La inauguración del memorial en Huenao se realizará el 1 de febrero a las 12, 00 horas, actividad abierta a la comunidad, que tiene como propósito conmemorar el levantamiento Mapuche Williche de 1712, siendo este territorio un epicentro importante de dicho movimiento, donde se produjo una masacre perpetrada por el ejército y encomenderos españoles.

El memorial es una iniciativa de la Junta de Vecinos de Huenao junto a representaciones culturales de la comuna de Curaco de Vélez, quienes después de 308 años, buscan recuperar la memoria de un hito histórico de gran importancia que ha sido poco conocido o mal difundido por la historiografía.

La escritora Olga Cárdenas, señala: “Me tomo la libertad de invitar a toda la comunidad de Curaco de Vélez a participar de la inauguración del memorial Mapuche-Huilliche en Huenao el 1 de febrero a las 12, 00 horas. Esta actividad es abierta a la comunidad, es por ello, que hacemos extensiva la invitación a todas las comunidades indígenas que quieran participar del aniversario de conmemoración del levantamiento Mapuche – Huilliche de 1712 (…) Después de 308 años del levantamiento y posterior genocidio se sigue en pie…”

La rebelión huilliche de 1712 fue un alzamiento Williche en diversos puntos de Chiloé en contra de los abusos, explotación y opresión de los encomenderos españoles. Comenzó a principios de febrero de 1712 y fue sofocada una semana más tarde por medio de combates y matanzas. Significó la muerte de varios cientos de huilliches según las crónicas de la época y trajo como consecuencia un importante cambio demográfico en el archipiélago, como también, de manera progresiva, mayor autonomía y respeto a la población indígena local.

En el largo plazo, la rebelión Williche acarreó la promulgación de las ordenanzas de Casa Concha y una tensión entre indígenas y españoles que concluyó solo con el fin de la encomienda en Chiloé, siete décadas más tarde.

Huenao, Curaco de Vélez

El sector de Huenao tiene abundante vegetación en el cerro cuya extensión llega a una extensa playa y humedales marinos y de agua dulce. Desde las alturas, el cerro Huenao presenta una vista panorámica hacia la isla grande de Chiloé y el valle de Curaco de Vélez.

Cabe señalar que en el archipiélago de Quinchao existe una importante característica con respecto a las diferentes toponimias territoriales, donde se combinan palabras de origen Mapuche y de la cultura Chona. Así, se desprende que la palabra Huenao, sería compuesta entre la lengua Mapuche de Huenu (entrada, altar al cielo o mundo cósmico-espiritual) y Ao, que sería palabra chona que haría referencia a espacio, lugar o refugio.

Por su parte, “Curaco” es un nombre compuesto por KURA (piedra – roca) y KO (agua), palabras del idioma Mapuche con que se llamaba al “agua extraída de entre las rocas”, ubicado en las proximidades de la zona urbana, sector playa Huenao, topónimo que fue usado sin el denominativo “de Vélez” hasta mediados del s.XIX, incorporándose luego dicho apellido español sevillano.

Curaco de Vélez es parte de la Isla Quinchao, la tercera más grande del archipiélago de Chiloé, con una superficie aproximada de 120 km², territorio con un importante origen histórico ancestral Chono y Mapuche Williche, así como la de diversas procedencias occidentales.

El martes 28 de enero fue presentado el informe “Globalización de las empresas de energía renovable: Extracción de litio y derechos de los pueblos indígenas en Argentina, Bolivia y Chile (“Triángulo del Litio”)”, elaborado por el Observatorio Ciudadano junto al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH).

En el texto se explica que en el actual contexto mundial de crisis por el calentamiento global y el cambio climático, la urgencia de una transición a energías no dependientes del carbono que, a la vez, respeten los derechis humanos y la extracción responsable del litio, hecha de forma respetuosa de las comunidaddes de pueblos indígenas de los salares altoandinos del denominado Triángulo del Litio en América del Sur, cobran cada vez mayor importancia estratégica.

Puedes descargar el libro en este enlace.

