Pueblos indígenas y nueva Constitución

Por José Aylwin*

Qué duda cabe de que los pueblos indígenas han irrumpido como actores protagónicos del proceso constituyente. Ello no solo se refleja en la participación de 17 representantes de 10 pueblos indígenas en la Convención Constitucional, sino también en la elección de una mujer mapuche a la cabeza de dicha Convención. Se refleja, además, en la centralidad que en la constituyente ha adquirido el debate sobre la plurinacionalidad e interculturalidad, los que han sido incorporados como principios en su reglamento general.

Ello no es una casualidad, sino consecuencia de una larga negación de la que estos pueblos han sido objeto por parte del “Estado-nación” y de la sociedad chilena. También es el resultado de la acción colectiva impulsada por los movimientos indígenas, visibilizando su exclusión y social y política, la apropiación de sus territorios y exigiendo el reconocimiento de sus derechos colectivos en Chile.

Los desafíos de la Convención en este sentido no son menores. En cuanto al proceso, ello supone, más allá de la inclusión en ella de los representantes indígenas, de un involucramiento activo de los diversos pueblos y comunidades en el debate constituyente. El reglamento de consulta y participación indígena recientemente aprobado por la Convención, con las indicaciones promovidas por los convencionales de pueblos indígenas y aprobado por una amplísima mayoría, es un buen augurio en este sentido.

En cuanto a los contenidos de la nueva Constitución, las demandas que los pueblos indígenas han formulado en el contexto de la constituyente se fundamentan en aquellos derechos que les han sido reconocidos ya por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el primero ratificado, y el segundo aprobado por Chile. Así, demandan la inclusión en la nueva Constitución de derechos políticos, como la libre determinación y la autonomía, la justicia e instituciones propias, la participación, la consulta y el consentimiento. A ello se agrega el reconocimiento en ella de los derechos territoriales, incluyendo aquellos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales de uso y ocupación tradicional. También de sus derechos culturales que, junto a sus lenguas, incluyen derechos sobre su patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y a la propiedad intelectual sobre los mismos.

Otro antecedente fundamental para tomar en consideración en un nuevo texto constitucional es el constitucionalismo latinoamericano referido a estos pueblos. Entre las constituciones que los pueblos indígenas en Chile han observado con interés se encuentra la de Colombia de 1991, la que además de establecer la representación indígena en el Congreso, protegió sus tierras colectivas y reconoció las entidades territoriales indígenas y su autonomía interna. También han puesto atención en las constituciones de Ecuador de 2008 y de Bolivia de 2009, las que junto deconstruir la ficción del “Estado-nación” para dar origen a estados plurinacionales – reestructurando para ello las instituciones públicas en el caso de Bolivia – proponen la interculturalidad como forma de relación entre los pueblos diferenciados, acogiendo en ellas concepciones indígenas como el buen vivir como legado cultural de los pueblos indígenas, o los derechos de la naturaleza en el caso de la constitución de Ecuador.

Los desafíos de la constituyente son aún mayores si consideramos el recrudecimiento de la violencia en el centro sur del país (Wallmapu), territorio en el cual los hechos de fuerza son cada vez más frecuentes. No podemos desconocer que la violencia ejercida en contra de bienes y personas son hoy imputables no solo a las fuerzas policiales del Estado, sino a grupos radicales, tanto de la sociedad mapuche como chilena, con graves implicancias para los derechos humanos y la convivencia intercultural.

Quienes como el gobierno actual piensan que los estados de emergencia y la presencia militar en esa parte del país lograrán recomponer la convivencia intercultural entre el pueblo mapuche y el estado y sociedad chilena están equivocados. La convivencia pacífica y armónica entre estados y los pueblos diversos que habitan en ellos que han sido objeto de exclusión y despojo, solo se puede construir a partir del diálogo y del establecimiento de una institucionalidad de la mayor jerarquía que reconozca sus derechos y ponga fin a dicha exclusión y despojo, y establezca nuevas formas de relación justas. Ese es el imperativo de la Convención Constitucional en el momento actual.

