Declaración por indicación votada en la Convención

Llamado a los y las Convencionales Constituyentes

El pleno de la Convención Constitucional va a votar hoy una indicación respecto de los deberes de las personas jurídicas que se añadiría al art. 2 sobre sujetos obligados. Esta indicación define «Deberes especiales de respeto de las personas jurídicas» e indica: «Las personas jurídicas deben respetar los derechos fundamentales y prevenir, mitigar y remediar los impactos sobre estos que los ponen en riesgo o vulneran y que hayan provocado o contribuido a provocar, de conformidad a la Constitución y la ley».

Dada la situación de afectación a los derechos humanos por parte de agentes privados, en particular por parte de empresas, de que hemos sido testigos en los últimos años, y de acuerdo con los lineamientos del derecho internacional de los derechos humanos, desde el Observatorio Ciudadano, la Fundación Instituto de Estudios Laborales y el Centro de Derechos Humanos de la UDP consideramos de la mayor importancia la aprobación de esta indicación.

Más allá de responder a los estándares de internacionales en la materia que Chile siempre ha apoyado, la inclusión de esta norma constitucional mejoraría el respeto a los derechos fundamentales al igual que la seguridad jurídica. Ello por cuanto define el contenido y los límites de la obligación. Además, permitirá al poder legislativo detallar la obligación y diferenciar su aplicación, por ejemplo, para empresas más pequeñas.

Por lo anterior es que llamamos a los y las convencionales a votar en favor de dicha indicación que permitirá construir un país que refleja los estándares de las Naciones Unidas en la materia.

Suscriben:

Observatorio Ciudadano

Centro de Derechos Humanos
Universidad Diego Portales

Fundación Instituto de Estudios Laborales

Presentan informe temático sobre mujeres indígenas al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

El Observatorio Ciudadano en conjunto con la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro,  Comunidad Kawésqar Aswual Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar) y Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche), presentó un informe al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

A continuación, el informe completo:

Mujeres Indígenas y el desarrollo, la aplicación, la preservación y la transmisión del conocimiento científico

Informe temático conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 periodo de sesiones  del Consejo de Derechos Humanos, elaborado por:

  • Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar
  • Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro,  Comunidad Kawésqar Aswal Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar)
  • Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche)
  •   Observatorio Ciudadano

Marzo 2022

Introducción

De acuerdo al último Censo de 2017, las personas que nos auto identificamos como indígena en Chile somos 2.185.792 personas, lo que equivale al 12.8% de la población total del país (17.076.076). De ellas, más de la mitad nos reconocemos como mujeres indígenas (1.107.681 personas)[i], pertenecientes a uno de los diez pueblos indígenas reconocidos legalmente, las mismas que hemos sido clave para el desarrollo social, espiritual, político y cultural de los diferentes pueblos indígenas que habitan Chile; sin embargo, las brechas en nuestras condiciones, oportunidades e implementación de nuestros derechos respecto a los hombres indígenas y a las mujeres no indígenas siguen siendo significativas hasta la actualidad[ii].

Durante las últimas décadas las mujeres indígenas nos hemos venido organizando, compartiendo posturas críticas y experiencias personales en torno a la necesidad de una agenda que visibilice el rol de la mujer indígena en materias que van desde salud, educación, acceso a la justicia, territorio, medio ambiente, participación, desarrollo productivo, tecnología y saberes tradicionales, entre otros; señalando que históricamente las propuestas y demandas indígenas se articulan en torno a la identidad indígena sin problematizar los matices de las diferencias de género al interior de los pueblos indígenas.

Es por ello, que como mujeres indígenas venimos levantando cada vez más la voz y el sentir, presentando nuestros aportes, problemáticas y realidades. Siendo el actual escenario político, con una Convención Constituyente paritaria y con escaños reservados, y el nuevo gobierno que asumió su mandato en marzo 2022, una oportunidad para avanzar en superar las brechas que enfrentamos las mujeres y para garantizar nuestros derechos y los derechos de nuestros pueblos. Así como a aportar en general a la construcción de un nuevo país, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.

1.- El rol y aporte de las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas que habitamos Chile cumplen un rol fundamental en el desarrollo social, político y cultural de nuestros pueblos y naciones, ya sea desde nuestro rol en la transmisión de los saberes tradicionales, en la revitalización de nuestros idiomas, en nuestro aporte a la soberanía alimentaria y el cuidado de las semillas, o en la lucha contra el cambio climático, a través de los conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes. Así como en el rol que desempeñamos en el contexto actual de pandemia, donde aportamos desde nuestros conocimientos en salud, en el uso de las plantas medicinales, y en la activación de redes para el trueque e intercambios solidarios de nuestros productos.

