Misión de observación internacional sobre derechos humanos en Jujuy: resultados preliminares

Los testimonios recibidos dan cuenta de la existencia de un clima de grave polarización y de diversas formas de violaciones a los derechos humanos tanto individuales como colectivos en la provincia.

Entre el 21 y 25 de agosto de 2023 se realizó una misión internacional de observación conformada por personas pertenecientes a ocho organizaciones de la sociedad civil con amplia trayectoria en materia de derechos humanos y derechos ambientales. Las representantes de la misión visitaron la provincia de Jujuy, Argentina, para conocer de primera mano las posibles vulneraciones al derecho a la protesta y a la participación, en el marco de la reforma constitucional, aprobada el 16 de junio de 2023, en un breve tiempo que no permitió una amplia deliberación pública. Dicha reforma, lejos de haber contribuido a generar un clima de convivencia democrática, parece haber exacerbado la fractura y polarización previamente existente en la provincia.


Durante el recorrido, la misión se detuvo en los principales focos de protesta de los últimos dos meses, tales como Abra Pampa, donde se verificó un cierre de ruta y la permanencia en vigilia de más de 67 comunidades, pasando por La Quiaca, Salinas Grandes, Susques, Humahuaca, el cruce de San Roque y Purmamarca. En todas estas localidades se recibieron numerosos testimonios que dan cuenta de posibles violaciones a los derechos humanos, derivadas del uso desproporcionado de la fuerza y de armas “menos letales” para la dispersión de la protesta, así como de detenciones arbitrarias y de la criminalización de defensores mediante procesos penales y contravencionales arbitrarios (multas cuantiosas).


La misión internacional dialogó con personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y asociaciones campesinas, también con referentes sociales, sindicatos, organismos de derechos humanos, docentes, abogadas y personas que dieron cuenta de diversas formas de violación a los derechos humanos tanto individuales como colectivos. La misión también tuvo la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales, incluyendo el Ministro de Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía y diputadas provinciales en San Salvador de Jujuy. La misión internacional no enfrentó ningún impedimento ni obstaculización durante su estadía en Jujuy por lo cual agradece a todos los actores que brindaron diferentes puntos de vista sobre los hechos acaecidos en el contexto de la reforma.


Las integrantes de esta misión internacional están procesando la información recabada en Jujuy, que será empleada para la elaboración de un informe sobre los hallazgos de la compleja realidad de derechos humanos en la provincia. Sin embargo, la misión considera oportuno adelantar algunas observaciones preliminares, con ánimo de aportar a la construcción del diálogo social. Esta aproximación se realiza respetando la autonomía de las comunidades y el gobierno provincial, tomando como base las obligaciones del Estado argentino y la provincia que se desprenden de instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía legal y constitucional, así como de su legislación interna.

Una reforma constitucional sin participación

La misión internacional pudo constatar que, aunque los pueblos indígenas y sus comunidades solicitaron participar en la reforma constitucional, esta se llevó a cabo sin un amplio proceso de deliberación. La elaboración de la reforma se desarrolló con una ausencia de mecanismos de consulta y participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, a pesar de los numerosos pueblos que habitan en Jujuy (alrededor de 420 comunidades) y de la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas. De la información obtenida, se desprenden preocupaciones sobre la incompatibilidad de la reforma con los derechos humanos y los derechos ambientales. Entre otras, las disposiciones relativas a las tierras fiscales y la ausencia de mecanismos para la protección de tierras indígenas, quienes ancestralmente ocupan estos territorios. La misión recuerda al gobierno provincial que la jurisprudencia interamericana ha reconocido que los derechos de posesión de los pueblos originarios deben ser tutelados por los Estados.


En el contexto de la crisis climática y escasez hídrica, la reforma no aborda de manera adecuada la gestión integral de cuencas ni la preservación de ecosistemas. En ella parece que se favorece el uso industrial, agrícola y ganadero de gran escala de los recursos hídricos y se abren las puertas a concesiones que pueden dar origen a la privatización de las aguas, dañando los ciclos ecosistémicos y desprotegiendo la agricultura y la ganadería a pequeña escala, que resulta vital para la existencia de las comunidades originarias. Por otro lado, la reforma limita el derecho de manifestación, libertad de expresión y huelga al prohibir los cierres de ruta. La misión internacional considera que estas disposiciones limitan derechos que resultan esenciales para un estado democrático de derecho.


