Monitoreo de Carabineros a políticos: fichas incluyen a Lavín, al exintendente Jouannet y al alcalde de Cerro Navia

Investigación de Ciper Chile

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

El 25 de agosto de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet nombró como intendente de La Araucanía a Andrés Jouannet. De inmediato, personal de inteligencia de Carabineros se puso manos a la obra para elaborar una ficha con los antecedentes de la máxima autoridad de la zona. El documento forma parte de la mayor filtración de registros reservados de la inteligencia policial, a la que CIPER tuvo acceso y que revisamos para elaborar esta tercera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de carabineros” (vea los dos artículos anteriores sobre el monitoreo al movimiento estudiantil y la segunda, acerca del del reclutamiento y uso de informantes). Por razones de seguridad, CIPER mantiene bajo reserva las identidades y datos sensibles de agentes, informantes y otras personas que pudieran verse expuestas con la difusión de sus antecedentes.

Jouannet, actual diputado electo, fue el más alto representante del Poder Ejecutivo en la convulsionada Región de La Araucanía entre agosto de 2015 y noviembre de 2016. Por lo mismo, se trataba de la autoridad local a la que Carabineros debía entregar las informaciones de seguridad pública. A pesar de ese vínculo, la inteligencia policial elaboró en secreto una ficha que concentró todos sus antecedentes personales, su trayectoria política, su historia laboral y hasta sus bienes raíces.

“Yo no estaba al tanto de que se hacían fichas y monitoreo de autoridades políticas”, dijo Andrés Jouannet a CIPER cuando le mostramos ese documento. Al revisarlo, detectó errores en su información personal básica, por lo que cuestionó la “poca rigurosidad” de la inteligencia policial. Eldocumento, señaló.

Este tercer reportaje sobre los documentos de la inteligencia de Carabineros pone el foco sobre los informes que funcionarios policiales realizan sobre autoridades, partidos y procesos eleccionarios. Decenas de documentos reservados de la policía evidencian el constante monitoreo que realiza sobre altos funcionarios públicos, dirigentes políticos y partidos legales que han formado coaliciones de gobierno durante tres décadas y que entre sus militantes han tenido a presidentes de la República, ministros y parlamentarios. De hecho, hay informes secretos de Carabineros que califican al PS y al PPD como partidos “radicales” y “asistémicos”.

Entre los expertos consultados por CIPER sobre estos documentos, no hay un consenso sobre sí Carabineros está facultado legalmente para monitorear a autoridades. En lo que sí coincidió la mayoría de los entrevistados, es que los informes revelan la escasa formación política de los agentes que los elaboran, lo que implicaría que se están gastando recursos públicos en el procesamiento de información inexacta y, por lo mismo, inútil.

En los miles de documentos revisados por CIPER hay fichas o perfiles de un exministro y presidenciable de la UDI, de gobernadores, secretarios regionales ministeriales y asesores de gobierno. Incluso, hay registros sobre cónsules de otros países en Temuco. También hay fichas sobre autoridades comunales de la UDI y RN, y un foco especial sobre las actividades del Partido Comunista.

Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con un documento de 2019 que enlista a supuestos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Entre los 270 nombres y fotografías que aparecen allí, figura el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. En conversación con CIPER, Tamayo negó participar o haber participado alguna vez en el FPMR: “La Inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, señaló.

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PERFILES DE AUTORIDADES

Entre los archivos analizados para esta investigación, hay uno sobre el exministro y excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. La ficha se confeccionó cuando era ministro de Educación, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Bajo el título I.B.S. (información básica del sujeto) se detallan antecedentes de Lavín, como su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, su estado civil, los nombres y antecedentes de sus hijos, domicilio, nivel de estudios, militancia, religión, nivel socioeconómico, licencia de conducir, vehículos que posee y sus bienes raíces. También hay referencias a su carrera política, las que se presentan como “antecedentes relacionados con el conflicto” (aunque no se detalla el conflicto que originó este rastreo de datos), y a hitos de su trayectoria profesional.

Cuando CIPER le mostró al exintendente Andrés Jouannet, su ficha elaborada por personal de inteligencia de Carabineros, se mostró sorprendido: “No tenía conciencia de este documento. Es bien impreciso, tengo 16 hermanos, y ahí solo aparecen ocho. Eso demuestra la poca rigurosidad. Es un documento bien precario”.