Asimismo, cumplimos un rol importante como defensoras del territorio, el mar y del medio ambiente. Por ejemplo, Ercilia Araya, lideresa Colla, que ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental de diversas mineras canadienses en la región de Atacama[iii] y quien en enero de 2022 logró suspender a través de un recurso judicial la adjudicación de una licitación de litio por afectar el territorio de su comunidad y haber sido realizado sin un proceso de consulta[iv]; o la Machi Millaray, líder espiritual mapuche que viene luchando por la protección del Río Pilmaiken, estrechamente relacionado al Complejo Natural Ceremonial Ngen Mapu Kintuante, ubicado en el sector rural de Maihue- Caramallín- región de Los Lagos y región de Los Ríos, que se encuentra amenazado con la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (proyecto hidroeléctrico Osorno y Los Lagos), los cuales fueron autorizados sin un proceso de consulta y sin obtener el consentimiento de las comunidades afectadas[v]. Logrando que en diciembre de 2021, la Corte Suprema ordenara al Consejo de Monumentos Nacionales realizar un proceso de consulta indígena por la instalación de la hidroeléctrica de Statkraft[vi], y en enero de 2022, a través de otro recurso judicial, ordenó a CONADI resolver la reivindicación de territorio sobre el Complejo Natural Ceremonial que han interpuesto las comunidades afectadas[vii].

Las mujeres indígenas también ejercemos una activa participación política en nuestros territorios, comunidades, organizaciones y en la política nacional donde cada vez estamos más presentes para denunciar el despojo de nuestros territorios, del agua y el mar, de los bienes comunes, y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del Estado. Ejemplo de ello, es la presencia que tuvimos en las movilizaciones sociales que se dieron a raíz del estallido social del 18 de octubre 2019 y el posterior debate para la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, donde señalamos que las política extractivas del gobierno son también una forma de violencia que nos vemos obligadas a vivir a diario, pues afectan no solo  nuestros territorios y sino también nuestras formas de vida, al ser las encargadas de transmitir la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones, como el cuidado de la naturaleza, la protección de plantas medicinales, la soberanía alimentaria y los sitios de significación cultural y espiritual[viii].

En este contexto, el rol de las mujeres indígenas empieza a relevar su real importancia, no solo por el hecho histórico que significa que de los 17 escaños reservados para los y las representantes indígenas, 9 de ellos son para mujeres indígenas, sino que además haya resultado electa para presidir la Convención a una mujer mapuche, la Dra. Elisa Loncón. Y que actualmente la participación y aportes de las mujeres indígenas siga siendo fundamental al trabajo de la Convención Constituyente, como se puede apreciar en las diversas “iniciativas de normas de pueblos originarios” que han presentado diferentes colectivos de mujeres indígenas buscando garantizar nuestros derechos en la nueva carta fundamental: como el derecho a vivir una vida libre violencias, exigiendo al Estado el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente aquellas que sean producto de la desigualdad estructural; el garantizar una educación indígena con enfoque antirracista, que permita educarse en un espacio libre, sano y sin violencia; el derecho a la participación de las mujeres indígenas garantizando la implementación de criterios de representatividad y paridad que permitan asegurar la participación efectiva de la mujer indígena en cargos políticos y dentro de sus comunidades; la creación de tribunales indígenas con perspectiva de género; el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a naciones originarias de acuerdo a las costumbres de cada pueblo; el reconocer y promover la producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos; la defensa del territorio y maritorio; entre otras importantes iniciativas.

2.- Brechas y desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas

A pesar de los aportes vitales que realizamos las mujeres indígenas, somos quienes afrontamos las mayores desigualdades sociales y brechas de género en el país, debido a la intersección que existe por ser mujer e indígena. Lo que se aprecia, por ejemplo, en mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a la salud de calidad. Además, por ser quienes afrontamos mayores situaciones de discriminación y violencia, entre otros, que se manifiestan en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18 por ciento y al 30 por ciento frente al 11 por ciento y 20 por ciento de las mujeres no indígenas[ix]. Sumado a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, el alto porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia a pueblos indígenas llega al 44 por ciento[x], en muchos casos debido a la migración de las parejas que salen a trabajar lejos, con la consecuente sobrecarga de trabajo para las mujeres que quedan solas a cargo de la casa, los hijos, la chacra y los animales.

Esta situación se agrava con las desigualdades de género, que afectan tanto a la mujer indígena como la no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, que en la zona rural llega al 32,1 por ciento de la tasa de ocupación para las mujeres, frente al 64,7 por ciento de la tasa de ocupación para los varones[xi]. Además, cuando las mujeres indígenas rurales podemos acceder al trabajo, la probabilidad que este sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en el caso de los hombres, siendo que nuestros ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio. A esto se suma la violencia hacia las mujeres, que aún existe y afecta las relaciones de complementariedad entre los géneros. Además de ser quienes asumen las mayor cantidad de tareas de cuidado y crianza.

3.-Las mujeres indígenas de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios -ECMPO

La figura jurídica de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (en adelante ECMPO) , reconocida en la Ley 20.249 de 2008, crea “el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero” (Art. 3). Por lo que mediante esta ley se reconoce y pone en valor la “costumbre” de las comunidades indígenas en torno al mar, y sus conocimientos y modos de vida ancestrales ligados al borde costero, como la pesca, recolección, la navegación, el uso medicinal y ceremonial de dichos espacios, entre otros.

Desde los territorios los ECMPO son espacios de reivindicación territorial porque bajo la aplicación de la Ley 20.249 las comunidades ejercen el derecho a solicitar un espacio costero que ancestralmente hemos usado y cuidado, y a su vez son espacios que permiten validar los conocimientos de las mujeres; ya que vienen a relevar los conocimientos tradicionales de las mujeres que habitamos dichos espacios; ya que en casi un 90% de los casos somos las mujeres indígenas las que realizamos y trasmitimos las prácticas consuetudinarias de dichos espacios y manejamos de forma sustentable los recursos del mar para: alimentación familiar y comunitaria; uso medicinal, pues el mar forma parte de nuestros sistemas de salud y es el lugar de donde extraemos medicina de los productos y animales del mar; uso agrícola, a través de la recolección de los productos de mar para hacer producir las huertas, como las algas o el “pelillo” que usamos como fertilizantes; como medio de conectividad con otras islas para ir fortaleciendo nuestra territorialidad; como uso ceremonial, en el sentido que el mar está estrechamente conectado con la espiritualidad y cosmovisión de nuestros pueblos de mar, entre otros.

