Chile, un oasis para los haitianos que comienza a secarse

 

El pintor y electricista Salomón Henry vive desde hace tres años en Santiago de Chile con su familia. Tiene residencia por cinco años, gracias a un contrato de trabajo en un exclusivo condominio, donde reinstaló la red eléctrica entre otras tareas. En 2014 los migrantes haitianos no llegaban a los 1.800 y en abril de este año bordeaban los 120.000 según cifras oficiales. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Por Orlando Milesi

SANTIAGO, 27 abr 2018 (IPS) – Una oleada de migrantes haitianos desembarcó en Chile los últimos años, modificando el  rostro de barrios y municipios populares en un oasis que ha comenzado a secarse, con medidas adoptadas por decreto por el nuevo gobierno contra la primera inmigración masiva afrodescendiente en este país sudamericano.

Unos 120.000 haitianos vivían en Chile a comienzos de abril, según cifras oficiales, la mayoría realizando tareas básicas en lugares como consultorios, escuelas, plazas y calles, además de en la construcción.

Estos inmigrantes, de 30 años promedio, ingresaron con visa de turista, casi todos desde 2014, y se quedaron para trabajar y construir una nueva vida en este país alargado y estrecho, entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico, y cuyo dinamismo económico le convirtió en el mayor polo de inmigración latinoamericano los últimos cinco años.

Pero el 8 de abril la situación cambió radicalmente cuando el gobierno del derechista Sebastián Piñera, en el poder desde el 11 de marzo, eliminó para ellos las visas temporarias que les permitía pasar de turistas a migrantes regulares una vez conseguido un trabajo, y poder traer después a sus familias.

Piñera busca frenar la inmigración en general, que siempre según las cifras oficiales bordea el millón de personas en un país de 17,7 millones de habitantes, y en particular la de los haitianos, con medidas donde los especialistas ven una actuación discriminatoria contra la quinta colonia extranjera, por detrás de la peruana, colombiana, boliviana y venezolana.

Desde ahora, los haitianos tendrán que obtener una visa de turismo en el consulado de Puerto Príncipe, para poder abordar un avión con destino a Chile. Será de 30 días prorrogables solo hasta 90, y no podrá canjearse por otra que permita la permanencia.

Los venezolanos, la otra migración de explosivo crecimiento, podrán obtener en Caracas una denominada visa democrática de un año.

En contrapeso a las nuevas restricciones, desde el 16 de abril comenzaron a poder regularizar su estatus todos los haitianos llegados antes del 8 de abril, en un proceso que culminará en julio de 2019. Además, desde el 2 de julio y por un año se expedirán 10.000 visas adicionales de reunificación familiar. En total, el gobierno fija en 300.000 los extranjeros en situación ilegal en Chile, de la que una minoría son haitianos.

 

La Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, cerca del palacio de La Moneda, en Santiago, atestada de haitianos y otros extranjeros que buscan regularizar su situación migrante, el 17 de abril, un día después de que se abriese ese proceso especial dentro de medidas decretadas por el gobierno para frenar la inmigración, en que los haitianos fueron especialmente perjudicados. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Para Erik Lundi, de 37 años y quien llegó hace seis años a Chile desde Haití, el plan “es una opción muy buena. Es súperrazonable legalizar a los que están acá”.

“Pero hay mucho de discriminación racial en la nueva visa al turismo. Solamente los haitianos tienen un plazo de 30 días, porque los venezolanos tienen la visa democrática. Eso es un muy discriminatorio. ¿Por qué los haitianos tienen solamente 30 días y los otros no? Tiene que ser igual para todos”, planteó a IPS.

La xenofobia se mezcla con el racismo en un coctel que despierta un rechazo específico de los chilenos hacia los inmigrantes haitianos, destacan especialistas en derechos humanos y de migrantes consultados por IPS, en ocasiones disfrazado con críticas como que no saben hablar español, ya que su lengua es el creole o francés.

El pintor y electricista Salomón Henry, quien arribó hace tres años tras pasar por República Dominicana, con quien Haití comparte la caribeña isla de Hispaniola, aseguró a IPS que “no veo nada malo, son positivas” las medidas ejecutivas adoptadas mientras se aprueba en el Congreso legislativo una reforma de la Ley de Migración, vigente desde 1975, una de las grandes promesas electorales de Piñera.

Henry coincide en que “Chile está saturado de inmigrantes y si siguen llegando más es más miseria para los que estamos ya. No es porque ya estoy aquí, pero hay que tomar medidas para el bien de todos”, dijo Henry.

Antecedentes de ineficacia

José Tomás Vicuña, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), duda de la efectividad de instituir la visa consular de turismo para los haitianos y eliminar la temporaria, con base en la experiencia de disposiciones parecidas adoptadas para los dominicanos en 2012, durante el anterior gobierno de Piñera (2010-2014).

 

En la calle Pingüinos, en el popular municipio de Estación Central, uno de los dos que congrega un mayor número de migrantes de Haití en Santiago de Chile, un peluquero procedente del país caribeño ha establecido una barbería donde se habla en creole y se atiende a los connacionales. Crédito: Orlando Milesi/IPS

“Cuando se les comenzó a pedir visa consular, aumentó su ingreso”, dijo a IPS el director de la más importante organización humanitaria a favor de los inmigrantes en Chile.

El pronóstico del SJM es que “crecerá el ingreso (de haitianos) por pasos no habilitados. Y con eso también  aumentarán las redes de tráfico”, afirmó el jesuita, quien recordó que “esto pasa en muchos países cuando uno restringe mucho los accesos”.

Luis Eduardo Thayer, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central y hasta el 2017 presidente del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones (un ente autónomo de la sociedad civil eliminado por el gobierno de Piñera), coincide con esa visión.

“Los dominicanos siguieron viniendo porque tenían la familia acá, tenían redes,  oportunidades de trabajo y las condiciones en su país de origen no eran las que  querían”, aseveró a IPS.

De aquellos, había solo 6.000 cuando se restringió su arribo, frente a los 120.000 haitianos, recordó Thayer, por lo que “la magnitud del ‘efecto llamado’ por el mercado de trabajo  y de vínculos es mucho mayor en el caso haitiano”.

La frontera chilena de 3.000 kilómetros, es calificada de “porosa” por los propios funcionarios migratorios, lo que dificulta controlar el ingreso irregular.

Thayer aventuró que como hicieron sus vecinos, los haitianos pasarán a usar una ruta conocida localmente como “el hueco o el hoyo”.

“Toman un avión hasta Colombia y allí ingresan a una ruta clandestina hasta llegar a Chile, ayudados por personas que conocen la ruta, cobran dinero y que se puede llamar red de tráfico de personas”, explicó.

Para el especialista,  es “discriminatorio” que a los haitianos se les exija visa consular para venir como turistas “por el solo hecho de ser haitianos”. “El argumento del gobierno es que vienen acá con dolo. Hay que decir que vienen menos haitianos que venezolanos, bolivianos,  peruanos y colombianos”, aseveró tajante.

