Durante dos eventos previos al V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos en América Latina y el Caribe, pueblos indígenas y afrodescendientes de la región se reunieron para debatir los retos que implica la actual situación del Covid-19 y las continuas problemáticas que viven por la actividad empresarial en sus territorios.
Discutieron la falta de implementación del Covenio 169 de la OIT y la falta de procesos verdaderos de consulta y consentimiento previo, libre e informado. También discutieron la falta de mecanismos que garanticen la participación verdadera de estas comunidades en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión económica en sus territorios.
Lo pueblos indígenas y afrodescendientes, exigen que las empresas nacionales y transnacionales que amenazan el goce efectivo de sus derechos humanos, respetan sus derechos internacionalmente reconocidos.
El V Foro Regional empezó con la lectura de declaraciones por parte de los pueblos indígenas y afrodescendientes; ambas declaraciones se encuentran disponibles en español, portugués e inglés.
A continuación, ambas declaraciones en versión español:
DECLARATORIA DE PUEBLOS INDÍGENAS PARTICIPANTES EN EL V FORO REGIONAL SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Nosotras y nosotros los pueblos indígenas, cuando el mundo entero enfrenta una grave contingencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, observamos con mucha preocupación las debilidades de los sistemas de salud pública y protección social que se ha evidenciado en los distintos países de la región. También nos alarma la patente fragilidad de los mecanismos que debieran garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en este contexto. A esta situación se suman, tanto los impactos ambientales, como los referidos a la salud, causados por proyectos empresariales que contribuyen a la vulnerabilidad de las comunidades indígenas que se encuentran viviendo en contextos extractivos.
En este escenario de COVID-19, los pueblos indígenas hemos sido capaces de organizarnos para hacer frente a la pandemia con nuestros propios conocimientos tradicionales y nuestras formas de organización, ejerciendo nuestro derecho a la libre autodeterminación. Los pueblos indígenas hemos resistido por siglos (y seguimos resistiendo) las políticas de exterminio, el atropello sistemático de nuestros derechos y el despojo legalizado de nuestros territorios. Somos quienes ponemos nuestros cuerpos y territorios como guardianas y guardianes de los bienes comunes naturales y, en esta defensa de nuestros derechos, las mujeres hemos tenido un papel central.
Es por ello, que en protección de nuestros pueblos exigimos suspender de manera inmediata toda actividad que promueva el ingreso de personas ajenas a los territorios indígenas y aplicar una moratoria a toda actividad extractiva en el interior o en las proximidades de los territorios indígenas, como medida preventiva durante la pandemia. Asimismo, instamos a que se eviten proyectos de inversión y la aprobación de normas que afecten o pongan en riesgo los derechos indígenas sin llevar a cabo procesos efectivos de consulta y consentimiento previo, libre e informado.
Hoy manifestamos que existimos y tenemos derechos que la comunidad internacional y los Estados han pactado y que deben ser respetados. Por eso llamamos a la ratificación del Convenio 169 de la OIT para los Estados que aún no lo hayan hecho. Además, proponemos la creación de un mecanismo de vigilancia del Convenio, con especial énfasis en el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, que permita identificar a los Estados que no cumplen efectivamente estos estándares internacionales de derechos humanos y a las empresas que interfieren con los procesos de consulta.
Es necesario garantizar que los instrumentos de consulta no deriven en un mero trámite ni sean implementados únicamente por requerimiento de sentencias judiciales. Al contrario, deben asegurar los derechos sustantivos al consentimiento, incluyendo el derecho a decir “no”. Asimismo, deben acreditar la plena participación de las mujeres, así como el uso de la lengua indígena. Es necesario, además, el reconocimiento de los procesos de auto-consulta y protocolos de consulta propios de los pueblos indígenas.
Por otro lado, exigimos la plena participación de los pueblos indígenas en la identificación de los impactos de proyectos empresariales para determinar su compatibilidad -o no- con nuestras formas de vida y desarrollo. La manera en que se vienen implementando dichos estudios –tanto ambiental, como social- no identifican los impactos culturales sobre nuestros territorios ancestrales. Asimismo, es fundamental incorporar el impacto diferenciado hacia las mujeres.
Adicionalmente, reiteramos nuestra preocupación por las personas indígenas defensoras de derechos humanos, quienes son perseguidas, criminalizadas y asesinadas por defender sus territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Necesitamos acciones concretas y conjuntas por parte de los Estados y las empresas para proteger y respetar a las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, solicitamos el reconocimiento y fortalecimiento de los mecanismos de protección individual y colectiva.
Para concluir, teniendo en cuenta que nos acercamos al décimo aniversario de la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se sustentan en la protección, respeto y remediación; reconocemos que constituyen una oportunidad para demandar a los Estados las reformas urgentes y necesarias, así como para exigir su cumplimiento a las empresas, siempre y cuando sean acompañados por mecanismos nacionales o internacionales vinculantes y efectivos, que aseguren el acceso a la justicia y a la reparación del daño. 8 de septiembre de 2020.