Como bien señala Pamela Zuñiga, mujer mapuche de la isla de Quinchao, Chiloé: «Los ECMPO, su esencia es la valoración de los oficios, la valoración de la sabiduría ancestral, y en este territorio esa sabiduría ancestral está muy dada por las mujeres, son ellas las que conservan y las que entregan esa información, ese saber, que lo comparten, y que quizás por mucho tiempo guardaron silencio, pero ahora son libres de decirlo. Porque igual hubo un periodo en que no se atrevían a hablar de esto y ahora sí lo hacen, entonces, como que es una oportunidad también para ellas.”

Así, las contribuciones que realizamos en estos espacios son altamente relevantes; pues aportamos -a través de nuestros roles tradicionales o de dirigentas en nuestras comunidades- a una toma de decisiones más democrática y buscando siempre el bienestar común, así como las sustentabilidad de los recursos; conservando y trasmitiendo nuestros conocimientos ancestrales sobre el mar a las siguientes generaciones; aportando a nuestra economía familiar y local con nuestro trabajo en el mar; y contribuyendo a enfrentar el cambio climático, adaptándonos a los cambios que se vienen dando en nuestros territorios a través de nuestros conocimientos ancestrales; así como protegiendo y defendiendo el territorio y el mar de la intervención de la industria extractiva.

Sin embargo, las amenazas que enfrentamos en dichos espacios son múltiples, resaltando entre ellas, la actividad de la industria salmonera y el grave impacto que ocasionan a nuestros derechos colectivos. La industria salmonera, que comienza desarrollarse en Chile desde 1969 bajo un convenio de cooperación con el gobierno de Japón alcanza hoy gran relevancia en la economía nacional y a nivel mundial, representando cerca del 30% de la producción global y ocupando el segundo lugar de la producción de salmón después de Noruega. En Chile, concentra su producción principalmente en la Patagonia, entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo. Y se emplaza a la vez en espacios que alberga una gran biodiversidad, terrestre y marina, siendo también territorios de uso y ocupación tradicional de los pueblos Mapuche (lafkenche y williche), Kawésqar y Yagán. En consecuencia, la expansión de esta industria y sus prácticas, han generado crecientes conflictos socio ambientales críticos que han ido alertando sobre sus impacto en los derechos humanos.

Estos impactos han sido documentados en el “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos”[xii], el que presenta los resultados de un estudio elaborado entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) a fines del 2021. Estudio que analiza y documenta –desde una perspectiva de derechos humanos– los impactos de la salmonicultura en el medio ambiente, las comunidades locales y los y las  trabajadores/as.

Entre los impactos en los derechos de pueblos indígenas, los principales hallazgos dan cuenta de una serie de derechos consagrados por la UNDRIP y el Convenio 169 de OIT que están siendo vulnerados. Entre ellos, se señala que “existe la percepción de que Estado y empresas comprenden el desarrollo de una manera muy diferente a los pueblos indígenas – e imponen esa manera de comprenderlo-, lo que pone en riesgo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”. En síntesis, las vulneraciones se encuentran especialmente en materia de tierras, territorios y recursos naturales, existiendo destrucción de sitios de significación cultural y espiritual, falta de consulta y participación indígena en cuestiones que son susceptibles de afectar nuestros derechos, ocupación de la industria salmonera de nuestros territorios, contaminación de nuestros recursos o bienes comunes, entre otros. Vulneraciones que si bien afectan a los pueblos indígenas en general, afectan con especial énfasis a las mujeres, al tener un rol central en la conservación de dichos espacios y en el uso de los recursos marinos- que se encuentran cada vez más escasos- para nuestro sustento familiar, así como en la transmisión de conocimientos sobre prácticas y usos consuetudinarios que realizamos en dichos espacios.

Y a pesar de los graves impactos evidenciados por este estudio y de los innumerables esfuerzos que venimos realizando por frenar los avances de esta industria[xiii], a pocas semanas de dejar el cargo, el presidente Sebastián Piñera puso suma urgencia a la tramitación de la iniciativa que crea las “concesiones acuícolas sustentables”[xiv], que impulsaría las concesiones acuícolas en áreas protegidas. De ser aprobada, afectará especialmente a comunidades Kawésqar, ya que como señala en su texto, en la región de Magallanes “[…] el único espacio libre para el desarrollo de la acuicultura es la Reserva Nacional Kawésqar”, área protegida que se emplaza sobre territorio ancestral de dicho pueblo. Está por verse cómo el nuevo gobierno abordará esta problemática.