El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, responsable de las políticas de extranjería y migración,  rechazó en un encuentro con corresponsales extranjeros que las medidas para los haitianos sean discriminatorias y destacó que tienen el beneficio especial de las visas de reunificación familiar.

“La colonia de ciudadanos haitianos bordea los 120.000 y creemos que tenemos que ayudar para efectos prácticos de que estos familiares,  hijos, cónyuges, puedan venir de manera rápida y expedita al país”, afirmó.

Historias de los que ya están

La migración haitiana tiene sus causas inmediatas en el terremoto del 2010 y el huracán Matthew del 2016 que sumaron efectos devastadores a la crónica crisis política, económica, social y ambiental de Haití. Pero también por el boca a boca de los primeros arribados a Santiago y otras localidades chilenas, que atrae a los habitantes del país con mayor pobreza de América.

José Miguel Torrico, coordinador para América Latina y el Caribe de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, pone el énfasis del origen de esta migración en otro elemento de más larga data. La degradación de los suelos de Haití “es un gran factor de incidencia ya que básicamente la migración que tenemos acá  es una migración de  gente sin preparación, gente que viene de los sectores pobres rurales”, subrayó.

“La migración que está teniendo Chile proviene de sectores rurales en primera o segunda instancia porque no han logrado mantener su nivel de vida en las tierras que cultivan”, dijo a IPS en una entrevista en su oficina regional en Santiago.

“Vine porque vi en Internet que en Chile hay oportunidades para trabajar y otros haitianos que vinieron me hablaron de esas oportunidades”, contó Henry.

En un receso de su trabajo en una comuna en la precordillera capitalina, Henry detalló que tiene contrato laboral, residencia por cinco años y pudo traer a su esposa y a tres de sus cuatro hijos. Pero su caso es excepcional.

La última hija nació en Santiago: “mi mujer fue atendida como una reina en el hospital y no pagué ni un peso”, destacó en el relato de su experiencia, tras contar  que el costo del parto fue asumido por un fondo de salud donde cotiza mensualmente. Pero los migrantes irregulares no tienen derecho a salud en Chile.

Accionel Sain Melus, de 44 años, llegó hace ocho años desde República Dominicana (donde vivió 10) y trabaja con contrato en la Feria Lo Valledor, el principal centro de abastecimiento de verduras y frutas de la capital chilena.

“Yo tengo residencia por cinco años. El problema es que a mi señora y mi hija les dieron visa temporal por un año. Hice un trámite y me rechazaron el papel. Yo tengo todos los papeles del matrimonio y legalización. Pagué visa por cinco años y me mandaron visa por uno”, contó.

 

Cada domingo, en la calle Pingüinos, se instala una feria callejera donde los migrantes haitianos adquieren ropa, zapatos y una variedad de productos, incluidos algunos propios de su país, mientras comen algunos platillos típicos de su país, que ofrecen distintos puestos. Crédito: Orlando Milesi/IPS

En su conversación con IPS, al finalizar una misa en creole en la católica parroquia Santa Cruz, en la comuna (municipio) de Estación Central, confió su preocupación: “Ahora el tiempo es difícil para nosotros…”.

Pedro Labrín, sacerdote de esa parroquia en una de las dos comunas con mayor población del país caribeño y donde algunas calles funcionan como una “pequeña Haití”, explicó que a Chile llegan migrantes de Haití “con muy buena educación, dominio de idiomas y competencias técnicas”.

Pero la mayoría, añadió a IPS, “provienen del campo, con muy poca educación, y muchísimas dificultades de inserción porque poseen menores habilidades sociales y dificultades idiomáticas”.

Lundi contó que “la mayoría sale con el sueño de seguir sus estudios. Pero llega acá adonde un migrante casi no tiene  posibilidad de estudiar, si no tiene un recurso directo que venga de otro país, de su familia directa”, dijo apuntando al alto costo de las universidades chilenas.

Convivir con el racismo y la xenofobia

Para el párroco Labrín “el principal problema con que se encuentran los haitianos es el racismo: A nosotros las personas de color negro nos parecen simpáticas mientras no están al lado nuestro. Yo lo observo aquí…hay mucha resistencia racial”, narró.

A su juicio, “a los haitianos se les estigmatiza como transmisores de enfermedades, generadores de basura, ruidosos, maltratadores de niños, de violencia intrafamiliar, que hablan muy fuerte y que están siempre discutiendo. Hay también mucha odiosidad en el acceso a los servicios básicos de parte de los usuarios  chilenos que compiten con ellos  en consultorios, salas cuna,  jardín infantil y la escuela”.

Lundi tiene una experiencia variada: “por un lado, Chile ha sido un país acogedor de los migrantes. De otro lado, los chilenos son un poco más violentos, más discriminadores”.

Acusó a algunos sectores de “xenofobia, no sé si por la cultura no están acostumbrados a vivir con muchos extranjeros, sobre todo de raza negra. Discriminan por el color. Eso se manifiesta  directamente con insultos y a veces sicológicamente”.

 

Dos niñas con elaborados vestidos son presentadas al Señor durante una ceremonia especial en una iglesia evangélica, atestada como cada domingo, y donde el culto y otras actividades son siempre en creole. La iglesia está muy cerca de la calle de Pingüinos, en Estación Central, en Santiago de Chile. Crédito: Orlando Milesi/IPS

Labrín contó que en Estación Central “ha surgido un negociado antiético de subdividir las mismas pobres casas para ir arrendando a precios exorbitantes”.

“Arriendan hasta por 200.000 pesos (unos 333 dólares) piezas miserables sin condiciones de seguridad ni higiene. Durante la visita del papa Francisco (enero 2018) se quemó aquí una de estas casas donde viven cien personas con tres duchas de las cuales una estaba mala y una taza de baño”, denunció.

Dudas sobre el proceso

Para Lundi “la visa de reunificación familiar es súperimportante porque las personas no pueden estar bien si no están con sus familias. Tendrán una oportunidad de vivir juntos”.

Pero para el académico Thayer este ofrecimiento “es demagógico: están diciendo vamos a cerrar la frontera, pero les vamos a permitir  que estén con la familia…lo cual es un derecho humano mínimo”.

Mientras, el jesuita Vicuña remarcó que es fundamental “cuáles serán los  criterios de otorgamiento, porque el mero criterio  de la reunificación familiar va a quedar pequeño frente a la cantidad de demanda”.

“Una migración ordenada, segura y regulada requiere de un proceso informativo claro y acá ha habido muchas medidas sobre la marcha”, aseveró.

Thayer desmontó otro prejuicio social creciente contra los haitianos. “La tasa de desempleo de los migrantes es bajísima, al igual que la de los chilenos, de cinco a seis por ciento”, sostuvo.

“No se puede decir que está saturado el mercado de trabajo con la llegada  de haitianos. Lo que hay es un problema de  integración por falta de políticas públicas en vivienda, educación y trabajo”, remarcó.

