Declaración Día contra las Violencias hacia las Mujeres

Las mujeres sufrimos múltiples violencias que no solo se manifiestan ni requieren el uso de la fuerza física. Por ello, en este día ponemos el foco en las violencias como fenómenos múltiples y diversos que han hecho que las mujeres sean racializadas, invisibilizadas o negadas de los espacios de poder, empobrecidas, sometidas y discriminadas por distintos factores. 

Hablar de “las violencias hacia las mujeres” es fundamental para visibilizar, reflexionar y abordar las diferentes formas de violencia que sufren.

Es hablar de la violencia institucional provocada por el extractivismo voraz que avanza en los territorios y que impacta en las formas de vida y medio de subsistencias de las mujeres, en la falta de garantía para el pleno ejercicio de los derechos territoriales de las mujeres originarias, en los derechos negados por no contar con procesos expeditos para la migración, o el no reconocimiento de una lengua o cultura, que impacta en las mujeres como transmisoras del idioma y la cultura.

Hablamos de la violencia sistémica como aquella violencia hacia las mujeres que ya se encuentra instalada en la sociedad a través del racismo, de los prejuicios o estereotipos que rigen el sistema patriarcal. Hablamos de la violencia física y psicológica que afecta la salud y los cuerpos de las mujeres.  

Y también de la violencia económica que parte por no reconocer la sobrecarga laboral de las mujeres, que limita la participación y acceso a espacios de poder y formación. Sobrecarga laboral que se encuentra precarizada, porque se desempeña en muchos casos de manera informal y sin contar con protección social. Siendo gran parte de esta carga laboral la dedicada a las tareas domésticas y las tareas de cuidados, actividades que no son remuneradas.

Hoy, las mujeres en su diversidad, originarias, afrodescendientes, campesinas, migrantes, LGTBIQ+ no cuentan con garantías para el acceso a los bienes comunes, a la tierra y al territorio, y a un medio ambiente  sano, como aspectos que permitan el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Es por eso, que las políticas de gobierno deben encauzarse en esa línea, y en la creación de un Sistema Integral de Cuidados que reconozca la labor de cuidados como derecho Como fue concluido en la Conferencia Regional de Mujeres de América Latina y el Caribe, celebrado recientemente en Buenos Aires.

Las mujeres defensoras territoriales y de derechos humanos se ven permanentemente hostigadas y violentadas, y que, al denunciar estas situaciones, sus causas no cuentan con procesos judiciales expeditos. Recordamos el asesinato de Macarena Valdés que defendió a su comunidad frente a la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranguil. Por lo que exigimos justicia, celeridad y debidos procesos a los asesinatos y agresiones contra mujeres, así como protocolos de protección a defensoras.

Hemos sido testigos, además, de la violencia policial e institucional que sufren las mujeres cuando sus comunidades y hogares han sido allanados por efectivos policiales, provocando el desmembramiento de las comunidades y el temor permanente por ser atacados, ellas y sus hijes.

Por ello, desde unamirada interseccional de las violencias hacia las mujeres, es fundamental la defensa y protección hacia sus vidas, la de sus hijes y sus territorios; pues sin ello no podremos encaminarnos hacia una vida libre de violencias, en equidad de condiciones y oportunidades que permita a las mujeres en su diversidad la toma libre de decisiones sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida. 

Por esosostenemos con más fuerza que somos nosotras, desde nuestros territorios, organizaciones, colectivas, comunidades, familias, las que construimos redes para el autocuidado y el cuidado colectivo y espacios libres de toda violencia patriarcal y machista, como el cambio que seguiremos impulsando para la sociedad en su conjunto. 

Recomendación sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas de CEDAW considera recomendación presentada por la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – GI-ESCR

En junio de 2021, el Observatorio Ciudadano, junto a la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales – GI-ESCR,  y ProDESC de México, presentamos una contribución conjunta por escrito al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), ante la solicitud de aportaciones que contribuyeran al debate y a una nueva Recomendación General sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas.

