Desde hace tiempo se viene denunciando la existencia de grupos financiados por instituciones públicas del Estado y que están depredando milenarios bosques nativos en zonas de la comuna de Quellón de Chiloé. Ahora, un grupo de madereros ilegales emboscaron al lonko Fidel Rain y a su familia en el territorio WekeTrumao, a quienes agredieron, los mantuvieron retenidos por dos horas, borraron datos de su celular y amenazaron de muerte.
Según se ha denunciado, la mayor parte de los madereros son del sector Huaipulli en la comuna de Quellón, varios beneficiarios de instituciones públicas como el programa Chile Indígena e incluso, han obtenido maquinaria pesada como una retroexcavadora, incentivos que han tenido como propósito convertirlos a la actividad maderera, generándose en varios sectores la tala irracional de milenarios bosques nativos.
Según ha trascendido, parte importante de este grupo maderero tuvo la entrega de 3.000 mil hectáreas de tierras a través de Conadi cerca del Parque Tantauco (Reserva Privada del Presidente Sebastián Piñera), cuyo bosque nativo fue arrasado, según han denunciado vecinos, y hoy se han expandido de manera ilegal a vastas zonas, bajo la permisividad de organismos responsables de fiscalizar y sancionar, como CONAF y del propio Ministerio Público.
El Lonko Fidel Raín es integrante del Consejo de Comunidades Williches y habitante del territorio ancestral de WekeTrumao, cuyas comunidades son parte de un título antiguo de Realengo, sobreponiéndose en los años 90 títulos de propiedad de la empresa forestal asiática Golden Spring quien pretendía la tala de bosque nativo lo que fue resistido por comunidades y familias de descendencia ancestral en el territorio, logrando frenar en gran parte la devastación.
Sin embargo, lo que no hizo la empresa lo están haciendo hoy de manera ilegal sujetos que actúan de manera irregular y que son financiados por instituciones públicas del Estado, y “seguramente incentivados por sectores económicos privados que deben ser investigados”, alertan desde el Consejo de Comunidades, quienes además denunciaron que las amenazas de muerte contra el lonko y su familia buscan su salida del territorio.
El Lonko Fidel Rain ha sido emblemático en procesos de defensa de las aguas y los territorios, ha sido voz viva para que no se depreden los bosques y los ecosistemas, creyendo que es posible generar iniciativas productivas que sean sustentables y respetuosas con la naturaleza. Hoy, esta autoridad tradicional y su familia, junto a otros integrantes de la comunidad, se encuentran amenazados de muerte, situación que se extiende a otros integrantes del territorio.
Incluso existen medidas de protección desde hace quince días a favor del comunero Patricio Neún, sin embargo no se ha hecho efectiva, continuando bajo desprotección y riesgo a su integridad.
Los últimos hechos de violencia que han sido denunciados, ocurrieron el día lunes 29 de julio a eso de las 11,30 de la mañana, en un sector de altura de montaña del territorio de WekeTrumao mientras el lonko, su esposa y dos comuneros transitaban en camioneta, siendo emboscados y obligados a salir por la fuerza del vehículo bajo amenazas de muerte, siendo retenidos por dos horas, borrándoles los datos del celular del lonko incluyendo fotografías, a quien se le señaló que “tenía que desaparecer y que no lo querían ver apoyando a comunidades”, misma advertencia extendieron al comunero Patricio Neún para que levante la denuncia.
Para los habitantes ancestrales de WeKetruMao esta situación sucede porque las autoridades no están haciendo su trabajo, responsabilizándose de los graves hechos al gobierno, Conadi y Conaf, agregando que este miércoles 31 de julio la turba de madereros ilegales habrían cortado el camino en la montaña y estarían realizando actividad forestal sobre el bosque nativo.
Para organizaciones defensoras de derechos humanos en Chiloé, lo que ocurre con esta situación es un grave atentado a los DDHH con directa responsabilidad del Estado chileno, y que tiene que ser motivo de atención urgente por parte de los organismos competentes para evitar un desenlace fatal y frenar la desintegración social, cultural y ambiental, que ha sido promovida por instituciones públicas, fomentando grupos mercenarios.
Actos sistemáticos de depredación, violencia y discriminación
En agosto de 2018 se venían sumando una serie de denuncias sobre la tala indiscriminada de una amplia superficie territorial de bosque nativo, estimándose en más de 1.200 hectáreas, ubicadas en el sector Coihuin de Compu, comuna de Quellón, no estableciéndose formas sancionatorias y de regulación por parte de las instituciones públicas competentes, entre ellas Conaf, señalaron integrantes de la comunidad de Natri Bajo-Molulco.
La zona depredada involucra como responsables a particulares beneficiarios de Conadi, cuya tala afectó a una gran cantidad de endemismo y una gran variedad de especies de flora y fauna de enorme importancia ecosistémica y de biodiversidad, razón por la cuál se exige la protección efectiva de estos terrenos.
Otra situación grave denunciada que se viene produciendo, involucra al Fundo Tepuhueico, Fundo Coihuin y tierras de la empresa Golden Spring, como parte de los terrenos ancestrales Huilliche del territorio. Se trata de su traspaso vía Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a comunidades durante el 2018, pero, diversas familias y comunidades han manifestado que fueron excluidas de este proceso de restitución de tierras lo que ha tensionado y conflictuado aún más la convivencia y armonía del sector.
La Conadi anunció públicamente en mayo de 2018 que se daba por finalizado el proceso de compra de estos terrenos, habiéndose establecido unilateralmente a ciertos beneficiarios y cuyos interlocutores serían responsables directos de la depredación actual del bosque nativo, denunció Manuel Rauque, presidente de la comunidad indígena de Natri Bajo-Molulco, en agosto del año pasado.
Cabe señalar que una de las preocupaciones que han manifestado organizaciones indígenas y de derechos humanos en el país sobre estos conflictos que afectan la convivencia entre comunidades, es la falta de un protocolo efectivo por parte de Conadi al momento de establecer equitativamente los criterios sobre compras de tierras, considerando incluso que han existido hechos de sangre a causa de conflictos tensionados desde la propia institución, como ocurrió por ejemplo en la zona de Choroy-Traiguén, costa de Osorno, donde el conflicto de tierras arrojó un saldo de 5 muertos y tres heridos el año 2002, sumándose a otros lamentables episodios en zonas de la Araucanía y Biobío.
Al respecto, Conadi por ley tiene facultades judiciales y extrajudiciales para la solución alternativa de conflictos a través de la mediación y la conciliación, de carácter civil, que tengan relación con el uso, goce y explotación de terrenos indígenas, o en los que tengan interés personas o comunidades indígenas.
Asimismo, llama la atención la inacción de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en particular de la Gerencia de Fiscalización y Evaluación Ambiental, mediante el Departamento de Fiscalización Forestal de dicho organismo, que tiene facultades de fiscalización y sanción frente a estos hechos y no ha cumplido su mandato.
Lo mismo con el Ministerio Público, quien a pesar de estar al tanto de denuncias efectuadas y de estar en presencia de una serie de delitos, no está realizando oportunas diligencias.
Fuente: Equipo Comunicación Mapuche
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
