Después de seis años de intenso trabajo y debate, en la noche de este sábado 3 de marzo, en el marco de la IX Reunión del Comité de Negociación en San José de Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe adoptaron el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como LAC Principio 10.
El acuerdo es el primer tratado legalmente vinculante en derechos ambientales de América Latina diseñado para proteger a los defensores del medio ambiente, mejorar el acceso a la información ambiental y ampliar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales.
Natalia Gómez, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad y representante de la sociedad civil en el proceso, dijo que la importancia del tratado no solo está en el reconocimiento de derechos sino también en que es “el primero en el mundo en el que se hace una mención específica a la labor de los defensores ambientales. Con este acuerdo, los países se comprometen a darles garantías para ejercer su labor”.
«Este Acuerdo es importante para generar un estándar en América Latina y el Caribe, por el contexto actual de corrupción y de impactos por proyectos extractivos y de infraestructura. Sobre todo para aquellos países que no cuentan con efectivos instrumentos nacionales sobre estos derechos y que organismos internacionales como CIDH y ONU han instado a los gobiernos a implementar. Asimismo, fortalece los avances que ha tenido Perú en políticas de protección de poblaciones vulnerables y defensores indígenas, pues la vulneración de estos derechos impacta en otros derechos como la consulta previa, salud, medio ambiente sano, y territorio”, agrega Aida Gamboa, especialista en la materia de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), de Perú.
El acuerdo también reconoce la obligación de los Estados para garantizar estos derechos y promover una democracia ambiental.
Esto es importante para la región, teniendo en cuenta que es una de las más biodiversas del mundo, pero al mismo tiempo, con una de las mayores tasas de conflictos ambientales y de amenazas y ataques contra los defensores ambientales.
El periodo establecido para que todos los estados firmen el tratado es de dos años, entrando en vigor con la ratificación de 11 países. “Este tiempo se abre el próximo septiembre y va hasta septiembre del 2020. Después de la firma, los países tienen que ratificarlo. Este es un proceso que se dará en cada país y que luego tiene que enviarse a Naciones Unidas”, dijo Gómez.
Un minuto de silencio por Berta
La sesión de negociación cerró con un sentido homenaje a Berta Cáceres a exactamente dos años de su trágica muerte. La sociedad civil pidió un minuto de silencio en la sala. El acto sirvió para recordar a los representantes de los gobiernos, la importancia de lograr la total implementación del acuerdo y las consecuencias que ha traído a la región, el progresivo debilitamiento de la normativa ambiental y de las protecciones necesarias para aquellos que están en la primera línea de defensa cuando estallan conflictos por el uso de los recursos naturales en los territorio latinoamericanos.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