Jouanet, quien tuvo una relación cercana con la policía uniformada debido a la naturaleza del cargo que ejerció, asegura que la autoridad civil no le ordena a la inteligencia de Carabineros elaborar fichas políticas:

– No corresponde que la inteligencia de Carabineros elabore este tipo de perfiles, desde el punto de vista legal ni del punto de vista de la inteligencia. Eso hace que se pierda mucho tiempo y energía. Tenemos un problema con Carabineros, desde el punto de vista de sus capacidades. Estamos hablando de que se pierde tiempo haciendo estos perfiles mediocres, mientras ocurren crímenes y delitos graves.

Joaquín Lavín, ex candidato presidencial

Para Jouannet, esta información refuerza la idea de que la institución policial requiere de una reforma profunda: “Cuando Carabineros se manda solo, tiene problemas. Esto demuestra que Carabineros funciona con una línea paralela. Estas cosas son anómalas”.

Entre los documentos revisados por CIPER también hay una ficha de un exgobernador de una provincia de La Araucanía, militante DC, que ejerció en el cargo entre 1996 y 2006. Sobre él el informe de inteligencia dice que es “proclive a Carabineros, lo que se ha reflejado en el abierto apoyo a los proyectos e iniciativas de seguridad pública implementados por la institución (…), asiste a todas las ceremonias de Carabineros”.

Sobre un exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), figura un perfil con información personal (familia, religión, postura política, trayectoria laboral), donde también se incluyen otros antecedentes de corte político. Acerca de la impresión que generó al interior de la Conadi su nombramiento, el informe policial dice: “Se percibió al interior de la entidad fiscal como contraproducente”.

En otro documento, denominado “Perfil cónsules”, la inteligencia de Carabineros señala sobre el cónsul de España en Temuco que es “muy cercano a Carabineros y normalmente asiste a las ceremonias institucionales”. En cambio, sobre el cónsul de Italia se dice que “se desconoce alguna vinculación con nuestra institución”.

LOS DATOS DEL ALCALDE

Los funcionarios de inteligencia de Carabineros incluyeron al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en un expediente sobre militantes del FPMR. Ese documento, fechado en 2019, presenta una lista de 270 personas que serían “actuales integrantes de esta orgánica”.

En el informe se menciona su nombre, RUT, dirección, se dice que es kinesiólogo y que pertenece a la “facción Cerro Navia y del Círculo Bolivariano”. Al conocer el contenido del documento, el alcalde señala: “Nunca he participado en el FPMR. Nací el 81 y nunca estuve ahí. Sí fui parte de las Juventudes Comunistas y cuando fui concejal formé parte de los Círculos Bolivarianos, pero esa instancia, que llevaba vecinos a Venezuela a operarse de cataratas, terminó hace más de diez años”.

Tamayo agrega: “Es sorprendente que se destinen recursos a esto, en vez de perseguir a narcotraficantes ¿Quién dio estas instrucciones? Tengo domicilio y trabajo conocidos. Es decepcionante que el trabajo de la policía se enfoque en grupos políticos”.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.

En ese documento sobre supuestos integrantes del FPMR también aparecen los datos del actor Daniel Alcaino. Consultado por CIPER, señaló: “Todo es mentira. Jamás he militado en el FPMR ni en ningún partido”.

El periodista Juan Cristóbal Peña, que ha investigado la historia del FPMR (ha publicado dos libros al respecto: “Los Fusileros” y “Jóvenes Pistoleros”), analizó el documento:

– Sin conocer las fuentes de esta información, se nota una gran desprolijidad y ligereza en el origen y el análisis de los datos reunidos en estas fichas. Hay omisiones importantes, casos de personas con antecedentes penales, o buscadas por la justicia por procesos judiciales de alta connotación pública (como los casos Edwards y Guzmán), que no están consignadas ahí. Y hay a la vez gente que, cuanto más, tiene simpatías por movimientos subversivos, pero en ningún caso han sido operativos. A simple vista, parece información obtenida de fuentes públicas, sin procesar ni menos contrastar. Francamente, si ese es el nivel de la Inteligencia de Carabineros, es hora de preocuparse.

MONITOREO SOBRE PARTIDOS

Son muchos los antecedentes sobre personas que han trabajado en el aparato público que aparecen en los documentos revisados por CIPER: asesores de ministros, jefes de gabinete y autoridades regionales. Por ejemplo, sobre un exasesor legal del Ministerio del Interior, militante PS, se dice que es hijo de un amigo del exgeneral director de Carabineros, Alejandro Bernales, y que “por los antecedentes recogidos en fuentes cercanas, su progenitor nunca ha podido comprender que su hijo mantenga una postura radical y revolucionaria frente a temas emblemáticos como tampoco su tendencia política contraria a la de él”. Se agrega que “posee cinturón negro en artes marciales, acreditados son los comentarios que dicen relación con que ha participado   en competencias clandestina autodenominadas ‘Todo Vale’”.