¡NO MÁS MUERTES! LIBRE DETERMINACIÓN, CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO SIN RACISMO
Declaración Conjunta de las Comunidades afrodescendientes en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe
Organizaciones de los pueblos afrodescendientes participantes en el Seminario virtual “Comunidades afrodescendientes en el contexto empresarial de América Latina y el Caribe” hacemos llegar a los asistentes a la V Consulta Regional de América Latina y el Caribe sobre Empresas y Derechos Humanos, nuestra posición respecto de los desafíos que enfrentamos en el contexto de la pandemia originada por el Covid-19, referidas a las actuaciones empresariales en nuestra región y sus impactos en nuestro pueblo.
A más de 30 años del Convenio 169 de la OIT, vemos con preocupación que, a pesar que la mayoría de nuestros países han firmado y ratificado este instrumento, los gobiernos se niegan a garantizar, en la práctica, los derechos diferenciales que nos corresponden, a pesar de ser reconocidos en Chile como pueblos tribales, o a existir la obligación de su aplicación en Argentina, Honduras o Perú, como lo confirmaron los Grupos de Trabajo de la ONU sobre afrodescendientes y sobre empresas y derechos humanos, en sus informes de misiones a esos países.
Pese a haber contribuido a la creación de riqueza en Europa y Norteamérica, a costa de la esclavización de millones de personas africanas mediante la trata trasatlántica, en la actualidad, persisten las nefastas consecuencias de la esclavización, expresada en formas de racismo estructural. Ante ello, como expresión del espíritu libertario legado por nuestros ancestros, seguimos resistiendo pacíficamente y exigiendo el derecho a las reparaciones históricas y actuales, por las discriminaciones de las que seguimos siendo víctimas desde hace varios siglos.
La pandemia del Covid-19 ha hecho más evidentes las desigualdades sociales y estructurales para las comunidades quilombolas, garífunas, negras y afrodescendientes de la región. La prevalencia de enfermedades coronarias, la hipertensión, la anemia falciforme y la diabetes, entre otras, aumenta nuestras condiciones de vulnerabilidad, al no contar en nuestras comunidades y territorios con una estructura hospitalaria mínima y de calidad para enfrentar la actual crisis sanitaria.
El desplazamiento forzado, el confinamiento, la contaminación de cuerpos de agua dulce y salada, y el despojo y destrucción física de territorios ancestrales y tradicionales de comunidades quilombolas, garífunas, negras y afrodescendientes, por la imposición legal o violenta de megaproyectos económicos, sin garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, es otro factor de preocupación.
De modo reciente, en Colombia un juez ordenó la nulidad del título colectivo del Consejo Comunitario de la Comunidad negra de La Boquilla, argumentando que está ubicado en una zona de expansión urbana y desarrollo turístico. En Brasil, el gobierno federal intentó el desalojo de 800 familias quilombolas en el municipio de Alcântara, y continuó el avance de la carretera (BR-135) en varios quilombos de municipios del estado de Marañón.
En Honduras, el desplazamiento en tierras ancestrales garífunas por las industrias de palma de aceite y turísticas, se parece a los impactos en Ecuador y las costas colombianas. En Argentina y el Perú, trabajadores/as agrícolas y de puertos son explotados/as laboralmente por empresas sin que el Estado intervenga, porque son invisibles para las políticas públicas.
Las iniciativas estatales de reglamentar la consulta para eliminar el consentimiento de nuestros pueblos frente a actividades extractivistas y de infraestructura y turismo, no son consultadas, o incluso pretenden hacer las consultas virtuales. Y cuando las comunidades étnicas conquistamos la expedición de normas positivas, los gobiernos omiten su aplicación, por ejemplo, en Brasil, con el Decreto 4887, instrumento legal que ratifica los derechos étnico-territoriales de las comunidades quilombolas.
Las políticas de criminalización, así como la violencia ejercida por los Estados y las empresas en contra de defensores de derechos humanos, pertenecientes al pueblo afrodescendiente y sus comunidades locales, han resultado en un grave incremento de los casos de asesinatos y agresiones en contra nuestra.
Frente a estas graves y recurrentes vulneraciones, las comunidades étnicas nos movilizamos con nuestras organizaciones en cada país e internacionalmente, usando diferentes mecanismos de exigibilidad de derechos, para reivindicar y defender la garantía de nuestros derechos colectivos. Hemos instaurado demandas contra empresas, por irrespetar derechos laborales, ambientales y étnicos, exigiendo el derecho a la reparación integral de comunidades violentadas por un modelo de desarrollo que nos ha arrebatado el bienestar colectivo.
Y hoy estamos aquí, delante de ustedes, presentado esta declaración. Nos gustaría tener mucho que celebrar respecto de la realización de nuestros derechos étnico-culturales y territoriales, en los 31 años del Convenio 169 de la OIT y los casi 20 años de su ratificación por parte de la mayoría de los gobiernos de la región. Pero no; infortunadamente, tenemos que seguir denunciando la vulneración sistemática de nuestros derechos por parte de los Estados de la región y de las empresas.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