Más allá de los impactos a nuestros territorios, las mujeres de espacios costeros nos enfrentamos también a un sin número de dificultades para desarrollar los diversos roles que realizamos en ellos, como la excesiva burocracia del Estado en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO, que deberían darse en un plazo legal de dos años y medio, pero actualmente demora en promedio, más de 6 años y medio. Lo que cansa y desalienta a nuestras comunidades, y a las mujeres que muchas veces somos las encargadas de realizar los trámites administrativas para las solicitudes de ECMPO y las encargadas de mediar entre las autoridades y los miembros de la comunidad. Además de tener que compatibilizar este trabajo con las labores de cuidado, crianza y trabajo en el mar. Por ello, esperamos y solicitamos al nuevo gobierno, que los procesos de tramitación de los ECMPO pueda acelerarse a fin de garantizar nuestros derechos en dichos espacios, considerando en los procesos administrativos las particularidades de los diversos territorios y pueblos indígenas que habitan estos espacios.

Asimismo, nuestros roles tradicional en dichos espacios pocas veces son reconocidos, como el rol de pescadoras o navegantes, lo cual limita nuestra vinculación con el mar. Ello, unido a la ausencia de políticas públicas y recursos para dinamizar nuestras economías locales y capacitarnos sobre nuestros derechos, lo que limita y dificulta la invaluable tarea que realizamos en dichos espacios.

Es por ello, que en el actual escenario político que nos encontramos, recientemente desde mediados de marzo de 2022 las mujeres originarias de espacios costeros marinos a nivel nacional venimos “tejiendo” y articulando la «Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar”, para reflexionar sobre los aportes y contribuciones que realizamos las mujeres en los espacios costeros y para hacer frente en conjunto a las diversas desigualdades que enfrentamos en estos espacios y articular en conjunto nuestra defensa del mar y por la sostenibilidad de los recursos marinos y la biodiversidad. Una red que estará vigilante y alerta de las políticas públicas y normas que vayan en desmedro de nuestros derechos territoriales y nuestra gobernanza del mar.

Notas

[i] Censo 2017, INE Chile. https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/radiografia-de-genero-pueblos-originarios-chile2017.pdf.

[ii] Por ejemplo: la escolaridad de las mujeres indígenas presenta un promedio de 10 años frente a la de una mujer no indígena que presenta un 10,9 años. Encuesta Casen 2015.

[iii] Ercilia Araya: la lideresa Pai- Ote Criminalizada por luchar contra las mineras canadienses en Chile. En: https://observatorio.cl/ercilia-araya-la-lideresa-pai-ote-criminalizada-por-luchar-contra-las-mineras-canadienses-en-chile/

[iv] Ver: https://www.araucaniacuenta.cl/nuevo-reves-judicial-del-gobierno-en-licitacion-del-litio-a-transnacionales-corte-de-copiapo-no-acoge-recursos-presentados-por-ministerio-de-mineria/

[v] Tras 10 años de lucha: Un triunfo jurídico de las comunidades que defienden el río Pilmaiken. En: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/02/05/tras-10-anos-de-lucha-un-triunfo-juridico-de-las-comunidades-que-defienden-el-rio-pilmaiken.html

[vi] Ver: https://interferencia.cl/articulos/corte-suprema-ordena-al-consejo-de-monumentos-hacer-consulta-indigena-por-instalacion-de

[vii] Ver:https://www.diarioconstitucional.cl/2022/01/24/falta-de-diligencia-de-la-conadi-ante-la-solicitud-de-reivindicacion-de-territorio-ceremonial-mapuche-williche-que-una-empresa-transfirio-a-titulo-gratuito-a-una-sola-comunidad-indigena-vulnera-la-i/

[viii] https://www.lemondediplomatique.cl/mujeres-mapuche-y-sus-luchas-por-un-buen-vivir-para-todos-y-todas-por-millaray.html

[ix] Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP (2017). Quiénes son las mujeres indígenas en Chile. https://www.rimisp.org/noticia/quienes-son-las-mujeres-indigenas-en-chile/

[x] Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional- Casen 2017. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2017

[xi] Ibid. Cit.

[xii] Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1739

[xiii] Por ejemplo, un reciente fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección de comunidades indígenas y ONGs en contra de relocalización de centros de cultivo de salmones en la Reserva Nacional Kawésqar por falta de un proceso de participación ciudadana antes de aprobar los proyectos. Ver: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/68596

[xiv] Proyecto de Ley Boletín Nº 14811-21, disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15302&prmBOLETIN=14811-21

Las iniciativas de normas constituyentes surgidas en los talleres impulsados por el Observatorio Ciudadano  

Normas sobre derechos territoriales en Áreas Protegidas, derechos lingüísticos, la propiedad del agua desde la perspectiva del pueblo mapuche, sobre el uso de la coca para el pueblo likanantai y el reconocimiento al derecho a migrar, han sido algunas de estas iniciativas.

En el marco del proceso constituyente, el Observatorio Ciudadano junto a Contexto, con el apoyo de la Unión Europea, ha desarrollado ocho talleres con organizaciones representativas de los pueblos indígenas y organizaciones de grupos de protección especial, para fomentar su participación en este proceso. En total, han sido tres con el pueblo mapuche, cuatro con pueblo lickanantai y uno de ellos con migrantes

La importante participación y debate que se ha dado en cada uno de ellos, ha llevado consigo la elaboración de normas indígenas que fueron presentadas durante el proceso dispuesto por la Convención Constitucional (CC) para subir a la plataforma estos documentos preparados de manera colectiva por los miembros de comunidades.