El párroco Labrín llamó a poner el énfasis en los aportes haitianos: “cultura, trabajo, bienes económicos e hijos”. “La tasa de natalidad chilena, que tanto preocupa dentro de la pirámide del desarrollo, va a  ser ampliamente apoyada por el nacimiento de los niños chilenos de padres migrantes”, citó a modo de ejemplo.

Primer impacto: oficinas de migración atestadas

En la Oficina de Migración de la calle Fanor Velasco, a tres cuadras de La Moneda, sede de la presidencia del gobierno, el aire era irrespirable el 17 de abril, al día siguiente de abrirse el nuevo proceso de regulación.

Una marea incesante de migrantes en busca de adelantar este trámite atestaba la instalación y sus inmediaciones desde la madrugada, al duplicar el ya gran flujo cotidiano, antes de entrar en vigor las nuevas medidas migratorias, adoptadas por decreto.

Leonel Dorelus, haitiano de 32 años, llegó a Chile en noviembre del 2017, tras tres años en República Dominicana. Vive con un cuñado que llegó antes en una comuna del sur santiaguino y trabaja en un templo evangélico allí mismo.

“Solo la novia quisiera traer”, dijo a IPS mientras esperaba su turno.

Mark Edouard, de 30 años, procede de la localidad haitiana de Artibonite. Trabaja de portero durante la noche, con contrato,  y de día en una feria pública, todo en la populosa comuna de Puente Alto, 20 kilómetros al sureste de Santiago.

“Comencé como ayudante en la misma feria. Al principio viví con otras personas, pero me faltaba el aire y me cambié y ahora vivo solo”, relató.

Zilus Jeandenel, de 28 años, vino a Chile desde la localidad rural de Comine. Vive en la comuna de San Bernardo, en el sur del Gran Santiago, con dos hermanas. Llegó hace ocho meses y no tiene trabajo, igual que una de sus hermanas. “Está difícil lograr trabajo”, dijo, aunque “mi calidad de vida es mucho mejor aquí, aun así”.

Un pequeño Haití en Santiago

Es domingo cuando decenas de haitianos asisten a misa en la parroquia jesuita de Santa Cruz, en el barrio de Nogales, en la comuna santiaguina de Estación Central, y donde Erik Lundi trabaja. En una esquina opuesta a la iglesia, en la misma calle de Pingüinos, un barbero haitiano atiende a sus connacionales. Todos hablan creole y mientras esperan su turno siguen por televisión una carrera de Fórmula Uno.

Frente a la barbería está la parada de microbuses que por el equivalente a un dólar transporta a los residentes al centro de Santiago o a la periferia sur de la ciudad capital.

También en Pingüinos, más al este, se celebra una feria al aire libre, como cada domingo, con puestos de venta de ropa y de zapatos usados que los consumidores se prueban allí mismo. Otros puestos, algunos improvisados en la acera, venden verduras, frutas, carnes, productos típicos haitianos y lo más requerido por los viandantes: sacos de frijoles. También se ofrecen platos haitianos para degustar en el lugar.

Hay vendedores chilenos, pero más haitianos. Todos explican, en creole o español, los precios, en una feria que, cuentan los parroquianos, es también un lugar de encuentro social. Mujeres con niños pequeños, embarazadas, jóvenes que se saludan golpeando sus manos y una pareja de un hombre haitiano y una mujer chilena que camina risueña tomada de la mano, forman parte del paisaje dominical en Pingüinos.

A apenas a dos cuadras, hay un templo evangélico que como el católico funciona además como un centro social, donde el culto es en creole y acompañado de música en vivo, gracias a guitarras, bajos eléctricos y tumbadoras.

Los fieles visten como para un acontecimiento importante. Las mujeres portan trajes y zapatos coloridos y los hombres lustrosos zapatos, algunos blancos, y casi todos corbata, mientras las niñas destacan especialmente con sus tules y elaborados peinados de trenzas. Es vida y cultura haitiana, trasplantada a Santiago, en la cordillera andina.

Edición: Estrella Gutiérrez

Anuncios de Piñera: ¿Regulación o control migratorio?

Este es un artículo de opinión para IPS de Paulina Acevedo, coordinadora del Programa de Ciudadanía e Interculturalidad del chileno Observatorio Ciudadano.

Por Paulina Acevedo

SANTIAGO, 27 abr 2018 (IPS) – Bajo la premisa de “ordenar la casa” y en una mediática actividad, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer el 9 de abril su decisión de reponer, con urgencia simple, el proyecto de nueva ley de migratoria que el mismo ingresara al Congreso en 2013, mientras anunció una serie de disposiciones para la regulación de los flujos migratorios que llegan al país, que deben revisarse desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en la forma como en su fondo.

Reconociendo la facultad que tienen los Estados de reglamentar la migración y la necesidad imperiosa de modificar la Ley de Extranjería vigente en Chile, que emana de un decreto de la dictadura (1973-1990) y que por lo mismo posee un fuerte acento de seguridad nacional, se hace importante señalar que toda ley o medida adoptada por un Estado no puede concurrir en la vulneración o restricción de otros derechos y principios de derechos humanos que son exigibles en esta materia, como la no discriminación, la no devolución y la libre circulación.

Asimismo, cualquier reforma legal o de política pública que emprende un Estado debe estar orientada hacia el reconocimiento progresivo de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos que éste ratifica, y en ningún caso implicar una regresión de los mismos.

Por tanto, todas las acciones anunciadas por la administración de Piñera, iniciada en marzo, deben estar encaminadas a adecuar el marco regulatorio existente a los estándares internacionales de movilidad humana, algo que le vine siendo requerido al Estado chileno por el propio Comité de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes y sus familias.

No obstante, tras un análisis detallado de los anuncios del gobierno, y en particular de los instructivos presidenciales que establecen un proceso de regularización e imponen nuevas categorías migratorias por la vía administrativa, se constata la existencia de distinciones arbitrarias basadas en la nacionalidad, la raza o los motivos de la migración, que de acuerdo al derecho internacional constituyen actos discriminatorios y racistas.

Mediante estas disposiciones de facto se establece visa consular a los ciudadanos haitianos; se crean nuevas categorías de residencia transitoria que únicamente pueden ser solicitadas desde el exterior, requiriéndose como información obligatoria en la web habilitada para ello señalar el color de tez, de cabello y de ojos del solicitante

También se implementa un registro para migrantes en condición de documentación irregular o con visas vencidas, dando plazos de 30 días para acogerse a este proceso de “regularización”; se solicitan antecedentes penales al requerir visado o reunificación familiar, incluso en el caso de menores de edad, por citar solo algunas de las más gravosas.

Se refuerza con ello además un contexto social marcado por el aumento del racismo, estigmatización y criminalización de la migración.

Preocupa asimismo desde una perspectiva procedimental, que estas reglamentaciones se establezcan antes que la iniciativa legislativa presentada por Piñera sea analiza y votada por el Congreso.

Es altamente contradictorio que al mismo tiempo que con una mano se firma un documento de propuesta para ser sometido a discusión, con la otra se firmen resoluciones que sancionan lo mismo y los ponen en inmediata ejecución.