La Recomendación General 39 aprobada a fines de Octubre de 2022, tiene como objetivo orientar a los Estados parte sobre medidas legislativas, políticas y otros, que permitan garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. Y se trata del primer instrumento internacional específico sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas.

La contribución conjunta que presentamos por escrito apunta a destacar la importancia crucial de la participación efectiva, la consulta y el consentimiento de las mujeres y niñas indígenas en las medidas y estrategias de mitigación del cambio climático, y como el hecho de no hacerlo afecta de manera desproporcionada a sus derechos en virtud de la Convención CEDAW.

La Observación General tuvo en cuenta nuestra presentación en el párrafo 77.

  1. De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, los estados deben adoptar medidas individuales y colectivas para hacer frente al cambio climático, incluidas las medidas para mitigar los daños previsibles de los derechos humanos relacionados con el cambio climático; para adaptarse eficazmente limitando los impactos negativos sobre los derechos humanos; y para reparar las pérdidas y los daños. Los estados deben adoptar medidas de mitigación y adaptación, incluso mediante la cooperación internacional, la solidaridad, y la financiación del cambio climático. El Comité subraya la importancia del Acuerdo Climático de París (adoptado en la COP21 el 12 de diciembre de 2015) al pedir una acción climática que respete, promueva y tenga una cuenta los derechos de los pueblos indígenas y la igualdad de género. Lamentablemente, las mujeres y las niñas indígenas suelen quedar excluidas de la toma de decisiones, las negociaciones y los debates relativos a la acción climática y las medidas de mitigación y adaptación, a pesar de sus conocimientos especializados sobre el cambio climático[1]. Los estados también deben tomar medidas para garantizar el acceso de las mujeres y las niñas indígenas a la energía limpia y renovable.      

El Comité recomiende a los estados:

  1. Garantizar que las leyes y políticas relacionadas con el medioambiente, el cambio climático, y la reducción del riesgo de catástrofes, reflejen los impactos específicos del cambio climático y otras formas de degradación y daño medioambiental, incluida la triple crisis planetaria.[2]
  2. Garantizar que las mujeres y niñas indígenas tengan las oportunidades iguales para participar de forma significativa y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con el medioambiente, la reducción del riesgo de catástrofes, y el cambio climático.[3] 
  3. Evitar que la degradación ambiental inducida por el hombre tenga un impacto negativo en los territorios, las tierras y los recursos naturales de las mujeres indígenas. 
  4. Garantizar la existencia de recursos efectivos y mecanismos de rendición de cuentas para responsabilizar a los autores de los daños medioambientales y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres y niñas indígenas en materia medioambiental.
  5. Adoptar medidas para mitigar el cambio climático y fomentar la capacidad de adaptación de las mujeres y las niñas indígenas.
  6. Garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las mujeres y niñas indígenas en los asuntos que afectan a su medio ambiente, sus tierras y sus recursos naturales. Esto incluye su participación en las evaluaciones de impacto ambiental y social; y
  7. Garantizar la seguridad y apoyar el trabajo de las mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos que defienden la protección del medio ambiente y la justicia climática.  

[1] Contribución del Observatorio Ciudadano, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ProDESC (junio de 2021), paginas 2-4, 15.

[2] Comité de la CEDAW, Recomendación General 37 sobre las dimensiones de la reducción del riesgo de catástrofes relacionadas con el género en el contexto del cambio climático, párr. 26

[3] Comité de la CEDAW, Recomendación General 37 sobre las dimensiones de género de la reducción del riesgo de catástrofes en el contexto del cambio climático, párr. 36

Egresada de Magíster en Estudios Internacionales, Mabel Cobos, realiza clase sobre Derechos Humanos a estudiantes de EE.UU. en la Universidad de Santiago

Mabel Cobos es egresada de Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción: Inglés-Japonés, y también egresada del Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, donde, este 9 de noviembre realizó una clase magistral sobre Derechos Humanos a estudiantes de distintas universidades de Estados Unidos al interior de la Universidad de Santiago.

