Paulina Acevedo

El pasado 05 de octubre se cumplió un año desde que fue liberado el texto oficial del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés, abriéndose así al escrutinio público y poniéndose fin a más de cinco años de negociaciones desarrolladas bajo estrictas cláusulas de secreto, autoimpuestas por los 12 estados que forman parte de este tratado, afectando principios básicos democráticos y de participación esperables ante cualquier discusión política o económica de interés general.

Y es que el TPP, es mucho más que un tratado de libre comercio. De hecho, de sus 30 capítulos y más de seis mil páginas, solo un cuarto de ellos refieren a aspectos netamente comerciales. Siendo parte de una serie de acuerdos comerciales que han emergido en las últimas décadas, denominados de “nueva generación”, que buscan desplazar a los estados de la regulación de aspectos vinculados a la esfera social y los derechos de las personas, así como facilitar la libre operación de las empresas trasnacionales en los territorios.

Dichos acuerdos, bajo el engañoso paraguas de la apertura de mercado y regados de apologías al crecimiento económico, la generación de empleos, o la incorporación de supuestas medidas proteccionistas de carácter ambiental, imponen sus estándares para la inversión, establecen tribunales propios y fijan normativa que debilita la decisión y la acción de los estados. Permitiendo con ello la consagración de un modelo de desarrollo conducido por las grandes corporaciones y la instauración de lo que Juan Pablo Orrego, en su libro Entropía del capitalismo, define como “el abuso corporativo de las personas, de las comunidades, de los ecosistemas y del territorio, con un objetivo primordial: el lucro privado”.

Frente a todo este secreto, las filtraciones de wikileaks de partes del texto preliminar del TPP durante el periodo de negociaciones fueron cruciales, pues ellas encendieron tempranamente las alarmas sobre los nocivos efectos del tratado y permitieron a los ciudadanos organizarse, abriéndose paso un debate de fondo y crítico de sus impactos en ámbitos tan sensibles como la salud, la soberanía alimentaria, las pensiones, las comunicaciones, o los mecanismos de solución de controversias que impone el TPP y que limitan la soberanía del Estado para garantizar nuestros derechos humanos.

Por eso, aunque muchos auguraron que el TPP tendría una rápida adopción, hoy este tratado está abiertamente desahuciado. Ello no tan solo por las últimas declaraciones formuladas por el recién electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el primer día de su mandato, este próximo 20 de enero, va a emitir una nota de intenciones para retirarse del TPP, por constituir un “desastre potencial” para ese país, lo que lo hace inmediatamente inviable. Ello, porque para que el TPP se apruebe se requiere que lo ratifiquen al menos seis de los 12 países que forman parte del acuerdo y que éstos reúnan, como mínimo, el 85% del PIB total sumado de todos los países miembros. Y Estados Unidos aporta con 66,7% a ese PIB.

En esta muerte anticipada del TPP influyeron también la movilización y los cuestionamientos, los que llegaron incluso desde Naciones Unidas y a los que es fundamental dar respuesta, al mismo tiempo que ampliar la discusión a las formas en que estos se establecen, a fin de definir -con la participación del conjunto de la sociedad y en particular de los grupos más afectados- las condiciones mínimas para formular, negociar y adoptar este tipo de acuerdos a futuro.

Delimitar estos márgenes resulta todavía más urgente si se considera que la recién concluida Cumbre de Presidentes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), culminó con la firma de un acuerdo por parte de los 21 países que la conforman en favor de los mercados abiertos y contra el proteccionismo, adscribiendo además a la idea de conformar un Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico (FTAAP, por sus siglas en inglés).

China por su parte, que en estos días ha visitado con una delegación oficial diversos países de América Latina, aprovechó la instancia para impulsar la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un proyecto de acuerdo de libre comercio que integrarían la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Australia e India, pero sin Estados Unidos. Mientras que los Presidentes de Chile (Michelle Bachelet), México (Enrique Peña Nieto), y Perú (Pedro Pablo Kuczynski), platearon la tesis de proseguir con una iniciativa comercial a partir del TPP, si se retira Estados Unidos del acuerdo.

Es decir, se avizoran un sinnúmero de tratados que comenzarán a ser negociados, si es que ya no lo están siendo, para cuya adopción hay que tener un marco definido. Donde los aspectos geopolíticos que están claramente en juego, pues lo que se disputa es quién controla los mercados a nivel global, son también parte crucial del debate que hay que comenzar a dar, así como el tipo de acuerdos a implementar y su alcance, en particular para que ellos no afecten la calidad de vida y los derechos fundamentales de las personas.

El TPP y los derechos humanos

Un aporte a esta discusión que se abre, es la carta que remitió en abril pasado un grupo de Relatores Espaciales y de Expertos de Naciones Unidas, en el marco de la tramitación del ahora desahuciado TPP, a los estados de los países que lo integran, advirtiendo sobre sus impactos en los derechos humanos y dando un plazo acotado para la respuesta. En ella se sistematizan algunas de las principales recomendaciones que vienen siendo formuladas desde dicho organismo en el último tiempo en torno a los acuerdos de libre comercio y se identifican las principales contravenciones respecto de circunstancias aplicables a otros acuerdos similares actualmente se tramitan, como el TTIP o el TISA, que también han encontrado una fuerte oposición ciudadana.

En la comunicación de los relatores se cuestiona, por ejemplo, “la falta de transparencia y la poca o nula consulta con algunos grupos o partes interesadas”, y que “durante el proceso de negociación no hubo una evaluación transparente, independiente y participativa del impacto que las normas comerciales contenidas en el TPP pudieran tener en el disfrute de los derechos humanos”, es decir, evacuar informes previos a la adopción de estos acuerdos en donde se analicen las posibles amenazas que ellos representan para estos derechos, como establecen los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos desde el año 2010.

Se cuestionan a su vez algunas de las disposiciones del capítulo de propiedad intelectual del TPP, en particular aquellas que afectan la patentación de medicamentos, de las semillas y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Respecto de estos pueblos, alertan que no se han realizado procesos de consulta indígena, como establece el Convenio 169 de la OIT cuando se adoptan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos, que es precisamente el caso de los acuerdos comerciales al estimular los procesos extractivos y de infraestructura en sus territorios ancestrales.

Lo anterior es particularmente preocupante en el caso de los tres países latinoamericanos forman parte del TPP, México, Perú y Chile, puesto que ninguno de ellos ha iniciado procesos de consulta pese a tener todos ratificados el Convenio 169 y poseer las cifras más altas de población indígena de la región, luego de Guatemala y Bolivia. Chile, incluso, ha sostenido que la consulta previa no procede en este caso. Debido a la gravedad de esta grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido una audiencia temática especial a organizaciones sociales e indígenas de estos tres países el próximo 07 de diciembre, en el marco de su 159º Período Ordinario de Sesiones, que tendrá lugar en Panamá. Desde donde sin duda saldrán otros insumos y orientaciones para abordar este fenómeno global de expansión de los mercados y del capital corporativo.

No obstante, por más argumentos que se construyan, el camino por el que se debe avanzar sigue siendo el mismo: una ciudadanía informada, un estado de alerta permanente, ampliar la participación de sectores sociales y su incidencia en estos procesos, movilización y articulación, sumado a la construcción de alternativas. No solo otro mundo, sino también otro comercio, son posibles.