Anteproyecto de nueva Constitución: Una lectura desde los derechos humanos

El miércoles 7 de junio se marcaron tres hitos relevantes en el marco del actual proceso constituyente: se hizo de público conocimiento el Anteproyecto elaborado por la Comisión Experta sobre el que trabajará el Consejo Constitucional para proponer un texto de una nueva Constitución por el que tendremos que votar en el plebiscito de diciembre próximo. Sumado a esto, se inició el periodo de participación ciudadana con cuatro mecanismos disponibles para aportar a la elaboración de dicho texto. Y, en tercer lugar, comenzó el funcionamiento del Consejo Constitucional que trabajará durante los siguientes meses en la redacción del nuevo texto constitucional.

Como señalamos en su oportunidad, el actual proceso constituyente está lejos de ser representativo de los principios que defendemos como organización de derechos humanos. En particular, por los límites al derecho de participación en los órganos constituyentes, al dificultar la inclusión de la diversidad de comunidades, pueblos y sectores que integran el país. Los límites a este derecho se ven reflejados también en el escaso tiempo, un mes, que el nuevo proceso considera para hacer posible el aporte de las mismas diversidades y de la ciudadanía en general en la elaboración del nuevo texto constitucional. Además de lo anterior, señalamos en su oportunidad que los bordes constitucionales constituían un límite al derecho de libre determinación de los pueblos para definir su condición política. Ello toda vez que dichos límites fueron definidos arbitrariamente por un órgano del Estado, el Congreso Nacional, que además de tener una bajísima confianza ciudadana, no fue mandatado para limitar al poder constituyente.

En el presente documento hacemos una primera lectura y análisis de los contenidos del Anteproyecto Constitucional elaborado por el Comisión Experta desde la perspectiva de los derechos humanos. Constatamos que el texto emanado del Comité de Expertos mantiene varios de los contenidos y estructuras consagrados en la Constitución de 1980, y al igual que dicha carta fundamental, tiene serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos.