Los tardíos y ambivalentes anuncios presidenciales sobre la Araucanía

La Presidenta Bachelet ha formulado una serie de anuncios sobre la Araucanía, los pueblos indígenas en general y el pueblo mapuche en particular, en el marco del We Xipantu, año nuevo mapuche, y del día nacional de los pueblos indígenas.

Destacable sin duda es el perdón que la mandataria pidió al pueblo mapuche “por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en su relación con ellos o sus comunidades”. Se trata de un perdón que había sido formulado por el primer Intendente de su gobierno, Francisco Huenchumilla, y que tuvo en su momento impacto importante en la región, ya que fue considerado como un gesto de que las políticas del Estado en relación al mundo mapuche serían revisadas y reformuladas, cuestión que lamentablemente no ocurrió.

Importante también fueron los anuncios hechos por la Presidenta en el sentido de la inclusión de las propuestas que surgieron del proceso constituyente indígena para el reconocimiento de los derechos colectivos de estos pueblos en el texto de la nueva constitución que propondrá al Congreso; la  suma urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y también el Consejo de Pueblos Indígenas; y la firma del proyecto de ley que establece como feriado nacional el 24 de junio como Día Nacional de los Pueblos Originarios, el año nuevo indígena.

Sin embargo, muchos de los anuncios de la Presidenta –entre ellos los referidos a la creación de un Comité Interministerial presidido por el ministro de Desarrollo Social, para que actualice el catastro de tierras y aguas indígenas; el impulso de la política de Desarrollo Productivo Regional y Territorial, con una inversión en obras públicas; la puesta en marcha de una política para la protección y el apoyo a todas las víctimas de la violencia en la región; y el anuncio de un proyecto de Ley Araucanía, que pone foco en el fomento productivo–, estuvieron claramente enfocados en dar respuesta a las propuestas emanadas de la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía, presidida por el Obispo Vargas, e integrada por veinte representantes del Ejecutivo, de Iglesias y del sector privado, pero de precaria participación mapuche. Este último hecho estuvo motivado por el rechazo que provocó en las organizaciones representativas de este pueblo la designación de sus interlocutores por quienes coordinaron dicha Comisión, sin respeto al derecho de todo pueblo indígena, en este caso mapuche, a definir a sus propios representantes en ella.

Cabe recordar en este sentido que las propuestas emanadas de la Comisión Asesora, lejos de dar respuesta a las preocupaciones del pueblo mapuche por la protección de sus derechos a la tierra y al territorio, a formas de autonomía y control de los espacios en que habitan,  y del derecho a definir sus prioridades en materia de desarrollo en el contexto de la expansión de proyectos de inversión –en particular forestales e hidroeléctricos– en la Araucanía y regiones aledañas, sin procesos adecuados de consulta y consentimiento y sin participación en sus beneficios, respondieron a las preocupaciones de los gremios productivos de la Araucanía. Por lo mismo, las recomendaciones de la Comisión Araucanía constituyen un claro retroceso en relación a aquellas formuladas hace ya más de una década por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, lo que consecuentemente, generó malestar y frustración en el mundo mapuche.

Los anuncios de la Presidenta se hacen a menos de un año de terminar su gobierno, administración que ha estado marcada por una política errática en relación al pueblo mapuche y a otros pueblos indígenas que habitan en el país. En efecto, su gobierno ha distado mucho de responder a las reivindicaciones de estos pueblos por sus derechos colectivos –los que ahora anuncia serán constitucionalizados–, derechos que el Estado chileno se ha comprometido a respetar y promover al ratificar el Convenio 169 de la OIT y al adherir a la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas.

Más grave aún, se trata de un gobierno que no ha enfrentado, y en esa medida se ha hecho responsable, los innumerables actos de violencia policial en contra de personas mapuche, muchos de ellos en contra de  niños y niñas, como los ocurridos hace solo una semana atrás en la comunidad de Temucuicui. Al respecto cabe señalar que la responsabilidad del gobierno frente al actuar policial abusivo en decenas de casos durante los tres años de gestión de la Presidenta Bachelet, está determinada de acuerdo a la propia Constitución vigente, la que otorga el control del actuar de las fuerzas policiales al Ministerio del Interior y Seguridad pública, de las que dependen. Se trata de hechos de gravedad sobre los cuales lamentablemente la Presidenta omitió referirse en sus anuncios.