La egresada es Coordinadora del Programa de Honor Internacional (IHP), donde permanece hace 10 años; el programa pertenece a SIT Study Abroad, organización internacional líder en programas de inmersión en el extranjero para estudios de campo orientado a estudiantes universitarios. La organización ofrece programas en África, Asía, Europa, América Latina y Medio Oriente.

SIT Study Abroad ofrece programas de alto impacto impulsados por valores y títulos orientados a profesionales a través de experiencias colaborativas, centradas en alumnos, basadas en un compromiso recíproco y significativo con diversas comunidades.

En ese contexto, la egresada y coordinadora relata por qué eligió el campus universitario para impartir esta clase y el impacto que tiene este programa.

“Es un programa donde estudiantes de diversas universidades de EE.UU. viajan a distintos lugares del mundo, en este caso, Nepal, Jordania y Chile, donde por un mes, los estudiantes estudiarán Derechos Humanos en nuestro país… Me pareció interesante la idea de que conocieran la Universidad de Santiago, tomando en consideración la clase de espacio urbano en un lugar lleno de memoria, muy importante en esta materia”, indicó la egresada.

Parte de los contenidos que se visualizaron en esta clase, son la revuelta del 18 de octubre de 2019, donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender a leer los espacios, desde la geografía critica y desde los estudios urbanos. Además, los estudiantes, realizaron una visita guiada por todo el campus universitario, con el objetivo de conocer cómo se interactúa en el espacio público.

En relación a la trayectoria de su trabajo realizado durante estos 10 años, Mabel Cobos agrega que: “Ha sido una experiencia increíble, de mucho aprendizaje. Este programa está enfocado a ver las experiencias de los movimientos sociales, de la memoria y del feminismo. Conocer distintas realidades de EE.UU, la riqueza y la diversidad del estudiantado, ha sido algo muy enriquecedor”

Para ingresar a este programa, los estudiantes postulan de manera virtual y desde SIT Study Abroad se realiza una selección, considerando intereses personales, experiencia previa en el área de derechos humanos, carreras afines como Sociología, Ciencias Políticas, entre otras.

Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM

Muy buenas tardes. Me honro en dar lectura a esta declaración política, surgida del Foro Feminista realizado de forma previa a la XV Conferencia Regional de la Mujer. A ese Foro llegamos -por primera vez en la historia de las Conferencias regionales más de mil mujeres, feministas de todas las diversidades de nuestro continente, a las que nos convocó el tema a discusión, porque nada muestra tanto la injusticia de género, como la división sexual del trabajo, premisa sobre la que se monta la idea de que el trabajo de cuidado no remunerado es nuestra responsabilidad exclusiva, producto del “amor” e históricamente feminizado.

Los feminismos hemos examinado los costos económicos y sociales que tiene la reproducción de la vida para las personas, familias, comunidades y Estados. Hemos visibilizado en qué medida el trabajo que hay que poner en juego para que se sostenga la existencia individual y colectiva, constituye la base de la producción económica y de la acumulación capitalista. Sin cuidados no hay vida y cuidar -a otras personas, a una misma o al entorno- implica trabajo. Se ha denunciado que ese trabajo de sostenimiento está principalmente a cargo de mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores), que lo realizamos en los hogares y comunidades de forma no remunerada y precarizada. Hemos puesto en evidencia las formas en que la acumulación de capital se basa en la expropiación de los tiempos y las energías necesarias para sostener la vida y los lazos sociales. Por ello hemos pugnado por años para avanzar hacia las sociedades del cuidado, que suponen la formulación de políticas integrales que reconozcan, redistribuyan y reduzcan el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres, que nos aseguren la autonomía económica y -de esta manera- la autonomía en otras esferas de la vida. Porque la sobrecarga de trabajo no pago que vivimos, profundiza y agrava desigualdades, impidiéndonos determinar el uso del tiempo o disponer de tiempo libre.