Un rayado de cancha anticipado que es muy probable sea revertido por el parlamento, si se consideran los amplios cuestionamientos que ya en su momento generó la propuesta original de Piñera (durante su gestión entre 2010 y 2014), pero demasiado tarde para los cientos de migrantes que sin duda serán expulsados del país bajo mecanismos que ahora no admiten apelación, vulnerándose abiertamente el derecho a un debido proceso.

Algunos de estos cuestionamientos fueron sistematizados en un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2013), donde se remarca el énfasis del proyecto en una migración con inserción formal en el mercado del trabajo.

Este acento se explicita en el mensaje del proyecto, donde se señala que el objetivo de la nueva ley es “aprovechar las potenciales ventajas de la migración internacional en beneficio del país”, insistiendo en “la seguridad nacional como un criterio informador de toda la legislación migratoria”.

Otro aspecto preocupante del proyecto son las prohibiciones imperativas que establece para el ingreso al país, entre las que incluye a “quienes posean antecedentes acreditados de conformidad con la legislación de sus respectivos países o de la Organización Internacional de Policía Criminal” y a quienes “padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria ha determinado que constituyen causal de impedimento de ingreso a Chile”.

Asimismo, otras que facultan a denegar el ingreso a quienes “realicen o hayan realizado actos que puedan alterar las relaciones bilaterales…”, a los que “…hayan sido condenados en los últimos 5 años por actos que la ley chilena califique de simple delito…” o que “registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial…”, dejando amplio margen de discrecionalidad a la autoridad competente

Ello resulta altamente preocupante si se considera en este sentido que la actuación de la Policía de Investigaciones en frontera ha sido objeto de amplios reparos y denuncias, que han incluido incluso pronunciamientos por parte de tribunales de justicia, como aconteció con la reciente expulsión masiva de ciudadanos haitianos.

Precisamente en relación a esto último, el proyecto añade causales de expulsión que son altamente cuestionables desde una perspectiva de derechos humanos, tanto para quienes se encuentren con condición de permanencia transitoria como para aquellos que sean titulares de alguno de los distintos tipos de residencia.

Entre estas causales, considera la expulsión de quienes carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el país, y la reconducción inmediata a su país de origen, para los extranjeros que ingresen al país, “encontrándose vigente la resolución que ordenó su expulsión, abandono o prohibición de ingreso al territorio nacional, (…) y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolución”.

En cuanto a la reclamación frente a una medida de expulsión, el proyecto señala que esta la podrá hacer “el afectado por dicha medida por sí o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la notificación de la resolución respectiva”.

No obstante la sola interposición del recurso suspende temporalmente la orden de expulsión, el proyecto dispone que “durante su tramitación, se mantendrá vigente la medida de privación de libertad en los casos en que hubiere sido decretada”.

Lo anterior puede resultar en una vulneración de derechos, dado que si bien se señala que la Corte deberá fallar breve y sumariamente dicha reclamación, en única instancia, el plazo otorgado es cinco días, lo que contraviene la norma que impide mantener detenida a una persona por más de 24 horas sin control judicial, como advirtió en su informe el INDH.

Finalmente, respecto de los derechos concedidos a quienes se encuentren en condición migratoria regular dentro del territorio, cabe hacer notar algunas disposiciones que son abiertamente discriminatorias.

Un ejemplo es aquella que establece que los extranjeros con menos de dos años de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de salud y seguridad social de cargo fiscal, algo que va en contra de los estándares internacionales que conceden acceso a los mismos sin distinción alguna y que representa a su vez un retroceso incluso respecto de decretos vigentes impulsados por la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-marzo 2018), que otorgan acceso a salud independientemente de la condición migratoria.

Del mismo modo, se debe resaltar que aunque el proyecto reconoce derechos laborales en condiciones de igualdad entre nacionales y migrantes, sin distinguir en la condición migratoria, mantiene la disposición del Código Laboral que obliga a que el menos 85 por ciento de los trabajadores de una empresa que ocupe a 25 trabajadores o más sean chilenos/as, y que impide a quienes estén en calidad de turistas trabajar en actividades remuneradas, reservándola solo para aquellos que posean una residencia temporal.

Sin duda, como vienen requiriendo organismos internacionales y demandando organizaciones migrantes y de derechos humanos en Chile, es urgente que el país cuente con una ley migratoria con un enfoque de derechos humanos, más aun atendiendo el aumento de los flujos migratorios en las últimas décadas.

Para ello, se deben considerar tiempos apropiados para la discusión parlamentaria y la participación activa en su tramitación de los distintos colectivos migrantes y de derechos humanos.

También hay que incorporar los distintos estándares que se han ido construyendo en torno al derecho humano a migrar, como lo han hecho las legislaciones de la mayor parte de los países de la región. Además, se tiene que reconocer el aporte cultural la migración tiene para la construcción de sociedades más diversa, respetuosas y democrática.

TT: @PaulinaAcevedoM

Declaración pública: Acerca del proceso de reforma migratoria en Chile

El pasado 9 de abril se anunció desde el ejecutivo una importante reforma en materia migratoria, la cual reemplazaría la anacrónica ley de extranjería promulgada bajo el Decreto Ley 1.094 del año 1975 y que tendría, entre otras implicancias, la creación de un Servicio Nacional de Migraciones, el establecimiento de nuevas categorías de visas, con consideraciones especiales para ciudadanos de algunos países, y un proceso de regularización migratoria.

Como Observatorio Ciudadano, valoramos la priorización que el gobierno ha dado en su agenda al tema migratorio, puesto que desde hace años se hace imperioso modernizar y actualizar las normas y mecanismos que regulan la migración en Chile. No obstante, nos preocupan al mismo tiempo el conjunto de actos administrativos anunciados por el Presidente Sebastián Piñera, así como su acento en la necesidad de orden (“llegó el momento de poner orden en la casa que compartimos”). A lo que se suman las palabras del Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, que no consideran a la migración como un derecho humano. Todos planteamientos que consideramos señales nada positivas respecto a formas de abordar la movilidad humana y la realidad migratoria del país desde una perspectiva de los derechos humanos.

Resulta valorable, a su vez, que se proponga la creación del Servicio Nacional de Migraciones que reemplazará al actual Departamento de Extranjería y Migración (DEM), así como el establecimiento de un Consejo de Políticas Migratorias, el cual originalmente estaba compuesto por los ministerios del Interior y Seguridad Pública, de Hacienda y Relaciones Exteriores, y que por vía de indicaciones incorpora también a los ministerios de Desarrollo Social, Salud, Justicia y Derechos Humanos. No obstante, preocupa que la Policía de Investigaciones (PDI) siga ejerciendo el control migratorio en fronteras, otorgándoles amplias facultades discrecionales a la hora de decidir la entrada de personas al territorio nacional, lo que refuerza el enfoque de seguridad que contienen los últimos anuncios y medidas adoptadas.