A continuación, detallamos estos talleres y las normas que surgieron de ellos:

Taller presencial con organizaciones mapuche de Curarrehue, desarrollado el miércoles 5 de enero, en Aldea intercultural de Curarrehue. Participaron diez dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derecho a la propiedad y administración de los pueblos indígenas sobre Áreas Silvestres Protegidas.  De este encuentro surgió una Iniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en Áreas Protegidas, que fue presentada en enero de 2022 por un total de 16 organizaciones de distintos pueblos indígenas, incluyendo el pueblo yagán, kawéskar, colla y mapuche, en la Plataforma de la CC.  

Luego, tuvo lugar un taller presencial con organizaciones mapuche de Trawun de Comunidades de Temuco, viernes 7 de enero, en Ruka Lirkay, comuna de Temuco.  Participaron 15 dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derechos lingüisticos, y derecho al agua. En este encuentro, surgió laIniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre “derechos lingüísticos del pueblo mapuche y educación propia en los territorios como medida de reparación histórica”, presentada a Plataforma de la CC en enero de 2022, y la Iniciativa sobre “derechos territoriales del pueblo mapuche planes reguladores urbanos, rurales, títulos de merced y mercado inmobiliario, de la misma fecha.

El segundo taller presencial con miembros del Consejo de Comunidades Mapuche Kimun Newen de Puyehue, lunes 24 de enero, en Entre Lagos, comuna de Puyehue, región de Los Lagos.  Participaron 23 dirigent@s de comunidades. En el taller se entregaron antecedentes sobre el desarrollo de la CC y se explicaron los espacios y mecanismos de participación popular en que los pueblos indígenas pueden hacer llegar sus aportes e incidir en el proceso. Así mismo se acordó elaborar una norma de pueblos originarios sobre derecho al agua que se trabajó en el taller. Dicha iniciativa sobre “Derecho al agua desde la perspectiva del pueblo nación mapuche”, fue presentada por el Consejo a la Plataforma de la CC en enero de 2022.  

Talleres con pueblo Likanantai

En un encuentro virtual, se concretó un taller vía zoom con organizaciones del Pueblo Likanantai, el sábado 8 de enero, organizado en conjunto con el Convencional del Pueblo Likanantai, Felix Galleguillos. Aquí participaron 25 dirigent@s de comunidades. En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la Convención Constituyente, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la Consulta Indígena. 

Luego, se desarrolló un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, lunes 10 de enero en el Oasis de Calama, del que participaron 21 dirigent@s de comunidades.  En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la CC, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, incluyendo la Consulta Indígena. Se abordaron derechos relativos a vivienda y acceso al agua potable, toda vez que hay un número importantes de comuneros y comuneras del pueblo likanantai que residen en la ciudad de Calama donde encuentran dificultades al acceso a vivienda dignas. Además, hubo particular interés en materias relativas a derechos a tierras, territorios y recursos naturales.   

También con comunidades likanantai, el martes 11 de enero, tuvo lugar en la localidad de Lasana, Alto Loa, un taller del que participaron 20 dirigent@s de comunidades. En este taller, se revisaron de forma particular las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la consulta indígena. En este taller, hubo particular interés en debatir y recoger información relativa a derechos a tierras, territorios y recursos naturales. Además, se dialogó respecto a elaborar iniciativas de normas constitucionales referidas al consumo y uso tradicional de hoja de coca (Erythroxylum coca), que se materializó posteriormente en la Iniciativa Nº 1.234 «Consagración del derecho indígena al uso de la hoja de coca en espacios ceremoniales, laborales y cotidianos»; y la Iniciativa Nº 1.430 «Reconocimiento de los sistemas culturales de salud ancestral y el uso de la hoja de coca del pueblo atacameño-lickanantay».

Al día siguiente, 12 de enero, se realizó un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, en San Pedro de Atacama, del que participarom 35 dirigent@s de comunidades.  En este taller, los temas de interés de l@s participantes fueron relativos a derechos a tierras y territorios, a las autonomías territoriales indígenas y respecto a la propiedad de los bienes o recursos naturales, en particular, el litio. Además, se debatió acerca de la posibilidad de presentar Iniciativa constitucional relativa a la restitución y repatriación del patrimonio ancestral del pueblo likanantai.

Taller con comunidad migrante

Junto a la comunidad migrante, el OC desarrolló un taller en el que se discutió sobre la presentación de iniciativa populares.  El primero de ellos fue un taller informativo sobre “Participación migrante y promigrante en la Convención Constitucional: ¿Qué es la Iniciativa Popular de Norma migrante?”, realizado el 12 de enero con 21 inscritos y 15 asistentes. Este encuentro fue organizado por el Observatorio Ciudadano junto a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. En el taller, además entregarse  antecedentes sobre el desarrollo de la Convención Constitucional, y la participación de grupos  excluidos como migrantes y afrodescendientes, se centró en el análisis de la Iniciativa Popular de Norma sobre Reconocimiento Constitucional del Derecho a Migrar y de los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas en Chile y de Chilenos en el Exterior, elaborada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes; Movimiento de Acción Migrante; Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes entre otras organizaciones con apoyo del Observatorio Ciudadano.