Luego de la larga pandemia que profundizó la crisis y dejó al desnudo la fragilidad de los sistemas de salud, los gobiernos tienen el desafío de consolidar procesos que reactiven la economía mundial y desarticulen la injusta y desigual división sexual del trabajo, reconociendo que tareas reproductivas y productivas son igualmente necesarias para el desarrollo digno de las naciones y sus pueblos, y promoviendo el respeto a la madre tierra, garantizando su cuidado porque de ella depende nuestra vida y la del planeta.

Hoy venimos aquí a ratificar las propuestas y exigencias que hemos señalado antes, por ello hacemos nuestro el documento elaborado y entregado por las compañeras argentinas a la CEPAL y ONU Mujeres en junio pasado y a ello agregamos:

  1. El derecho al cuidado tiene que ser considerado como un derecho humano desde una doble exigencia: en primer lugar, los Estados deben garantizarlo a todas las personas independientemente de su situación de vulneración o dependencia. En segundo lugar, el trabajo de cuidados sostiene a las sociedades de tal manera que es fundamental que los Estados -y la sociedad en general- reconozcan su importancia y el impacto que este ha generado y genera a las mujeres y niñas debido a su injusta distribución.
  2. Los Estados tienen la obligación de adoptar e implementar leyes, políticas y programas con suficiente presupuesto dirigidos a la creación de sistemas integrales de cuidado que desarrollen infraestructuras y servicios accesibles, próximos y de calidad y que incorporen una perspectiva de género, de interseccionalidad y con pertinencia cultural, con un enfoque feminista que analice y comprenda el impacto del cuidado en las vidas de las mujeres y niñas en toda su diversidad. Los sistemas de cuidado deben asumirse como una inversión, no como un gasto y deben contemplar la co-responsabilidad del Estado, las comunidades, las familias y el mercado.
  3. Los desalojos y otros procesos de expulsión producto de la voracidad inmobiliaria y extractivista -tanto sobre los territorios ancestrales como los urbanos- amenazan la vida de las comunidades y son causa de migraciones forzadas y mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad. En este sentido reclamamos a los Estados mayores esfuerzos para garantizar el acceso de las comunidades campesinas y de pueblos originarios y afrodescendientes al agua y a la tierra, como aspectos clave que permiten el sostenimiento de experiencias de cuidados comunitarios. Asimismo, reclamamos se garantice el uso social de la tierra en los territorios urbanos, y el acceso a una vivienda digna y a infraestructuras y servicios que permitan la colectivización de los trabajos de cuidado.
  4. El trabajo de cuidado no remunerado aumenta el tiempo de trabajo total de las mujeres. Además, las ocupaciones que se relacionan con la economía del cuidado, suelen generar empleo en el sector informal sin cobertura sanitaria y protección social, en general reciben los salarios más bajos de la economía y conllevan mayores riesgos de enfrentar formas múltiples e interseccionales de discriminación, violencias y marginación. Por ello, los conminamos a adoptar las medidas de política, normativas, institucionales y administrativo-operativas necesarias para la inclusión de las trabajadoras remuneradas del hogar y de las cuidadoras no remuneradas a los sistemas de seguridad social, como un medio indispensable para la justicia social y la sostenibilidad de las sociedades del cuidado en la Región.
