En el marco del informe “Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social”  publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, y en colaboración con diversas organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, se realizó el seminario Protesta social y violencia hacia las mujeres organizado por Corporación Humanas en conjunto con el Observatorio Ciudadano.

En las exposiciones hubo un diagnóstico común en sostener que en nuestro país las manifestaciones sociales han sido criminalizadas. En el informe se constatan las múltiples amenazas que este derecho tiene en la actualidad, donde los sectores más discriminados son las mujeres y los grupos étnicos.

“Muchas de las normas aprobadas en los últimos años apuntan a la penalización de acciones o conductas relacionadas con la protesta”,  dice José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano quien entregó una mirada regional sobre la protesta social y el uso abusivo de la fuerza policial.

Hay una especial atención al uso de la ley antiterrorista del Estado en distintos países de la región. La situación de Chile es desarrollada en profundidad por cuanto hay casos emblemáticos de persecución de defensores/as de derechos humanos, particularmente mapuche y donde no existe una legislación que garantice el derecho al debido proceso, subraya José Aylwin.

Agrega, que en el estudio se constata el uso de la fuerza por sobre el diálogo. “En la mayoría de los países se suceden las detenciones masivas, arbitrarias y violentas”, subraya el director del Observatorio Ciudadano.

En uno de sus capítulos el informe realiza especial mención a las restricciones legales y administrativas de la protesta social. En el documento se advierte que las nuevas normas, resoluciones y decisiones judiciales se caracterizan por imponer restricciones burocráticas como la obligatoriedad del aviso previo, por crear nuevos tipos penales y aumentar las penas ya existentes. Además, en los casos más extremos, habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas y suspenden la vigencia de las garantías judiciales en nombre de la protección del orden público.

“Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social” da cuenta de la afectación especial por el uso de la fuerza a mujeres donde se constatan casos de violencia física.  En el informe se precisa que además de reprimir la protesta, el poder y la violencia buscan restablecer los roles de género que le asignan a las mujeres un mandato de pasividad social.

En esa línea, Carolina Carrera, Presidenta de Corporación Humanas indicó que la violencia policial cometida contra mujeres y niñas en el contexto de manifestaciones estudiantiles y sociales en los últimos años es una constante.  “Hay agresión sexual al momento de la detención de niñas y jóvenes escolares, pero también está el caso en de una joven de 22 años fue agredida verbalmente y luego, en el marco de una detención, que no cumplió́ con ningún estándar de legalidad, fue obligada a desnudarse en la ciudad de Temuco”, comenta Carolina Carrera.

PROTESTA SOCIAL: transformar la respuesta estatal

Desde Amnistía Internacional señalan que el informe lo que hace es dimensionar en profundidad el problema que existe en la región en lo que se refiere a la protesta social. “El derecho a la protesta es un derecho humano. El derecho a manifestarse es un ejercicio de derechos humanos y la protesta social no puede ser tratada solo como un tema de orden público”, así lo sostiene su directora ejecutiva Ana Piquer.

Para Sofía Barahona, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), acá no estamos hablando de orden público y de seguridad, más bien estamos impidiendo que las personas puedan expresar legítimamente lo que ellos piensan. “Hay una tendencia a comprender la protesta social como algo negativo, actos de delincuencia o terrorismo más que una manifestación de ciertas ideas o luchas”.

Y finalmente, Paola Melita de la Agrupación LesboFeminista Antirracista Tierra y Territorio, explica que la protesta social para el Wallmapu existe desde otro punto de vista. “Sólo el hecho de existir y resistir es una confrontación a los poderes y a las alianzas estratégicas que existen entre el Estado y el capitalismo. La lucha del pueblo mapuche no tiene una demanda reivindicativa única, la persistencia tiene que ver con un todo y quienes hacen la lucha contra el capitalismo son las y los mapuche. Esta es una resistencia que se hace en el día a día”.

Una de las conclusiones que arroja el informe  “Los Estados latinoamericanos frente a la protesta social” dice relación con la necesidad de una respuesta democrática de los Estados a los conflictos y las protestas sociales, y el compromiso de garantizar los derechos de reunión, de petición, de expresión y de participación.

En un contexto caracterizado por amenazas al derecho a la manifestación, es urgente transformar la respuesta estatal a las protestas sociales en América Latina.