Tras su visita a Chile del 6 al 11 de noviembre para constatar las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que se registran en el país en el marco de las protestas y movilización social que se registran en el país, la Misión Internacional de Observación de Sociedad Civil, compuesta por organizaciones de reconocida trayectoria en la verificación de la vulneración a estos derechos, dio a conocer su informe final destacando que se trata de violaciones generalizadas, producto de una política de represión arraigada y acciones que se corresponden a graves vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos. De igual manera es necesario realizar una investigación exhaustiva para determinar la posible comisión de crímenes internacionales.

En este sentido, el informe señala que “las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile desde octubre de 2019, en el contexto de las protestas sociales, no constituyeron hechos aislados, sino que son expresión de prácticas de violencia estatal arraigadas en las fuerzas del orden y seguridad, que se pueden identificar desde hace años y que se han verificado en gran cantidad y en todo el país en el contexto de las últimas movilizaciones”, así como frente a la protesta del Pueblo Mapuche, las que vienen siendo alertadas de forma reiterada ante órganos de tratado.

Agrega el documento que “las fuerzas de seguridad, en particular Carabineros de Chile, han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, con la intención de castigar y aleccionar a los manifestantes” y que existe un “uso indiscriminado y criminal de las armas menos letales”, haciendo especial referencia “a la enorme cantidad de personas víctimas de trauma ocular severo y lesiones en la parte superior del cuerpo, inclusive la cabeza”.

Las violaciones verificadas “incluyen al menos cuatro casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes estatales, cientos de casos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención y en las comisarías, casos de violencia sexual y violación en condiciones de privación de libertad, miles de personas heridas por el uso abusivo de la fuerza menos letal en el contexto de las reuniones públicas y otras miles de personas detenidas por las fuerzas de manera arbitraria”.

Para hacer frente a estas violaciones generalizadas, el informe de la Misión formula un total de 23 recomendaciones, de corto y mediano plazo, que permitan restablecer el orden social y garantizar el derecho de reunión y manifestaciones en el país.