Los anuncios presidenciales, además, se hacen a pocos meses del término de su gobierno, y por lo mismo contienen iniciativas tanto legislativas como de política pública que no podrán llevarse a cabo en un período tan breve, cuestión por cierto también lamentable. Todo ello hace presagiar que estos anuncios no tendrán gran impacto en la superación de la situación de creciente conflictividad entre el Estado y pueblo mapuche, la que por lo mismo, quedará como un desafío pendiente para para una próxima administración.

Tal como hemos señalado reiteradamente, ello no será posible sin un diálogo con agenda abierta, que tenga los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a identificar a sus interlocutores, al centro, y en un clima de confianza en que la violencia sea erradicada como forma de relacionamiento, desafío respecto al cual el Estado, como garante del bien común, tiene la responsabilidad principal.

  • Temuco-Santiago, Wexipantu de 2017.

El espiral de violencia en la Araucanía y la responsabilidad del Estado

Como es sabido, la última semana ha estado marcada por graves hechos de violencia en las zonas rurales de la Región de La Araucanía, siendo el más grave de éstos, el confuso incidente que derivó en la trágica muerte de los comuneros mapuche Luis Marileo Cariqueo y Patricio González, quienes fueron abatidos a manos del ex oficial de Carabineros, Ignacio Gallegos Pereira.

De acuerdo a lo informado por los medios de comunicación y la versión entregada por el Ministerio Público, la muerte de Luis Marileo y Patricio González habría ocurrido tras el asalto a un fundo en el sector los Sauces, repelido por la víctima, quién habría actuado en legítima defensa. De acuerdo a la versión entregada por  familiares de las víctimas, el hecho habría ocurrido en momentos en que los jóvenes mapuche fueron a recuperar un caballo que les pertenecía y que había sido apropiado por el ex oficial de Carabineros. Resulta preocupante que el Ministerio Público haya señalado –en relación a estos hechos– que estarían realizando diligencias en el contexto de la investigación, pero que por ahora no formalizarían al ex oficial Gallardo, ya que se la había atribuido la calidad de víctima del delito. Al respecto cabe preguntar; ¿Habría ocurrido de igual modo si en las mismas circunstancias quien hubiese actuado en legítima defensa hubiese sido una persona mapuche? Muy posiblemente no. Dicha circunstancia deja en evidencia el trato discriminatorio por parte de los actores estatales en contra de las personas mapuche.

La investigación imparcial y efectiva de los hechos que resultaron en la muerte de los dos jóvenes mapuche y la sanción de los delitos que se identifiquen en ellos por parte de la justicia resulta fundamental. Ello si se quiere que los hechos de violencia que ocurren en esta parte del país tengan un tratamiento institucional y no por vías de hecho, como parece haber ocurrido en este caso.

Si bien no cabe justificar la violencia que algunos imputan a los dos jóvenes mapuche, es necesario hacer presente que ella ha marcado las vidas de muchos jóvenes como ellos en comunidades rurales de la Araucanía y regiones aledañas. El caso de Luis Marileo Cariqueo es demostrativo de esta realidad, ya que desde muy temprana edad vivió los efectos de la criminalización de la protesta social mapuche en reclamo por sus derechos. En efecto, viviendo en la Comunidad Cacique José Guiñon, sector Pidima, siendo sobrino de dos dirigentes mapuches condenados por Ley antiterrorista, vivió en un constante clima de allanamiento y persecución penal en contra de su familia y su comunidad. A la edad de 14 años fue recluido en centros penitenciarios vinculado a la participación en delitos terroristas, delitos de los cuales resultó absuelto. Posteriormente cumplió condena por cinco años. El caso de Luis Marileo es posiblemente uno de los ejemplos más evidentes de que la violencia ejercida por parte de los agentes policiales del Estado en contra de niños y comunidades mapuches, puede revertir en violencia.

Otro hecho de violencia ocurrido en la Araucanía fue el brutal allanamiento por fuerzas especiales de Carabineros que tuvo lugar el día miércoles 14 de junio en la comunidad de Temucuicui, comuna de Ercilla. En la ocasión, y tal como se registra en los videos disponibles en redes sociales, los efectivos policiales actuaron de forma absolutamente desmedida en contra de miembros de la comunidad, particularmente niños y mujeres que se encontraban en la escuela. La forma violenta y discriminatoria en la que Carabineros actúa en las comunidades mapuche, la que ha sido observada en reiteradas oportunidades no solo por instituciones de derechos humanos como el INDH, sino por la propia justicia, solo alimenta el clima de violencia en que jóvenes como Luis Marileo crecen.