Aunado a ello, la misión recibió información que da cuenta de una aparente falta de independencia del poder judicial en Jujuy. Ello podría dificultar el control de constitucionalidad y convencionalidad de las reformas constitucionales provinciales, leyes o actos de autoridad arbitrarios. Se debe recordar la importancia que tiene el principio de división de poderes y el sistema de contrapesos para una sociedad democrática. Impacto ambiental y derechos de los pueblos preexistentes. Una reiterada preocupación manifestada por las comunidades indígenas es la relativa a los impactos perjudiciales de la actividad minera, en particular, los proyectos de extracción de litio que se desarrollan en sus territorios. Cabe señalar que estos proyectos requieren la utilización intensiva de productos químicos y agua en cantidades significativas, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los humedales y salares andinos y en general de los acuíferos. Lo anterior, afecta profundamente las prácticas culturales y tradicionales de subsistencia, además del derecho al medio ambiente sano. Ello explica los numerosos conflictos y las tensiones territoriales existentes en los lugares de exploración y explotación minera en Jujuy.


Represión y criminalización de la protesta social


Finalmente, la misión internacional accedió a testimonios de casos de represión de la protesta social, detenciones arbitrarias, hostigamiento y presuntas torturas por parte de la policía en contra de personas de pueblos y comunidades indígenas, defensores ambientales, docentes, jóvenes, mujeres e incluso niños. Así como del uso ilegítimo y desproporcionado de la fuerza, incluido el uso de armas menos letales como balas de goma y gases lacrimógenos que produjeron daños y lesiones en el cuerpo de manifestantes, incluyendo cabezas y ojos. También se accedió a información sobre hechos de violencia que afectaron a agentes de la policía provincial.

La misión internacional pudo dar cuenta de actos del gobierno provincial y del poder judicial que han causado un efecto amedrentador del ejercicio del derecho a la protesta, que se ven convalidados con normas que limitan el ejercicio de este derecho. Por ejemplo, se identificó un posible uso abusivo del sistema penal y contravencional para desincentivar las protestas, mediante la aplicación de figuras penales exageradas y aplicación de multas por sumas elevadas de dinero. En entrevistas se pudo percibir la desconfianza hacia las autoridades e instituciones del estado provincial, lo cual ha determinado que personas lesionadas con balas de goma no atiendan su salud ni les hayan sido retiradas las balas por temor a que les impongan una sanción administrativa o se inicie una investigación penal al momento de concurrir al sistema de salud.


Próximos pasos


En los siguientes días la misión se reunirá con autoridades nacionales y con representantes del Tercer Malón por la Paz convocado por autoridades indígenas, situado frente a los Tribunales de Justicia en Buenos Aires. En paralelo, se sistematizará la información recabada, con el fin de elaborar recomendaciones a todos los actores involucrados, en particular a las autoridades provinciales, nacionales e internacionales. Ello con el ánimo de visibilizar la compleja realidad de derechos humanos existente en la provincia de Jujuy y de contribuir al desarrollo de un diálogo entre los distintos actores para la mejor resolución de la conflictividad social y el respeto de los derechos humanos.


Suscribimos,

Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pan para el Mundo (PPM)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc Mx)
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Centro Legal de Derechos Humanos (HRLC)
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“Yaldad, 200 años de resistencia”: el documental que muestra la lucha de la comunidad mapuche-huilliche de Chiloé

  • “El mensaje que queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, señala uno de los realizadores.

En el marco de la 17° Muestra de Cine + Video Indígena que se está exhibiendo, fue lanzado el documental “Yaldad, 200 años de resistencia”, dirigido por los realizadores audiovisuales Rosario López y Sebastián Larraín, en el Museo Chileno de Arte Precolombino, en Santiago. La producción cuenta la historia de la comunidad mapuche – huilliche de Yaldad, en Chiloé, a 200 años desde que la corona española les entregara los títulos de Realengo, donde se establece el derecho que tienen sobre las tierras que históricamente han habitado. 

El proceso de este documental contó con el apoyo del Observatorio Ciudadano, organización dedicada a la defensa, promoción y documentación de los derechos humanos, y con la participación activa de la comunidad de Yaldad. De esta manera, los realizadores fueron recogiendo los testimonios que cuentan cómo desde la entrega de su título de Realengo, el Estado y las empresas extractivas, principalmente maderera, les han arrebatado el Fundo de Yaldad, lugar que han habitado durante muchas generaciones. Del equipo creativo también participó Sebastián Pinto, integrando la animación como recurso narrativo, además de pasar algunos días en la comunidad, para tener sus voces y testimonios.

“Nos pusimos en contacto con el lonko Cristian Chiguay, con quien entablamos una comunicación que me permitió, como documentalista, profundizar en la historia  y, a su vez, nos abrió las puertas de la comunidad, entendiendo también la importancia de contar su propia historia como testimonio de una reivindicación mucho más amplia”, señala Sebastián Larraín. 

