Por Mabel Cobos Fontana, publicado en Radio U. de Chile.

El pasado martes 25 de febrero a las 15:16 horas Chile quedó sin luz. Conforme pasaban las horas, se informaba que el apagón había afectado casi a la totalidad del país, desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Lagos. En total, 19 millones de usuarios quedaron sin electricidad, y gran parte de ellos sin internet ni teléfono.

Trabajadores debieron caminar horas hasta sus hogares por problemas en el transporte público, mientras que algunos comercios perdieron sus productos refrigerados, y edificios dependientes de bombas eléctricas quedaron sin agua. Informaciones de prensa dan cuenta de tres personas electrodependientes fallecidas y se investiga si fue como consecuencia del corte de suministro de energía. Tal fue la magnitud de este evento que nos recordó al terremoto 8.8 en la escala Richter que azotó al país un día como hoy, hace 15 años.

¿Las razones de este megacorte? Aún se investigan. Pero lo que se baraja es que la empresa ISA InterChile -la filial colombiana de ISA- sería una de las principales responsables. De acuerdo a cifras de Fundación Sol en base a los Estados Financieros de ISA Interchile, esta empresa eléctrica incrementó sus ganancias en 529,1% a septiembre de 2024, con relación al mismo mes de 2023. Cabe destacar que las alzas en el precio de la electricidad han aumentado sin descanso en los últimos años.

En tanto, el presidente Gabriel Boric en su alocución en la noche del martes, señaló con indignación que: “no es tolerable que por responsabilidad de una o varias empresas se afecte la vida cotidiana de millones de chilenos y chilenas y por lo tanto, es deber del Estado de Chile hacer valer esa responsabilidad”.

No obstante, los dichos del Presidente no pueden quedar en el mero discurso. De acuerdo a los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, y al Plan Nacional sobre la misma materia, el Estado debe proteger los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial, prevenir su afectación y asegurar la reparación de los daños a estos derechos cometidos por empresas. Pese a que el actual gobierno comprometió la elaboración de un proyecto de ley sobre debida diligencia empresarial en derechos humanos, a la fecha, ello no ha ocurrido. Y todo indica que su elaboración y envío al Congreso Nacional para su discusión no será una prioridad para este año de elecciones.

Dicha legislación -que ya existe y ha probado su relevancia en varios países europeos- es prioritaria para que no solo las empresas cumplan sus obligaciones, sino que también para el establecimiento de mecanismos claros y efectivos de fiscalización, sanción, rendición de cuentas y reparación ante hechos que le son imputables y vulneran los derechos de las personas.

En agosto del año pasado, miles de familias quedaron sin luz por varios días producto del temporal de viento y lluvia que afectó al centro y sur de Chile. Durante este evento natural también fallecieron tres personas electrodependientes a causa de la demora en la reposición del suministro eléctrico. En este caso, la empresa responsable fue ENEL, entidad que no actuó preventivamente ni tampoco reparó los daños causados de manera oportuna, según lo consigna el informe emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Ello evidenció una clara negligencia empresarial, pese a las altas tarifas que se aplican a los consumidores y que no se ven reflejadas en un mejor servicio.

Así las cosas, cabe preguntarse: ¿en qué quedaron los cargos formulados por la SEC contra ENEL por tales eventos? Y, ¿cuáles serán las consecuencias que enfrentará ISA InterChile por el megacorte del 25 de febrero?

Lo cierto es que la privatización de servicios básicos como la electricidad y el agua en Chile demandan una mayor protección del Estado en situaciones de este tipo. Y por ello somos enfáticos en señalar que sin marcos normativos que regulen la actividad empresarial, el país irá quedando cada vez más a oscuras en cuanto a estándares de derechos humanos y debida diligencia.