Declaración por aprobación del Segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos

SIN PARTICIPACION CIUDADANA INCIDENTE NI CONSULTA INDIGENA, GOBIERNO SALIENTE APROBÓ SEGUNDO PLAN DE ACCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS A DÍAS DEL CAMBIO DE MANDO

De manera extraoficial la Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas ha tomado conocimiento de que el Comité Interministerial de DDHH y Empresas en sesión del 3 de marzo pasado habría aprobado a la segunda versión del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas (PAN) propuesto para el período 2022-2025. De acuerdo a la información disponible, este segundo PAN, cuya elaboración ha sido coordinada por la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, sería dado a conocer previo el término de la administración del Presidente Sebastián Piñera.

Como Plataforma consideramos este hecho de la mayor gravedad. Sin entrar en el análisis del contenido, del que solo conocemos sus lineamientos generales, la elaboración de esta segunda versión del PAN ha sido realizada sin seguir las recomendaciones que la propia Facultad de Derecho de la PUC, contratada por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, propuso para estos efectos. Dichas orientaciones consideraban fundamental para la elaboración de este segundo PAN la participación activa no solo de pueblos indígenas, sino también de los que definía como “grupos vulnerables”, entre los que se consideraban población en condiciones de pobreza, mujeres, adultos mayores, y comunidades directamente afectadas por empresas.

En contraste con ello, la participación de la ciudadanía se restringió a mecanismos que no tuvieron real incidencia en la elaboración del PAN, fue apresurada, no se publicó previamente la metodología que se iba a aplicar, y no incluyó la consulta de medidas concretas propuestas para el PAN. La insuficiencia de la metodología de este mecanismo para recabar la perspectiva de la ciudadanía en una materia de tanta importancia, así como el incumplimiento con los estándares internacionales en la materia, fue una de las razones por las cuales en su momento la Plataforma decidió no participar de este proceso.  

Por otro lado, los encuentros en línea que, de acuerdo a lo señalado por la Subsecretaría de DDHHs del Ministerio de Justicia, habrían sido convocadas en noviembre pasado con pueblos indígenas y afrodescendientes, no solo no siguieron las directrices propuestas para estos efectos por la consultoría referida, sino que tampoco cumplían con los requerimientos del derecho internacional sobre participación, en particular, con la consulta que, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, corresponde realizar con los pueblos indígenas y tribales, como es el caso del pueblo tribal afrodescendiente.

Cabe señalar que esta segunda versión del PAN, que se dio a conocer al Comité 360 por el actual gobierno a pocos días de su término, tampoco fue sometida a la consideración del Comité 360, entidad con representación de gremios empresariales, sociedad civil, academia, sindicatos y de organizaciones indígenas. Al Comité le fue encomendado dar seguimiento al primer PAN elaborado el 2017 durante la administración de la Presidenta Bachelet y de asesorar a la Subsecretaria de DDHH a cargo de su implementación y proyección de esta materia, pero no fue citado desde agosto 2021 y las recomendaciones elaboradas por varios de sus integrantes para el mecanismo de partipación no fueron incorporadas.

Lo anterior es particularmente preocupante si se toma en consideración el descontento social expresado durante el estallido de octubre del 2019 y del cual debemos hacernos cargo como país. Por lo mismo, esta Plataforma considera que, más allá del abordaje institucional de la relación entre las empresas y los derechos humanos que está siendo debatido en la Convención Constitucional, resulta indispensable un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas elaborado en forma participativa, que incorpore la visión de la ciudadanía, de los pueblos indígenas y en general de aquellos sectores y comunidades afectadas directamente en sus derechos por la actividad de empresas.

Por lo anteriormente señalado es que llamamos al gobierno del Presidente electo Gabriel Boric a tener presente los problemas de legitimidad de este segundo PAN, elaborado y aprobado en forma apresurada por el gobierno saliente y a convocar a la elaboración participativa, con involucramiento de todos los sectores sociales, de un nuevo PAN que aborde de manera profunda y sistemática la relación entre las empresas y los derechos humanos en el país para el futuro próximo.

Ello por cuanto se busca lograr, con todas las medidas apropiadas incluyendo la regulación, la fiscalización, la planificación territorial y los incentivos positivos, el respeto a los derechos humanos que las Naciones Unidas estipulan es responsabilidad – también – de las empresas.

Plataforma de Sociedad Civil Chilena sobre Derechos Humanos y Empresas

10 de marzo de 2022

8M en Chile: la urgencia de un feminismo interseccional

Por Karina Vargas, Mabel Cobos y Carmen Luz Morales*

«La interseccionalidad permite confrontar los puntos de vista homogéneos y acoger a los múltiples grupos de mujeres con diversas experiencias, así como abordar a los grupos más subordinados. Es una oportunidad para mirarnos al espejo y entender que los privilegios de unas no pueden ser los derechos negados de otras. Es darle la bienvenida a la multiplicidad de feminismos y movimientos de mujeres que inundan las calles cada 8 de marzo y que, en cada grito, en cada lienzo, se devela su realidad muy distinta una de otra, pero con una convicción: vivas y libres nos queremos».

En este 8M es importante partir por denunciar el racismo estructural existente en Chile, así como las múltiples estructuras de dominación impuestas desde la cultura oficial y el poder hegemónico que han ido asentando, construyendo y a la vez legitimando las relaciones de poder, la opresión y la discriminación que enfrentamos las diversas mujeres que habitamos Chile.