Ese documento evidencia que los perfiles no solo se elaboran con la información disponible en fuentes públicas, sino con personas próximas al “blanco de interés”. También pone de manifiesto que, para los analistas de inteligencia de Carabineros, militar en el PS es “una postura radical y revolucionaria” que debe ser monitoreada.

También hay un perfil del exintegrante del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzún, hijo del Presidente Patricio Aylwin. Sobre él se menciona que “participa activamente mediante comunicados de prensa y recursos judiciales, denunciando y rechazando hechos de violencia al interior de comunidades mapuches a nivel nacional e internacional”, y que estaría “ligado a colectividades de izquierda, proclives al Partido Comunista”.

José Aylwin tampoco estaba al tanto de que existían perfiles suyos elaborados con recursos de Carabineros:

– Esto es demostrativo de que en Chile se realizan labores de inteligencia sobre lo que el sistema de Naciones Unidas conoce como defensores de Derechos Humanos. Me parece que hay una distorsión absoluta de la labor policial, con información que además resulta absolutamente falsa, mi militancia ha sido siempre, desde hace 40 años, la defensa de los Derechos Humanos. No tengo vinculación alguna con el Partido Comunista, ni con ningún partido, nunca he sido militante.

“Es información errada y tendenciosa”, dijo Aylwin. Y finalizó: “Es lamentable que se destinen recursos públicos para ello. Esto hace pensar en una reforma profunda a las policías, y en su subordinación al poder civil”.

FOCO SOBRE EL PC

Son decenas los documentos de inteligencia de Carabineros que se refieren a actividades o bien a militantes del Partido Comunista, un partido político con representación legal, con una bancada de 13 diputados y dos senadores, y con alcaldes y concejales electos en todo Chile, que además formará parte de la coalición gobernante a partir de marzo próximo ¿Por qué los agentes de la policía uniformada vigilan al PC?

El 11 de enero de 2020 agentes de Carabineros estaban en Conchalí, monitoreando la realización de la “Fiesta de los abrazos” que la colectividad realizó en esa comuna de la Región Metropolitana. El documento al que accedió CIPER señala que se trató de una diligencia enmarcada en el “ámbito poblacional”.

“Posteriormente los participantes dan inicio a su actividad donde procedieron a ofrecer a las personas que llegaban al lugar, artículos artesanales, juegos para niños, ventas de diversos tipos de abarrotes, foros sobre la actualidad política y debates, logrando detectar dentro de los asistentes a GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE presidente del Partido Comunista”, se señala en el documento (ver aquí).

En el informe también se menciona que “durante la realización de dicha actividad de igual forma se logró detectar a BORIS ANTHONY BARRERA MORENO, diputado del Partido Comunista por el distrito 9, quien fue principal organizador de la actividad”.

¿Cuál es el valor que tiene está información sobre una actividad el PC que es totalmente pública? ¿Cuál es la importancia de “detectar” a dos diputados comunistas en un evento abierto de su partido?

Diez años antes de ese documento sobre la “Fiesta de los abrazos” realizada en Conchalí, la Dipolcar firmó otro informe que incluía al PC, esta vez referido a su relación con otros movimientos de izquierda en América del Sur y sus vínculos con el gobierno de Venezuela. Bajo el título “Movimiento continental bolivariano, una amenaza real”, se detallan supuestos vínculos del PC chileno con el gobierno venezolano y representantes de las FARC colombianas. En ese documento se especifica que “el PC y el MPMR (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) son las organizaciones que han tenido un mayor acercamiento con el Gobierno de Venezuela y con el pensamiento bolivariano”, y agrega que militantes del PC ocuparon cargos en la directiva del Movimiento Continental Bolivariano.

En una ficha sobre un militante comunista de Temuco, se detalla que se trata de un médico cirujano que ha colaborado con comuneros mapuche que han realizado huelgas de hambre. En el perfil que sobre él realizó la Dipolcar, se agrega que lo habían detectado en reuniones “clandestinas” con la ACES (una organización de escolares) de la localidad de Cautín. También quedó registrado que mantenía relaciones cercanas con la Unión Nacional Estudiantil (UNE), un colectivo universitario que luego participó en la formación de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric.

En otro perfil de un supuesto miembro del PC aparecen inconsistencias políticas. Primero se asegura que se trata de un militante comunista que trabaja junto a la agrupación “Ayun mapu” contra la construcción de un nuevo aeropuerto en La Araucanía, y luego se agrega que es candidato a alcalde por el Partido Humanista.

Otros informes de la Dipolcar incluyen perfiles de militantes de las Juventudes Comunistas. En otros se pone el foco en los vínculos de células comunistas con comunidades mapuche y organizaciones sociales.

