In Declaración

La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH), en el marco de las movilizaciones sociales en Chile a partir del pasado viernes 18 de octubre y que han implicado miles de personas a lo largo del territorio que se manifiestan exigiendo cambios estructurales y derechos sociales, declara:
1. Rechazamos todo tipo de violencia que no contribuye a la paz ni al reconocimiento de derechos. En especial, por la función y responsabilidad que les cabe, la violencia del Estado, el uso excesivo de la fuerza y la implementación deficiente de los protocolos institucionales de Carabineros de Chile. Hemos sido testigos de la impunidad y el dejar hacer ante la destrucción y saqueos en diversas ciudades del país.
2. Manifestamos nuestra preocupación por las agresiones y amenazas de las que han sido objeto funcionarias y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que entorpecen las funciones a las que estamos mandatados por ley y también por nuestro compromiso ético con todos los habitantes del país. Necesitamos que el Estado establezca medidas para que podamos realizar nuestro trabajo de una forma segura y así velar por los derechos de quienes habitan el territorio nacional.
3. Miles de personas detenidas -incluidas quienes han sido sacadas de sus propios domicilios o lugares de trabajo- en procedimientos arbitrarios e ilegales, cientos de heridos(as) a balas, balines y perdigones (cuyo tránsito expedito a los centros de salud incluso se ha visto entorpecido por quienes les detienen), asesinatos atribuibles a agentes del Estado, además de torturas, vejámenes, abusos sexuales, violaciones y más de un centenar de personas con daños oculares, e incluso denuncias de desaparecidos, son parte de la información que manejamos. Hemos presenciado el ataque de Fuerzas Especiales a los puestos de atención de primeros auxilios que se han instalado en las calles, sobre todo en la capital del país, agravando aún más la crítica situación.
4. Hacemos un llamado enérgico al Gobierno, y en especial a Carabineros de Chile, a detener la violencia institucional en las calles, la represión generalizada y a ajustarse a sus propios protocolos de mantenimiento del orden público. Llamamos también a la comunidad internacional a hacerse parte de nuestras denuncias y observar lo que está ocurriendo en nuestro país en miras a detener las graves vulneraciones a los derechos humanos que se están cometiendo por parte de funcionarios y agentes del propio Estado de Chile. Solicitamos a las autoridades de todos los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) su intervención en el ámbito de su actuar a objeto de detener la crítica situación descrita precedentemente, y a fortalecer la institucionalidad de derechos humanos que no da abasto ante la crisis social que se presenta en todo el territorio nacional.

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