Karina Vargas y Hernando Silva*
Crecimos aprendiendo que el 12 de octubre se conmemora el descubrimiento de América, aunque la fecha en realidad expresa la llegada de Cristobal Colón a América, no hay ningún descubrimiento en este hecho. Los pueblos indígenas ya existían en este mundo y el que invadieran y violentaran sus territorios nada tiene que ver con descubrir algo.
Los años han pasado, y aunque con distintos nombres, seguimos conmemorando esta fecha como recuerdo de un hito que cambió la historia y el devenir de los pueblos originarios de américa. En Chile por ejemplo se celebra en esta fecha “El encuentro de dos mundos”, aunque el término de encuentro también es cuestionable por el grado de violencia y despojo con que se dio, y más que darse entre dos mundos, podríamos decir que fue más bien entre dos visiones distintas del mundo que aún hoy no logran encontrarse.
En España se celebra el “día de la hispanidad” antes conocido como el “día de la raza”, término que guardaba cierta connotación racista puesto que no existen las “razas humanas” dado que todos los humanos formamos parte de una sola especie, y lo que más bien existe es una diversidad de étnias y culturas.
En la última década se ha empezado a denominar a esta fecha el “Día de la resistencia indígena”, término que empezó a usarse en Venezuela y Nicaragua y que se ha ido expandiendo a otros países de américa latina, y que expresa la resistencia de los pueblos indígenas frente al despojo, al colonialismo y el extractivismo con sus luchas, cosmovisiones y saberes.
Y este término es tal vez el que más se acerca a la realidad de los pueblos indígenas: el seguir resistiendo a pesar de las condiciones adversas que vienen enfrentando.
Sin embargo, es bueno resaltar que luego de más de 500 años, los pueblos indígenas han cobrado mayor fuerza política y articulación, apoyados en normas internacionales que protegen sus derechos como el convenio 169 de la OIT o la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y empoderados en su identidad indígena- los censos nacionales demuestran cada vez más una mayor auto identificación indígena en sus habitantes- han logrado fortalecer su agencia para determinar su propio camino y no solo resistir frente al accionar del otro.
Vemos como largas luchas empiezan a dar frutos y surgen propuestas y prioridades de los pueblos indígenas que emergen desde el reconocimiento y ejercicio de su derecho a la autodeterminación como pueblos.
Por ejemplo, en Ecuador, el pueblo Kichwa de Sarayaku presenta su propuesta de Kawsak Sacha o Selva Viviente al estado ecuatoriano y a la comunidad internacional en la cual, desde su propia cosmovisión y cultura de entender a la naturaleza como un ser vivo y como sujeto de derechos en igualdad de condiciones que los seres humanos, proponen un modelo de conservación para sus bosques y territorios que cambia el enfoque etnocéntrico hasta ahora dominante en las políticas de protección y conservación de la biodiversidad. Como el pueblo Achuar del Pastaza en Perú que viene logrando el reconocimiento de su derecho a titular sus territorios ancestrales de forma integral y no de forma fragmentada como comunidades; o como el pueblo Purépecha en Cherán, México que lleva ocho años de gobierno autónomo lejos de los partidos políticos y manejando sus propios recursos naturales; o pueblos que han logrado reivindicar y reconocer su estatus de nación en nivel de igualdad con otras naciones, como la nación Cree en Quebéc, Canadá.
Estas experiencias sin duda contrastan con la realidad que viven los pueblos indígenas en nuestro país, donde sus derechos colectivos no se encuentran reconocidos en la Constitución Política, y la Ley Indígena sólo hace referencia a ellos como “etnias” privándolos de esta forma de su reconocimiento político como pueblos.
Asimismo, a lo largo de la historia de Chile los pueblos indígenas han sido víctimas de procesos de usurpación, que en un primer momento se materializaron en la usurpación de sus tierras y territorios mediante la utilización de la fuerza -en un primero momento por la Corona española con la cual finalmente el pueblo mapuche pactó tratados que reconocían sus territorios y luego con el estado chileno- y que hoy se materializan en la usurpación de sus recursos naturales mediante la instalación de industrias extractivas en sus territorios, que ponen en riesgo sus propios modelos de desarrollo y sus sistemas de vida, amparados en el marco regulatorio de vocación neoliberal que impera en nuestro país.
Por otro lado, cuando los pueblos indígenas, y en especial el pueblo mapuche, reivindican sus derechos, la respuesta del Estado ha sido en la gran mayoría la represión policial indiscriminada o la criminalización de los líderes que participan en actos reivindicativos, mediante la utilización de leyes de excepción como es el caso de la Ley Antiterrorista.
Es en ese contexto, que en los últimos días se da a conocer el fallo de la Corte Suprema sobre el caso Luchsinger Mackay, mediante el cual se condena a 18 años de cárcel a los líderes mapuche José Tralcal y Luis Tralcal, y al joven mapuche José Peralino -a 5 años de cárcel- por el delito de incendio con resultado de muerte; todo ello mediante un proceso fundado en pruebas obtenidas bajo tortura, desconociendo elementos probatorios que acreditan la inocencia de los condenados. Circunstancias respecto a las cuales la comunidad internacional y en especial al Naciones Unidas manifestaron su preocupación al Estado de Chile, pero que no fueron consideradas por la Corte Suprema al momento de resolver el caso. Ello deja en evidencia el doble estándar de la Justicia Chilena que aplica elevadas condenas para personas mapuche en casos en los que las víctimas son agricultores descendientes de colonos, y consagra la impunidad en casos en los que las víctimas son jóvenes mapuche que mueren en manos de agentes policiales del estado, como han sido los casos de Matías Catrileo, Alex Lemún y Jaime Mendoza Collío.
Sin embargo, pese a estas adversas circunstancias, los pueblos indígenas han logrado posicionar en algunos casos su derecho a auto determinarse de acuerdo a su propias prioridades y cultura, como por ejemplo el pueblo mapuche, que hasta el día de hoy en algunos territorios mantiene vigente sus instituciones ancestrales y su derecho propio, a partir de los cuales guían sus procesos de articulación política y territorial.
El camino sin duda es largo y difícil, pero las luchas que se vienen dando si bien pueden parecer utopías son más que nunca posibilidades para las próximas generaciones.
Por ello, el 12 de octubre no es una fecha solo para conmemorar la resistencia de los pueblos; sino también para conmemorar una lucha de más de 500 años que se expande por toda américa latina. Una lucha para ser lo que verdaderamente somos.
* Karina Vargas es coordinadora del Programa Derechos de los Pueblos Indígenas del Observatorio Ciudadano y Hernando Silva es coordinador del Área Jurídica de la misma institución.