CHATS FALSOS INVOLUCRAN A GIORGIO JACKSON

En los expedientes de la inteligencia de Carabineros también aparecen archivos inéditos con registros del montaje de la Operación Huracán, como un chat falso entre Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y actual convencional constituyente, y un periodista de un periódico mapuche, donde se habla de supuestas gestiones de Barraza en favor de los comuneros.

Otro de los chats falsos que aparecen en el compilado de conversaciones inventadas por funcionarios de Carabineros para tratar de sustentar la Operación Huracán, es un diálogo entre el diputado Giorgio Jackson (RD) y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul:

Jackson: Como estas hermano
Negro: perseguido por el estado

Jackson: ¿??

Negro: me siguen, estoy pinchado no me dejan vivir

Jackson: no puede ser en un estado de derecho, voy a presionar y pedir explicaciones

Esa conversación jamás existió y no queda claro para qué iba a ser utilizada esa información. En febrero de 2017 el montaje de la Operación Huracán fue descubierto y actualmente los oficiales de inteligencia involucrados son procesados por la justicia.

LÍMITES LEGALES

En un documento titulado “Presentación elecciones 2012” de la Dipolcar de La Araucanía, se analizan las candidaturas a alcaldes y concejales de ese año, y los principales “riesgos” que presentarían algunas de ellas. Se incluye como un “riesgo electoral” la existencia de distintas candidaturas de una familia mapuche al municipio de Cholchol, o que un candidato a concejal “continuamente esté subiendo a su página web procedimientos del conflicto indígena y dañando la imagen institucional (de Carabineros)”.

También hay expedientes sobre militantes del Partido Ecologista Verde en Puerto Montt, sobre la creación de un partido político mapuche (Wallmapuwen), y sobre vínculos con comunidades indígenas por parte de dirigentes del PPD y el PS, los que en un documento son definidos como partidos políticos “asistémicos”.

Para Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y que también ha sido asesor del Ministerio del Interior, si no se le entregan lineamientos claros a la policía, hay riesgos respecto de la elaboración de información de inteligencia sobre las actividades políticas.

– Cuando los escenarios pasan a ser genéricos y no hay objetivos claros, corremos el riesgo de que la inteligencia se diseñe en base a prejuicios políticos. Como los partidos de izquierda, en general, promueven el cambio social, y las policías -al aplicar la ley- promueven la estabilidad social, hay un sesgo hacia esos partidos. Es un sesgo ideológico de las policías y que puede explicarse por su historia: son naturalmente conservadoras.

Sobre los informes políticos que elabora la Dipolcar, Frühling agrega que el riesgo está en el tipo de herramientas que se utilizan para obtener la información: “El límite de estas acciones está relacionado con las herramientas que emplee: si estas actividades son abiertas, no hay razón para preocuparse demasiado por ellas, pero si se utilizaron medidas intrusivas para monitorear partidos o políticos, eso sí puede ser un problema incluso legal, si no cuenta con la autorización que exige la ley”.

Pedro Anguita, exjefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, plantea que las policías pueden hacer análisis que incluyan a políticos, si esa información sirve para mirar todos los aspectos de un fenómeno que puede implicar riesgos para la convivencia social:

– Los organismos de inteligencia policial tienen como principal usuario de la información que generan al general director de la institución, y ellos no solo debe tener una visión vinculada a delitos o crímenes que involucran la seguridad nacional. Además, deben saber cómo se mueven los actores de una determinada comunidad o tema. Por ejemplo, para estudiar lineamientos vinculados con robos u homicidios en los que se emplean armas, es necesario saber qué diputados apoyan la Ley de Armas, bajo qué argumentos y cuáles son sus redes.

Otro profesional que conoce por dentro al sistema de inteligencia chileno, plantea sus dudas: “No te sabría decir si la Dipolcar tiene las herramientas técnicas y la preparación política para hacer ese tipo de trabajos, como la proyección de escenarios políticos. Depende mucho de las personas que hacen eso y qué grado de especialización tienen sobre el tema”.

Carolina Sancho, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y exfuncionaria del Ministerio del Interior, cree que los cambios que requiere el sistema de inteligencia tienen que considerar su control efectivo por parte de las autoridades:

– Entre los asuntos que especialmente requieren cambios, destaca el control que se efectúa a esta función de Estado, involucrando sus actividades y objetivos, debidamente validados por las máximas autoridades. Se requiere contar con una visión compartida de la función de inteligencia, como capacidad orientada a asesorar en el proceso de toma de decisiones en temas relacionados con los riesgos, amenazas y oportunidades a enfrentar en la segunda década del siglo XXI, considerando un horizonte de tiempo tentativamente al 2050, es decir, no sólo el corto y mediano plazo, sino también el largo.

