“Firmar el Acuerdo de Escazú es una decisión política de avanzar en democracia ambiental. Todos los países tienen asuntos pendientes en la materia, pero tienen voluntad para progresar”. De esta forma, representantes de la sociedad civil reiteraron el llamado al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que no deje pasar la oportunidad de firmar este importante acuerdo regional durante la próxima Asamblea General de la ONU.
Esta semana, representantes de los ministerios de desarrollo social de la región están reunidos en la sede de Cepal en Santiago de Chile, en el marco del III Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, con el objetivo de revisar el avance de la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Aprovechando esta oportunidad, el gobierno de Costa Rica -que comparte la co-presidencia regional del Convenio de Escazú con Chile-, ha convocado a los 16 Países Signatarios a un día de trabajo junto con la sociedad civil el jueves 25 de abril para avanzar en las firmas y ratificaciones necesarias con miras a la primera Conferencia de las Partes de Escazú. Asimismo, Costa Rica en conjunto con ONG FIMA, Fundación Terram, La Iniciativa de Acceso, CEPAL y ONG’s de Argentina y Perú realizaron un evento para dar a conocer experiencias de buenas prácticas de alianzas entre gobierno y sociedad civil, que buscan que las personas y grupos en situación de vulnerabilidad puedan ejercer sus derechos a la información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Chile, el gran ausente
Para la sociedad civil, Chile ha sido el gran ausente a nivel regional, ya que “ha abandonado su responsabilidad de co-presidir con Costa Rica el Convenio de Escazú, dejando a la deriva un espacio de liderazgo estratégico en la región”.
En este contexto, la ausencia de Chile se repite en los diálogos entre las distintas delegaciones y la sociedad civil, quienes aún no entienden, de entre las diversas razones entregadas por el gobierno, por qué el Presidente Sebastián Piñera no quiere avanzar en garantizar los derechos de acceso a la ciudadanía. Sobre todo, porque es claro que este tratado no pone en riesgo la soberanía de Chile ni tampoco apela a que los países deban concurrir a su firma con todos los puntos que abarca resueltos. Por el contrario, propone convertirse en una herramienta de acompañamiento para los países y apuntar a su implementación de acuerdo a las capacidades de cada nación.
Las agrupaciones de la sociedad civil que fueron parte de las negociaciones de este acuerdo, y que a último minuto vieron cómo 5 años de trabajo (iniciados e impulsados durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera) fueron desechados, apelan a que Chile debe llegar a la próxima Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP) 25 -tildada por el propio gobierno como ciudadana- dando una señal real de compromiso con la ciudadanía mediante la firma del Acuerdo de Escazú.
“El gobierno de Chile tiene la oportunidad de demostrar su voluntad política en democracia ambiental, retomando su liderazgo regional, un capital político importante para ser el anfitrión de la próxima COP25”, indican las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes.
Firman:
Espacio Público
ONG FIMA
Observatorio Ciudadano
Codeff
Fundación Terram
Amnistía Internacional
Greenpeace
Andrea Sanhueza, Representante Electa del Público para el Acuerdo de Escazú
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