Llama profundamente la atención la ausencia total de una acción del Estado, más allá de la represión, para abordar los problemas de fondo que generan el clima de violencia social en la Araucanía y regiones aledañas. La ausencia de un reconocimiento jurídico-político del pueblo mapuche y de otros pueblos indígenas del país en la Constitución Política; la exclusión de sus representantes de las instancias de toma de decisión a nivel del país –siendo el Congreso Nacional el ejemplo más evidente–; la ausencia de una política orientada a la identificación y restitución de sus tierras de ocupación tradicional; la imposición inconsulta de proyectos de inversión en sus tierras y territorios; la exclusión de las comunidades de los beneficios que estos proyectos generan; la grave afectación del hábitat y recursos naturales que sustentan sus culturas, son algunos de los problemas que afectan la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, respecto a los cuales los distintos órganos del Estado no han dado respuesta por largo tiempo.

Por otro lado, el gobierno actual conformó la Comisión Asesora Presidencial sobre la Araucanía para abordar los problemas del conflicto interétnico en esta parte del país. Más allá de los cuestionamientos a su composición –al no contar con una integración representativa del pueblo mapuche– y a las propuestas que de ella surgieron– las que parecen responder más a las preocupaciones de los gremios que a las del pueblo mapuche-, el gobierno lleva seis meses analizando el informe emanado de ella, sin elaborar hasta ahora políticas públicas o legislación para su implementación. Todos estos hechos dan cuenta de la negligencia – y por lo mismo- de la responsabilidad del Estado, en el clima de violencia existente en la Araucanía y regiones aledañas.

En momentos de elecciones presidenciales, llama la atención que varios de los candidatos al referirse a esta realidad no propongan, más allá de la mano dura, alternativas para responder a los problemas profundos que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado, y que generan la violencia que se expresa en hechos como los ocurridos durante la semana en la región.

Es hora que desde el mundo político y de la sociedad chilena en su conjunto se ponga urgente atención a las causas profundas del conflicto intercultural existente en la Araucanía y regiones aledañas, algunas de las cuales identificamos aquí.  Asimismo,  es hora que desde el Estado, en diálogo con las instituciones que los propios mapuche establezcan, se impulsen transformaciones de fondo que permitan superar el clima de violencia y confrontación hoy existente en esta parte del país. De no hacerlo prontamente, será difícil revertirlo a futuro.

Temuco, 16 de junio de 2017.

Fin de derechos perpetuos y privilegios de la minería sobre las aguas, la batalla de esta semana en el Senado

Legisladores deberán resolver si se permite a la minería seguir usando los recursos hídricos, solo informando y sin solicitar autorización, como sí es la obligación de otros sectores productivos.

Dos figuras fundamentales para avanzar hacia un estatus de bienes públicos en el acceso y la gestión de las aguas se votarán este martes 13 de junio en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, que integran Adriana Muñoz (PPD, quien la preside), Francisco Charran (RN), Víctor  Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC).

Esto, luego que durante la última sesión se confirmara la extinción de los derechos de agua en caso de que sus tenedores no los utilicen por un tiempo determinado.  Una variación a lo aprobado por la Cámara de Diputados lo introdujo vía indicación el Ejecutivo, que en respuesta al lobby empresarial amplió el período para aplicar la causal de cuatro a cinco años para los consuntivos y de ocho a diez para los no consuntivos.

En la votación de mañana se abordará el artículo 6º, que instaura la temporalidad de los nuevos derechos de agua y pone fin al otorgamiento a perpetuidad instituido por el Código de Aguas de 1981.  De avanzarse en este articulado las autorizaciones que otorgue la autoridad serán, en la práctica, concesiones de 30 años con posibilidad de prórroga.

El carácter indefinido sí se mantendría para los derechos ya otorgados, por poseer estos protección constitucional bajo el artículo 19 Nº 24.  Si el Estado quisiera recuperarlos tendría que proceder a su expropiación (con el consiguiente pago), aunque estos fueron otorgados a los particulares gratuitamente.   La temporalidad debía resolverse en la sesión del 6 de junio, pero fue postergada a solicitud de los senadores Chahuan e Iván Moreira (en reemplazo de Víctor Pérez), quienes anunciaron reserva de constitucionalidad por afectarse, según ellos, el sentido de propiedad de las aguas.