1. Crear una Comisión de esclarecimiento histórico que, de cuenta de las vulneraciones de derechos humanos y posibles crímenes internacionales ocurridas ocurridos desde el 18 de octubre, cuyo fin sea establecer las responsabilidades políticas y administrativas respecto de las violaciones y monitorear el avance de las causas penales correspondientes, evaluando el cumplimiento de la obligación estatal de concretar una investigación, pronta, integral y efectiva.
2. Investigar con celeridad las violaciones a los derechos humanos cometidas y adoptar medidas inmediatas, disciplinarias y/o penales, respecto de funcionarios públicos responsables por violaciones de derechos humanos, en particular en casos de violación al derecho a la vida e integridad personal e incluyendo a los superiores jerárquicos que autorizaron o avalaron las operaciones policiales.
3. Iniciar un proceso de reforma profunda de Carabineros de Chile destinada a democratizar su estructura y a revisar su rol en la sociedad chilena, adecuando sus normas, protocolos y reglamentos a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
4. Derogar la actual normativa sobre el derecho a reunión y regular dicho derecho de conformidad al derecho internacional de los derechos humanos.
5. Suspender la utilización por parte de Carabineros de armas de fuego, perdigones y utilización de equipamiento menos letal, particularmente en contextos de protesta social, hasta que sean adecuadamente regulados, investigados los casos y determinadas las responsabilidades por las lesiones sufridas hasta la fecha por la población.
6. Garantizar la asistencia de la Defensoría Penal Pública de manera efectiva y adecuada desde los primeros momentos de la detención, asegurando que las entrevistas con las personas privadas de libertad se concreten con anterioridad a las audiencias y tengan una duración y contenido que garanticen el adecuado ejercicio de la defensa y la detección sistemática de posibles casos de tortura, malos tratos y violencia sexual.
7. Establecer protocolos de actuación para la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía, garantizando la adecuada detección, documentación, denuncia y sanción de la tortura y los malos tratos, según sus respectivas competencias, manteniendo registros de la totalidad de los casos identificados, informados por las víctimas, formalizados y con sentencias.
8. Realización, por parte de la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía Nacional y el Poder Judicial, de inspecciones no anunciadas a lugares de detención administrados por Carabineros, Policía de Investigaciones y a los Centros de Justicia.
9. Capacitar a todos los operadores judiciales pertinentes para la adecuada aplicación del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes -Protocolo de Estambul- en todas sus intervenciones y en todas las instancias del proceso penal.
10. Protocolizar el accionar médico, con especial énfasis en la detección proactiva de lesiones y posibles casos de tortura, conforme al Protocolo de Estambul, que se deje expresa constancia de la conformidad de la persona detenida y que el reporte, atendiendo a la confidencialidad, se entregue en sobre cerrado dirigido al juez/a de garantía.
11. Asegurar que todas las personas detenidas accedan a control médico de lesiones en instituciones de salud pública sin presencia de las fuerzas de seguridad o militares.
12. Crear un registro único que recoja la información de todos los centros de salud, públicos y privados, sobre las personas lesionadas en el contexto de manifestaciones.
13. Brindar las condiciones necesarias para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH realice de manera efectiva su visita in loco en el país.
14. Asegurar a las víctimas de violencia sexual acceso expedito a servicios de protección y apoyo, incluido tratamiento de posibles lesiones relacionadas con la violencia sexual por parte de profesionales de la salud – tratamiento de infecciones y otras enfermedades de transmisión sexual como el VIH, fístulas ginecológicas y obstétricas traumáticas, acceso a pruebas de embarazo, incluida la anticoncepción de emergencia y apoyo psicológico.
15. Garantizar que periodistas, reporteros gráficos, fotógrafos, observadores de derechos humanos y el personal y voluntarios/as de atención a la salud puedan realizar sus tareas de manera adecuada y cesen las agresiones y detenciones contra los mismos.
16. Establecer un mecanismo, con participación del INDH y de organismos no gubernamentales de derechos humanos, para monitorear y asegurar el cumplimiento a las recomendaciones dadas en los informes de organismos internacionales y de organizaciones de derechos humanos que han realizado reportes sobre las manifestaciones.
17. Fortalecer el trabajo del INDH a nivel nacional garantizando que no existan obstáculos para el desarrollo pleno de sus funciones, en particular en relación al control de la situación de privación de libertad durante las primeras horas de detención y la protección contra la tortura y los malos tratos.
18. Concretar la efectiva puesta en funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT). Para efectos de garantizar la autonomía funcional del Mecanismo Nacional este no debe estar sujeto a ninguna forma de subordinación con el INDH. El organigrama del INDH deberá reflejar los requisitos del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de la ONU, que especifican que el mecanismo nacional de prevención debe tener autonomía operativa con respecto a sus recursos, plan de trabajo, conclusiones, recomendaciones y contacto directo y confidencial con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.
19. Asegurar las condiciones para que las organizaciones de la sociedad civil puedan cumplir efectivamente y libremente su rol de protección de los derechos humanos, dando entrega de la documentación, registros y contacto con las personas privadas de libertad.
20. Rechazar las propuestas legislativas destinadas a penalizar o imponer restricciones y sanciones de carácter administrativo a la protesta social, incluyendo los proyectos que penalizan el bloqueo, total o parcial, de las vías públicas.
21. Publicar, por parte de los organismos competentes, a nivel nacional, regional y local, de datos detallados sobre protestas (número de manifestantes, número de personas heridas y detenidas, si las hubiera) y operativos policiales, incluyendo información sobre personal policial destinado, adquisición de armas y municiones letales y menos letales y sus costos, utilización de armas y municiones letales y menos letales, los protocolos de uso de la fuerza y los manuales de uso de cada tipo de armamento.
22. Publicar las decisiones administrativas sobre la autorización para usar la fuerza y la dispersión de manifestaciones en medios oficiales.
23. Controlar de manera efectiva la actividad policial, por parte del Ministerio Público, en el contexto del ejercicio del derecho de protesta.

Integraron la Misión internacional: Christine Keith, Alianza Global contra la Incineración de Basura (GAIA), EE.UU.; Camila Marques, Artículo 19, Brasil; Denise Mora, Artículo 19, Brasil; Miriam Liempe Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), Argentina; Andrés Lopez, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Christina Ayala, Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), Canadá; Ayelen Beigbeder, Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), Argentina – Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Francia; Nora Morales de Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina; Enrique Font Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Suiza; Yaizha Campanario, Perú Equidad, Perú – Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA), Dinamarca.