  5. El trabajo de cuidados que realizamos a través de las organizaciones comunitarias en muchos de nuestros países -que ha permitido a los sectores más vulnerables afrontar los impactos de pobreza estructural y de las crisis socioeconómicas de los últimos años- sigue invisibilizado, lo mismo que los cuidados realizados por las mujeres indígenas: sanadoras, curanderas, hierberas, cuidadoras de la madre tierra.
  6. Los Estados deben impulsar una agenda de cuidados que considere a las niñas y adolescentes como sujetas de derecho, aportando a minimizar la imposición de responsabilidades de cuidados como algo que no les corresponde, reconociendo el valor y el impacto del trabajo no remunerado que realizan y transformando la mirada adultocéntrica que ha prevalecido hasta ahora en una más inclusiva, respetuosa y que promueva la solidaridad intergeneracional. Porque la desigual distribución del trabajo no remunerado les restringe las posibilidades de salir del espacio doméstico para la recreación y la participación en actividades sociales, políticas y comunitarias, así como continuar con su educación. Por lo tanto, es Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM 3 necesario generar para jóvenes fuentes de empleo formales y flexibles que permitan -en especial a aquellas casadas o unidas- tener un ingreso digno para que cuenten con más opciones para formar o continuar su plan de vida.
  7. Los Estados deben reconocer el derecho al cuidado de las personas con discapacidad desde un enfoque de autonomía, con el apoyo necesario para asegurar el autocuidado y reivindicándolas como personas cuidadoras, generando los mecanismos y apoyos para que puedan ejercer su derecho a cuidar.
  8. Los sistemas de cuidado que se implementen deben considerar las necesidades de salud y el abastecimiento de medicamentos de las mujeres que viven con VIH, así como reconocer, que las tareas de cuidado que éstas realizan impactan negativamente en el autocuidado, el diagnóstico oportuno y la adherencia al tratamiento. 9. La vida de las mujeres que ejercen el trabajo sexual está atravesada por la violencia institucional, en forma de persecución, allanamientos injustificados, detenciones arbitrarias, tratos crueles y degradantes, extorsiones y amenazas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Por ello urge que los Estados de la región implementen medidas preventivas, de protección y atención que contribuyan a la erradicación de todas las formas de violencia basadas en el género, incluyendo las violencias y vulneraciones a los derechos humanos de las que son víctimas las mujeres que ejercen el trabajo sexual. 10. El debate sobre el cuidado nos permite construir un continente donde las ciudadanías emergentes tengan una voz fuerte sin vivir en el terror de perder sus vidas, o en el miedo permanente a la exclusión. Por ello necesitamos una agenda innovadora de mujeres, paz y seguridad, para prevenir y enfrentar todas las formas de violencia contra las mujeres. ¡Exigimos respeto a la vida de las mujeres y decimos NO a la intervención militar en Haití! Al tiempo que llamamos a un ejercicio permanente de debate que permita la construcción de sociedades incluyentes y justas basadas en el cuidado y en dónde se proteja el derecho a defender derechos humanos.

