura en el sentido de entregar ayuda humanitaria». Dijo que se han vulnerado los derechos humanos de muchos de esos migrantes, «especialmente de las personas a quienes se les rechazaron solicitudes de refugio en la frontera».

A juicio del INDH, evidentemente ha existido un cambio en el trato hacia los venezolanos que no considera la grave situación que se vive en ese país. Si bien concuerda en que el Gobierno tiene derecho a establecer una política migratoria, Bustos insiste en que esto se debe hacer «con pleno respeto de los derechos humanos».

Por esto, el abogado planteó que Chile debe hacer un esfuerzo por llegar acuerdo con los demás países de la región «para atender este fenómeno migratorio que probablemente no va a parar en el corto plazo y, por otra parte, flexibilizar los requisitos de ingreso y revisar una a una las solicitudes de refugio de las personas que piden protección al Estado».

Las diferentes explicaciones que se han dado tampoco fueron suficientes para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alejandro Navarro(PRO). En conversación con este medio expuso que, contrario a lo que ministro planteó, la información que él tiene es que aún familias venezolanas aguardan por ayuda en la frontera y no solamente en los consulados, donde muchos fueron trasladados.

«Cada día llego más a la convicción de que el Gobierno ha aprovechado la decisión del gobierno de Perú para poner freno a la migración venezolana, porque ya tenemos 400 mil venezolanos y el número puede crecer», sostuvo el parlamentario. Apunta como responsable al Presidente Piñera por «abandonar» a los migrantes en el desierto.

El parlamentario, un reconocido partidario del régimen chavista que hoy encabeza Nicolás Maduro en Venezuela, desestima que en realidad el origen de la responsabilidad está precisamente en quienes gobiernan en Caracas.

Pese a ese antecedente, el senador PRO adelantó que su equipo jurídico está elaborando una denuncia que asegura interpondrá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado. «Chile no puede permitirse este tipo de situaciones», recalcó. No ha apoyado medidas similares contra el Estado de Venezuela.

Desde la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado también han seguido de cerca las acciones que ha sido el Ejecutivo. Como comentaron desde el equipo a PAUTA, están trabajando para individualizar a cada uno de los ciudadanos que llegó a la frontera norte del país. Dado que consideran que se les ha violado la libertad ambulatoria, tomarán esos datos para presentar recursos de amparo en su favor.

Además, documentarán «el rebote en frontera», para que así Contraloría investigue las posibles infracciones a la ley que estarían cometiendo funcionarios de la PDI y del Departamento de Extranjería.

Aunque la visión de diferentes parlamentarios y organizaciones es bastante dura, los personeros de Chile Vamos acogieron el mensaje de La Moneda y salieron a respaldar las gestiones realizadas en favor de los venezolanos que intentan ingresar a territorio nacional.

De hecho, como sostuvo el jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, esta puede ser una oportunidad para el país. «El Gobierno ha aplicado un plan de trabajo con información en línea, principalmente para resguardar los intereses internos y también los de quienes, por razones de carácter humanitaria, están llegando a nuestro país», sostuvo. Agregó que «las puertas están abiertas», pero que el acceso siempre debe estar sujeto a normas.

«Chile tiene una preocupación no solo por los venezolanos que viven en el país, sino que por los que están en otras partes del mundo. Pero también sabemos que hay que darle un ordenamiento, y eso genera, sin duda, impacto», agregó.

La timonel de la UDI, senadora Jaqueline van Rysselberghe, manifestó que la acción que emprenden organismos como el INDH responden a una «visión sesgada», pues tienen una postura de mucha proactividad en algunos temas y en otros «los dejan pasar», como en situaciones de violencia en La Araucanía.

Desde el PRI, el vicepresidente Diego Berríos indicó que el partido apoya «la solidaridad que ha tenido el Presidente para enfrentar esta crisis. En Venezuela la gente está muriendo de hambre y no podemos hacernos los ciegos, pero así también debemos controlar y administrar el ingreso de migrantes, tal como lo hecho el Gobierno».