Otro de los temas a abordar será el de las “aguas del minero”, uno de los más críticos de la reforma.  El término del principal privilegio de este sector sobre los recursos hídricos, conocido también como “aguas halladas”, ha sido defendido por el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería.  Este les permite usar las aguas sin la obligación de informar ni solicitar autorización a la Dirección General de Aguas (DGA), en el área de sus exploraciones y faenas, lo que sí se exige a todos los otros sectores productivos.

Se trata del artículo 56 del Código de Aguas, que durante su discusión en la Cámara de Diputados fue motivo de controversia producto del apoyo que entregara el diputado Jorge Insunza (PPD), junto a la derecha, a la mantención de dicha prerrogativa de las mineras.

Aunque el tema fue posteriormente revertido por los propios diputados, en términos de establecer la obligación de informar sobre las “aguas halladas” y de solicitar autorización en caso de utilizarlas (pudiendo la DGA negar el permiso cuando se pusiera en peligro la sustentabilidad del acuífero o los derechos de terceros), el comportamiento del ex legislador fue cuestionado por apoyar iniciativas legales pro minería durante su participación en la respectiva comisión, mientras en paralelo vendía informes a Antofagasta Minerals, de Andrónico Luksic.

Hoy el Ejecutivo, mediante una indicación, busca eliminar la obligación de las mineras de solicitar la autorización para el uso de estos recursos hídricos.

  • La sesión será transmitida en vivo desde las 10:30 horas por www.tv.senado.cl

La última cuenta pública de Bachelet y la brecha entre la aspiración y la realidad

La última cuenta pública de Bachelet  y la brecha entre la aspiración y la realidad

El pasado 01 de junio la Presidenta Bachelet presentó ante el Congreso Nacional la cuarta y última cuenta pública de su segundo período en La Moneda. Aprovechó la oportunidad para hacer un balance de su gestión, del contexto que encontró al asumir su mandato el 2014, de las que fueron sus aspiraciones y expectativas como gobernante, de las tareas desarrolladas y metas alcanzadas por su gobierno, y de aquellas no logradas.

Al respecto la Presidenta, cuyo gobierno ha estado marcado por escándalos –donde más allá de aquellos imputables a integrantes de su familia en los cuales su responsabilidad es posiblemente debatible, están aquellos relacionados con el financiamiento trasversal de la política, incluyendo a partidos y personeros de su gobierno por empresas vinculadas a la dictadura–, así como por reformas parciales, por fracturas internas a su coalición, y por una pérdida de apoyo popular significativa, señaló:

“Nos hemos atrevido a poner en marcha las transformaciones que comprometimos. No ha sido fácil, no ha sido perfecto. Hemos experimentado las dificultades propias de un cambio de gran magnitud. Hemos visto lo que ocurre cuando se descorre el tupido velo de las malas prácticas y lo hemos enfrentado. Hemos cambiado realidades concretas y estamos construyendo un Chile mejor para todos y todas. Sé que falta mucho. Sé que consolidar y avanzar en las transformaciones requerirá un buen tiempo más allá de mi gobierno. Sé que son cambios que habrá que continuar y profundizar, y que los chilenos y chilenas deberán decidirlos.”

Entre los logros alcanzados durante este su segundo gobierno destacó en su cuenta la eliminación del copago en los establecimientos que reciben recursos públicos, gracias a lo cual 290 mil escolares que pagaban por su colegio, hoy estudian gratis; el que los estudiantes que pertenecen al 50% de las familias más vulnerables, pueden estudiar sin endeudarse en 32 universidades; la creación de 325 mil empresas y de 300 mil puestos de trabajo, lo que ha incidido en un desempleo promedio de 6,5%, por debajo del promedio histórico; el reajuste extraordinario de 10% en la Pensión Básica Solidaria y en el Aporte Previsional Solidario; la propuesta para el establecimiento de una nueva cotización previsional del 5%, con cargo al empleador para mejorar las pensiones; la potenciación de la salud pública a través de la inversión en infraestructura, dotación de médicos, medicamentos para enfermedades crónicas, entre otros; y la disminución de la pobreza por ingresos entre 2013 y 2015 de un 14,4% a 11,7%.