Organizaciones convocantes

 Santiago

• Agrupación de familiares de detenidos desaparecidos (AFDD)
• Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
• Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH)
• Corporación Humanas
• Corporación Opción
• Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC)
• Observatorio Ciudadano

Valparaíso

• Comisión Chilena de Derechos Humanos de Valparaíso
• Ilustre Municipalidad de Valparaíso
• Observatorio Ciudadano
• Red de abogadas observadoras de derechos humanos Quinta Región

Temuco

• Coordinadora de organizaciones de derechos humanos de la Araucanía:
• Agrupación de Ex Presos Políticos Enrique Pérez
• Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos
• Centro de Investigación y Defensa del Sur (CIDSUR)
• Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
• Comisión Ética Contra la Tortura
• Observatorio Ciudadano
• Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA)
• Red por la Defensa de los Territorios
• Red de Peritos Independientes de Temuco

 

La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el Informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. Dicho Informe parte de la identificación de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos en supuestos en los que las empresas se encuentran de alguna manera involucradas con la realización o vulneración de dichos derechos.

El informe sistematiza diversos pronunciamientos que se han dado dentro del sistema interamericano en relación con el tema; también proporciona un análisis sistemático y evolutivo que busca clarificar, organizar y desarrollar los deberes estatales y los efectos que se pueden generar sobre las empresas en su cumplimiento a partir de la experiencia jurídica interamericana.

En ese marco, consciente de las altas expectativas y utilidad que este Informe puede llegar a tener, la REDESCA considera importante recordar la Resolución 2887 aprobada por la Asamblea General de la OEA, en junio de 2016, mediante la cual se solicitó a la CIDH “realizar un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema interamericano”, con el fin de que sirva de insumo y parámetro para los esfuerzos realizados por los Estados miembros en varias iniciativas nacionales e internacionales en tal esfera. En dicho marco, la CIDH encomendó a esta Relatoría Especial la realización de dicho estudio y el desarrollo de estándares sobre “Empresas y Derechos Humanos” a través de la preparación de un informe temático. La temática forma parte además del mandato y marco de actuación de la REDESCA, conforme el Plan Estratégico 2017-2021 de la Comisión.

La REDESCA, en cumplimiento del encargo recibido de la CIDH, llevó a cabo un conjunto de actividades conducentes a la elaboración de este Informe, velando por mantener un proceso de amplio nivel de diálogo y colaboración multi actores. Así, con el fin de recolectar información y fomentar la participación de una amplia gama de actores de la región. La REDESCA organizó y participó de talleres, eventos, reuniones de trabajo, audiencias públicas; realizó cuestionarios abiertos, así como consultas de expertas y expertos. En dichas actividades han participado representantes de los Estados y organismos públicos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia y del sector empresarial, entre otros actores interesados.

Cabe resaltar que tanto la CIDH, como su REDESCA, a través de los distintos mecanismos de la Comisión, han recibido información constante sobre el desempeño de los Estados respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos a la luz de actividades y operaciones empresariales de distinta naturaleza, como de diversos sectores industriales o productivos. Tal información ha reflejado distintas situaciones: bien una intervención estatal más directa o alguna forma de complicidad; efectos a nivel local o transnacional; situaciones enmarcadas en hechos actuales o relacionados con conflictos armados y contextos represivos del pasado; y situaciones sobre todos los derechos humanos y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

El sistema interamericano de derechos humanos no ha sido ajeno a estas situaciones y sus órganos han reconocido reiteradamente que bajo ciertos supuestos puede generarse responsabilidad internacional del Estado en relación con actos cometidos por empresas que hayan involucrado la afectación a los derechos humanos.

Para estos efectos, resulta fundamental reiterar que en los últimos lustros, la comunidad internacional ha venido discutiendo el tratamiento del creciente rol de las empresas nacionales y transnacionales en la realización de los derechos humanos y las correspondientes obligaciones de los Estados en materia de prevención y respuesta frente a tales problemáticas. En ese marco, los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos se han venido consolidando como una base mínima de referencia de gobernanza mundial en la materia. Con tal premisa, en lugar de considerarlos como conceptos aislados, el Informe sostiene que dichos Principios representan una base conceptual dinámica y evolutiva, que impregna los aspectos del discurso y de la acción en el ámbito de las empresas y los derechos humanos en coexistencia con otros estándares jurídicos de carácter vinculante.

La Presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reconoció en nombre de la CIDH el valor del trabajo realizado por la REDESCA en la elaboración del Informe, recordando que: “La CIDH ya ha subrayado que las normas del sistema interamericano de derechos humanos no impiden ni desalientan el desarrollo, pero exigen que el mismo tenga lugar en condiciones tales que se respeten y se garanticen los derechos humanos de los individuos y comunidades afectadas. Las recomendaciones de este informe buscan asegurar un desarrollo con enfoque de derechos”.

En dicha línea, la REDESCA también recuerda que tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocen que los Estados tienen el deber de asegurar la efectividad de los derechos humanos protegidos por los instrumentos interamericanos en las relaciones interindividuales, así como prevenir con la debida diligencia las violaciones de tales derechos e investigar, sancionar y reparar sus consecuencias.

Por su parte, la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales , Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz, resaltó la importancia de este Informe y afirmó que “al ser la primera vez que se aborda esta temática de manera comprehensiva, directa y en términos generales desde el sistema interamericano, el informe constituye una herramienta de enorme potencialidad para mejorar y fortalecer la legislación, las prácticas y las políticas públicas que buscan enfrentar las violaciones y abusos de derechos humanos en el contexto de las operaciones empresariales, ayudar a fortalecer acciones de prevención y debida diligencia, mejorar la rendición de cuentas por parte de los Estados y las empresas involucradas en tales situaciones, así como para asegurar el acceso a reparaciones efectivas hacia las víctimas”.

La Relatora Especial resaltó también sus agradecimientos “por el apoyo recibido por parte de la CIDH y del equipo de la REDESCA, como de todas las personas, instituciones y donantes que han contribuido con su realización, en particular el valioso apoyo financiero del pueblo de España mediante la cooperación de su Gobierno”.

A su vez, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó: “Este informe es de gran relevancia para la protección y defensa de los derechos humanos respecto de un tema en creciente evolución y con repercusiones vigentes en el hemisferio. Esperamos que los estándares recopilados y desarrollados como las recomendaciones efectuadas en este Informe sean considerados e implementados en lo que corresponda por los Estados y las empresas, así también que, contribuya al trabajo que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil en la materia”.

El Informe publicado se encuentra estructurado en nueve capítulos, el capítulo I contiene una introducción, la metodología de trabajo y los objetivos del Informe, el capítulo II establece 12 criterios utilizados transversalmente en el informe, mismos que deben ser tenidos en cuenta como elementos fundamentales e indispensables en el abordaje de la temática dentro de los sistemas jurídicos y políticos nacionales y regionales. El capítulo III desarrolla las obligaciones que los Estados deben cumplir en estos contextos desde la perspectiva del sistema interamericano. Partiendo de las obligaciones estatales derivadas de los instrumentos interamericanos, dicha sección identifica las obligaciones de los Estados en el contexto específico de las actividades empresariales y los derechos humanos.

El capítulo IV desarrolla el alcance extraterritorial de las obligaciones de los Estados en esta materia en función de los capítulos precedentes. El capítulo V analiza los efectos jurídicos que se pueden desprender sobre las empresas a partir de las obligaciones generales de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos. El capítulo VI visibiliza determinados contextos o esferas de especial prioridad o atención para la CIDH y su REDESCA en este ámbito, tales como justicia transicional y rendición de cuentas de actores económicos; servicios públicos esenciales y contextos de privatización; cambio climático en el contexto de empresas y derechos humanos; empresas, políticas fiscales e influencia en la toma de decisiones públicas; empresas y tecnologías de la información, entre otros.
El capítulo VII se refiere a algunos impactos diferenciados sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad en la región. Posteriormente, el capítulo VIII menciona, a título ejemplificativo, algunas iniciativas que destacan como referencias positivas en la materia. Finalmente, el capítulo IX recoge la formulación de una serie de recomendaciones con el objetivo de guiar los esfuerzos de los Estados del hemisferio en este ámbito.

Finalmente, el Informe subraya que las empresas pueden ser agentes positivos para el respeto y garantía de los derechos humanos, así como generar o motivar con sus acciones y comportamiento cambios claves no sólo para transformar aquellas experiencias de impunidad y abuso sobre los derechos humanos, sino también para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030.

