Lanzan informe sobre impactos de la minería canadiense en territorio ancestral del pueblo colla

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  • El estudio se centra en proyectos impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation, a través de su filial chilena Minera Mantos de Oro. Identificando derechos afectados, formula recomendaciones a la empresa y los estados de Chile y Canadá.

 

Por Comunicaciones del Observatorio Ciudadano

Este martes el Observatorio Ciudadano dio a conocer el informe “Evaluación de impacto en derechos humanos de proyectos mineros canadienses en territorio colla en Chile: El Caso de Kinross y la comunidad Pai-Ote”, realizado por los abogados José Aylwin y Felipe Guerra, coordinadores del Programa Globalización y Derechos Humanos y del Área Jurídica de la organización, respectivamente.

Dicho estudio identifica y hace evaluación de los diversos impactos que tienen los proyectos mineros desarrollados por empresas canadienses en el territorio de ocupación tradicional del Pueblo Colla, esto en la Región de Atacama en el norte de Chile, en particular sobre los derechos humanos de este pueblo y sus miembros.

Para la investigación, sus autores utilizaron la metodología Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos (EIDH, Oxfam y Federación Internacional de Derechos – FIDH, 2011), basada en el aporte y trabajo con la comunidad afectada, y tomando como referencia para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos, tomando como marco de referencia los derechos humanos y los Principios Rectores (PR) de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (Consejo de Derechos Humanos, Naciones Unidas, 2011).

Esta metodología, además, permite la elaboración de recomendaciones que pueden servir como base e insumo para promover diálogos horizontales entre las comunidades y los agentes públicos y privados implicados en los proyectos de inversión, los cuales, generalmente, se desarrollan en contextos de asimetría de información.

Kinrros y la comunidad de Pai-ote

Al menos seis proyectos mineros se encuentran actualmente en desarrollo en el territorio Colla, tres en fase de explotación y tres en fase de exploración, optando los investigadores por el análisis en profundidad de los proyectos La Coipa y La Coipa Fase 7 y su impacto en los derechos humanos de la comunidad Colla de Pai-Ote, puesto que estos conforman una unidad productiva. Proyectos que son impulsados por la empresa Kinross Gold Corporation de Canadá, a través de su filial chilena Compañía Minera Mantos de Oro.

 

“La decisión de abocarnos al estudio en profundidad de este proyecto minero en particular, surgió a requerimiento de la propia comunidad, que durante décadas ha debido convivir con esta iniciativa y soportar las graves consecuencias socioambientales que ha tenido para sus territorios de uso y ocupación tradicional”, aclara Felipe Guerra.

Derechos vulnerados

Entre algunas de las conclusiones a las que arriban los autores del informe tras analizar la información del caso, es que al Estado de Chile le cabe una responsabilidad central en la vulneración de los derechos de la Comunidad Colla de Pai-Ote, así como de las demás comunidades collas que hacen uso del territorio hoy impactado por los proyectos mineros La Coipa y La Coipa Fase 7 de Kinross.

Lo anterior, porque no ha cumplido con su obligación de proteger a esta comunidad frente a los abusos de derechos humanos cometidos por terceros, siendo el Deber del Estado de Proteger uno de los pilares de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (Pilar 1.1 PR).

En efecto, el Estado otorgó a terceros ajenos a las comunidades collas las concesiones mineras que dieron origen a los proyectos que hemos analizado en este informe. Lo mismo ha sucedido con los derechos de agua para sus faenas, otorgándoles preferencia sobre las comunidades, en este caso la Comunidad Colla de Pai-Ote, desconociendo así el derecho de propiedad sobre las tierras y recursos que tradicionalmente han ocupado o que son fundamentales para la conservación de otros recursos que tradicionalmente ocupan, como son las vegas y bofedales, conforme al derecho nacional e internacional aplicable.

Por otro lado, este otorgamiento por parte del Estado fue realizado sin respetar el derecho de consulta, ni de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad, así también su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo, al evaluar bajo la modalidad de simple Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a ambos proyectos, lo que no garantizó que la Comunidad fuese debidamente consultada previo a la aprobación ambiental. Tampoco cumplió con su obligación de asegurar que esta comunidad pudiese participar de los beneficios que reportan las actividades mineras de la empresa, así como ser compensadas por los daños que les han sido provocados como consecuencia de ellas.

Otro incumplimiento grave, probablemente el que más señalan los autores, es que los órganos del Estado si bien documentaron en los noventa las tierras de ocupación tradicional de las comunidades collas, incluyendo la Comunidad Colla de Pai-Ote sobre las cuales se asientan los proyectos mineros La Coipa y la Coipa Fase 7, no desarrollaron la acción necesaria para su reconocimiento y titulación. Ello a diferencia de otras comunidades collas cuyas tierras de ocupación tradicional, sí han sido reconocidas por el Estado.

Asimismo, resulta grave que no se evaluaran los impactos sinérgicos que tienen las extracciones de aguas realizadas por diversas empresas sobre los acuíferos que alimentan los sistemas de vegas y bofedales que hacen parte del Sitio Ramsar Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, los que son utilizados desde tiempos inmemoriales por diversas comunidades collas.

Por todo lo anterior, “este informe viene a corroborar que la gran minería en Chile se sigue desarrollando con grave vulneración a los derechos de los pueblos indígenas, en particular aquellos como la tierra, el agua, la consulta y el consentimiento que han sido reconocidos por instrumentos internacionales sobre derechos de pueblos indígenas,  como el Convenio 169 de la OIT que Chile ha ratificado”, agrega José Aylwin.

 

“También viene  a demostrar que, además de la responsabilidad que tiene el Estado de Chile al no proteger los derechos de estos pueblos en el contexto de proyectos mineros como la Coipa y La Copia y La Coipa Fase 7 en territorio de la Comunidad Colla Pai Ote,  tanto las empresas, como Kinross en este caso, y el Estado de Canadá, incumplen estándares de derechos humanos al desarrollar y/o apoyar esos proyectos con evidente afectación de los derechos de estos pueblos”, concluyó.

 

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