No obstante estos logros referidos por la Presidenta, son muchos los aspectos deficitarios de su gestión desde la perspectiva de derechos humanos que no fueron abordados en su mensaje. Ello incluye no tan solo los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo ejercicio sigue estando severamente restringido para importantes sectores de la población por el marco constitucional vigente y dada la privatización de los servicios sociales de salud, seguridad social, vivienda, entre otros, y de bienes públicos como las aguas, sino también los derechos políticos, donde no obstante el cambio del sistema electoral binominal por uno “proporcional inclusivo” importantes sectores siguen marginados de los espacios de representación popular. Solo ello puede explicar que el absentismo en las elecciones municipales del año pasado haya superado el 66%, y que la confianza en el Congreso Nacional al mismo año alcanzara a tan solo el 8% (PNUD, 2016).

También preocupante en materia de derechos políticos son las graves restricciones que continúan afectando el derecho de reunión y la manifestación pacífica, consustancial a la libertad de expresión, el que sigue regulado por decretos que datan de la dictadura, y el que se enfrenta a prácticas represivas de la policía que no son debidamente investigadas y sancionadas ni por la autoridad política de la que dependen, ni por los tribunales de justicia.

Asimismo, otras temáticas que fueron abordadas por la Presidenta Bachelet en esta ocasión requieren, por su importancia, de un análisis de mayor profundidad. Entre ellas destacamos la descentralización del país. En su cuenta Bachelet subrayó la iniciativa que permitirá la elección directa de la autoridad regional. Al respecto cabe señalar que, si bien el gobierno ha dado prioridad y enviado las iniciativas legislativas necesarias para activar esta elección por primera vez en la historia del país, ellas han rebotado ante una coalición de gobierno que no tiene una propuesta o modelo común de descentralización, lo que se ha sumado a un debate mediatizado por la crisis de representación de los partidos políticos y los cálculos electorales de corto plazo.

Resulta evidente que un grupo importante de la clase dirigente prefiere seguir abusando de una cultura política centralista que les permite controlar la administración del poder en las regiones. Aunque el parlamento logre un acuerdo para destrabar y sacar a tiempo la ley de atribuciones de los nuevos gobiernos regionales –que pasa ahora a Comisión Mixta, por las diferencias entre la Cámara y el Senado–, y la ley orgánica que regula la elección del Gobernador Regional, esta autoridad tendrá atribuciones limitadas. Pero aun así para los regionalistas es importante comenzar el proceso de descentralización política, clave para provocar una discusión sobre las otras medidas administrativas y políticas necesarias para avanzar en estos ámbitos en el país más centralizado de América Latina.

En materia comercial la Presidenta reafirmó la vocación de integración regional y global a través de los caminos del multilateralismo, dando cuenta que en su segunda administración se ratificaron seis nuevos convenios para evitar la doble tributación, con países como Japón, Argentina y China. Nada señaló con respecto a la que fue la principal estrategia de comercio e inversión exterior de su gobierno, el Acuerdo Transpacífico, abortado no por voluntad de su gobierno sino por la decisión de Donald Trump de sacar a Estados Unidos de este acuerdo comercial. Nada señaló tampoco en relación a la participación de la ciudadanía en la definición de la conveniencia y contenidos de dichos acuerdos, ni menos aún sobre su revisión para garantizar que éstos no lesionen el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos.

En materia de conservación, resulta sin duda valorable la creación de nuevas unidades de conservación que fortalezcan el sistema de áreas silvestres protegidas del Estado, avanzando hacia una protección representativa de los ecosistemas del país, e incorporando estándares de derechos humanos en los procesos, de modo tal de garantizar los derechos de los pueblos indígenas que mantienen sistemas de vida que dependen de la biodiversidad y los bienes naturales comunes. Sin embargo, es preocupante que aún no se logre concretar una institucionalidad que administre el sistema de áreas protegidas y cuente con instrumentos efectivos de gestión de la biodiversidad del país dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas. Más preocupante todavía, resulta observar que el proceso de consulta indígena al que convocara el gobierno, sobre las materias que conformarían futuras indicaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aún no ha concluido. En efecto, el gobierno convocó a dicho proceso el 08 de enero de 2016, y antes de que este estuviera finalizado, el Ejecutivo ingreso indicaciones al Congreso, sin esperar el resultado de la consulta y acotando de manera unilateral las materias a ser consultadas.