 

* Coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos, Observatorio Ciudadano
El contenido de esta columna forma parte del libro “Derechos Sociales y el Momento Constituyente en Chile”, editado por el Programa de Derecho Ambiental y Cambio Climático y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, la Universidad de Essex (Reino Unido) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).

 

Publicada originalmente por La Tercera: https://www.latercera.com/reconstitucion/noticia/columna-de-jose-aylwin-pueblos-indigenas-y-nueva-constitucion/4CMT6J2AZRCNVB67FZJBGRR4EE/

Organizaciones de Iquique entregan petitorio en La Moneda con demandas para abordar la crítica situación migratoria y humanitaria en esa ciudad

  • Entre ellas, solicitan que se dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país, tal como han hecho otros países de la región.

Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano

Ante la ausencia de acciones efectivas por parte de las autoridades, una delegación de representantes de organizaciones por los derechos de las personas migrantes que vienen trabajando incansablemente en Iquique por dar apoyo a las cientos de familias venezolanas que han llegado a esa ciudad en busca de ayuda y refugio, se trasladó hasta Santiago para entregar al Presidente Sebastián Piñera y el jefe del Servicio Nacional de Migraciones un conjunto de demandas para hacer frente a la situación migratoria y humanitaria en la zona.

De acuerdo al Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), un total de 5.4 millones de venezolanos y venezolanas se encuentran actualmente buscando protección. En Chile, según el Servicio Jesuita Migrante, 12.935 personas de esta nacionalidad llegaron a Chile por pasos no habilitados. Cifra que aumentó a casi 18 mil entre enero y julio de 2021, y se incrementa día a día, sin que existan respuestas oportunas y adecuadas por parte del gobierno, como ha ocurrido en otros países de la región.

“Lo que ocurre hoy en Iquique, en el norte del país, es el resultado de la desidia que desde hace mucho tiempo caracteriza a las políticas migratorias del actual gobierno. Se ha dejado agravar una situación, sin darle respuesta y hoy, sin merecerlo, se habla de crisis migratoria cuando en realidad de lo que se trata es de una crisis de la política migratoria, producto de las medidas que no han adoptado y que han generado esta crisis humanitaria en la región, pues no existen políticas migratorias coordinadas de los diferentes países”, aclara Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante (MAM).

“Los países que mejor han gestionado esta situación regional han sido aquellos que tienen políticas coordinadas entre ellos como el Mercosur o ahora el Acuerdo Andino sobre Migraciones que permiten la libre movilidad de las personas y que regularizan a esta personas al interior de los países facilitando la movilidad”, agregó.

Por su parte Lorena Zambrano, de AMPRO-Tarapacá, organización que desde hace meses presta auxilio a las personas migrantes que llegan a la ciudad Iquique y que fue parte de la delegación, es enfática en denunciar que las acciones desplegadas hasta ahora, como son los albergues dispuestos por el gobierno, lejos de estar encaminados a brindar protección y asilo, son usados para concentrar en un mismo lugar a las familias migrantes que llegan y luego proceder a expulsiones masivas, que están prohibidas por el derecho internacional, tal ocurrió con la Escuela Centenario y la expulsión del 10 de febrero o la Estadía Sanitaria en el ex estadio Cavancha y la expulsión del 25 de abril.

Zambrano denuncia además las condiciones inhumanas en las que se tiene a las personas migrantes, incluidos niños y adultos mayores. “No podemos llamar ‘albergue transitorio’ a un container que no tiene ninguna adecuación, donde en el día te vas a morir de calor y en la noche del frío, con espacios cerrados en plena pandemia, y donde no van a encontrar todo lo que el gobierno falsamente está prometiendo”.

 

Respecto del petitorio

Recordando que los derechos de las y los migrantes venezolanos se encuentran protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a los que Chile está obligado a través de diferentes instrumentos internacionales que ha ratificado y se encuentran vigentes, en el petitorio demandan de manera urgente el “establecimiento de albergues para las personas migrantes venezolanas que se encuentran en situación de calle y administrativa irregular en las principales regiones y localidades” y que no sean antesala de expulsiones colectivas. Al respecto, exigen el cese inmediato de este tipo de expulsiones, extender el proceso de regularización extraordinario, y suprimir la exigencia de autodenuncia ante la PDI, que algunos servicios públicos exigen para brindar atención, lo cual no es exigido por la ley.