La discusión olvidada del litio: informe describe los problemas que SQM ha causado al pueblo lickanantay

INTERFERENCIA conversó con Marcel Didier, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio. 

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria. 

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo. 

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”. 

Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”. 

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”. 

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”. 

Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”. 

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”. 

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”. 

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

La Justicia chilena frena una licitación del Gobierno de Piñera para entregar la extracción de litio a una empresa china

Por MERITXELL FREIXAS

Los tribunales han suspendido un polémico proyecto que pone en riesgo a los salares del norte de Chile y a las comunidades que los habitan.

La Justicia chilena ha puesto en jaque una de las últimas y más controvertidas jugadas del gobierno de Sebastián Piñera. El viernes un tribunal acogió a trámite dos recursos que dejan suspendida una licitación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio que el Ejecutivo había adjudicado a una multinacional china y a una empresa nacional.

«No significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso», señalaron desde el ministerio a través de una declaración pública.

Este domingo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, insistió que se seguirá adelante con el proceso, una vez que se resuelva el recurso de la Corte de Apelaciones que lo puso en pausa. «Haremos ver nuestros argumentos para continuar […] Estamos confiados que con los argumentos que se presentarán y se seguirá adelante», dijo.

Impacto en los salares del norte

El gobierno quiere producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Por ahora se adjudicaron dos de ellas: una a la multinacional china ByD y la otra a la firma chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Las ofertas alcanzan los 121 millones de dólares para el Estado. «Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo tierra o lo utilizamos en beneficio de todos los chilenos. Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile –que Australia nos había sobrepasado con largueza– y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio», explicó Piñera.

El anuncio de los ganadores del concurso se produjo pocas horas antes del inicio de un debate en el Congreso que podría haber paralizado el proceso que, desde que se dio a conocer en octubre, provocó malestar y rechazo ciudadano.

Las adjudicaciones son por un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 de producción. Aún no hay un territorio definido en el que se instalarán las empresas, pero se sabe que será en el norte del país, en Atacama, donde se encuentran los principales salares y yacimientos de litio, en especial, el Salar de Atacama, el más grande del país.

Chile acumula las mayores reservas de litio del mundo, un 40%. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), es el segundo productor mundial de este mineral (32%), solo por detrás de Australia (46%). Entre 2015 y 2018 sus exportaciones se cuadruplicaron a países como Corea del Sur, Japón y China, que son sus principales importadores. Cochilco también pronostica un aumento considerable de la demanda en los próximos años por la progresiva instalación de los coches eléctricos, uno de los usos más prometedores de este material.

«Una vulneración de derechos a las comunidades»

Tanto la comunidad científica, como políticos representantes de la Convención Constitucional y del Congreso se han posicionado en contra de la licitación convocada por Piñera. Pero los principales perjudicados son las comunidades locales, que observan como empresas extranjeras se adueñan de los recursos de sus territorios.

«Esta licitación nos causa mucha preocupación porque hay una vulneración de derechos que afecta directamente a los habitantes del territorio que aún existimos», dice el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra. Critica que el Estado de Chile desconozca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, y que se basa en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios, reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales y el derecho a decidir sus prioridades en los procesos de desarrollo.

El abogado del Observatorio Ciudadano Marcel Didier, quien ha estado evaluando el impacto de la extracción de litio en la cuenca del salar de Atacama, destaca también que todos los trabajos que han realizado las empresas del litio en Chile se han hecho «sin la consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento de los pueblos indígenas». En su opinión, también se han vulnerado derechos como la libre determinación –por no poder decidir qué se va a hacer en su territorio– y el derecho a la participación en los beneficios. «Si bien se entrega dinero a las comunidades, se ha hecho sin ninguna correlación con las utilidades que ganan las empresas y al margen de los estándares para este tipo de actividades», lamenta Didier.

A finales del año pasado, el Consejo de Pueblos Atacameños también presentó un recurso ante otro tribunal que, si bien fue acogido, no paralizó el proceso. Por eso ahora se adherirá al que fue interpuesto por el gobernador de Atacama que, junto al presentado por comunidades indígenas, fueron los acogidos este viernes. El gobierno dispone de un plazo de 10 días para entregar su informe sobre el proceso.