En ese sentido, el compromiso público y de buena fe es esencial para fortalecer las iniciativas que se lleven adelante, así como la construcción de confianza entre las empresas, autoridades y la población, de forma que se trascienda la visión de responsabilidad social empresarial tradicional, hacia una práctica de efectivo respeto y de debida diligencia en materia de derechos humanos. La voluntad política de las autoridades en todos sus niveles también será una herramienta muy poderosa para avanzar esfuerzos nacionales, regionales y universales en la materia al brindar oportunidades de prevención, y asegurar el acceso a la justicia y reparación para las personas o comunidades afectadas. En ese marco, la REDESCA de la CIDH se pone a disposición de los Estados miembros de la OEA y otros actores relevantes en la materia, para brindar asesoría técnica en las iniciativas desarrolladas en este ámbito.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH, especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

El objetivo principal de esta Misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores:

• Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec
• Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá
• Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec – FTQ y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec
• Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec – CSQ 
• Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Central Sindical Nacional y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec 
• Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d’Ottawa 
• Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la Université du Québec à Montréal 
• Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à Montréal 
• Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou 

Esta Misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones entre las que se cuentan:

• Organizaciones de la sociedad civil : de apoyo jurídico, de salud y seguimiento psicológico a víctimas y familiares, organismos de derechos humanos, de comunicación social y difusión, de mujeres, organizaciones ambientales y territoriales, indígenas y populares barriales
• centrales sindicales : sectoriales y nacionales, 
• federaciones estudiantiles : secundarias y universitarias
• centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo
• colegios profesionales : periodistas y médicos
• parlamentarios y personeros de gobierno
• instituciones estatales especializadas en DDHH : INDH, Alto comisionado ONU en DDHH 
• y víctimas.

De este proceso destacamos los resultados preliminares siguientes que nos parecen particularmente importantes y preocupantes. 

En primer lugar, señalamos que después de 3 meses desde el inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social. 

A pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos, observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país. Los datos y testimonios que hemos recogido indican que si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de ésta se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo y aun no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad. 

Constatamos la continuidad de las violaciones a derechos humanos siguientes, ya identificadas en informes anteriores :

1. Heridas por perdigones y bombas lacrimógenas;
2. Violencias y vejámenes sexuales (desnudamientos, sentadillas, tocaciones, etc.);
3. Detenciones sin registro, a veces efectuadas por policías de civil;
4. Golpizas de detenidos en furgones de Carabineros y en comisarías; 
5. Utilización masiva de gases lacrimógenos, que regularmente sofocan a barrios enteros afectando la salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas. Constatamos que esta práctica es utilizada regularmente en poblaciones periféricas y es experimentada por los residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación;
6. Un procedimiento judicial parcial y que muestra negligencia debilitando la acción efectiva del respeto de los derechos fundamentales. Destacamos en particular la utilización de la prisión preventiva, en algunos casos por largos periodos, para sancionar personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas y la neutralización del recurso de amparo por no registrarse las detenciones de manera rápida y sistemática por parte de carabineros;
7. Agresiones al personal voluntario de salud y a observadores de derechos humanos, quienes son a menudo víctimas de agresiones, malos tratos, amenazas, insultos e incluso, blanco de los tiros de Carabineros;
8. Ausencia o negligencia en la aplicación de los protocolos de carabineros.

A estas violaciones se suman las agresiones en contra de periodistas y profesionales de medios de comunicación. Por ejemplo, señalar que el Colegio de periodistas identifica 48 casos de periodistas agredidos por Carabineros, incluyendo 9 mujeres: 23 de estos periodistas acusaron lesiones por perdigones o lacrimógenas dirigidos directamente hacia ellos (ejemplo de ello, es la pérdida ocular de un camarógrafo de Meganoticias, a pesar de estar identificado como tal) y 2, sufrieron violencias sexuales. De la misma manera, el Observatorio de derechos humanos y libertad de expresión reporta 160 casos, incluyendo 96 lesionados con armas disuasorias y 27 detenciones. Además, estas violaciones constituyen un grave menoscabo del derecho a la información de la población chilena. 