En el petitorio solicitan además que “la autoridad administrativa, con uso de sus facultades legales y reglamentarias, dicte a la brevedad una norma interna que permita regularizar a la población venezolana que se encuentra en Chile, en situación migratoria irregular, considerando la especial situación socio política actual de su país de origen”, tal como ocurrió en el año 2018, priorizando la regularización de niños, niñas y adolescentes, así como también a mujeres embarazadas y adultos y adultas mayores.

Finalmente, piden “asegurar la integridad física y psíquica de las personas migrantes ante la violencia xenófoba y racista de grupos nacionalistas que, en marchas no autorizadas, difunden odio y han actuado sin impedimentos por parte de las fuerzas de orden público, a pesar de agredir descontroladamente a familias enteras”.

 

Lea el petitorio completo en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1NEAJHoaFaz_cxQsBHwInr8Cotvr5Sme6HsOBKhJJLAM

 

Mayores informaciones y entrevistas:

Lorena Zambrano, AMPRO-Tarapacá +56988100870

Eduardo Cardoza, MAM

El rol de las mujeres indígenas en el desarrollo social, político y cultural de sus pueblos y en la construcción de un nuevo Chile

Por Karina Vargas*

El proceso constituyente en desarrollo es una oportunidad para repensar el país en que vivimos y establecer nuevas formas de convivencia entre las personas y los pueblos que lo habitan.

La Constitución Política impuesta por la dictadura en 1980 estableció una concepción mono cultural del Estado, siguiendo el modelo clásico de “Estado-nación”, desconociendo la existencia y derechos de los pueblos indígenas que habitan Chile. Además desprotegió los derechos económicos, sociales y ambientales, en contraste con la protección otorgada a los derechos de propiedad de particulares, incluyendo aquellos sobre bienes comunes como el agua, lo que resultó en un deterioro acelerado de los ecosistemas del país.

Contrario a ello, en las últimas décadas en las Constituciones de América Latina, se ha venido reafirmado la concepción del Estado social de derecho, en el que el Estado tiene un rol fundamental en la economía, así como en el aseguramiento de los derechos humanos, incluyendo entre ellos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, estableciendo mecanismos para permitir su exigibilidad; y a su a vez se vienen superando las concepciones mono culturales del Estado para reconocer la pluralidad de pueblos y naciones que lo conforman, entre ellos los pueblos indígenas, así como sus derechos colectivos y los aportes que estos pueblos y naciones aportan al desarrollo cultural, social y económico de los Estados.

En este contexto, el rol de las mujeres indígenas empieza a relevar su real importancia, no sólo por el hecho histórico que significa que de los 17 escaños reservados para los y las representantes indígenas, 9 de ellos son para mujeres indígenas, y que además haya resultado electa para presidir la Convención a una mujer mapuche, la Dra. Elisa Loncón. Resaltando que cuatro candidatas electas por escaños reservados tuvieron que ser reemplazadas por sus candidatos alternos, a fin de lograr la paridad. Es decir que, sin la aplicación del mecanismo de paridad, en el caso de los pueblos indígenas 13 cupos habrían sido asignados a mujeres y sólo cuatro a hombres.

Todo ello expresa la reivindicación y valoración de los aportes que vienen realizando las mujeres indígenas dentro de sus territorios, comunidades, organizaciones y en el país en general. Aportes que no siempre son visibilizados, pero que en el actual proceso constituyente comienzan a relevarse.

En este sentido, es importante resaltar el rol fundamental de las mujeres indígenas en el desarrollo social, político y cultural de sus pueblos y naciones, ya sea desde su rol en la transmisión de sus saberes tradicionales, en la revitalización de sus idiomas, en su aporte a la soberanía alimentaria y el cuidado de las semillas, como en el rol que desempeñan en el contexto actual de pandemia, donde aportan sus conocimientos en salud y en el uso de las plantas medicinales, así como la activación de redes para el trueque e intercambios solidarios de sus productos.

