La ONG chilena Observatorio Ciudadano brinda apoyo a los pueblos indígenas en la tarea de demandar responsabilidades de las compañías mineras internacionales, a través de la combinación de Evaluaciones de Impacto en Derechos Humanos y el mapeo de las cadenas de inversión.
Los Colla han sido legalmente reconocidos como pueblo indígena y habitan en la región de Atacama, al norte de Chile. A pesar de que su territorio ancestral se extiende sobre 800.000 hectáreas, el gobierno chileno solo les ha otorgado derechos sobre cerca de 9.000 hectáreas de tierra.
Al ser pastores, los Colla migran con su ganado a través de los altos valles andinos, trasladándose desde los fríos pastizales montañosos en las estaciones cálidas, hacia humedales en latitudes bajas durante los meses fríos. Debido a este sistema de migración, cada una de las 55 comunidades colla necesitan contar con una gran extensión de tierra.
Sin embargo, el gobierno chileno no ha reconocido legalmente ni una décima parte del territorio indígena colla y por tanto, no se ha respetado su soberanía territorial. De hecho, Chile ha otorgado concesiones mineras a no menos de seis compañías mineras distintas, las que actualmente están realizando exploraciones dentro del territorio ancestral colla, interviniendo en humedales y lagunas que deberían ser áreas protegidas de acuerdo a la legislación nacional.
La compañía minera cuprífera de origen canadiense, Kinross Company, opera tres proyectos en las tierras ancestrales de una comunidad: la comunidad colla de Pai-Ote.
Entre los años 2007 y 2013, Kinross emitió grandes cantidades de mercurio en aguas de la comunidad colla de Pai-Ote, convirtiéndose en el segundo mayor emisor de mercurio en Chile. Producto de esto, los miembros de la comunidad se enfermaron y sus animales murieron luego de beber el agua contaminada.
En respuesta a las demandas interpuestas por la comunidad en 2016, la autoridad medioambiental chilena dictaminó que Kinross era responsable de la contaminación por mercurio y obligó a la empresa a llevar a cabo una limpieza.
El año 2012, Kinross comenzó con exploraciones para abrir nuevas faenas mineras a tajo abierto. Esta labor formó parte del proyecto “La Coipa fase 7”, con una inversión proyectada de 200 millones de dólares.
Durante la evaluación de impacto ambiental de este proyecto, Kinross sostuvo que no existían comunidades indígenas en el área de impacto del proyecto, pese a que se basó en mapas gubernamentales donde se reconoce el territorio colla y además, en conocimiento de que las actividades previas en esta misma área tuvieron como resultado la contaminación de las aguas de la comunidad colla de Pai-Ote. No obstante, esta evaluación de impacto fue aceptada por el gobierno chileno, y se otorgó el permiso para continuar con el proyecto.
El Observatorio Ciudadano (OC), es una ONG chilena enfocada en las violaciones de los derechos humanos en Chile y América Latina, con una preocupación particular por los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
Cuando José Aylwin, el coordinador del programa “Globalización y Derechos Humanos” del Observatorio conoció durante una reunión con parlamentarios en Santiago a Ercilia Araya, lideresa de la comunidad Colla de Pai-Ote, ella le dijo: “Mi comunidad es un territorio de conservación indígena y tenemos a diez mineras canadienses operando ahí. Queremos que nos venga a ver y trabaje con nosotros”.
El OC ha colaborado con la comunidad colla de Pai-Ote documentando los impactos de la minera Kinross en sus territorios, animales y recursos, así como también el acoso que del que ha sido víctima Araya y su familia por parte de la policía, quienes constantemente la amenazan con iniciar un proceso en su contra debido a su activismo.
La Evaluación de Impacto en Derechos Humanos
Para poder abordar los conflictos relacionados con la minería, el OC y la comunidad colla de Pai-Ote trabajaron en conjunto una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos (EIDH) en La Coipa Fase 7, la cual pronto estará operativa.
Una Evaluación de Impacto en Derechos Humanos identifica los impactos existentes y potenciales de las operaciones de una empresa en los derechos humanos de las familias y comunidades afectadas. Generalmente, las corporaciones desarrollan sus propias evaluaciones de impacto social, medioambiental y en derechos humanos, como parte de las diligencias necesarias que se deben realizar antes de una inversión.
Sin embargo, una EIDH impulsada y dirigida por la comunidad, asegura que los impactos identificados sean aquellos que efectivamente experimenta la comunidad. Además, empodera a los miembros de la comunidad para que logren vincular las violaciones vividas con las normativas nacionales e internacionales que protegen sus derechos.
Con el apoyo y la facilitación del equipo del OC, la comunidad colla de Pai-Ote analizó y discutió las normativas chilenas e internacionales vigentes, entrevistó a miembros de la comunidad y representantes de la Embajada de Canadá en Chile y se comunicó con los representantes en Chile de Kinross. Lo anterior, se complementó con documentos gubernamentales de conocimiento público tales como sentencias y expedientes de casos judiciales y los resultados de las evaluaciones de impacto ambiental.
En la EIDH, Segundo Araya Bordones, comunero colla de Pai-Ote, afirma: “Donde las grandes mineras extraían [agua] había hermosas llanuras, grandes lagunas, marismas… [Ahora,] no queda nada [más que] suelo puro, todo está árido…están secando las napas subterráneas”.