Así también, detalla que, en marzo de este año, fueron invitados por el Lonko a la primera jineteada realizada en Yaldad, un evento organizado por la comunidad y que reúne la cultura patagónica y chilota en torno a la domadura de caballos. Este encuentro les permitió vincularse profundamente con la comunidad, pudiendo observar y relatar la multiculturalidad que existe en esta comunidad mapuche-huilliche presente en la Buta Wapi Chilwe o isla grande de Chiloé.

“Este tipo de historias y vivencias profundas, que no son tan visibles, con voces que muchas veces son ignoradas o hasta silenciadas, requieren de instituciones como el Observatorio Ciudadano para que puedan ver la luz. El mensaje que finalmente queremos dejar con este tipo de piezas es la profunda convicción de que estas voces e historias son relevantes y son parte de nuestro pasado, presente y futuro”, cierra el documentalista. 

Mientras que desde el Observatorio Ciudadano, su codirectora, Lorena Arce, asegura que la lucha por la reivindicación de las tierras de la comunidad Mon Fen de Yaldad, no puede ser indiferente para nadie. “Es reflejo de la deuda histórica que mantiene el estado de Chile con el pueblo mapuche y de la resistencia y fortaleza de muchas comunidades, que a través de generaciones no han renunciado a sus territorios ni a la búsqueda de justicia. Desde el Observatorio Ciudadano hemos apoyado la realización de este documental buscando que esta historia, que refleja la historia de muchos, no pase inadvertida”, sostiene.

En el contexto de esta muestra de cine indígena se presentan 86 audiovisuales realizados entre 2018 y 2022 que reflexionan sobre las realidades de los pueblos americanos: identidad, conocimiento ancestral,  procesos de resguardo, derechos humanos, protección y defensa de los territorios y lenguas indígenas.

Trailer documental

Las próximas fechas de lanzamiento serán: 

Museo Regional de Ancud

6 de octubre, 6:05 pm

Museo de Antofagasta

20 octubre, 7:05 pm

Centro Cultural Waldo Orellana de Victoria

10 de octubre, 12:05 pm 

Centro Cultural Tongariki 

5 septiembre, 7:00 pm

Revisa el conversatorio posterior al lanzamiento del documental:

Alerta ante el escenario de regresión en derechos humanos en Chile

Diversas situaciones ocurridas en el país en las últimas semanas alertan sobre una tendencia regresiva en derechos humanos. El Observatorio Ciudadano manifiesta su preocupación sobre las implicancias adversas que para estos derechos tienen las siguientes situaciones: 

  • En junio del presente año se instaló la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, cuyo mandato principal es determinar la demanda de tierras y territorios del pueblo mapuche y proponer mecanismos concretos para su reparación. Contradiciendo dicho acuerdo, el 17 de julio 2023, un grupo de integrantes del Consejo Constitucional, en su mayoría de Renovación Nacional, ingresaron la enmienda transitoria N°14 al texto constitucional en discusión por dicho Consejo a objeto de crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, encargada de “(…) resolver las solicitudes formuladas en consideración a los títulos señalados en los artículos 12, 63 y 68 de la Ley N° 19.253 (Ley indígena)”, referidas a los derechos de estos pueblos sobre sus tierras. Dicha acción, además de ir en contra del estándar internacional relativo al reconocimiento de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas, es una acción contradictoria con el compromiso asumido en la instalación de la Comisión de Paz y Entendimiento, mediante la cual se busca avanzar para dar respuestas estructurales a la demanda histórica por el despojo de tierras y territorios del pueblo mapuche.
  • La presentación ante el Consejo Constitucional de 400 enmiendas por consejeros y consejeras del Partido Republicano al anteproyecto  constitucional elaborado por la Comisión Experta, muchas de las cuales implican una limitación a los derechos humanos. Entre ellas se propone que los tratados internacionales de derechos humanos queden subordinados al texto constitucional, estándar aún más regresivo que el de la Constitución de 1980; que el deber del Estado en relación con la garantía de los derechos de pueblos indígenas se limite sólo a promover sus culturas y a los derechos que garantiza la propuesta de Constitución y las leyes vigentes, excluyendo de esta forma sus derechos reconocidos en tratados internacionales; y finalmente, que se limite también el derecho a la sindicalización y a la huelga al ceñir su ejercicio dentro del marco de la negociación colectiva. Además de la regresividad en derechos humanos que estas enmiendas plantean, algunas de ellas transgreden las bases que dieron origen al proceso constituyente en desarrollo, por lo que deberían ser objetadas.
  • La decisión del Consejo Constitucional de no realizar un proceso de consulta a los pueblos indígenas respecto al anteproyecto constitucional, tal como había sido solicitado por el consejero de escaño reservado para pueblos indígenas Alihuen Antileo, y respaldado por la Unidad de Consulta Indígena del Ministerio de Desarrollo Social. Dicha situación implica un grave retroceso frente al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, en especial respecto al derecho a la consulta indígena, el que ha sido ampliamente reconocido en el ordenamiento jurídico chileno en el marco de la actual Constitución mediante la incorporación e interpretación de los de instrumentos de derecho internacional que reconocen derechos a los pueblos indígenas, tanto por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la legislación. Es por ello que creemos que la decisión del Consejo Constitucional de no consultar las normas del anteproyecto constitucional en las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas es una señal muy preocupante respecto a la legitimidad del proceso.
  • Preocupa la continuidad de situaciones de violencia en La Araucanía y regiones aledañas, y la normalización de un estado de excepción con fuerte presencia militar en la región y en comunidades mapuche por casi un año y medio bajo la administración del presidente Boric. Ello contrasta con la lentitud del gobierno en poner en marcha la Comisión de Paz y Entendimiento, así como de otras iniciativas de diálogo intercultural con los pueblos indígenas como las que han sido propuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y organizaciones del pueblo mapuche. La lentitud desde el Estado para abordar un conflicto histórico a través del diálogo se refleja en la continuidad de acciones de fuerza auto adjudicadas por un grupo de miembros del pueblo mapuche, acciones que rechazamos.
  • Frente a las situaciones aquí referidas, nos hacemos un deber de señalar que como Observatorio Ciudadano seguiremos vigilantes del acontecer político nacional a objeto de impedir la profundización de las tendencias regresivas en derechos humanos que con preocupación constatamos, y de asegurar que se respeten los compromisos internacionales que Chile ha adquirido en la materia. Hacemos un llamado a los órganos del Estado, a los partidos políticos, y a quienes toman decisiones a tener presente dichos compromisos tanto en el desarrollo de la nueva carta fundamental para Chile, como en las políticas públicas de modo de evitar que la regresión que advertimos se consolide, con todos los peligros que ello involucra para la ya tensionada convivencia social e interétnica en el país. 

Equipo Observatorio Ciudadano

La derecha y los pueblos indígenas: ¿Ignorancia o mala fe?

Por José Aylwin

En los últimos días personeros de la derecha chilena han dado señales muy contradictorias sobre sus estrategias y propuestas en relación a los pueblos indígenas y sobre cómo abordar su realidad y conflictos con el Estado y la sociedad chilena. Dada las críticas implicancias que ello puede tener para las relaciones interétnicas en el país, considero oportuno analizarlas acá.

El 21 de junio pasado partidos políticos de todas las tendencias, incluyendo entre ellos partidos de derecha como Renovación Nacional, Evopoli y Republicanos, concurrieron a la Moneda para dar su respaldo a la Comisión de Paz y Entendimiento creada por el gobierno del presidente Boric para abordar la situación de conflictividad existente en el centro sur del país derivada del desposeimiento de las tierras de las que los mapuches han sido objeto a través de la historia. A dicha Comisión se le mandató determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos para la reparación, por la vía institucional, de la problemática que ello ha generado en sus comunidades y en la convivencia en esta parte de Chile.

Cabe señalar que dicha Comisión quedó integrada de manera amplia, con la participación de personalidades mapuche y no mapuche de distintas sensibilidades políticas, incluyendo entre ellos el ex ministro de Desarrollo Social y empresario Alfredo Moreno, y la senadora del Partido Republicano, Carmen Gloria Aravena.

Semanas más tarde, el 17 de julio pasado un grupo de integrantes del Consejo Constitucional, que incluyen a Germán Becker (RN), Pilar Cuevas (RN), Lorena Gallardo (Independiente-RN), Gloria Hutt (Evópoli) e Ivonne Mangelsdorf (RN), ingresaron una enmienda transitoria (N°14) al texto constitucional en discusión por dicho Consejo a objeto de crear una Comisión de Reparación y Buena Convivencia, encargada de “…resolver las solicitudes formuladas en consideración a los títulos señalados en los artículos 12, 63 y 68 de la Ley N° 19.253”, todas ellas disposiciones de la llamada Ley Indígena referidas a los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

La misma propuesta de enmienda dispone que en caso de constatarse una merma ilegal de los títulos “…la Comisión deberá proponer al Estado acciones de reparación preferentemente indemnizatorias, considerando el valor del detrimento efectivamente causado, respetando siempre los derechos de terceros. Cada beneficiario podrá elegir el modo de reparación al cual adscribirse.” La enmienda dispone además que “la no presentación de estas solicitudes dentro de plazo producirá la prescripción del derecho a presentar la solicitud”.

Más allá del evidente conflicto de la enmienda presentada con el estándar del derecho internacional aplicable a los pueblos indígenas, al establecer la indemnización sobre la restitución como la opción preferente para dar respuesta a las “solicitudes” indígenas y al sugerir que los derechos que estos tienen sobre sus tierras pueden prescribir si no se presentan tales solicitudes en un plazo fijado por el Estado, lo que no se logra entender es la coherencia que ella tiene con el compromiso que los partidos políticos a los que pertenecen hicieron al concurrir a través de sus representantes a la suscripción del acuerdo para la creación de la Comisión de Paz y Entendimiento antes referida creada un mes antes. Ello es más difícil de entender aún si se tiene presente la participación de las personalidades de la derecha antes referidas como miembros de dicha Comisión.

Como si lo anterior fuera poco, con fecha 26 de julio la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, militante del Partido Republicano, en oficio dirigido al Consejero mapuche electo por escaño reservado indígena, Alihuen Antileo, desestima la propuesta que este le hiciera de desarrollar un proceso de consulta indígena de las disposiciones del ante proyecto de texto constitucional susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, proceso cuya viabilidad había sido refrendada al Consejo Constitucional por el Ministerio de Desarrollo Social.

En su argumentación para desestimar la procedencia de la consulta indígena la presidenta del Consejo Constitucional señala que “…redactar una nueva propuesta constitucional no constituye una medida administrativa o legislativa, ni es el Consejo Constitucional el órgano competente para llevar a cabo una consulta indígena en los términos del Convenio N° 169 de la OIT.” A ello agrega “… la ausencia de facultades constitucionales y/o reglamentarias del Consejo Constitucional para llevar a cabo acciones en pos de una consulta indígena”. Argumenta finalmente que ya ha existido “…una robusta participación de los pueblos indígenas en el actual proceso constitucional, particularmente a través de los mecanismos de participación ciudadana al cual fueron convocados todos los chilenos.”

Los argumentos formales esgrimidos por la presidenta del Consejo Constitucional para echar por tierra el proceso de consulta a los pueblos indígenas sobre las disposiciones susceptibles de afectarles del anteproyecto constitucional, consulta que de acuerdo al Convenio de 169 de la OIT evidentemente corresponde frente a la elaboración de una medida legislativa tan importante como lo es una carta fundamental, son insostenibles.

Más grave aún, en mi opinión, es la falta de visión política de la derecha está demostrando en el Consejo Constitucional tanto por su propuesta de enmienda contradictoria en el caso de la Comisión de Paz y Entendimiento, como por su actitud denegatoria en el caso del rechazo al desarrollo de un proceso de consulta indígena del anteproyecto constitucional.

Cabe preguntarse al respecto: ¿Es que la derecha no entiende que estamos sino frente al principal, uno de los principales conflictos socio político que enfrenta el país, que de no abordarse institucionalmente y con prontitud a través de instancias de composición amplia como la Comisión de Paz y Entendimiento amenaza con generar mayores niveles de enfrentamiento, violencia y sufrimiento humano que aquellos ya existentes en el centro sur del país?

¿Es que la derecha piensa que las demandas del mapuche por justicia frente al desposeimiento de sus tierras se van a terminar por la prescripción de un plazo para presentar sus demandas como lo proponen sus consejeros constitucionales en la enmienda recientemente presentada?

¿Es que la derecha cree que la Constitución propuesta por el Consejo Constitucional, en caso de ser aprobada, será considerada como legitima por los pueblos indígenas, y que las disposiciones que les conciernen serán respetadas por sus comunidades en el caso de que no les sean consultadas con sus instituciones representativas como mandata el Convenio 169 de la OIT?

¿Ignorancia o mala fe de la derecha? Prefiero pensar lo primero. En ambos casos, sin embargo, la actitud contradictoria o denegatoria de derechos actualmente reconocidos por el Estado que sus personeros están teniendo en relación a los pueblos indígenas en la crítica coyuntura actual de las relaciones interétnicas existente en el centro sur del país conduce a la agudización de un conflicto histórico, de una herida profunda que requiere del concurso todos los sectores políticos, incluyendo por cierto a la derecha, para sanar.

  • El autor es abogado del Observatorio Ciudadano.