A estos datos se suman los del informe de la Fundación Datos Protegidos y del Observatorio del Derecho a la Comunicación, correspondientes al período del 18 de octubre al 22 de noviembre de 2019 que identifican 138 casos de ataques, amenazas e intimidaciones. A éstos se agregan otros de censura en los medios sociales (Instagram, YouTube, Facebook y Twitter).

Finalmente, hemos podido constatar que las violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente hasta el día de hoy. Algunos ejemplos son los casos siguientes:

1. Durante la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso, el joven profesor de educación física Matías Orellana, perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;
2. El 11 de enero, fue detenido Nicolás Ríos Verdugo (20 años) en el centro de Santiago supuestamente, por policías de civil; según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado, golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60 días;
3. El viernes 17 de enero de 2020 se reportan 4 nuevas víctimas de trauma ocular;
4. El lunes 20 de enero de 2020, Matías Yáñez, de 16 años, fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en el vehículo de carabineros y negada por muchas horas la detención a su madre.

Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica anti-democrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura. 

Pese al elevado número de denuncias, de acciones judiciales, de investigaciones internas y procedimientos administrativos por violaciones a derecho humanos, se han formalizado muy pocos casos y ha habido muy pocos fallos.

Frente a esta situación extremadamente crítica, se plantea la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del gobierno para frenar y poner término a las violaciones a derechos humanos.

Los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones. ¿Qué más necesita el gobierno para implementarlas? ¿De qué manera las nuevas leyes antisaqueo, antibarricadas y anticapuchas y de protección de infraestructuras críticas van a contribuir a mejorar la situación de los DDHH en Chile? Y por otra parte, ¿Cómo se responde a las demandas sociales que ha expresado de manera contundente la ciudadanía y que han generado el estallido social? 

Desde nuestra perspectiva, la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de desmovilizar la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses.

Frente a este contexto, no somos optimistas. Los datos y testimonios que hemos recopilado apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistemática y la desconfianza de la población. De las entrevistas se puede constatar que se mencionan repetidamente los términos de “crímenes de lesa humanidad” y de “terrorismo de Estado” para calificar la situación.

Al mismo tiempo, el proceso constituyente abre horizontes nuevos para Chile. Pese a la necesidad de precisiones sobre la conducción de éste y a las diversas críticas, constatamos que este debate traduce una aspiración profunda de democracia y de justicia. 

Por esta misma razón, consideramos fundamental aportar nuestra solidaridad al pueblo de Chile y denunciar el silencio desconcertante e inaceptable de nuestro propio gobierno : el gobierno de Canadá. A diferencia del gobierno de Quebec, quien ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Chile y ha tomado una posición clara a favor de la defensa de los DDHH, el gobierno federal de Justin Trudeau revela hasta ahora una excesiva discreción. Nos preguntamos si esta timidez de parte del gobierno canadiense tiene que ver con las importantes inversiones financieras de Canadá en Chile, especialmente en el sector minero.  Contamos con los diputados de nuestra Misión para plantear estas preguntas en los parlamentos de Quebec y de Canadá.

En las próximas semanas, redactaremos un informe más detallado que ponga en perspectiva y profundice estas problemáticas y proponga una serie de recomendaciones. Será redactado en francés y traducido al inglés y al español. Entregaremos copias a los gobiernos de Chile, Canadá y Quebec, al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los numerosos grupos y organismos que defienden y promueven los DDHH en Chile y en Canadá.

También visibilizaremos el informe a través de los medios de comunicación y a través de cápsulas vídeo filmadas por nosotros, que serán difundidas por los medios sociales. Finalmente, iniciaremos una gira de presentaciones sobre la situación en Chile a través de diversas instituciones para que amplios sectores de la población y las nuevas generaciones entiendan la importancia, la significación y la dimensión universal de los derechos humanos. 

