La CNDH de Perú demanda el cese de la violencia y represión en Chile

 In Declaración

Si bien el aumento del pasaje del metro en Santiago de Chile fue el factor que dio inicio a las protestas a lo largo de todo el país del sur; sin embargo, estas protestas tienen como base una situación de desigualdad estructural en salud, educación, pensiones, acceso al agua y muchos derechos más. Recordemos que Chile está entre los países con mayores índices de desigualdad en el mundo.

Lamentablemente, las protestas de la ciudadanía organizada contra el modelo económico –el cual se vendió desde los años de la dictadura como el modelo exitoso de la economía de mercado en América Latina- han desatado la respuesta violenta contra la población por parte del Estado chileno. El gobierno de Piñera decretó el toque de queda y la militarización en varias ciudades, suspendiendo así los derechos de reunión y asociación, y permitiendo una serie de violaciones de derechos humanos documentadas por organizaciones de sociedad civil y prensa independiente. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile y de funcionarios chilenos, al 23 de octubre son 2410 personas detenidas, 535 heridas y 18 personas muertas, además de cientos de casos de abuso por parte de la Fuerza Pública (carabineros y militares), los cuales incluirían tortura y agresiones sexuales.

Por lo tanto, demandamos al gobierno chileno el cese de la criminalización de la protesta y de la militarización de las ciudades, el no uso de armas letales contra la población, el cese de los toques de queda, de los estados de excepción y de los ataques y detenciones contra las y los manifestantes, sobre todo contra las y los niños. Exigimos también que se detengan las agresiones hacia los medios de prensa que cubren los hechos; así como el inicio de investigaciones y sanciones respectivas a quienes hayan violado los derechos humanos de la población. Señalamos que es indispensable que se inicie un proceso de diálogo amplio para abordar los cambios estructurales que la población demanda.

Finalmente, demandamos al gobierno peruano a que exprese públicamente su preocupación por las legítimas demandas del pueblo chileno, y le recordamos que estas exigencias son las mismas que viene reclamando por años la ciudadanía en nuestro país. Por lo que, es imprescindible la atención a demandas urgentes tales como el derecho a la salud y educación pública de calidad, a los derechos laborales, a un buen sistema de transporte público, a un sistema de pensiones digno, el acceso a agua potable, así como el rechazo y la sanción efectiva de todas las formas de corrupción estatal.

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