Ginebra, 22 de enero de 2019.

Por tercera vez desde que fue instituido el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, el Estado de Chile fue objeto de revisión en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos voluntarios contraídos en materia de derechos humanos por parte del Consejo de Derechos Humanos y los estados miembros de la ONU.

El examen tuvo lugar en el Palacio de las Naciones de Ginebra y contó con la asistencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil del país, representantes del pueblo mapuche y aymara, de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, y de la delegación del Estado de Chile, presidida por la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

En la ocasión, intervinieron alrededor de un centenar de representantes de estados miembros de la ONU de todas las regiones del globo, manifestando su valoración por algunos avances logrados desde la última examinación del estado de Chile en la materia en el año 2014, incluyendo entre otros, la creación de la Subsecretaria de Derechos Humanos, la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos, y la aprobación de una legislación en materia de aborto. La mayor parte de dichas intervenciones, sin embargo, subrayaron la preocupación por la ausencia de marcos normativos y de política pública para asegurar el cumplimiento de derechos humanos en el país, formulando recomendaciones para abordar las evidentes brechas y desafíos que identificaron en la materia.

Entre los temas en que se centraron estas preocupaciones destacan aquellas referidas al rezago y lentitud en la investigación y sanción con respecto a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, así como la situación de desprotección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, migrantes y la población afrodescendiente en el país. Por lo mismo, los estados formularon numerosas recomendaciones en relación a estas temáticas.

La delegación del Estado chileno intervino haciendo una defensa de su política pública y agenda legislativa en derechos humanos, en una intervención que no reflejó la visión que sociedad civil manifestó en sus más de 60 informes alternativos enviados al EPU de Chile para dar cuenta de las brechas, desafíos y retrocesos hoy existentes que en la materia.

Alrededor de cuarenta estados señalaron su preocupación respecto a la situación de los pueblos indígenas en el país. Particularmente, las recomendaciones se enfocaron en la ausencia de un reconocimiento constitucional indígena y la represión de manifestantes mapuche. También se destacó en varias ocasiones el uso excesivo de la fuerza en contextos de manifestación y reivindicación indígena, en especial contra el pueblo mapuche, y se recomendó examinar y revisar el uso de la ley antiterrorista y su aplicación de manera discriminatoria hacia el pueblo mapuche. Por último, se exhortó al Estado de Chile a garantizar y reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, reducir sus niveles de pobreza y mejorar su calidad de vida.

Al respecto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano presente en el EPU señaló que “la comunidad internacional ha vuelto a evidenciar el incumplimiento por parte del Estado chileno de sus compromisos en materias fundamentales de derechos humanos, como lo son los derechos de igualdad y no discriminación de los sectores más vulnerables de la población. Un número muy mayoritario de estados ha manifestado su preocupación no solo por la ausencia de un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sino también por el trato discriminatorio que reciben sus integrantes, el que incluye la exclusión de las instancias de toma de decisión de las cuestiones que les conciernen, el uso abusivo de las fuerzas policiales para aplacar su protesta social, y la utilización de legislación anti terrorista para perseguir a sus integrantes por las mismas razones”, enfatizó.

También los distintos estados hicieron referencia a la necesidad de impulsar políticas inclusivas con enfoque de derechos en materia migratoria y se instó a Chile a respetar los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en el país. Además, varios países enfatizaron la necesidad de incluir a afrodescendientes en el censo de población y de tomar medidas para afrontar la discriminación arbitraria.

Las recomendaciones también estuvieron centradas en la igualdad de género, en particular en la ratificación del Protocolo Facultativo de CEDAW; los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, destacándose la preocupación frente a la objeción de conciencia en la ley de aborto; los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular de aquellos institucionalizados, y los derechos de personas LGTBIQ+.

El director del Observatorio Ciudadano subraya además que “el período en análisis en este EPU va desde la última examinación de Chile el 2014 a la fecha, razón por la cual los incumplimientos refieren no tan solo al período de gobierno de Sebastian Piñera, sino también al de la ex Presidenta Bachelet, actual Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. De todos formas, agrega, “tal como se resaltó en las intervenciones de los estados partes de la ONU en este EPU, la responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones radica no solo en los gobiernos sino también en los poderes legislativo y ejecutivo, poderes que en el caso de Chile, según se sostuvo, también tienen importantes déficit en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos del estado”.

Finalmente, Aylwin, llama la atención frente al hecho de que la delegación chilena no estuviese encabezada por un Ministro de Estado, como en los EPU anteriores, lo que da cuenta de la escasa importancia que la administración actual asigna a este examen, reflejo de la baja prioridad que los derechos humanos tienen en la agenda de gobierno.

Por su parte Mabel Cobos, representante del Movimiento Acción Migrante, quien también asistió a esta instancia internacional, fue crítica de los planteamientos dados por el gobierno en materia de migración, sosteniendo que: “es lamentable que el gobierno siga mostrándose orgulloso de la política que ha implementado y de la ley de migración recientemente aprobada en la Cámara de Diputados. Mijail Bonito, quien asistió como representante del Ministerio del Interior y Seguridad Pública al EPU, se equivoca al decir que esta política va a llevar a la vanguardia a Chile en materia migratoria, por el contrario, resulta una pésima señal para la comunidad internacional que el país no haya firmado el Pacto Mundial de Migraciones. Además, miente, al señalar que en 2018 se ha mejorado la atención al público, cuando sabemos que las esperas para obtener la documentación siguen, las horas online no funcionan, y en vez de mejorarse la atención ha empeorado, producto entre otras cosas, de un proceso de regularización que ha sido engorroso, lento y que no permite trabajar a quienes están inscritos en el proceso”.

En cuanto a los planteamientos formulados por los estados Partes presentes en la sesión, Cobos plantea que “valoran que varios estados miembros de ONU hayan realizado recomendaciones respecto a la situación de derechos de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, así como también que resaltaran la necesidad de implementar estrategias y acciones para combatir la trata y tráfico de personas. También existe preocupación en cuanto a la discriminación que sufren personas afrodescendientes y la necesidad de tomar medidas y políticas en contra del racismo y la exclusión, temas que han sido prioritarios en nuestro trabajo”.

El informe del EPU de Chile, se dará a conocer por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos el viernes 25 de este mes, con un resumen del diálogo interactivo que tuvo lugar hoy, la intervención de la representación del Estado, y un compendio de las recomendaciones efectuadas por los estados.