Desde el 4 de mayo en Angol y Temuco y desde el 5 de julio en Lebu, decenas de presos políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre. Entre sus demandas básicas están el cambio de medidas cautelares para todos los presos mapuche y presos políticos imputados del estallido social y que se respete y haga efectivo el Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde 2008. Este convenio establece que debe darse preferencia a tipos de sanciones distintas del encarcelamiento, teniéndose en cuenta las características económicas, sociales y culturales de los acusados.
Frente a ello, queremos expresar nuestra absoluta solidaridad con los presos políticos mapuche y sus comunidades.
Exigimos que se cumplan las demandas básicas negadas a quienes están en huelga, y concedidas incluso a quienes en la Operación Huracán idearon un montaje destinado a inculpar de delitos a comuneros y líderes mapuche. Demandamos la liberación futura de los presos mapuche, ya que reconocemos el carácter político de su prisión: están en las cárceles del Estado por resistir al avance extractivista y capitalista sobre territorios ancestrales, en Wallmapu. Los monocultivos forestales y el raps transgénico, las hidroeléctricas y la acuicultura, la minería, las salmoneras y otras empresas, con el apoyo del Estado, son responsables de usurpar los bienes comunitarios y poner en riesgo la vida de un pueblo y todos quienes habitan dichos territorios.
Llamamos también a todas las organizaciones plurinacionales a estar alerta y a sumarse a cualquier acto de solidaridad efectiva con la huelga de hambre y con la lucha por autodeterminación territorial del pueblo mapuche. Hoy la vida es el valor más preciado por la crisis sanitaria y sus consecuencias. Como habitantes de un territorio en el que habitan diversos pueblos originarios, no podemos tolerar que las vidas mapuche no importen lo mismo que las vidas de cualquier otro chileno o chilena.
En estos días cruciales, nuestra tarea es reiterar que las vidas de los mapuche y en especial de los presos mapuche importan, y denunciar a un Estado que les criminaliza como pueblo y a sus autoridades, en defensa de las ganancias y los intereses de los grandes empresas. Como Movimiento por el Agua y los Territorios, defendemos la vida, y llamamos a todos y todas a actuar en consecuencia ante esta crítica situación que denunciamos.