Temuco, Chile, 13 de octubre de 2018.

Los días 11 al 13 de octubre de 2018 antropólogos, abogados, sociólogos, magistrados, y otras profesiones a fines e interdisciplinarias; estudiantes, autoridades indígenas, líderes y jóvenes indígenas procedentes de Chile, Brasil, México, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Austria, Francia, España reunidos/as en el X Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU) bajo el título de “Los desafíos para la diversidad y el pluralismo: a 20 años de la creación de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica”, analizamos la situación que guardan los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el continente a través de la presentación de investigaciones realizadas en distintos países y por grupos de investigación interdisciplinarios, y con la participación de distintos actores sociales, particularmente representantes del pueblo mapuche.

Discutimos y documentamos problemáticas profundamente complejas y preocupantes que compartimos en todos los países de América Latina, especialmente las relacionados con la invasión, despojo y contaminación de los territorios indígenas, a consecuencia de megaproyectos extractivistas y de infraestructura; la criminalización de representantes de pueblos indígenas por el ejercicio de derechos y la justa protesta; la dificultad para ejercer los derechos reconocidos que es parte del problema de la “brecha de implementación”.

Preocupados/as por los contextos de violencias y vulneración de los derechos acordamos emitir la siguiente

DECLARACIÓN

1. No obstante que la mayoría de los Estados de la región han ratificado el Convenio 169 de la OIT, están vinculados a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y han realizado reformas constitucionales que reconocen los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes; vemos con preocupación que los mismos están adoptando normas, políticas y decisiones administrativas y jurisdiccionales regresivas, sobretodo en lo referente a derechos territoriales, personalidad jurídica y jurisdicción indígena.
2. Además nos preocupa que aún haya Estados que no reconozcan en sus normas constitucionales la existencia y derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes; por lo cual apoyamos la lucha de estos pueblos por su reconocimiento y la efectividad de sus derechos.
3. Exigimos el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-descendientes, el respeto de su personalidad jurídica, la garantía y seguridad jurídica de sus territorios ancestrales; la participación, consulta y consentimiento previo libre e informado, y el respecto de la jurisdicción indígena y el pluralismo jurídico igualitario.
4. Exigimos el cese inmediato de la criminalización de los movimientos indígenas, sus autoridades, dirigentes y defensores, como las distintas formas de hostigamiento, detenciones, procesos y condenas arbitrarias; las declaratorias de estados de emergencia; el uso ilegal de la fuerza; la militarización de los territorios; la tortura y violencia contra niños y mujeres. Además nos preocupa el incremento de la violencia como resultado del crimen organizado, con la connivencia de los Estados, por su impacto en los pueblos indígenas y afrodescendientes, tal como
   sucede en algunos países del continente.
5. Apoyamos las luchas históricas y reivindicaciones de los pueblos indígenas y exigimos que los Estados den cumplimiento efectivo a sus derechos, en el marco de sus obligaciones internacionales. En particular:
   – demandamos que el Estado chileno respete los derechos al territorio ancestral del pueblo mapuche y cese la criminalización de sus integrantes;
   – exigimos que el Estado brasileño cumpla con la demarcación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas y cese su represión;
   – exigimos que el Estado peruano respete la personalidad jurídica de los pueblos originarios de Perú.
6. Nos manifestamos por un uso ético de las intervenciones antropológicas en procesos judiciales como los peritajes antropológicos.
7. Vemos con preocupación el avance de las fuerzas políticas conservadoras en América Latina por las medidas regresivas que proponen con relación a los pueblos indígenas, por lo que exigimos el respeto a los derechos conquistados. En especial nos alarma la posible llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia del Brasil dadas sus recientes declaraciones referidas a que no respetará ni demarcará ninguna tierra indígena, ni titulará las tierras de los quilombos; lo cual constituye una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas y a las propias obligaciones constitucionales del Estado brasileño.