Invitado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Ghent para estudiar las implicancias de derechos humanos de la modernización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Chile, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, estuvo en Bélgica entre el 15 y el 30 de mayo. Junto con presentar su visión sobre este tema en seminario en dicha Universidad, se reunió con representantes de la Comisión Europea (Servicio Europeo de Acción Exterior), del Parlamento Europeo, de sociedad civil (Federación Internacional de Derechos Humanos, CATAPA, entre otras) y académicos.
De acuerdo a José Aylwin, la información recabada durante su estadía en Bélgica el nuevo acuerdo comercial propuesto confirma las preocupaciones sobre las implicancias adversas que este puede tener en derechos humanos, algunas de las cuales ya habían sido identificadas en el contexto del seguimiento previo que desde Chile el Observatorio Ciudadano se había hecho del proceso para su elaboración.
Aylwin llama la atención que la evaluación encargada por Unión Europea sobre los impactos del acuerdo en discusión no contiene un análisis de los efectos que la implementación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile de 2002 ha tenido a la fecha en derechos humanos. De acuerdo a información de la Unión Europea, un porcentaje que supera el 50% de las exportaciones de Chile a Unión Europea en este período al amparo del acuerdo vigente ha estado compuesto por recursos naturales, principalmente minería, cuya extracción se desarrolla en los territorios de los pueblos indígenas, con evidentes impactos en sus derechos a las tierras, recursos naturales como el agua, y a la consulta. Aunque la evaluación realizada reconoce potenciales impactos futuros de una modernización, incluyendo en los derechos de aguas en un contexto de cambio climático, en el medio ambiente, en los pueblos indígenas, y en las zonas de sacrificio, Aylwin considera que los minimiza.
No obstante lo anterior, la participación de sociedad civil en el proceso de discusión del nuevo acuerdo comercial a la fecha ha sido mínima, y la de pueblos indígenas, inexistente.
En cuanto a los contenidos del nuevo acuerdo, muchos de ellos de alta complejidad por su carácter técnico y por la diversidad de materias que son abordadas en ellos, Aylwin sostiene que en los textos disponibles se puede observar ciertas mejoras en materia de derechos humanos, tales como el reemplazo del sistema de arbitraje comercial considerado en el acuerdo vigente por una corte con jueces calificados, y el reforzamiento del derecho de los Estados miembros a adoptar medidas para proteger objetivos legítimos en materia ambiental y social. No resulta claro, sin embargo, cuáles serán las implicancias reales que estos cambios tendrán. Constata con preocupación que se mantienen y se refuerzan normas para la liberalización de las barreras comerciales y la protección de los derechos de propiedad intelectual, las que amenazan los derechos consuetudinarios de comunidades campesinas y pueblos indígenas.
Por todo lo anterior, concluye José Aylwin, es que se hace urgente que el gobierno chileno abra espacios de participación en relación al acuerdo comercial en negociación con UE, que permitan a sociedad civil una mayor incidencia en sus resultados, de modo de que, en caso de concretarse, se asegure que este no vulnere los derechos humanos. También se requiere, en el caso de los pueblos indígenas, el impulso de un proceso de consulta conforme a las normas del Convenio 169 de la OIT, dada la evidente implicancia que las actividades económicas – minería, forestación, entre otras – que, con toda certeza, serán incentivadas por este acuerdo.
La necesidad de reforzar las conexiones entre sociedad civil en Chile y sus contrapartes en Europa, para el monitoreo del proceso de negociación, así como para asegurar la protección de los derechos humanos en el proceso de ratificación del que será objeto un nuevo acuerdo por el Parlamento Europeo, también fue resaltada por Aylwin.
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