Con la fuerza de las aguas nos reunimos como Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar en nuestro segundo encuentro nacional, los días 23 y 24 de marzo de 2024 en el territorio de Pu Wapi Quinchao, donde llegamos mujeres desde diversos territorios para re-conectarnos y fortalecernos como colectivo y, juntas, construir memorias de resistencia.

En este segundo encuentro participamos las integrantes de la Red del pueblo mapuche Lafkenche, mapuche Williche y pueblo Kawésqar, además de mujeres aliadas de los pueblos Diaguita, Chango y Yagán, formando una gran marea desde Atacama hasta Magallanes. Tejiendo redes de solidaridad para reflexionar sobre las diferentes problemáticas que enfrentan nuestros territorios y unir esfuerzos para hacerles frente. Durante las dos jornadas de trabajo compartimos sueños, dolores, alegrías, así como saberes, fuerza y lawen (medicina), ampliando el tejido de nuestra Red para proteger aún más el maritorio.

Así a nuestra llegada, entre lluvia y arcoíris, la barcaza nos trasladó hasta la hermosa isla de Llingua, donde inició el primer día del encuentro con un llellipun (rogativa), un momento especial para agradecer y fortalecernos espiritualmente para el encuentro y nuestro trabajo a lo largo del año. Luego de ello, entre mates y sopaipillas iniciamos nuestro intercambio sobre la situación y coyuntura en cada territorio, rescatando aprendizajes y desafíos, así como acciones a implementar, y oportunidades de articulación y alianza entre los pueblos originarios del mar. Abordamos también iniciativas de normas que se encuentran actualmente en trámite y que afectan nuestros derechos como pueblos de mar, como lo es la modificación de ley Lafkenche y el proyecto de nueva ley de pesca, para analizarlas en conjunto y tomar acuerdos respecto a estos procesos. Nuestro encuentro siguió con temas de coyuntura analizados desde nuestra mirada de mujeres originarias, y buscando consensos sobre nuestros aportes colectivos relevando el rol y participación de las mujeres y el enfoque de género. La jornada culminó con un trafkintu donde intercambiamos productos y trabajos relacionados al mar o con insumos del mar de los diversos territorios.

El segundo día, iniciamos nuestra jornada con una sesión de cuidados, donde aprendimos sobre lawen (medicina) y cómo preparar nuestra propia medicina como una forma de autocuidado desde nuestro conocimiento indígena. Siguiendo con el tema de cuidados, abordamos los derechos y protección de defensoras del mar, debido a las múltiples amenazas que enfrentamos y que se han intensificado en los últimos meses con las campañas en contra de los ECMPO. El resto de la jornada se centró en acciones para avanzar hacia el fortalecimiento de los ECMPO y la protección y gobernanza del mar;  así como, en revisar los avances alcanzados como Red y los proyectos y actividades a futuro para seguir fortaleciendo la gobernanza del mar con la participación activa de las mujeres del mar.

El encuentro culminó con una declaración pública de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, que expresa el espíritu colectivo de este encuentro, pues “¡Hoy somos muchas y mañana seremos más!”.

La declaración completa la puedes encontrar en: https://observatorio.cl/declaracion-publica-de-pu-wapi-quinchao/

El tribunal de apelaciones de París examinó el 5 de febrero las demandas de varios colectivos de ONG que estiman que tanto EDF -gigante de la electricidad- como Suez/Veolia -transnacional de distribución de agua- fallaron en sus obligaciones de velar por los derechos humanos y medioambientales en México y Chile.  

Por Raphaël Morán y Yago Martín

Desde 2017, Francia dispone de una ley pionera llamada deber de vigilancia que obliga a sus transnacionales a evaluar por escrito los riesgos humanos y ambientales de sus actividades y a proponer medidas para mitigarlos. 

Con base en esta ley, un colectivo de organizaciones locales mexicanas y europeas demandó al gigante de la producción eléctrica francés EDF por negligencias en su proyecto de megaparque eólico en la Unión Hidalgo, una comunidad campesina del sur de México.  

Las ONG acusan a EDF de haber omitido consultar a la comunidad antes de iniciar su proyecto, como lo obliga el derecho internacional. Un tribunal francés desestimó esta demanda en 2023 por lo que las ONG apelaron para pedir la suspensión del proyecto que ya está paralizado en México. 

Esta semana, el tribunal de apelaciones de París examinó también otro caso: el de la contaminación del agua potable por un derrame de petróleo en 2019 en Chile en Osorno. Una catástrofe que privó a los habitantes de Osorno de agua durante 10 días y por la que una empresa local, filial de la francesa Suez, hoy Veolia, fue sancionada con multa. 