Las mujeres indígenas también cumplen un rol importante en la defensa del medio ambiente y sus territorios; son activas defensoras del territorio. Por ejemplo, Ercilia Araya, lideresa Colla, que ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental de diversas mineras canadienses en la región de Atacama1, o Machi Millaray, líder espiritual mapuche que viene luchando por la protección del Río Pilmaiken, estrechamente relacionado al Complejo Natural Ceremonial Ngen Mapu Kintuante, ubicado en el sector rural de Maihue –Caramallín– región de Los Lagos y región de Los Ríos, que se encuentra amenazado por la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (proyecto hidroeléctrico Osorno y Los Lagos), los cuales fueron autorizados sin un proceso de consulta y sin obtener el consentimiento de las comunidades afectadas2.

Asimismo, frente a las amenazas del cambio climático, como las grandes sequías o invernadas extremas en los territorios, las mujeres indígenas realizan aportes importantes a la lucha contra el cambio climático, a través de sus conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes o recursos naturales, para adaptar sus cultivos a situaciones adversas a fin de asegurar la soberanía alimentaria, o aportar a la protección de la biodiversidad del planeta en su rol de guardianas de las semillas.

Y desde luego, la activa participación política que ejercen en sus territorios, comunidades, organizaciones y en la política nacional donde cada vez están más presentes para denunciar el despojo de sus territorios, la defensa del agua y los bienes comunes, y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del Estado.

Sin embargo, a pesar de estos aportes vitales, las mujeres indígenas son quienes afrontan las mayores desigualdades sociales y brechas de género en el país, debido a la intersección que existe por ser mujer e indígena. Lo que se aprecia, por ejemplo, en mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a la salud de calidad. Además, son quienes afrontan mayores situaciones de discriminación y violencia que, entre otras, se manifiestan en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18% y al 30% frente al 11% y 20% de las mujeres no indígenas (RIMISP, 2017). Sumado a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, el alto porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia a pueblos indígenas llega al 44% (Casen, 2017), en muchos casos debido a la migración de sus parejas que se van a trabajar lejos, con la consecuente sobrecarga de trabajo para las mujeres que quedan solas a cargo de la casa los hijos, la chacra y los animales.

Esta situación se agrava con las desigualdades de género, que afectan tanto a la mujer indígena como la no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, que en la zona rural llega al 32,1% de la tasa de ocupación para las mujeres, frente al 64,7% de la tasa de ocupación para los varones (Casen, 2017). Además, cuando las mujeres indígenas rurales pueden acceder al trabajo, la probabilidad que éste sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en el caso de los hombres, siendo que sus ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio.

A lo anterior se suma la violencia hacia las mujeres, que aún existe y afecta las relaciones de complementariedad entre los géneros. Además de ser quienes asumen la mayor cantidad de tareas de cuidado y crianza.

En este sentido, las mujeres indígenas que han sido electas como convencionales, vienen expresando no sólo su voz y sus aportes, sino también las vivencias de sus pueblos y territorios, pues son mujeres que han debido enfrentar diversas desigualdades, violencias y atropellos a sus derechos por ser mujeres e indígenas. Cuyas historias de vida están cruzadas por la violencia del Estado y por una resistencia cultural, social y económica, que les permite hoy en día estar en ese espacio.

Es por ello que la nueva Constitución para Chile, que ya se empieza a escribir, con la participación directa de estas mujeres y recogiendo sus propuestas, saberes, historias de vida y aspiraciones de sus pueblos, sin duda será un hito fundamental para avanzar en superar las brechas que enfrentan y para garantizar los derechos de sus pueblos y de las mujeres indígenas de acuerdo con los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y los estándares del derecho internacional sobre la mujer. Así como a aportar en general a la construcción de un nuevo país, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.

 

* Coordinadora Programa Derechos de Pueblos Indígenas, Observatorio Ciudadano.

Publicada originalmente por El Mostrador

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