11. La crisis migratoria regional -mayoritariamente venezolana- obliga a los Estados a promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, especialmente de mujeres, niñas, adolescentes y personas género-diversas, cuya situación de movilidad incrementa su vulnerabilidad a la violencia basada en género. Las migrantes se ocupan en empleos de cuidados altamente precarizados, constituyendo así las cadenas globales de cuidado en cuyo origen está la responsabilidad asignada a las mujeres de asegurar la sostenibilidad de los hogares en contextos de crisis de reproducción social.

12 Es urgente que los Estados elaboren programas de empleo real con salario digno, acceso a programas de vivienda, educación pública, y salud integral para las mujeres que viven y reconocen en la prostitución un permanente estado de violencia.

13. Hacemos una exigencia a los Estados para prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia basada en género que enfrentan las mujeres, juventudes, adolescentes y niñas, particularmente las mujeres trans, travestis, las trabajadoras migrantes y refugiadas, incluyendo la trata y el tráfico, la explotación laboral y sexual, el acoso, el desarraigo territorial y cultural, la vulneración de las creencias de mujeres indígenas que llegan a trabajar a casa de familias y todas las formas de violencia sexual, así como los feminicidios y transfeminicidios.

14. El trabajo de cuidados disminuye el tiempo y la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y acceder a la atención integral, integrada e intercultural de la salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a los servicios de anticoncepción, anticoncepción de emergencia y el aborto legal y seguro, lo que cuesta la vida de las mujeres, a veces su vida física y mayormente su proyecto de vida. De manera especial queremos llamar la atención sobre la región centroamericana y dominicana en donde la penalización del aborto es absoluta; y el caso de Honduras, único país en el continente que niega la posibilidad de acceder a pastillas anticonceptivas de emergencia (PAE). Así mismo, mencionar que en 2023 la Corte IDH conocerá el caso de Beatriz, donde se espera que el Estado salvadoreño sea condenado por los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ella enfrentó debido a la penalización absoluta del aborto. En un marco de retrocesos democráticos en la región centroamericana este caso trae esperanzas para avanzar en la justicia reproductiva en toda América Latina y el Caribe.

15. La transformación cultural que se requiere -para afianzar la idea de sociedades del cuidado- pende de políticas de educación que sean integrales, incluida la Educación Integral e intercultural en Sexualidad, que revierta las relaciones desiguales e inequitativas de género, asegurando una efectiva redistribución de las tareas de cuidados entre hombres, mujeres y personas en toda su diversidad.

16. En las resoluciones del sistema de justicia hay revictimización, el sistema no es accesible, se utilice un lenguaje encriptado y se retardan los procesos de forma injustificada. Como consecuencia, no tenemos acceso a una tutela judicial efectiva cuando se acude al sistema para hacer valer nuestros derechos. Repudiamos las injusticias que persisten en el trabajo persecutorio de los sistemas judiciales e instamos a los gobiernos a que impulsen reformas estructurales para garantizar el acceso a la justicia y consolidar poderes judiciales con perspectiva de género y diversidad. No hay sociedades de cuidado sin reformas judiciales feministas.

17. Hacemos un llamado enérgico a los Congresos de la región a presentar iniciativas de leyes de cuidados -o aprobar las que están en espera de sanción-, que permitan la creación de política pública y que reconozcan y garanticen tanto los derechos de las personas que requieren cuidados como los de las cuidadoras.

18. Los Estados tienen la obligación de promover y garantizar el respeto a la Laicidad y pluralidad religiosa, una verdadera separación de las Iglesias y los asuntos políticos permitirá avanzar en el cumplimiento y acceso a derechos para que las mujeres en toda su diversidad puedan tomar decisiones de manera informada, en libertad de conciencia, con autonomía, libres de prejuicios y culpa. Creemos en la justicia terrenal y condenamos la reciente ola fundamentalista religiosa que Declaración Política del Foro Feminista previo a la XV CRM 5 criminaliza y encarcela a las mujeres por abortos y promueve la violencia reproductiva y obstétrica.

19. Hacemos un llamado insistente para contar con datos estadísticos desagregados por edad, por grupos étnico raciales como pueblos indígenas y afrodescendientes, sexo, estado civil, identidad de género, orientación sexual, discapacidad y todos aquellos que resulten necesarios para tener más información sobre el trabajo de cuidados; para la generación e implementación de políticas públicas según necesidades de las mujeres en toda su diversidad.

