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La representante de las organizaciones indígenas aymaras de la comuna de Pica, Catalina Cortéz, explicó que «la intervención de la embajada fue más de los que esperábamos. Ellos van a convocar a la empresa para conversar y ojalá poder regularizar esta situación de vulneración de derechos. Lo que proponen es una mesa tripartita entre la comunidad indígena, la empresa y que la embajada de Canadá esté presente como garante»

Delegaciones de comunidades aymaras y diaguitas realizaron este lunes una manifestación a las afueras de la embajada de Canadá en Chile, para denunciar que los proyectos mineros Teck QB2 y Pascua Lama, de Barrick, están destruyendo el medio ambiente, sus formas de vida y no respetando el convenio 169 de la OIT.

Entrevistada por El Desconcierto, la representante de las organizaciones indígenas aymaras de la comuna de Pica, Catalina Cortéz, explicó que asistieron a la embajada canadiense “con el fin de que pueda interceder para que la empresa canadiense Teck pueda actuar de buena fe con los pueblos indígenas respecto del proyecto QB2, que está en nuestro territorio. Ellos no nos incluyeron dentro del estudio de impacto ambiental como área de afectación, invisibilizando a nuestra comunidad y nuestra existencia como pueblo indígena”.

“Hoy en día, Teck QB2 tiene un proyecto aprobado con resolución de impacto ambiental en el que nosotros no fuimos incluidos ni siquiera en la construcción del estudio. Tenemos cerca de mil trabajadores en nuestro territorio, alterando nuestras formas de vida, nuestro tejido social de forma impactante. Además, tenemos una empresa que eleva un discurso de altos estándares en su política, pero que a la hora de la ejecución no cumple”, agregó la representante.

Cortéz además recordó que “nosotros presentamos un recurso de reclamación que fue acogido y rechazado en el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental). Estamos esperando la resolución para ir a los tribunales ambientales, sin embargo somos comunidades de diálogo y que actuamos de buena fe”.

En ese sentido, la dirigenta explicó que “creemos que la embajada puede hacer entender a las empresas de origen canadiense para que puedan actuar en Chile tal cual como actúan en sus países de origen, que tienen estándares súper elevados”.

“La intervención de la embajada fue más de los que esperábamos. Ellos van a convocar a la empresa para conversar y ojalá poder regularizar esta situación de vulneración de derechos. Lo que proponen es una mesa tripartita entre la comunidad indígena, la empresa y que la embajada de Canadá esté presente como garante”, detalló Cortéz.

Por su parte, el presidente de la comunidad diaguita El Corral, ubicada en la comuna de Alto del Carmen, Yeric Ossandón, dijo que “la reunión con la embajada fue muy positiva. Fuimos bien acogidos, entregamos nuestro testimonio y nos dijeron que nos iban a responder”.

El dirigente recordó que “cuando se hizo el estudio de impacto ambiental, que fue el 2006, no nos reconocieron pese a que el Gobierno sí nos reconocía como pueblo originario. Nos dejaron desplazados y comenzaron a construir”.

Cortéz también aseguró que “no nos dejan ingresar a nuestro cementerio, nuestro sitio ceremonial. Se ha visto afectada nuestra vida social, nuestro desarrollo como personas, nuestras costumbres y nuestro ganado. Todo el recorrido que hacemos, ahora tenemos que regirnos bajo sus protocolos para poder ingresar y transitar por nuestras tierras. Ellos nos imponen reglas cuando somos nosotros quiénes hemos habitado este territorio”.

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