La Misión Canadiense de Observación de Derechos Humanos inició su visita este pasado fin de semana en nuestro país donde sostendrá una agenda de reuniones para recabar antecedentes sobre violaciones a los derechos fundamentales. Esta está compuesta por Sol Zanetti, diputado, Partido Quebec solidario; Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado, Partido Bloc Quebequense; Denise Gagnon, dirigente sindical, Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec – FTQ y Fundación Salvador Allende; Luc Allaire, dirigente sindical, Central de sindicatos de Quebec – CSQ; Ricardo Peñafiel, dirigente sindical, Consejo Central del Montreal Metropolitano de la CSN y Federación Nacional de Docentes de Quebec, CS; Marie-Christine Doran, investigadora, Escuela de Estudios Políticos, Université d’Ottawa; Isabel Orellana, investigadora, Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, Université du Québec à Montréal: Marcos Ancelovici, investigador, Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, Université du Québec à Montréal y Pierre Mouterde, ensayista, Filosofía, Colegio preuniversitario Limoilou.

Hasta el momento ha sostenido reuniones con organizaciones sociales tales como el Observatorio Ciudadano y de Derechos Humanos como Londres 38, Salud en resistencia, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Casa de Memoria José Domingo Cañas y el Movimiento de Acción Migrante, además de representantes de medios de comunicación que registran las movilizaciones.

El Foro Internacional de Derechos Humanos se llevará a cabo en Santiago los próximos 23, 24 y 25 de enero y entre los participantes destaca el magistrado español Baltasar Garzón; la abogada brasileña miembro del Comité Lula Libre, Caroline Proner; el argentino y actual presidente del Parlasur, Oscar Laborde; la abogada y política colombiana Piedad Córdoba; la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y el ex candidato presidencial Marco Enríquez–Ominami. Uno de sus principales impulsores es el senador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, Alejandro Navarro.

Más de 100 expositores de 22 países participarán en el encuentro que se desarrollará en el ex Congreso Nacional. Según detalló el director ejecutivo del Foro, Jonatan Díaz, la actividad “se ha trasformado en una de las instancias más importantes de Latinoamérica en materia de Derechos Humanos”, recalcando que el éxito de inscripciones da cuenta de que se trata de una instancia “que da cuenta de la relevancia y urgencia que nuestros pueblos deben abordar para pasar de la reflexión a la acción”

El conversatorio internacional contempla además la participación de los senadores Juan Ignacio Latorre, Alejandro Guillier y Adriana Muñoz; las diputadas Karol Cariola, Carmen Hertz y Camila Vallejos; el Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue; el abogado constitucionalista Jaime Bassa; el presidente de la Fundación Progresa, Camilo Lagos; el vocero de MODATINA, Rodrigo Munduca; la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, Margarita Pastene; la Premio Nacional de Periodismo y Vicerrectora de la Universidad de Chile, Faride Zerán; Luis Mesina del Movimiento No + AFP; la directora de la Fundación Chile Literal, Claudia Dides; los ex Ministros Víctor Osorio y Claudia Pascual; el diputado Hugo Gutiérrez; el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta; la socióloga y académica de la Universidad de Chile, María Emilia Tijoux; Alberto Curamil, Premio Nobel Verde; el comunero mapuche Marcelo Catrillanca; y Aucan Huilcaman, werken del Consejo de Todas las Tierras .

También lo harán el jurista argentino Ricardo Luís Alfonsín; el diputado francés Alexis Corbière; la asambleísta Nacional de Ecuador Doris Soliz Carrión; el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe; la politóloga española radicada en Ecuador, Adoración Guamán; el diputado brasileño Paulo Pimenta; el politólogo y académico español Juan Carlos Monedero; la ex Ministra de Desarrollo Social de Perú, Aida García–Naranjo; la Defensora del Pueblo de Bolivia, Teresa Subieta; Marcelo Brignoni, Consejero de Relaciones Internacionales del Bloque de Senadores del Frente de Todos de la Argentina,; Christián Rodríguez de Relaciones Internacionales de La France Insumise; la vicepresidenta European Left Office del Partido de la Izquierda Europea; el Premio Nobel Alternativo Martín Almada; y Ernesto Lejderman, hijo de matrimonio argentino–mexicano desaparecido en Chile

El Foro busca ser el inicio de una serie de encuentros orientados a abordar el descontento ciudadano en el mundo por un sistema político, económico y social, y busca consolidarse como un espacio de conversación y debate que permita analizar los desafíos comunes a fin de trazar iniciativas conjuntas para la defensa y promoción de los derechos humanos en la región y en el mundo. Asimismo, pretende realizar un segundo encuentro en los próximos meses, en un país por definir.

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