En julio de 2020, el OC y la comunidad colla de Pai-Ote publicaron su informe de EIDH y lo enviaron tanto a los ejecutivos de Kinross como a representantes gubernamentales de Chile y Canadá. El informe concluyó que ambos Estados han fallado en proteger los derechos territoriales colla.
En particular, el informe considera que el gobierno de Chile no ha reconocido ni protegido los derechos territoriales de la comunidad colla de Pai-Ote, así como su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en el contexto de las operaciones mineras de Kinross, en virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT).
La EIDH también afirma que el estado canadiense (donde tiene su domicilio Kinross) no cumplió con sus obligaciones extraterritoriales de derechos humanos. Finalmente, el informe indica que Kinross:
- No siguió los procedimientos de debida diligencia que podrían haber prevenido las violaciones de derechos humanos.
- No compensó a la comunidad, tanto por el uso de sus tierras ancestrales como por los daños medioambientales causados previamente, y
- Que las actividades mineras de Kinross obstruyeron la migración estacional de la comunidad colla de Pai-Ote y también “contaminaron los acuíferos y secaron las planicies y humedales andinos”.
La EIDH además consideró que como consecuencia de estas violaciones: “La economía ganadera que constituye la base material y cultural del modo de vida de esta comunidad, se encuentra en riesgo por la potencial contaminación de las aguas, la pérdida de territorio, la construcción de líneas eléctricas en las vegas [prados], las dificultades de acceso a las zonas veraniegas debido al cierre de carreteras, el secado de vegas y humedales como resultado de la extracción de agua dulce para el proceso minero, [todo lo cual afecta la] biodiversidad y el sistema productivo tradicional de las comunidades colla”.
En respuesta a las preguntas escritas enviadas por el OC respecto a sus políticas y operaciones, los representantes de Kinross señalaron: “Trabajamos para evitar todos los potenciales impactos negativos a los derechos de tierra y los intereses de las comunidades indígenas…La empresa cumple rigurosamente las obligaciones establecidas por la legislación nacional en cuanto a la evaluación de impacto de nuestros proyectos”.
Uso del mapeo de la cadena de inversión para ampliar el poder de la EIDH
El mapeo de la cadena de inversión es el proceso de documentar la red global de actores que hacen posible los proyectos de las empresas. Si bien el actor más visible en una cadena de inversión es la empresa que gestiona las operaciones diarias, detrás de ella existen otros actores, tales como:
- Empresas matrices propietarias de la empresa que gestiona el proyecto.
- Inversores y accionistas que invierten dinero en una empresa a cambio de acciones.
- Prestamistas que otorgan préstamos a un proyecto o empresa.
- Compañías de seguros que aseguran el proyecto contra eventuales riesgos.
- Contratistas que realizan determinados trabajos en terreno para el proyecto.
- Compradores que adquieren los productos del proyecto,
- entre otros.
En cada momento de la cadena de inversión, se llevan a cabo negociaciones y se toman decisiones. Si las denuncias presentadas ante las autoridades locales y nacionales o la empresa en sí tiene un éxito limitado, las comunidades pueden llevar sus denuncias a otros actores de la cadena de inversión. Cada entidad de la cadena podría ser un punto de presión, lo que generaría ventajas a las comunidades, para que así la empresa modifique su comportamiento.
El OC realizó un mapeo de los inversores de Kinross, que incluyen al Deutsche Bank AG, al Banco de Nova Scotia, al Banco Morgan Stanley and Norges, los cuales son miembros parte del United Nations Global Compact (Pacto Mundial de Naciones Unidas) y por consiguiente, deben adherir a sus 10 principios, los que incluyen: “el apoyo, respeto y protección internacional de los derechos humanos proclamados internacionalmente (Principio 1), y deben asegurarse de que sus socios y colaboradores de proyecto no sean cómplices de la violación de tales derechos (Principio 2)”.
Consejo para lograr un impacto
El OC enviará prontamente el informe de EIDH a cada uno de los inversionistas y entidades pertenecientes a la cadena de inversión de Kinross y quedará a la espera de sus respuestas.
Si bien el trabajo de defensa está en curso, el OC ya puede dar cuenta de los beneficios de utilizar el mapeo de la cadena de inversión, como una forma de potenciar el informe de EIDH.
El mensaje del OC para otras organizaciones de la sociedad civil que defienden la tierra y que hacen frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por actores del sector privado, es claro: Si cuentan con un análisis basado en derechos humanos y un mapa de inversión, es posible dar cuenta qué derechos han sido violados, constatar cuáles son los actores involucrados y así poder tener muchas mejores posibilidades de generar un impacto. ¡Son estrategias muy complementarias!
El mapeo de las cadenas de inversión se está convirtiendo rápidamente en una herramienta de reparación jurídica para múltiples organizaciones en distintos continentes. Si le interesa saber más acerca del caso colla de Pai-Ote, las EIDH y los mapeos de las cadenas de inversión, el OC abordará este trabajo en un seminario web denominado “Estrategias para el empoderamiento en derechos territoriales locales: lecciones de Liberia, Indonesia, Chile y Nepal” que se llevó a cabo el 18 de noviembre del presente año.
Traducción: Carmen Luz Morales y Mabel Cobos
Ver texto original: https://www.iied.org/protecting-indigenous-lands-lessons-chile
Lucio Cuenca de OLCA entregando la carta en la Cancillería