En cuanto al proceso de regularización extraordinario para personas migrantes en condición de documentación irregular, demanda que viene siendo fuertemente impulsada por las organizaciones migrantes, con el paso de los días se han verificado falencias evidentes. De esto dan cuenta las extensas filas que se han registrado a las afueras del DEM, colapsando sus oficinas, una realidad que se verifican también en los lugares de atención habilitados de manera temporal, como el Estadio Victor Jara y gimnasios municipales, donde cientos de personas han esperado toda la noche para asegurar un número de atención.

A lo anterior se agrega la existencia de alta incertidumbre sobre la forma de implementación de este proceso de regularización en regiones, la falta de información precisa y oportuna a la población, así como de un tiempo acotado para llevar a cabo el proceso, entre otros elementos relevantes.

En relación al contenido de las disposiciones de este proceso de regularización, es importante evidenciar que ella excluye a aquellas que posean antecedentes penales en su país de origen o en Chile. Una situación que vulnera derechos humanos como el debido proceso (al imposibilitar una revisión del caso), a principios básicos del derecho penal como el non bis in ídem (no sancionar dos veces un mismo acto) y el derecho a la reinserción social.

Por otra parte, en su discurso el Presidente reforzó que se dará “un trato justo y humano a los migrantes regulares y a los perseguidos que lleguen a Chile de forma legal”, estableciendo gravosas sanciones para el ingreso clandestino y figuras de devoluciones expeditas que vulneran los principios de no devolución, la no expulsión colectiva de migrantes, y la no sanción por ingreso por paso no habilitado.

Cabe destacar que esta distinción respecto a la legalidad del ingreso, admite la posibilidad –y de allí el riesgo– de que aquellas personas que están siendo víctimas de tráfico o trata de personas, lo cual constituye delito criminal de acuerdo a nuestro Código Penal, al ingresar por paso no habilitado o mantener una condición irregular, queden sin la protección del Estado. Por lo mismo, preocupa que no se hayan considerado estándares internacionales en materia de refugio introducidos en disposiciones que se encuentran vigentes en nuestro ordenamiento interno, con la Ley 20.430 y su reglamento, en donde se establece una definición ampliada de refugio, condición de varios de los casos de ingreso al país incluso por paso no autorizado.

Otro aspecto crítico, es que a través de lo dispuesto en el Decreto 776 (09.04.2018) se vulnere el principio de igualdad y no discriminación, al establecerse requisitos adicionales para la solicitud de visa con fines turísticos impuesta a las personas de nacionalidad haitiana, como son el certificado de antecedentes penales, reserva de hotel o carta invitación, y copia de los pasajes comprados de ida y regreso. Sin que exista argumento alguno que sustente esta distinción, que no se aplica a otros nacionales a excepción de las personas dominicanas, por lo cual constituye un acto abiertamente arbitrario y discriminatorio.

Por otra parte, las denominadas visas “humanitarias” -solo para un cierto número de ciudadanos haitianos, en el marco de la reunificación familiar, y la visa señalada de responsabilidad democrática para venezolanos-, distan de garantizar los derechos reconocidos por los estándares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, al disponer que estas visas únicamente puedan ser tramitadas en los países de origen y en lugares específicos (Consulados en Puerto Príncipe y Caracas, respectivamente), solicitándose nuevamente como requisito los antecedentes penales, incluidos los menores de edad.

Otras dos nuevas categorías temporarias anunciadas por el ejecutivo concitan reparos respecto del principio de no discriminación. La visa temporaria de orientación internacional, que se debe solicitar fuera de Chile y que posibilita la entrada de aquellos extranjeros con un posgrado en universidades pertenecientes a rankings mundiales, y la visa de orientación nacional para quienes hayan culminado sus estudios de posgrados en universidades chilenas, que evidencia un tratamiento distinto hacia lo que se plantea como una migración “deseada”. En contrapartida, no se plantean disposiciones para favorecer el reconocimiento de títulos de pre y postgrado de ciudadanos extranjeros, y reducir los tiempos de tramitación, así como para evitar que existan distinciones entre las universidades y nacionalidades de los solicitantes, como sucede en la actualidad.

Asimismo, preocupa la eliminación de la visa temporaria por motivos laborales a contar del pasado 23 de abril, lo que constituye un claro un retroceso en materia de derechos laborales de las personas migrantes, pues desde el año 2015 existía la posibilidad de acceder a un visado laboral estando en posesión de visa de turismo al interior del país, y ella además permitía el cambio de empleador.

En cuanto a las indicaciones legislativas enviadas al Congreso Nacional -vía Oficio 008-366- para una nueva ley migratoria, ingresadas para su tramitación con carácter de urgencia en la Cámara Baja, éstas se formulan al proyecto de ley presentado por el propio Presidente Piñera el año 2013 (Boletín N° 8970-06), que en su momento fue objeto de amplias críticas y de un análisis negativo del alcance de sus disposiciones por parte de organizaciones migrantes, de organismos internacionales de derechos humanos, del ámbito académico y de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.

Estos cuestionamientos se centran en la ausencia de una perspectiva de derechos humanos y el enfoque utilitarista de la migración, el cual dista mucho de los actuales estándares sobre movilidad humana y sobre migración ordenada, segura y regular plasmados en la reciente Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes de Naciones Unidas y contemplados en distintos tratados internacionales en derechos humanos ratificados por Chile.

En efecto, tras las indicaciones introducidas se puede verificar que el proyecto mantiene limitaciones en cuanto al derecho a un debido proceso, puesto que conserva un recurso judicial de reclamación a la medida de expulsión de única instancia ante la Corte de Apelaciones respectiva, sin apelación, imposibilitando su revisión por parte de la Corte Suprema. Prohibiendo, además, expresamente la vía administrativa para impugnar la medida (art. 134 PL). No se verifica, además, ninguna indicación a las disposiciones del proyecto original para las medidas de privación o restricción de libertad al ejecutar una medida de expulsión, donde se contempla un plazo de hasta cinco días de detención para hacerla efectiva (art. 126 PL), siendo que el plazo máximo de detención y para ser conducido ante un juez es de 24 horas en materia penal ordinaria.

El proyecto de ley también es explícito en las limitaciones al goce de los derechos económicos, sociales y culturales de los y las migrantes en situación irregular, ya que en el mensaje se establece que consagra solo “ciertos derechos laborales, de salud y de educación”. Asimismo, establece que los migrantes en situación irregular tendrán acceso a la salud en igualdad de condiciones que los(as) nacionales, sujetándolo al cumplimiento de requisitos que el Ministerio de Salud determinará, lo cual es un retroceso respecto a las disposiciones actualmente vigentes, que permiten la atención en FONASA de cualquier persona independiente de su situación migratoria (Decreto Nº 67).

Finalmente, existen aspectos que no están siendo considerados en el proyecto y el debate general, que es fundamental sean introducidos en la tramitación legislativa. No se ingresaron, por ejemplo, y ello a pesar de que el Estado chileno ratificó en noviembre pasado las dos convenciones de Naciones Unidas sobre Apatridia, indicaciones a la definición de hijo de extranjero transeúnte, quedando la nacionalidad chilena exceptuada para aquellos hijos(as) de migrantes en “condición migratoria irregular” (art. 166 PL).