Asimismo llama la atención que se esté tramitando paralelamente, y con suma urgencia, un proyecto de ley que crea un Servicio Nacional Forestal, sin realizar un proceso de consulta previa a los pueblos indígenas. Dado que, como sabemos, el modelo forestal chileno ha demostrado tener impactos negativos severos para las comunidades indígenas y locales aledañas.

En materia de pueblos indígenas, y en particular respecto del pueblo mapuche, la Presidenta se refirió en términos reiterativos a la falta de reconocimiento, a la situación de pobreza y de rezago productivo, identificándolas como algunas de las causas de la situación de conflictividad que se vive en la Araucanía. Desde esa perspectiva, anunció que se hará cargo de las propuestas de la poco representativa Comisión Araucanía, planteando entre otras cuestiones, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la participación política indígena en el proyecto de nueva Constitución. Se trata este, por un lado, de un anuncio formulado por largo tiempo hasta ahora nunca concretado. Por otra parte, si bien de concretarse puede significar un importante avance en materia de los derechos de los pueblos indígenas, no se especifica cuál sería el contenido de dicho reconocimiento, ni se propone el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derechos y titulares de derechos de autonomía y libre determinación, lo que debería resolverse a través del reconocimiento de Chile como un Estado Plurinacional.

Sus propuestas vinculadas con el incentivo a la productividad de la Región, vienen a repetir el discurso reduccionista de la institucionalidad respecto a que la situación de conflictividad que se vive en la Región sería consecuencia de la pobreza en que vive el pueblo mapuche.

Por otra parte, parece interesante de que la Presidenta hable de medidas de reparación a “todas” las víctimas de violencia en la Región, lo que supone que debería considerarse a las personas mapuche que han sido víctimas de la violencia desmedida por parte de agentes del Estado.

Por último, en relación al proceso constituyente referido por la Presidenta en su mensaje, cabe reconocer que su gobierno se hizo eco de la demanda ciudadana en relación a la necesidad de elaborar una nueva constitución que reemplace la de 1980 legado de la dictadura, convocando a un proceso que ha involucrado a importantes sectores de ciudadanía en la discusión de las bases de esta nueva carta fundamental. Los anuncios que ella hace en relación a la continuidad de este proceso a través del proyecto de reforma constitucional para la conformación de una Convención Constituyente encargada de la redacción de la nueva constitución, enviado ya al Congreso Nacional, y el nuevo texto constitucional, que señala enviará al mismo Congreso antes de fin de año, generan, sin embargo, fuerte incertidumbre sobre el futuro de este proceso. Toda vez que se requiere de quórums supra mayoritarios para la aprobación de estas iniciativas y que deja en manos de un Congreso Nacional con una credibilidad en la ciudadanía, como fuera señalado, limitadísima, la decisión sobre la forma de integración, elección, participación ciudadana, de la instancia constituyente que se propone. Por tanto dada la composición actual del Congreso Nacional, y muy posiblemente la composición posterior al 2018 con la reforma al sistema electoral binominal por uno proporcional inclusivo o atenuado, la viabilidad de esta estrategia “institucional” de la Presidenta Bachelet para generar un mecanismo democrático y plural para la elaboración del texto constitucional es mínima.

Más allá de las aspiraciones y buenas intenciones de la Presidenta Bachelet, su cuarta y última cuenta deja en evidencia los múltiples déficit que su gobierno tuvo en materia de derechos humanos, y por lo mismo los desafíos que en esta materia existen hacia el futuro. Fundamental en este sentido, dadas las barreras que la institucionalidad heredada de la dictadura establece para garantizar el pleno ejercicio de estos derechos, es que el proceso constituyente en marcha por una voluntad ciudadana mayoritaria –68% de la población considera el cambio constitucional prioritario (CADEM; abril, 2017)– y acogido por la Presidenta sea elaborado por mecanismos consistentes con los derechos humanos, en que la participación de la diversidad sectores de pueblos que habitamos este país, sea posible; mecanismo que, como muchos sectores de la ciudadanía piensan –49% según CADEM– debe ser una Asamblea Constituyente.

 

Temuco, Santiago, 05 de junio de 2017.