«Los contratos son una mala noticia»

Desde el anuncio de la aprobación, ha sido constante el ir y venir de declaraciones cruzadas entre autoridades del gobierno saliente y del que asumirá a partir del 11 de marzo con el izquierdista Gabriel Boric (Frente Amplio) a la cabeza. El equipo de Boric había pedido postergar la licitación al menos hasta la llegada de la nueva administración, pero el actual gobierno señaló que el concurso se habría adjudicado tras tomar en cuenta algunos puntos planteados por el equipo del futuro presidente. Los frenteamplistas lo negaron y Boric, que en su programa de gobierno propuso la creación de una Empresa Nacional del Litio, calificó los contratos como «una mala noticia». El exlíder estudiantil aseguró que «revisará» la licitación una vez asuma el poder, pero sus palabras sentaron mal a las autoridades actuales, que lamentaron «la desinformación» que se ha generado entorno al tema.

Sea como sea, ahora la pelota está en manos de los tribunales y el proceso queda detenido, al menos por diez días. «Es muy difícil que se resuelva todo esto bajo el actual gobierno, por tanto, la licitación de Sebastián Piñera ya no va. Ese es un hecho en relación a los tiempos», asegura el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro.

Para Marcel Didier, otra forma de revetir los permisos otorgados podría darse cuando empiecen las exploraciones de las empresas en la zona y el futuro gobierno solicite que se consulte a las comunidades indígenas afectadas. Por mientras no se llega a este punto, Manuel Salvatierra sigue denunciando: «Es una falta de respeto a un pueblo originario que existe, que está acá, y también a todo un país que reclama mayor participación en las decisiones de estas características». Y concluye: «Se está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir ocupando este territorio por otros miles de años tal y como lo heredaron nuestros abuelos».

Fuente: https://www.publico.es/internacional/america-latina-justicia-chilena-frena-licitacion-gobierno-pinera-entregar-extraccion-litio-empresa-china.html?utm_medium=social&utm_campaign=Publico&utm_source=Twitter#Echobox=1642452858-1

Iniciativas populares de norma: la interculturalidad y el antirracismo

*Por Mabel Cobos

Son tantos los temas relevantes a discutir y que deben estar presentes en la nueva Constitución que entregar siete apoyos no es suficiente. De todas maneras, es necesario apoyar iniciativas que vayan en pos del reconocimiento constitucional de pueblos históricamente excluidos, negados y estigmatizados como los pueblos originarios, el pueblo tribal afrochileno o las comunidades migrantes.

Estos días la Convención Constitucional ha estado cargada de alta tensión y dinamismo. No sólo porque los y las convencionales constituyentes eligieron nueva mesa directiva, sino que también porque las organizaciones sociales y las comunidades comprometidas con este proceso han estado trabajando intensamente en la presentación de iniciativas populares de norma, un mecanismo de participación que permite a una persona o grupo de personas presentar ante la Convención Constitucional una propuesta de texto para ser incorporada en la nueva Constitución.

Estas iniciativas abordan diversas temáticas y deben explicar el problema a solucionar, la situación ideal, qué debe contemplar la nueva Constitución, qué argumentos respaldan la iniciativa y finalmente entregar una propuesta de articulado; y, para ser discutidas en la comisión correspondiente y votadas por el pleno, deben superar las 15 mil firmas. Una de las primeras iniciativas que superó este número en tiempo récord fue “Será Ley”, propuesta presentada por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile y que ya lleva más de 22 mil firmas de apoyo.

Sin embargo, hay otras iniciativas de norma que concitan menos interés pero que son tremendamente importantes para el país, pues retratan realidades que Chile se niega a abordar desde una perspectiva de derechos, tales como los derechos de las personas migrantes y refugiadas, el pueblo tribal afrochileno y los pueblos originarios.

La plataforma Chilemigra, que agrupa a organizaciones migrantes y promigrantes de Chile y a chilenas y chilenos en el exterior, presentó la iniciativa de norma Nº 11.906 que promueve “el reconocimiento constitucional del derecho a migrar y de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Chile y de chilenos/as en el exterior”.

Esta iniciativa de norma migrante pretende otorgar garantías constitucionales a estos colectivos, en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Chile. Su articulado se centra en cuatro temas: migración, asilo, nacionalidad, derechos civiles y políticos y plurinacionalidad e interculturalidad. Esta iniciativa si bien considera un fenómeno tan trascendental como la movilidad humana, sólo lleva 515 apoyos, lo que es muy por debajo de lo que se necesita para ser discutida en la Convención.

Por otro lado, la mesa técnica política del pueblo tribal afrodescendiente chileno presentó la iniciativa popular de norma Nº 5.918 titulada Por el reconocimiento constitucional del pueblo tribal afrodescendiente chileno basado en el antirracismo como principio de convivencia en la plurinacionalidad.