El proyecto no considera a su vez los derechos de las personas chilenas que se encuentran en el exterior, invisibilizándose la realidad y los derechos de este importante flujo migratorio. Tampoco se hace cargo de los movimientos migratorios nacionales, mucho de los cuales constituyen desplazamientos forzados –que debieran orientarse por los Principios Rectores de la ONU sobre desplazamiento interno- debido a la instalación de empresas extractivas de recursos naturales en territorios principalmente de pertenencia indígena, ni se establecen normas para facilitar la movilidad de los pueblos indígenas en pasos transfronterizos para la participación en actividades propias de sus culturas.

Hacemos un llamado al poder ejecutivo y a los legisladores, a que consulten y consideren los puntos de vistas de las organizaciones migrantes, afrodescendientes, de pueblos indígenas y de la sociedad civil, de las instituciones académicas, las municipalidades y los organismos internacionales, a fin de construir un diálogo amplio y plural frente a estas materias. Asimismo, a que se garantice un proceso que arribe a la dictación de una nueva ley migratoria con enfoque de derechos humanos, como le fue requerido al Estado chileno por el Comité de Naciones Unidas para los derechos de los trabajadores migrantorios y sus familias, el Comité de Naciones Unidas contra la Discriminación Racial, entre otros.

Seguiremos muy atentos a este proceso, con la certeza de que la movilidad es un derecho humano.

 

Observatorio Ciudadano

Santiago-Temuco, 26 de abril de 2018.

Declaración de organizaciones de mujeres, feministas y activistas de derechos humanos en apoyo a la machi Francisca Liconao Huircapan

Las organizaciones de mujeres, feministas y activistas de derechos humanos manifestamos nuestro respaldo y apoyo irrestricto a la Machi Francisca Linconao Huircapan, autoridad espiritual del pueblo mapuche.

La historia de lucha y defensa de la tierra de la Machi se ha caracterizado siempre por ser pacífica e incluso, apegada a las vías institucionales y legales. Así es como el año 2009 interpuso un recurso de protección en contra de la Sociedad Palermo Limitada por tala ilegal de árboles y arbustos nativos en el fundo Palermo Chico, colindante con su comunidad, el cual ganó, frenando de esta forma el exterminio de árboles y arbustos fundamentales para la vida de su comunidad.

Pese a ello, hoy la Machi Francisca está siendo nuevamente procesada por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, tras haber sido absuelta en el primer juicio.

La Machi Francisca Linconao ha manifestado su inocencia desde el inicio de la investigación, las abajo firmantes le creemos.

ORGANIZACIONES ADHERENTES:

  • Asociación de mujeres protectoras de los páramos, cuencas de agua y biodiversidad AMUPPA – Perú
  • Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos
  • Centro de Estudios de la Mujer (CEM)
  • Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
  • Colectiva de Mujeres Afrodescendientes LUANDA
  • Colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes
  • Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales – Colectivo CASA – Bolivia
  • Colectivo Conspirando
  • Comité de Servicio Chileno – COSECH
  • Coordinadora Autónoma contra la Violencia
  • Coordinadora de la Mujer de Bolivia
  • Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Honduras (CONAMINH)
  • Coordinadora Nacional Migrante
  • Corporación Humanas
  • Corporación Humanas Colombia
  • Coordinadora 8 de Marzo
  • EQUIS Justicia para las Mujeres, México
  • Familia es Familia Chile
  • Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia
  • Fondo Alquimia
  • Fondo de Acción Urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL)
  • Fondo Global de Mujeres (Global Fund for Women)
  • Fondo Lunaria Mujer – Colombia
  • Fondo Semillas- México
  • Foro Ciudadano
  • Foro Boliviano sobre medio Ambiente y Desarrollo- FOBOMADE
  • Instituto de la Mujer
  • Instituto Internacional de Derecho y Sociedad
  • La Tinkada Feminista
  • Marcha Mundial de las Mujeres Chile
  • Mujeres del Común- Santander
  • Ni Una Menos –Chile
  • Pan y Rosas
  • Observatorio Ciudadano
  • Observatorio de Género y Equidad
  • Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri – Paraguay
  • Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)
  • Organización la Esperanza de las Mujeres Garifunas de Honduras (OLAMUGAH)
  • Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas Conamuri – Paraguay
  • Red Chilena Contra la Violencia hacia las Mujeres
  • Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina-RAPAL- Uruguay
  • Red de Mujeres de Condega
  • Red de Mujeres de P.A.C
  • Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
  • Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra- Bolivia
  • Red de Género y Medio Ambiente. México
  • Tzk´at- Red de Sanadoras Ancestrales de Feminismo Comunitario Territorial desde Iximulew – Guatemala
  • Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM)

ADHESIONES PERSONALES

  • Elena Dettoni Nova, activista feminista
  • Mariela Infante Erazo, feminista
  • Silvana del Valle, abogada feminista
  • Soledad Rojas, feminista
  • Carolina Ibacache, feminista
  • Eliana Largo, feminista
  • Gilda Luongo, escritora, crítica feminista
  • Carolina Lafuentes Leal, psicoterapeuta feminista
  • Ledyane Souza, abogada feminista de Brasil.
  • Daniela Quintanilla, abogada feminista
  • María José Lizana, lesbiana feminista
  • Ana López Dietz, historiadora, docente e investigadora de FASIC
  • María Graciela Acuña, historiadora FASIC
  • Paola Melita, lesbiana feminista antiracista wallmapu
  • Javiera Zurita Álvarez, profesora de historia
  • Valentina Salinas, profesora de historia
  • Belén Morales Silva, profesora de historia
  • Sofía López Riquelme, profesora de historia
  • Raquel Barrueto Blas, periodista

Declaración pública: Votación del TLC entre Chile y Uruguay: Una grave falta de responsabilidad

Luego de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay el pasado jueves, en la Cámara de Diputados, la Plataforma Chile Mejor sin TLC señala lo siguiente:

