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La red EU-LAT, de la cual son organizaciones miembro tanto la OMCT como la FIDH, y CIDSE, redes internacionales de organizaciones que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo exigen justicia, memoria y garantía de no repetición para Berta Cáceres y para la defensa de los derechos humanos en Honduras y en toda América Latina.

El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en su residencia en La Esperanza, Honduras. Según la información disponible hasta la fecha, dos años después, apenas se ha avanzado en la investigación del caso. Las audiencias judiciales públicas de los ocho sospechosos detenidos como actores materiales se han aplazado en numerosas ocasiones. El informe emitido en noviembre 2017 por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) ha revelado una falta de diligencia debida en las investigaciones, que incluye la ausencia de procesamiento de otras personas posibles autores intelectuales del asesinato.

Berta Cáceres vivió defendiendo los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. Era reconocida a nivel nacional e internacional como defensora de los derechos humanos y en esa calidad recibió en 2015 el Premio Goldman por su lucha en defensa del territorio, los bienes naturales y la Madre Tierra. En los últimos años fue víctima de persecución, intimidación, estigmatización y criminalización tanto por actores estatales como no-estatales, debido a su activismo en un contexto de oposición a las explotaciones hidroeléctricas y extractivas impuestas en sus territorios sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde 2009, Berta era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, dichas medidas no sirvieron para protegerla de los numerosos ataques en su contra y, finalmente, de ser asesinada.

El caso de Berta refleja una realidad a la que se enfrentan las personas defensoras en América Latina, especialmente quienes actúan a favor del medio ambiente y el territorio. Otro caso emblemático lo encontramos en México, donde el 15 de enero de 2017 fue asesinado Isidro Baldenegro, un conocido activista ambiental indígena que luchó contra la explotación forestal ilegal del bosque antiguo de la Sierra Madre Occidental en territorio tarahumara/raramuri, en Chihuahua. Isidro Baldenegro ganó el premio medioambiental Goldman en 2005 y fue identificado como prisionero de consciencia por Amnistía Internacional.

Desde el asesinato de Berta, el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos con medidas de protección de la CIDH se ha incrementado de manera preocupante en la región. Esta situación, sumada a los pocos o nulos avances en el esclarecimiento de los casos de activistas asesinados, constituye un grave ataque a las personas defensoras, en tanto se generaliza la impunidad.

Dos años después del crimen, la Red EU-LAT y CIDSE urgen a la UE y sus Estados Miembros a exija al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los actores materiales e intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sean debidamente procesados, en línea con el compromiso europeo asumido en materia de protección de la defensa de los derechos humanos.

  • Ilustración: María José Arce
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