Esta propuesta busca abordar “la negación e invisibilización histórica del pueblo tribal afrodescendiente chileno” y destaca el concepto de antirracismo, el cual argumenta que la discriminación con fundamento en la raza, color, ascendencia, descendencia u origen constituye una vulneración a los derechos fundamentales y, por tanto, el Estado de Chile debe prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia, promoviendo la erradicación del racismo en distintos ámbitos de la vida nacional. Esta iniciativa hasta el momento cuenta sólo con 785 apoyos.

El plazo máximo para presentar iniciativas de norma es el 20 de enero y para patrocinarlas el 1 de febrero. Sin embargo, son tantos los temas relevantes a discutir y que deben estar presentes en la nueva Constitución que entregar siete apoyos no es suficiente. De todas maneras, es necesario apoyar iniciativas que vayan en pos del reconocimiento constitucional de pueblos históricamente excluidos, negados y estigmatizados como los pueblos originarios, el pueblo tribal afrochileno o las comunidades migrantes.

Es imperativo que la nueva Constitución refleje la diversidad de pueblos, comunidades y naciones presentes en Chile y consagre la diversidad, la interculturalidad, el antirracismo y el principio de igualdad y no discriminación como valores fundamentales. El Estado debe reconocer su carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico, por tanto, debemos fomentar la participación de todas las personas que habitamos este territorio e impulsar el patrocinio de iniciativas como estas y otras que apunten en el mismo sentido. Sólo así podremos empezar a avanzar hacia un Chile verdaderamente inclusivo e intercultural.

*Mabel Cobos es parte del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano

Fuente: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/01/09/iniciativas-populares-de-norma-la-interculturalidad-y-el-antirracismo.html

Licitación del litio y el proceso constituyente

*Por José Aylwin y Marcel Didier.

A pocos meses de su término, el Gobierno de Sebastián Piñera se encuentra empecinado en sacar adelante una convocatoria nacional e internacional para licitar y adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) para producir un total de 400 mil toneladas de litio comercializable, dividido en cinco cuotas de 80 mil toneladas cada una. Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años, prorrogables por otros dos, para hacer exploración geológica y los estudios y desarrollo de proyectos, a los que se sumarán otros 20 años de producción, sin una ubicación específica en cualquier parte del territorio del país. Las cuotas irán asociadas a una autorización de comercialización por parte de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCChEN).

En días pasados se realizó la apertura a dicha convocatoria. Se trata de seis ofertas realizadas por cinco empresas: BYD Chile SPA (con oferta de 61.000.999 USD$); Albemarle Ltda. (con oferta de 60.000.000 USD$); Cosayach Caliche SPA (con oferta de 30.100.000 USD$); Servicios y Operaciones Mineras del Norte SA (con oferta de 60.000.000 USD$); y la Sociedad Química y Minera de Chile SA (con dos ofertas, una de 14.050.000 USD$ y otra de 19.100.000 USD$), todas por cuotas de 80 mil toneladas cada uno, salvo Albemarle, que realizó  una oferta por dos de ellas, por un total de 160 mil toneladas, y SQM que realizó una oferta por 80 mil toneladas y dos por un total de 160 mil toneladas.

El Comité Especial de Licitación creado por el Gobierno para estos efectos debía reunirse el 6 de enero para proponer al Ministro de Minería la adjudicación de esta licitación. 

La decisión del actual Gobierno de llevar adelante esta convocatoria y adjudicar la licitación no solo a poco de terminar su período, sino en el contexto del desarrollo de un proceso constituyente impulsado con la aprobación de una amplia mayoría de la ciudadanía, resulta altamente cuestionable por múltiples razones. No puede escapar al actual Gobierno el hecho que las normas que rigen la propiedad y formas de concesión de los bienes comunes, generalmente denominados recursos naturales, han sido fuertemente cuestionadas. Ellas han resultado en la apropiación por privados, generalmente grandes conglomerados empresariales, de bienes comunes, como yacimientos mineros, el agua dulce y los recursos del mar, hecho que ha estado entre los factores que explican el malestar popular que gatilló el estallido social.

En el caso del litio, si bien la legislación vigente reserva el litio para el Estado y la Constitución de 1980 dispone que este mineral no metálico no es susceptible de concesión minera, quedando su exploración, explotación y beneficio en manos del Estado, es bien sabido que este, a través de Corfo, ha facilitado su explotación por empresas privadas de capitales nacionales y extranjeras, principalmente Albemarle y SQM. Ello a través de contratos de largo plazo que han sido impugnados tanto por las comunidades indígenas atacameñas o lickanantay directamente afectadas por sus operaciones, las que no fueron consultadas previo a su suscripción como lo dispone el Convenio 169 de la OIT, sino también por amplios sectores políticos y sociales.

Cabe recordar que, en el caso de SQM, la prolongación de sus actividades para la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el 2030 y el aumento en las cuotas de extracción en virtud de un contrato suscrito por Corfo con esta empresa el 2018, fue seriamente cuestionada por el hecho de que sus altos directivos se habían visto involucrados en diversos delitos relacionados con el financiamiento ilegal de la política investigados por la justicia chilena y extranjera.

La actividad extractiva de esta empresa, además, ha generado serios impactos en derechos humanos del pueblo lickanantay, según fue constatado en un reciente estudio del Observatorio Ciudadano. Entre los derechos que, de acuerdo a esta Evaluación de Impacto en Derechos Humanos, se han visto gravemente vulnerados por la actividad de esta empresa se encuentran el derecho a la consulta previa y al consentimiento previo, libre e informado; el derecho a la libre determinación y definición en prioridades de desarrollo; el derecho a la participación en los beneficios y la compensación justa por los daños ocasionados; el derecho sobre la tierra y el territorio; y los derechos de agua.   

Tratándose de una licitación que deja abiertas la exploración y la explotación del litio por los adjudicatarios a todo el territorio nacional, resulta evidente que dicha actividad se centrará en los salares andinos del norte del país –principalmente en el Salar de Atacama–, donde se encuentran las mayores reservas de las sales de las que se extrae el litio, salares que forman parte de las tierras y territorios de uso y ocupación ancestral del pueblo lickanantay, quechua y colla, entre otros pueblos indígenas. 

Cabe señalar además que el proceso de licitación en desarrollo por el actual Gobierno no ha estado exento de irregularidades y no cuenta con las garantías mínimas de transparencia; además, los breves plazos considerados en el proceso imposibilitaron la participación de nuevos actores. Al igual que en los contratos anteriormente suscritos entre Corfo con SQM y Albemarle, respectivamente, de nuevo se vulnera el derecho a la consulta previa, libre e informada, y el consentimiento de los pueblos originarios que puedan verse afectados.

Junto con ello, cabe resaltar que el Estado de Chile se encuentra en litigio con ambas empresas que aparecen como oferentes en esta licitación, por lo que la adjudicación a ellas parece un contrasentido; con SQM un proceso sancionatorio ambiental por incumplimiento de su permiso ambiental que data de 2006, y con Albemarle en un proceso de arbitraje internacional con el Estado de Chile por el incumplimiento del contrato de explotación en el Salar de Atacama firmado en 2016. Al efecto, Corfo denunció a inicios de 2021 a la empresa estadounidense ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por una diferencia no pagada de aproximadamente 15 millones de dólares relativa a menores comisiones.

Lo más grave de esta decisión, sin embargo, es que ella afecta gravemente la capacidad de la Convención Constitucional como órgano representativo de la soberanía popular de definir, hacia el futuro y por un largo tiempo, no solo la propiedad, la potencial concesión o no del litio a empresas, así como su origen, sean nacionales o extranjeras, que puedan participar de la exploración y explotación de este mineral no metálico que hoy se convierte en un elemento clave de la transición energética a nivel global.

Al respecto cabe señalar que ya ha sido presentada desde la sociedad civil a la Convención Constitucional una iniciativa popular de norma (Comité de Defensa y Recuperación del Cobre –Iniciativa Nº 5.602–), y debatida por la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional, propuestas que, teniendo presente la importancia tanto estratégica como económica del litio, apuntan a que su desarrollo sea entregado a empresas de propiedad del Estado o mediante la fórmula de una Empresa Nacional del Litio similar a la de Codelco.

Se trata de una propuesta que también forma parte del programa de gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, con lo que, junto a pasarse a llevar la capacidad del órgano constituyente de definir libremente los actores protagónicos en la explotación del litio, hipoteca la voluntad popular que por una mayoría significativa respaldó a dicho candidato y a su programa de gobierno.

Por todo lo anterior es que nos sumamos a los actores sociales y políticos que han demandado al gobierno que suspenda el proceso de licitación y adjudicación del litio en desarrollo. Ello hasta que la Convención Constitucional, como órgano depositario de la soberanía popular, establezca las nuevas reglas que regirán en la materia, asegurándose de este modo que ellas, luego del referéndum de salida previsto para el presente año, cuenten con la legitimidad que les daría la ciudadanía. 

*José Aylwin es Coordinador del Programa Globalización y DD.HH. del Observatorio Ciudadano.

Marcel Didier es Abogado del Observatorio Ciudadano.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2022/01/08/licitacion-del-litio-y-el-proceso-constituyente/