    1. Es irresponsable con el país que un tratado de libre comercio de 241 páginas, llena de detalles técnicos y cuyos efectos se manifestarían en distintos ámbitos de la vida nacional, haya sido tramitado sin que el gobierno anterior ni el actual hayan presentado ningún estudio sobre sus impactos.
    2. Del mismo modo, es grave que los parlamentarios hayan votado sin haber exigido discusión previa, sin haber exigido estudios al Gobierno ni, en su defecto, haber pedido análisis a sus equipos técnicos de confianza. Decimos con propiedad que han legislado a ciegas.
    3. El hecho que los dos votos en contra hayan provenido de parlamentarios que representan a distritos agrícolas y ganaderos recuerda una obviedad: en los tratados de libre comercio siempre hay sectores que pierden. Durante más de dos décadas los gobiernos han insistido en la falacia de que con los TLC todos ganan, sin que las fuerzas políticas hayan exigido que se precisen y difundan los perjuicios de los tratados, antes de votar.
    4. Nos parece grave que las bancadas del Frente Amplio y el Partido Comunista no estuvieran en la sala al momento de la votación, en el único lugar del país donde políticamente su presencia era indispensable. Además, por sus conocidas posturas de crítica a la incapacidad de los Estados para garantizar derechos universales y fiscalizar a la inversión privada, su participación en esta sesión era evidentemente necesaria. Nuestra Plataforma había entregado oportunamente a ambas bancadas la información sobre la trascendencia de esta votación.
    5. Repetimos lo que ya hemos dicho: todos los tratados de libre comercio de nueva generación no son, al fin y al cabo, tratados sobre libre comercio, puesto que sus principales efectos son: ceder soberanía de los países, disminuir la posibilidad de los pueblos de promover reformas en favor de las personas, aumentar las garantías a los inversionistas y disminuir la presencia de lo público en las sociedades. Todas estas características son compartidas por el TPP-11 y el TLC entre Chile y Uruguay, por poner dos ejemplos.
    6. Hay muchos países que tienen una vigorosa política comercial y están plenamente insertos en el mundo, sin que hayan firmado este tipo de tratados. La idea de que ésta es la única manera de sumarse a la globalización es otra falacia difundida desde hace más de 20 años por los sucesivos gobiernos.
    7. Durante los próximos meses, el Gobierno probablemente promoverá el TLC con Argentina y el TPP-11. Exigimos que el Parlamento cumpla su obligación de debatir de cara a la sociedad los impactos y consecuencias de todos los tratados que les corresponda conocer

Declaración: Condenamos asesinato de lideresa Shipibo Olivia Arévalo

El Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra condenamos el asesinato de la lideresa espiritual y defensora de derechos culturales del pueblo indígena Shipibo Konibo Olivia Arévalo Lamas, miembro y guía espiritual de la comunidad intercultural Victoria Gracia, del distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali.

Frente a este cruento asesinato, exigimos a la Policía Nacional, al Ministerio Público y las instancias de justicia celeridad para esclarecer y dar con los responsables de este hecho, así como sancionar con todo el rigor de ley, tomando en cuenta que gran parte de las comunidades nativas y pueblos indígenas en Ucayali están expuestas a las amenazas en sus territorios y a la violencia relacionada a actividades ilegales.

Demandamos al Ministerio de Cultura, a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República trabajar para garantizar el derecho de los pueblos indígenas, organizados en comunidades y rondas campesinas y nativas, así como asegurar políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de estas poblaciones y mecanismos de protección a personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, nos sumamos a la exigencia para buscar justicia, respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas.os

Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a la comunidad intercultural Victoria Gracia y a todos los pueblos indígenas y organizaciones que luchan por el respeto de sus derechos.

FIDH: Machi Linconao y Mapuches deben ser absueltos. El Estado chileno debe abstenerse de utilizar la ley antiterrorista en contra de ellos

París-Ginebra, 20 de abril de 2018 – A pocos días de un nuevo veredicto en el Caso Luchsinger-Mackay por el Tribunal de Juicio Oral de Temuco, en la nota de Misión internacional de observación judicial publicada hoy, el Observatorio para la protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, llama a las autoridades de Chile a absolver nuevamente a la defensora de derechos humanos Machi Francisca Linconao y a los Mapuches procesados bajo la Ley Antiterrorista, y a poner fin a la criminalización en su contra.

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Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible comienza con llamado a la unidad regional para cumplir la Agenda 2030

Segunda reunión del mecanismo arrancó en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, con la participación de 26 países y más de 500 delegados.

(18 de abril, 2018) La segunda reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible comenzó hoy en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile con un llamado a todos los actores involucrados -gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, sector privado y público- a aunar esfuerzos para que la región avance en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, hoja de ruta aprobada por las Naciones Unidas para lograr sociedades más inclusivas, sostenibles e igualitarias.

El evento de alto nivel, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Gobierno de México, y que reúne a delegados de 26 países y más de 500 participantes de gobiernos, organizaciones no gubernamentales y del sistema internacional, se prolongará hasta el viernes 20 de abril con el objetivo de revisar los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 en la región.

En la ceremonia inaugural del encuentro la Secretaria Ejecutiva de de la CEPAL, Alicia Bárcena, destacó que este Foro es un punto de encuentro ineludible donde los países hacen un balance de lo que es la Agenda 2030 y los desafíos que nos presenta. “Nuestra región vive tiempos muy complejos y por eso es tan relevante comprobar que el multilateralismo y la integración siguen vigentes y nos permiten avanzar en pos del desarrollo sostenible”, declaró.

Bárcena recordó que la desigualdad duele y es intolerable y por eso para la CEPAL la igualdad ha sido siempre el centro de su acción. “Si la región no se juega por igualar para crecer y crecer para igualar tampoco vamos a avanzar demasiado, porque la desigualdad aumenta y es creciente. La cultura del privilegio naturaliza a la desigualdad y este Foro es un espacio para ponerle fin a eso”, recalcó.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas insistió que la región debe tener una voz fuerte y pedir una solodaridad económica global para enfrentar juntos desafíos como las modificaciones en el mercado laboral, producto de la cuarta revolución tecnológica, o el mismo cambio climático. Y agregó: “tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo y producción. Este es un cambio muy profundo que requiere la voluntad política no solo de los gobiernos, sino también de toda la sociedad en su conjunto. Además, es necesario que descarbonicemos nuestra economía y demos un salto con un gran impulso ambiental. No podemos seguir con el business as usual”, dijo.

Por su parte, Norma Munguía, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), declaró que la implementación efectiva de la Agenda 2030 es una tarea de todos los sectores y de todos los niveles de gobierno, ya que es el marco idóneo para encontrar soluciones eficaces a los principales retos que enfrentamos en materia de desarrollo.

“La adecuada implementación de la Agenda 2030 requiere de la participación de todos los actores involucrados y de la suma de todos los esfuerzos y recursos de todo tipo para avanzar efectivamente en el cumplimiento de sus 169 metas”, señaló la diplomática mexicana, quien además agradeció especialmente a la CEPAL por su “invaluable apoyo, sobre todo en la generación de documentos y de espacios intergubernamentales que durante 70 años han contribuido a mejorar el desarrollo de la región”.

En tanto, Patricio Victoriano, Director de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, expresó los saludos del gobierno chileno a todas las delegaciones presentes y formuló votos para que las discusiones de esta semana en el Foro permitan intercambiar buenas prácticas en torno a la ambiciosa Agenda 2030, “que constituye una hoja de ruta para avanzar hacia la superación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones”, indicó.

“Este espacio enriquece la manera en que vemos y cómo queremos lograr los Objetivos de Desarollo Sostenible (ODS) y eso nos beneficiará a todos. Un componente esencial de la Agenda 2030 es la participación: consideramos fundamental la coordinación de los distintos actores para la implementación de estos ODS”, dijo Victoriano.