20. Ninguna política pública rendirá los frutos que exigimos, si se implementa desde regímenes de gobierno autoritarios, que no escuchan voces ciudadanas y que cierran las puertas de la democracia. De forma particular, denunciamos la dictadura en Nicaragua que violenta de manera sistemática a las defensoras de derechos humanos, que reprime la movilización social y que expulsa o encarcela a la disidencia. ¡Exigimos libertad inmediata para las presas políticas del régimen! Señoras y señores representantes de gobiernos, actualmente enfrentamos una crisis climática que pone en riesgo la vida de millones de personas, en ese marco, la pandemia en América Latina profundizó los problemas estructurales y produjo un marcado incremento en la desigualdad social con retroceso de 27 años en la pobreza extrema, con impactos negativos desproporcionados en las mujeres en todos los órdenes de la vida. Sabemos que las recomendaciones de los organismos financieros internacionales centradas en impulsar políticas de austeridad y de reducción de gastos públicos no son las adecuadas para impulsar la sostenibilidad ambiental y reducir los rezagos sociales y las brechas estructurales. ¡NO LES ESCUCHEN! La prioridad no puede ni debe ser garantizar el servicio de la deuda externa, sino penalizar la hiperconcentración de la riqueza. Venimos a decir que se requiere de los esfuerzos públicos para promover nuevos modelos de desarrollo que pongan la vida en el centro e impulsen un un pacto fiscal que sostenga verdaderas políticas de cuidado. También se requiere redireccionar la política económica hacia el consumo de hogares y la generación de empleo digno. Avanzando hacia la universalización de los sistemas de protección social y salud. En este momento de la historia en todos los países sabemos que las horas dedicadas a las tareas de cuidado sostienen a las sociedades y subsidian al capitalismo. Ahora estamos reunidas en esta XV Conferencia Regional de la Mujer para impulsar acuerdos distintos, más justos para las mujeres y más realistas para las actuales necesidades. Hoy no alcanzan los diagnósticos, las buenas intenciones, ni las declaraciones comprensivas, es fundamental impulsar y construir respuestas estructurales concretas con participación de múltiples actores, en clave de derechos humanos, desde una perspectiva de género, interseccional, transversal e incluyente de todas las diversidades hoy discriminadas y excluidas.

¡HOY MÁS QUE NUNCA RECLAMAMOS JUSTICIA SOCIAL, JUSTICIA ECONÓMICA Y JUSTICIA DE GÉNERO

Desafíos de la visita presidencial a La Araucanía

por José Aylwin y Hernando Silva

El Presidente Boric está haciendo efectiva en estos días su esperada visita a La Araucanía. Se trata no solo de la visita a la región más pobre del país, sino de aquella en que la demografía indígena, en este caso mapuche, es de las más altas del país, llegando a conformar casi un tercio de su población. Como sabemos, además, en  dicha región y regiones aledañas se verifica el que posiblemente sea el conflicto sociopolítico más grave del país.

Si bien no se trata de un conflicto nuevo, sino de uno de antiguo que tiene su origen en la forma en que el Estado chileno estableció su soberanía y propiedad en esa parte del país históricamente habitada por el pueblo mapuche, desde hace algunas décadas se ha tornado más violento. Así, la violencia impuesta por el Estado en el pasado a través de la confiscación de las tierras mapuche y el arrinconamiento de su población en espacios reduccionales insuficientes para garantizar la vida material y cultural mapuche, se ha agudizado en las últimas décadas como consecuencia de la criminalización de la protesta social mapuche en defensa de derechos que han sido reconocidos a los pueblos indígenas por tratados internacionales ratificados por Chile, como el Convenio 169 de la OIT.

Dichas circunstancias han derivado en el ejercicio de la fuerza por parte de personas y organizaciones pertenecientes al pueblo mapuche. Esta última fuerza, que inicialmente se encontraba orientada en contra de la propiedad, en muchos casos afecta hoy la vida e integridad de las personas, independientemente de su condición étnica. La evidencia indica, además, que el uso de la fuerza por parte de organizaciones mapuche hoy no está relacionada solo a la legítima reivindicación de derechos, sino también a fines ajenos a ella, como son el robo de madera y otras circunstancias delictivas.

Frente a esta realidad, la estrategia seguida por diferentes gobiernos en los últimos años ha sido la de la contención de la violencia mapuche a través de políticas de seguridad, antes lideradas por las fuerzas policiales, hoy por fuerzas militares, y la persecución judicial. Se trata de una estrategia de la que el Gobierno del Presidente Boric no ha podido abstraerse, pese a su intento inicial de enfrentar el conflicto a través de estrategias centradas en el diálogo con el pueblo mapuche, poniendo énfasis además en el impulso de políticas de reparación y  desarrollo (Buen Vivir.) Aunque ello pueda ser entendible en el contexto del innegable recrudecimiento de los hechos de violencia en lo que va corrido de la actual administración, y de la presión de la opinión pública nacional y regional, los énfasis del actual Gobierno parecen nuevamente estar enfocados en el impulso de políticas de seguridad orientadas a contener la violencia existente en la región, más que en la resolución de los problemas de fondo que generan dicha conflictividad.

