In Declaración

El domingo 18 de diciembre, Brandon Hernández Huentecol, niño mapuche de 17 años del sector Curaco, de la comuna de Collipulli, resultó gravemente herido tras recibir un impacto de escopeta en su espalda disparada por un efectivo de Fuerzas Especiales de Carabineros durante un operativo realizado en la ruta R-49, que une Collipulli con Curaco. Frente a este grave hecho queremos manifestar:

1.- Al igual que lo hemos hecho en el pasado con respecto a otros hechos de violencia interétnica en la región, condenamos tajantemente este hecho que viene a deteriorar aún más la ya fracturada convivencia entre los diferentes pueblos que habitamos la región. Condenamos el actuar abusivo de Carabineros en los procedimientos realizados al interior de comunidades Mapuche, y en sus tierras de ocupación tradicional, sin considerar la presencia de niños, mujeres y adultos mayores cuyos derechos se ven especialmente afectados.

2.- Cabe recordar que las actuaciones abusivas de las policías han resultado en los últimos años en el homicidio y en numerosos casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes que han afectado a niños y niñas mapuche, hechos que, además de incrementar el conflicto interétnico, han sido representados por la justicia a través de diversos fallos en los que se ha instado a las fuerzas policiales a actuar con especial preocupación y pleno respeto a los derechos de niños y niñas indígenas.

3.- Hacemos un llamado al Ministerio Público a investigar y perseguir este delito con el mismo rigor con que ha perseguido los delitos que se imputan a personas u organizaciones mapuche; y a sancionar a los agentes policiales participantes en tan reprochable acto. Además, instamos a los Tribunales de Justicia ordinarios, los que luego del término del fuero de los Tribunales Militares para conocer los delitos que cometen las policías en contra de civiles a través de la reciente ley que tipifica el delito de tortura, son quienes tienen competencia en este caso, a investigar y sancionar con las penas correspondientes a quienes resulten responsables.

4.- Instamos al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, quien tiene a su cargo la política de seguridad pública, a adoptar medidas administrativas que permitan la investigación y sanción de esta actuación policial, así como adoptar las políticas públicas que pongan fin a prácticas policiales que resulten en hechos lesivos de derechos humanos, como la integridad física y síquica, derechos vulnerados en este caso.

5.- Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno nacional y regional a impulsar una política coherente para abordar el conflicto interétnico que se vive en La Araucanía y regiones aledañas. Reiteramos en este sentido que las políticas basadas en un tratamiento meramente policial a las reivindicaciones de derechos del pueblo mapuche, lejos de lograr su superación inciden en un recrudecimiento de la violencia, como lo hemos visto en el último tiempo.

6.-Instamos por lo mismo a la autoridad a desarrollar una política que, a través del diálogo con las organizaciones representativas del pueblo mapuche, permita avanzar en el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por instrumentos internacionales a los que Chile ha adherido, incluyendo la restitución de sus tierras de ocupación tradicional, la participación política, la autonomía y el derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo.

Observatorio Ciudadano

Temuco, Santiago, 22 de diciembre de 2016

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