La confluencia del machismo, el racismo, el clasismo, el colonialismo y la heteronorma han llevado a la segregación, estigmatización y exclusión de diversos grupos, entre ellos las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, negras, afrodescendientes, migrantes y campesinas. Cuerpos racializados cuyo bagaje epistémico y cultural, así como sus experiencias, historias y senti-pensares han sido aplacados, negados e invisibilizados por el Estado y la sociedad.

Sin embargo, de estas múltiples violencias que enfrentan nuestros cuerpos surge también nuestra lucha y resistencia. Nuestra denuncia a toda construcción colonial, clasista, patriarcal, racista y heteronormada, que jerarquiza a los diferentes grupos humanos y los ubica en posiciones inferiores para justificar su dominación y violencia.

La interseccionalidad y el combate a las múltiples violencias

El concepto de la interseccionalidad se vincula con las múltiples discriminaciones y opresiones que pueden confluir en una misma persona o colectivo e incidir en su acceso a derechos y oportunidades.

Cada persona sufre opresiones o discriminaciones y goza de ciertos privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Por ejemplo, el ser mujer y a la vez migrante o el ser mujer, indígena y de territorios rurales. La experiencia de estas mujeres no es idéntica sólo por el hecho de ser mujeres. Ni tampoco, por ejemplo, son idénticas las realidades que afronta una abogada afrodescendiente migrante regular en Nueva York que una mujer migrante afrodescendiente que cruza la frontera chilena por paso no habilitado.

Esto es lo que aborda la interseccionalidad y es por ello que es importante, porque pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales ya traen su propia carga de opresión o privilegios, que al entrecruzarse se pueden profundizar aún más o ser muy dispares.

Si no consideramos estas diferentes categorías sociales que se entrecruzan, podemos invisibilizar todo aquello que queda justo en la intersección. Si no entendemos que una mujer puede encontrarse inmersa en una diversidad de identidades oprimidas o vulneradas, no podremos entender ni abordar las múltiples opresiones y discriminaciones que está afrontando.

La interseccionalidad permite confrontar los puntos de vista homogéneos y acoger a los múltiples grupos de mujeres con diversas experiencias, así como abordar a los grupos más subordinados. Es una oportunidad para mirarnos al espejo y entender que los privilegios de unas no pueden ser los derechos negados de otras. Es darle la bienvenida a la multiplicidad de feminismos y movimientos de mujeres que inundan las calles cada 8 de marzo y que, en cada grito, en cada lienzo, se devela su realidad muy distinta una de otra, pero con una convicción: vivas y libres nos queremos.

Mujeres en lucha y resistencia para los cambios necesarios

Si bien las mujeres podemos sufrir distintos niveles de discriminación y vulneración de nuestros derechos, no somos sujetas pasivas o meras receptoras de las estructuras sociales que nos imponen, sino que tenemos la capacidad de una acción reflexiva y transformadora frente a ello, lo que nos permite responder, resistir y avanzar hacia un cambio social e incidir en estas estructuras de poder dominantes.

Los procesos de lucha y resistencia que venimos dando las mujeres en diversos territorios frente a las estructuras de dominación, y a la violencia imperante, empiezan a visibilizarse cada vez más y expresan claramente un profundo contenido político, descolonizador y rupturista.

Estamos cambiando el discurso, creando nuevos procesos políticos, sociales y culturales, y cambiando el país. Un ejemplo de ello, pero no el único, es el actual proceso constituyente paritario y con escaños reservados, que no se ha logrado como un favor político, sino que surge de procesos de lucha y movilización, del empoderamiento de identidades indígenas y de las mujeres sobre sus derechos.

No obstante, no es posible que a la par del reconocimiento de un grupo de mujeres otro sea excluido. Hablamos de las mujeres negras y afrodescendientes que, pese a tener reconocimiento legal como pueblo y gozar de los derechos establecidos en el Convenio 169 de la OIT, aún se cuestiona en la Convención Constitucional su preexistencia al Estado-nación.

Nos encontramos ante un contexto de cambio o, al menos, donde la convicción de que las viejas estructuras decimonónicas deben desaparecer o transformarse para dar paso a un Chile feminista, intercultural, plurinacional, antirracista, más equitativo, que respete los derechos humanos y la dignidad de todas las personas que habitan este territorio.

Para ello debe haber un compromiso real con las transformaciones que deben darse desde la cotidianeidad hasta las macro estructuras en pos de la superación de las múltiples violencias que enfrentamos como mujeres, sin dejar a nadie atrás.

Necesitamos que la sociedad en su conjunto (el Estado, las escuelas, las juntas de vecinos, todas las instituciones, las organizaciones, territorios y espacios públicos y privados) estén alineados y comprendan que ya no puede haber un país sin nosotras. Que ya no pueda haber más femicidios, que ya basta de abuso, de injusticias, de impunidad.

En ese sentido, la educación cumple un rol fundamental para romper con los estereotipos, las discriminaciones y vulneraciones de nuestros derechos. Una educación no sexista y antirracista desde la sala cuna hasta la universidad y la capacitación constante de autoridades, jueces y funcionarios públicos sobre racismo, derechos humanos, derechos de las mujeres y grupos más vulnerabilizados, desde un enfoque de género, interseccional e intercultural, se torna imprescindible.

