Declaración de Montevideo COMPROMISO SOCIAL PARA LA TRANSFORMACIÓN CLIMÁTICA GLOBAL

 In Declaración

El cambio climático es una realidad que afecta a los países latinoamericanos cada vez con mayor frecuencia e intensidad, impactando gravemente a la población. En los últimos años, nuestra región ha sido víctima de numerosos fenómenos meteorológicos extremos, de la destrucción y contaminación de ecosistemas acuáticos y terrestres, del aumento de las sequías e inundaciones, de la pérdida de diversidad biológica, el aumento acelerado del derretimiento de los glaciares, los niveles del mar y la deforestación.

Se estima que cada año en el mundo más de 200 millones de personas se ven afectados por los desastres naturales, se pierden 24 mil millones de toneladas de suelos fértiles debido a la erosión y 12 millones de hectáreas a causa de la sequía y la desertificación, proyectándose el desplazamiento de hasta 135 millones de personas en las próximas décadas. Y para al año 2030, se prevé un aumento de 250 mil muertes al año por enfermedades, estrés por calor y mal nutrición como consecuencia del cambio climático.

Esta crisis climática y ecológica mundial, agudizada por un modelo de desarrollo extractivo que avanza con la misma celeridad, pone en una situación de vulnerabilidad preocupante a los ambientes naturales y a nuestros pueblos. Nuestra región cuenta con una diversidad de capacidades, recursos y ecosistemas que deben ser protegidos. Y se debe alcanzar de modo urgente un desarrollo sostenible, atendiendo las necesidades de los más vulnerables, procurando una transición justa hacia economías bajas en emisiones de carbono y adoptar todas las medidas
necesarias para que se garantice a nuestras sociedades y comunidades locales una sobrevivencia a los impactos negativos que trae consigo el aumento de la temperatura media del planeta.

El desarrollo de la XXV Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 25), a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile en diciembre próximo, brinda una oportunidad inmejorable para promover una discusión de fondo y responsable en nuestra región sobre los riesgos y las alternativas. Y al mismo tiempo, a 27 años de la adopción de esta Convención, para redoblar los esfuerzos, acelerar los compromisos y aumentar las acciones que permitan enfrentar la crisis climática global que pone en peligro la propia existencia de la especie humana en el planeta.

Siendo un derecho humano esencial a garantizar por los Estados la participación de la ciudadanía en asuntos de interés general, resulta fundamental el involucramiento de la sociedad civil en la formulación, adopción y ejecución de políticas públicas como lo es sin duda el cambio climático, el principal problema que enfrentamos como humanidad. Así también reconocer el rol que pueden cumplir las universidades e instituciones de investigación científica para aportar los conocimientos y soluciones necesarias para enfrentar esta crisis global.

La voluntad política expresada por muchos países en la reciente cumbre convocada por el Secretario General de Naciones Unidas en Nueva York y los reclamos que millones de jóvenes vienen haciendo en movilizaciones en diferentes partes del globo, son señales positivas aunque todavía falta mucho para producir los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales necesarios para reducir las emisiones y poner límites a la destrucción de la naturaleza, generar un desarrollo sustentable y evitar una profundización de las desigualdades en un continente
altamente desigual, ya que el cambio climático afecta principalmente a los más pobres, las mujeres y los niños.

Por todo ello, y a la luz de los últimos reportes científicos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas (IPCC) y de nuestro derecho a participar de las decisiones internacionales y nacionales, los abajo firmantes reunidos en el 1° Encuentro de Dialogo Político y Social por el Cambio Climático del Mercosur, organizado en forma conjunta por el Foro Paralelo de la Sociedad Civil (COP 25 – Chile), la Catedra Libre José G. Artigas para la Integración de la Universidad Nacional de La Plata, el Centro de Estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales de la UDELAR y el Parlamento del Mercosur, en representación de diferentes instituciones y organizaciones sociales, solicitamos a los gobiernos que:

  • En la COP25 se consiga el nivel de ambición necesario para alinear la acción climática de las naciones, incluso más allá del objetivo del Acuerdo de Paris de limitar el aumento de la temperatura global a 2ºC, claramente insuficiente, tendiendo a 1.5ºC en relación a la temperatura mundial del periodo preindustrial.
  • Fortalecer los mecanismos y provisiones establecidos en la Convención Marco de Cambio Climático y en el Acuerdo de París para asegurar que todos los países aumenten sus compromisos climáticos siguiendo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y de justicia climática a nivel nacional e internacional.
  • Mejorar las capacidades de respuesta, adaptación y recuperación de los sistemas ecológicos, socioeconómicos y humanos frente al cambio climático.
  • Garantizar la transparencia en las definiciones sobre el financiamiento climático para países en vías de desarrollo, sin distinción alguna y accesible a todas las naciones, de cara a cumplir con la meta establecida en el Acuerdo de París de recaudar 100 mil millones de dólares americanos por año en el periodo 2020 a 2025.
  • Concluir las negociaciones sobre los mecanismos del Acuerdo de Paris de forma que se fomente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para garantizar la estabilización de la temperatura del planeta.
  • Alentar e implementar instancias permanentes de participación de la sociedad civil, los movimientos sociales, los pueblos originarios, las comunidades locales, las organizaciones campesinas, las universidades e instituciones de investigación científica en las discusiones y negociaciones internacionales, así como también en el diseño y ejecución de las políticas públicas y contribuciones nacionales no determinadas con enfoque de derechos humanos,
    poniendo especial atención a las poblaciones y territorios más vulnerables.

Finalmente, invitamos a los distintos sectores sociales de la región y a la ciudadanía en general a suscribir esta declaración y reafirmar el compromiso de avanzar decididamente en la consecución de estos objetivos, asegurando una transición justa hacia economías y modelos de desarrollo que permitan la sostenibilidad del planeta para las actuales y futuras generaciones.

MONTEVIDEO, 30 de septiembre de 2019.

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