Este 18 de octubre de 2022 se cumplen tres años desde que millones de personas en Chile salieron a las calles a manifestarse por diversas demandas sociales que habían sido largamente postergadas por los distintos gobiernos electos.
Llegamos a esta conmemoración en un contexto particular. El 4 de septiembre pasado, después de un largo proceso abierto tras la revuelta popular, se rechazó la propuesta de nueva Constitución que recogía parte importante de esas demandas ciudadanas. Resultado del que seguimos reflexionando los motivos y, sobre todo, los aprendizajes.
A tres años de multitudinarias movilizaciones y manifestaciones sociales, y como organización dedicada a la promoción, defensa y documentación de los Derechos Humanos en el país, nos preocupa profundamente el grado de impunidad respecto a las violaciones de derechos humanos que sufrieron miles de personas por parte de agentes del Estado en el contexto de manifestaciones ocurridas desde el 18 de octubre de 2019 en adelante. En ese sentido, cabe mencionar que a la fecha solo el 0,01% de las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo ha terminado en sentencia condenatoria, tal como lo ha señalado el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos. Es decir, de 10.813 denuncias por violación a los Derechos Humanos cometidas durante este periodo, solo 16 han tenido condenas, de acuerdo a los datos entregados por el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Es inconcebible que las denuncias por violencia policial, entre ellas, traumas oculares, mutilaciones, abusos sexuales a mujeres y diversidades sexo-genéricas, violencia hacia niñas, niños y adolescentes, uso indebido de la fuerza por parte de funcionarios públicos en la vía pública, comisarías y domicilios particulares, no sean debidamente perseguidas penalmente por el Ministerio Público, ni procesados por la Justicia y las víctimas sigan sin obtener respuesta. Es por ello que instamos al Poder Judicial a agilizar estos procesos y demandamos a las autoridades que les otorguen la prioridad que requieren.
En esa misma línea, también revelamos la importancia de la materialización de medidas de reparación a las víctimas y familiares de violencia estatal por parte del Estado, ya que la reparación es una parte importantísima de la Justicia, tanto como la verdad y las garantías de no repetición.
Por otra parte, los informes de Observación de Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones sociales posteriores al 18 de octubre, realizados por: Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Grupo Internacional de Organizaciones de la Sociedad Civil coordinado por el Observatorio Ciudadano acerca de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado, llegaron a la conclusión de que es imprescindible una reforma estructural a las Policías del Estado de Chile, en especial a Carabineros, identificando la necesidad de que los Cuerpos Policiales modifiquen sus doctrinas institucionales e incorporen de manera efectiva la formación en Derechos Humanos, así como el apego a los protocolos y prácticas de control del orden público, implementación de mecanismos efectivos e imparciales de control interno de los procedimientos de detención vigentes e instancias de control civil sobre el actuar policial. Si bien hasta el momento han existido algunos tibios intentos de avanzar en la materia, consideramos que es importantísimo que el Estado de Chile cumpla con sus obligaciones internacionales y lleve adelante un proceso de reforma estructural de las policías con pleno apego a las directrices internacionales de Derechos Humanos.
Finalmente lamentamos que las demandas ciudadanas que dieron origen al descontento que llevó al “Estallido Social” de octubre de 2019, sigan sin ser atendidas ni resueltas de manera adecuada. con políticas públicas y programas que garanticen los derechos humanos y recojan las múltiples realidades necesidades y contextos de los territorios y se trabajen con su participación. Por ende, esperamos que de una vez por todas podamos avanzar en un acuerdo social que permita llevar adelante las transformaciones necesarias para que todas y todos podamos acceder a condiciones de vida justas y dignas.
Equipo Observatorio Ciudadano
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