En un saludo en video enviado especialmente para esta reunión, la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, señaló que este Foro multi-actor entrega una contribución vital para la implementación, seguimiento y revisión de la Agenda 2030 en la región y otros lugares del mundo.

“Plataformas como este foro resaltan la labor de las comisiones regionales de la ONU para mejorar la coordinación y colaboración entre los gobiernos, otras partes interesadas y el sistema de las Naciones Unidas en general”, indicó la segunda mayor autoridad del organismo mundial.  “También quiero felicitar a América Latina y el Caribe por su liderazgo en presentar los Informes Nacionales Voluntarios (INV) en el Foro Político de Alto Nivel de la ONU (que se realizará en julio en Nueva York), y animo a todos los países a mantener este impulso”, declaró.

Durante la primera jornada de la reunión, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, presentará el Segundo informe anual sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, el cual detalla los avances de los países en el cumplimiento de los ODS y entrega recomendaciones para enfrentar los desafíos aún pendientes.

La segunda reunión del Foro continuará desde hoy y hasta el viernes 20 de abril con diferentes mesas de trabajo sobre el aprendizaje entre pares de los desafíos y enfoques de participación en la implementación de la Agenda 2030, así como las plataformas para el seguimiento de los ODS.

Además, los países dialogarán sobre la dimensión regional de la Agenda 2030 y las contribuciones del sistema de las Naciones Unidas y de múltiples actores para su implementación.

Vea el programa completo de la reunión en este enlace.

Más información:

 

 

Perú lidera la acción climática promulgando primera ley nacional en la materia

El Perú es el primer país en la región en establecer una ley marco para el cambio climático luego de la firma del Acuerdo de París.

El Poder Ejecutivo promulgó hoy la Ley Marco de Cambio Climático que posiciona al Perú como el país líder en América Latina por su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático, siendo el primero en la región en establecer una ley sobre esta problemática luego de la firma del Acuerdo de París.

El Perú es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Con esta nueva ley, la respuesta peruana es integradora y toma este desafío como una oportunidad para desarrollar una economía verde, con una mayor resiliencia de las poblaciones y ecosistemas más vulnerables al cambio climático.

“Esta ley nos permite mirar con optimismo nuestro futuro y hacerle frente al cambio climático de manera unida y firmemente convencidos de que un país climáticamente responsable es un país que crece, que tiene visión de futuro” dijo el Presidente Martín Vizcarra al cierre del GORE Ejecutivo en Palacio de Gobierno. “Constituye, de hoy en adelante, un mandato claro para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”.

La ley promulgada fortalecerá la gobernanza climática en todos los niveles del gobierno. Será transversal a todas las medidas que se emprendan desde los distintos ministerios, gobiernos regionales y locales. De esta manera, se tendrá en cuenta el financiamiento climático, principalmente, para incorporar el riesgo climático en cualquier proyecto de inversión que se ejecute en el Perú.

Para ello, el Ministerio del Ambiente tendrá un rol articulador en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel donde se definirá el rumbo de la acción climática del país.

“A partir de ahora, cada vez que pensemos en inversión debemos pensar en hacerla de forma sostenible, tenemos que trabajar en la planificación de lo que queremos, necesitamos una inversión bien pensada para aprovechar, por ejemplo, el agua de lluvia en las zonas más alejadas, y ser capaces de ser un país resiliente” dijo Fabiola Muñoz, Ministra del Ambiente.

En este paso importante para la lucha climática del país, se destacan el llamado a la acción de toda la sociedad peruana y la inclusión de los enfoques de derechos humanos, interculturalidad e igualdad, donde se reconoce especialmente a los pueblos indígenas u originarios.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), felicitamos el trabajo del Estado Peruano por el impulso de este importante hito para el país. Implementar la Ley Marco de Cambio Climático, requerirá de un enorme esfuerzo y alianzas sólidas e innovadoras  entre distintos actores. Para ello, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando junto al Estado en sus distintos niveles para garantizar un planeta sostenible e inclusivo

  • Foto: Mónica Suárez Galindo / PNUD Perú

Organizaciones consideran “gravísimo” que se vote TLC Chile-Uruguay sin estudios previos ni consulta indígena

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Uruguay, que ha generado fuertes debates en las fuerzas políticas de ambos países, sería votado por la Cámara de Diputados hoy miércoles sin que el Gobierno haya presentado informes económicos ni de derechos humanos.

Los integrantes de la Plataforma Chile Mejor sin TLC se oponen a la ratificación de este tratado, por razones de fondo, como la pérdida de soberanía que implicaría y de forma, como el secretismo con que se ha negociado el acuerdo.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano​,​ indicó que “la votación a ciegas del TLC Chile-Uruguay por parte de la sala de la Cámara de Diputados, sin contar informes económicos y, más importante aún, de sus posibles impactos en derechos humanos, constituye una violación a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en la ratificación de tratados.

​Dichos informes de impacto, son exigidos por los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de la ONU, fueron solicitado por relatores espaciales de dicho organismo respecto del TPP y a nivel nacional por el INDH, sin que hasta ahora hayan sido proporcionados por el Ejecutivo ni exigidos por el Parlamento»​.

«La tramitación express de este tratado vulnera también el derecho humano a la participación en asunto de interés general, siendo la sociedad civil marginada de este proceso, sin que se contemplara siquiera la realización de espacios «informativos» como los denominados cuarto adjunto, que además no satisfacen el estándar internacional. Asimismo, no se ha realizado un proceso de consulta indígena del tratado, existiendo consenso en los sisitemas de protección de la OEA y ONU que cuando concurre un proceso legislativo suceptible de afectar derechos de estos pueblos, como es el caso, procede la consulta previa», agregó Acevedo.

Patricio Véjar  vocero de Chile Mejor Sin TLC indica que  “es un tratado que no ha sido discutido por la sociedad y va afectar nuestra vida, por lo que quisiéramos que se discutiera muy ampliamente, que se presentaran estudios que demostraran qué sectores de la economía se van a beneficiar, a qué sectores se va perjudicar, cómo se va a ver afectado el medio ambiente, los derechos laborales​, entre otros»​.

Otro punto, fuertemente criticado de este TLC es la cláusula contenida en el capítulo 18, cuyo contenido limitaría significativamente la posibilidad de realizar políticas soberanas. Además, expone al país a demandas internacionales si es que las empresas consideran que sus “razonables expectativas de ganancias esperadas” se ven afectadas por decisiones tomadas por el Gobierno

De igual manera, criticó el hecho de que no se haya realizado un proceso de consulta indígena del tratado, “existiendo consenso en los sistemas de protección de la OEA y ONU que cuando concurre un proceso legislativo susceptible de afectar derechos de estos pueblos, como es el caso, procede la consulta previa”, sentenció.

Teniendo en cuenta lo anterior, la plataforma Chile Mejor sin TLC, que reúne a diversas organizaciones civiles, ha llamado a los parlamentarios a que actúen con fundamentos y que no se realice la votación de este tratado sin estudios previos que transparenten las reales implicancias de este tratado para la población chilena y uruguaya.