Es clave que el Estado y las instituciones públicas asuman el desafío de disminuir, sino erradicar, las brechas y desigualdades de género, así como también promuevan y establezcan políticas públicas que consideren a grupos de especial protección como mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, refugiadas, lesbianas, niñas, adolescentes y adultas mayores, trabajadoras, privadas de libertad y en situación de discapacidad, con su participación o consulta y respetando sus derechos y autonomía.

En tiempos de cambios a los que asistimos, en que un nuevo gobierno y una nueva Constitución presentan una oportunidad para enmendar el camino en materia de género, es imprescindible que se pueda avanzar en garantizar el pleno goce de derechos a toda la diversidad de mujeres que habitan los territorios, con especial énfasis en avanzar en uno de los derechos de las mujeres más postergados históricamente: los derechos sexuales y reproductivos.

En este sentido, una de las medidas más urgentes es la lucha por la despenalización del aborto, de manera de asegurar el derecho de las mujeres a autodeterminar tanto su cuerpo como su vida. El Estado no puede confinar obligatoriamente a las mujeres al espacio de la maternidad ni puede otorgar al feto una naturaleza jurídica que está por sobre los derechos de la mujer, bajo argumentos religiosos. A través de la criminalización del aborto se ejerce violencia y obliga a recurrir a condiciones poco seguras para abortar, en especial a las mujeres de los sectores más vulnerabilizados. La criminalización del aborto atenta contra el derecho al acceso a la salud y la vida de las mujeres.

A su vez, comprendemos que los medios de comunicación cumplen un rol muy importante para sensibilizar sobre ciertos grupos o estigmatizarlos según sea su línea editorial, por lo cual hacemos un llamado a que no reproduzcan estereotipos raciales, de género o de clase que refuerzan los prejuicios y discriminación hacia estos grupos y así evitemos la criminalización de sus devenires y luchas.

Esperamos que el próximo gobierno, que se ha denominado feminista, no olvide que la realidad de las niñas y mujeres en Chile es diversa y que las injusticias de género y raciales están muy arraigadas en la sociedad, siendo incluso en algunos casos el Estado el culpable de ellas, tal como sucedió con Joane Florvil o Lorenza Cayuhan. Por lo mismo, instamos a poner el enfoque interseccional en acción de manera urgente, que se implementen políticas públicas que nos incluyan y se garanticen derechos y oportunidades iguales para todas y todes.

Karina Vargas, es Coordinadora del Programa de Derechos de Pueblos Indígenas

Carmen Luz Morales es Coordinadora del Área de Educación y DD.HH.

Mabel Cobos es consultora del Área de Ciudadanía e Interculturalidad

Observatorio Ciudadano

También puedes leer la columna acá: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2022/03/08/8m-en-chile-la-urgencia-de-un-feminismo-interseccional.html

Observatorio Ciudadano y Movimiento de Acción Migrante entregan informe al Relator Especial de la ONU

Este lunes 28 de febrero, el Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González Morales.

Este informe contiene respuestas a las preguntas específicas solicitadas por el Relator Especial, quien ha decidido dedicar su próximo informe para el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a examinar los acontecimientos recientes y los ejemplos que ilustran formas eficaces de prevenir las violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales, tanto en tierra como en el mar, así como también pretende evaluar el impacto en los derechos humanos de las medidas de gestión de fronteras, incluyendo medidas temporales introducidas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, o como parte de un estado de emergencia.

En este informe se da, además, respuesta a las consultas hechas por el Relator y las normativas en el ámbito migratorio entraron en vigor en el último tiempo, como Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, los decretos N° 296 y N° 125 y el Decreto Supremo N° 295.

El documento indica que, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, la política migratoria ha estado enfocada en la seguridad nacional y el control migratorio. Desde ahí se detallan las consecuencias que han generado las medidas tomadas por el gobierno amparado en las normativas antes señaladas.

Uno de los aspectos que destaca el informe es la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan fronteras, a veces no acompañados, sin que las medidas adoptadas sean acordes al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, ni se respete la Convención de los Derechos del Niño. “Asimismo es preocupante la situación de mujeres migrantes embarazadas, puérperas o madres que han sufrido violencia obstétrica, negación de atención médica y que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. En el mismo sentido, también preocupa la situación de las personas migrantes mayores”, se lee.

«»El objetivo del informe era presentar evidencia sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno que han impactado gravemente en los derechos de las personas migrantes, en particular la promulgación de la nueva ley de migraciones y su reglamento, las restricciones en los desplazamientos, la militarización de las fronteras y las devoluciones en caliente o “reconducciones”, las que contravienen los estándares internacionales y recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas», señala Mabel Cobos, consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

A esto agregó Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante: “El informe retrata la falta de atención del fenómeno migratorio en el marco del COVID-19 y del aumento del flujo de ciudadanos venezolanos, además de la inacción por parte del gobierno y la utilización política de la migración, con lo cual los Derechos Humanos están en total regresión en el país”.

Finalmente, se solicita que la información entregada en el informe contribuya “a generar recomendaciones y medidas en el ámbito migratorio acorde al enfoque de derechos humanos y que éstas sean recogidas por el nuevo gobierno que asume próximamente”.

“Confiamos en que el proceso constituyente en curso en el país, asegure y promueva los derechos de las personas migrantes a nivel constitucional. De otro modo, las constantes vulneraciones a los derechos de quienes migran a Chile, continuarán”, cierra el informe.

El informe lo puedes revisar a continuación: