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Representante enumeró una serie de preocupaciones de su Oficina sobre la situación en esta región, incluyendo violencia y discriminación racial.

SANTIAGO (4 de agosto de 2020) “El diálogo participativo y de buena fe es el único camino frente a las continuas tensiones sociales en La Araucanía”, aseguró hoy Jan Jarab, Representante Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur.

El Representante enumeró una serie de preocupaciones de su Oficina sobre la situación en esta región austral de Chile, incluyendo enfrentamientos entre integrantes del pueblo indígena mapuche y Carabineros, incendios de distinta índole, ocupaciones de recintos públicos y desalojos por medio de la fuerza. Jarab también se mostró alarmado frente a recientes expresiones de odio, discriminación racial y violencia por parte de civiles contra mapuches.

“Instamos a la investigación pronta, independiente y exhaustiva de los hechos, especialmente de las alegaciones de uso excesivo de la fuerza policial y las expresiones de carácter discriminatorio contra el pueblo mapuche. Sin embargo, también resulta fundamental abordar la problemática desde un enfoque multidimensional, con énfasis en la interculturalidad,” destacó el Representante.

“Para encontrar soluciones duraderas, se necesita abordar las causas profundas de estas tensiones, entre ellas la discriminación estructural y los asuntos pendientes en el ámbito de derechos humanos de los pueblos indígenas. Una respuesta puramente centrada en la seguridad pública alimentaría lo que ya es un proceso crónico de tensión, desconfianza y conflictividad, no exento de violaciones a los derechos humanos”, enfatizó.

El Representante señaló, además, que preocupa a su Oficina la situación de salud de varios comuneros mapuches privados de libertad que actualmente realizan huelgas de hambre, y consideró urgente superar dicha situación a través de diálogos participativos.

En esa línea, Jarab saludó la reciente aprobación, por parte de Gendarmería de Chile, de disposiciones referidas a pertinencia cultural y religiosa en el ámbito penitenciario. Dicho ajuste normativo -que recoge estándares internacionales relevantes en materia de interculturalidad- surgió del diálogo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y varios actores sociales e institucionales, incluida la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“A pesar de la tensión estamos convencidos de que es posible encontrar acuerdos, de la mano del cumplimiento de las normas internacionales, incluido el Convenio 169 de la OIT. Nuestra Oficina continúa a disposición para apoyar en la búsqueda de estas soluciones, con base en los derechos humanos”, concluyó el Representante.

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