La evidencia de los conflictos étnicos caracterizados por el uso de la fuerza existentes en diferentes partes del mundo, como el que se vive hoy en La Araucanía entre sectores del pueblo mapuche y el Estado chileno, es que las estrategias de seguridad, si bien son necesarias para mantener el orden público y garantizar la integridad de la población, por sí solas son absolutamente insuficientes para disminuir la violencia. Ello, más aún en el caso de un pueblo, como es el mapuche, que tiene una larga tradición de resistencia a toda forma de dominación, incluyendo la dominación incaica, hispana y chilena.

Para ello se requiere con urgencia el desarrollo de procesos dialógicos que permitan el abordaje de las principales demandas legítimas del pueblo mapuche por el reconocimiento y ejercicio derechos humanos de carácter colectivo largamente postergados, como lo son la tierra, los recursos naturales, el derecho a definir sus planes de vida o prioridades de desarrollo, hoy seriamente afectados por, entre otros, una industria de monocultivos forestales que se ha expandido de manera inconsulta en sus territorios de ocupación tradicional, con graves impactos sociales, culturales y ambientales en sus comunidades.   

Tales procesos, no solo son recomendados por instrumentos de derechos humanos, como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (en su artículo 40 refiere al derecho que estos pueblos tienen a “procedimientos justos y equitativos para la resolución de controversias con los Estados u otras partes”), sino que encuentran antecedentes muy relevantes en la historia y la tradición mapuche. En efecto, el relacionamiento entre los mapuche y la colonia hispana, y más tarde, hasta mediados del siglo XIX, entre los mapuche y el Estado chileno, se  basó en parlamentos, en la conversación, los que celebrados periódicamente por más de trescientos años, se tradujeron  en tratados en los que se establecieron las bases de una convivencia generalmente pacífica en esta parte del país.

Sería deseable entonces que durante esta y sus próximas visitas a La Araucanía, el Presidente Boric, junto con reunirse con las víctimas de la violencia que hoy afecta a la región, y con actores públicos y privados relevantes para la definición de una estrategia que garantice la seguridad, y la integridad física y síquica hoy cotidianamente violentada en muchas localidades de la región, pueda reunirse también con organizaciones representativas del mundo mapuche. Ello, a objeto de escuchar sus visiones sobre cómo abordar la conflictividad y violencia en la región, así como los problemas de fondo que subyacen a la relación entre el pueblo mapuche y el Estado. Escuchar también de sus representantes las propuestas que, sobre la base de su tradición histórica, hagan acerca de las modalidades a través de las cuales podría impulsarse un diálogo constructivo entre ambas partes.

El que haya organizaciones mapuche que hasta la fecha rechacen el diálogo y la conversación como mecanismos para resolver controversias históricas, no significa que el Gobierno del Presidente Boric no pueda sostener conversaciones con aquellos sectores del pueblo mapuche dispuestos a hacerlo. Ello, con mayor razón en momentos en que la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, en que se establecían mecanismos institucionales para abordar los problemas de relacionamiento entre los pueblos indígenas y el Estado y sociedad chilena, fuera rechazada en el plebiscito de septiembre pasado.

Sería muy esperanzador que de dichas conversaciones emergiera un nuevo proceso dialógico, que se traduzca en la apertura de un espacio para parlamentar, entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, que permita abordar las raíces de la  conflictividad creciente que hoy vive esta parte del país, antes de que la violencia siga escalando en ella, afectando a todas y todos quienes vivimos allí.