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Cuando ya estábamos consternados con las imágenes de la Policía Naval parapetada desde las instalaciones de la empresa Oxiquim, abriendo fuego contra vecinas y vecinos que, desarmados marchaban pacíficamente desde la autodenominada Plaza Dignidad hasta el cordón industrial de Puchuncavi-Quintero, exigiendo el cierre de las empresas contaminantes que han intoxicado a casi dos mil personas en las últimas semanas, se conoció la terrible noticia del hallazgo del cuerpo sin vida del dirigente Alejandro Castro, uno de los líderes del movimiento que espontáneamente se ha organizado en la zona, asfixiado con su propia mochila.
Alejandro había encabezado ese mismo día una manifestación en la ciudad de Valparaíso, y en un video grabado solo unas horas antes, hacia un llamado a la unidad y a organizar un paro nacional por la insostenible crisis ambiental y sanitaria que los afecta. Cerca de las diez de la noche, en calle Bellavista esquina Errázuriz se despidió de Polette, su pareja por más de cuatro años y con la que pronto se irían a vivir juntos, quedando solo en las calles del puerto.
Nada existía por tanto en la vida de Alejandro que hiciera pensar en la posibilidad de un suicidio, por eso no convence la versión preliminar de Carabineros tras periciar el cuerpo, descartando tan tempranamente la participación de terceros en la muerte del joven de 30 años y actual secretario del sindicato de pescadores C-24 de Quintero, más cuando este era objeto de seguimientos y amenazas. De hecho, la tesis del suicidio fue cuestionada con posterioridad por el propio director nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinoza, quien sostuvo que existe “una investigación muy acuciosa que se está haciendo con mucha reserva y la verdad es que hay bastante preocupación”, por eso, agregó “vamos a trabajar para que las cosas se esclarezcan y se determinen las responsabilidades que correspondan, pues efectivamente, estaba amenazado”.
El caso de Alejandro se suma al de Macarena Valdés, mujer mapuche de 32 años y madre de cuatro hijos, quien junto a su comunidad, Newen Trangil, se oponía al proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa chilena de distribución eléctrica SAESA. Ocho carros policiales y una tanqueta blindada de Fuerzas Especiales de Carabineros resguardaban de forma permanente la instalación de una torre de alta tensión que debía pasar sobre la casa Macarena, la última que restaba para poder darle viabilidad proyecto. Al día siguiente de su muerte, la empresa logró su objetivo.
El cuerpo de Macarena fue encontrado el 22 de agosto de 2016 colgado de una viga, hecho que también fue catalogado por carabineros y por el Servicio Médico Legal como un suicidio. Sin embargo, un nuevo peritaje científico de carácter independiente descarta esta posibilidad, dando cuenta que ella estaba muerta al momento de ser colgada por quienes tuvieron participación en su deceso. Es más, parte del expediente del caso, extrañamente, se extravío. Y la fiscalía, no solo insiste en la tesis del suicidio, sino que aún no traslada al Servicio Médico Legal las muestras obtenidas del cuerpo de Macarena en octubre de 2017 para análisis histopatológico, decretado un mes antes por el tribunal de Garantía de Panguipulli.
Si bien estos casos de sicarismo ambiental, como se les ha denominado a crímenes de este tipo en países con elevados índices de asesinatos por encargo, como Colombia o México, o algunos de Centro América, donde las cifras porcentuales son muy altas dada la baja densidad poblacional, no eran habituales en nuestro país, menos aún con la crudeza de un ahorcamiento, lo cierto es que preocupa que la impunidad en que ha quedado hasta ahora el crimen de Macarena y los intentos de cerrar tempranamente con el mismo argumento del suicidio la muerte de Alejandro, lleven a alentar nuevos asesinatos en contra de defensores y defensoras ambientales que se oponen a la materialización de proyectos de alto impacto para sus comunidades y territorios.
Preocupa también, al no conocerse aún las responsabilidades tras estos crímenes, que quienes estén involucrados no sean necesariamente terceros particulares, sino tal vez agentes del Estado u otro tipo de “criminales a sueldo”, lo anterior, si se atiende a las extrañas y sucesivas denuncias de amenazas que recibió en vida este importante dirigente sindical.
Finalmente, es una preocupación adicional considerando la desprotección en que se encuentran estos luchadores en el país, que Chile no haya firmado el Acuerdo de Escazú, tratado vinculante que además de fortalecer los derechos de acceso a la información, a la justicia y a la participación en asuntos ambientales, reconoce y garantiza la protección de los defensores de la tierra y el medio ambiente. Decisión que se hace aún más injustificada, ante este nuevo asesinato de un defensor ambiental, que debe ser investigado acuciosamente y los responsables recibir una sanción ejemplar.
- Paulina Acevedo Menanteau
- Periodista y comunicadora en Derechos Humanos
- Observatorio Ciudadano
- @PaulinaAcevedoM