«Si bien es cierto que tanto la Corte Suprema de Chile como la autoridad sanitaria reconocieron la responsabilidad de Essal, como una empresa chilena, la responsabilidad de Suez como empresa domiciliada en Francia no fue identificada», subrayó José Aylwin, coordinador del programa Empresas y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano y oficial de proyectos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de las ONG demandantes.  

De momento, el Tribunal de Primera Instancia de París declaró inadmisible el caso Suez el 1 de junio de 2023. Los jueces dictaminaron que las asociaciones demandantes deberían haber demandado a la empresa basándose en el mismo plan de vigilancia que fue objeto del requerimiento, ya que el plan vigilancia en cuestión no mencionaba qué empresa del Grupo Suez era responsable del mismo. 

En este caso también, las ONG han apelado en París para que sea reconocida la responsabilidad de la transnacional.  

Entrevistado por RFI, Sébastien Schapira, abogado de la empresa, no se pronuncia sobre el fondo de la acusación y argumenta que la demanda fue dirigida a una de sus filiales y no a la casa matriz de Suez. “Existe una responsabilidad plena de todas las empresas. Pero existe un aspecto legal esencial: solo le compete la casa matriz establecer el plan de vigilancia. No se trata de esquivar responsabilidades. Al contrario, para que la casa matriz sea plenamente responsable y que deba responder de eventuales demandas de ONG”, argumentó Schapira, entrevistado por RFI al final de la audiencia de apelación.

En cambio, Florian Curral Stephen, abogado del colectivo de ONG (compuesto por dos chilenas y dos europeas) que promueve la demanda contra Suez, lamenta que los debates se centren en tecnicismos jurídicos y no en el fondo. Hasta ahora, solo se condenó a una empresa por una demanda fundada en el deber de vigilancia. 

“El problema de esta ley es que no hay decreto de aplicación que hubiera podido aclarar varias cosas sobre los requerimientos, sobre qué nivel de empresa podemos demandar, sobre quién debe redactar un documento de vigilancia sobre los derechos. Hubiéramos podido evitar debatir todas estas cuestiones hoy si tuviéramos un decreto de aplicación y si tuviéramos una legislación europea”, afirmó Florian Curral Stephen. 

Los jueces franceses darán su veredicto el 18 de junio en ambos casos para determinar si confirman o no la decisión de primera instancia que desestimaron las demandas de las ONG por cuestiones jurídicas, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto: si estas dos transnacionales tienen o no una responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y ambientales de sus subsidiarias en América Latina.  

Lee la nota completa acá.

l Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizará en marzo de este 2024, el examen periódico relativo al cumplimiento e implementación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado chileno y entre los puntos que asoman, aparecen varios aspectos críticos relativos a los derechos indígenas, entre ellos, la situación de amenaza que enfrenta Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”

Por Seguel Alfredo

En marzo de este 2024, tendrá lugar el 140° periodo de Sesiones del Comité de Derechos Humanos antes las Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes y en este caso, le corresponde ser examinado a Chile.

Parte de la labor del Comité, es promover el disfrute de derechos civiles y políticos, resultando en numerosos cambios en la legislación, políticas y prácticas.

En esa línea, en agosto del 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuó al Estado chileno una lista de cuestiones previa a la presentación de su séptimo informe periódico.

Cabe consignar, que los principales puntos indicados por el Comité, en términos generales, se relacionan a la situación de Chile en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos e información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluida la relacionada con las recomendaciones anteriores del Comité.

El informe, que debía presentarse el 2020 por el gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, finalmente fue ingresado al Comité en noviembre del 2021.

Llama la atención sobre unas serie de omisiones por parte del Ejecutivo, pero por otra, el cómo el gobierno de Piñera destacaba una serie de normativas como parte “ejemplar” en Chile, entre ellas, la Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”.  

En su informe, el gobierno de Piñera destacó: “Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”.

Sin embargo, ese escenario que era destacado por el gobierno de Piñera, como un avance, un logro del Estado chileno en materia de “reconocimiento” de derechos indígenas, en poco más de dos años, ha cambiado radicalmente y hoy, ésta ley, enfrenta una serie de ataques y amenazas, así como la generación de un ambiente que promueve el odio racial, según se ha denunciado.

Resulta llamativo, que hoy, exfuncionarios del Gobierno de Piñera, por medio de sus militancias políticas o como agentes de sectores empresariales, promueven cercenar dicha ley, bajo la complicidad de otros sectores políticos chilenos.

Un ejemplo de ello, Loreto Seguel King, ingeniera civil, quien fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y subsecretaria de Servicios Sociales durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, es presidenta del Consejo del Salmón que reúne a  intereses de empresas nacionales y transnacionales de dicha industria. Hoy, es una activa promotora de cambiar la ley lafkenche y ferviente opositora a que se asignen derechos a comunidades en Aysén, en particular a dos, indicando: “¿Es justo otorgar 600 mil hectáreas de mar a un reducido grupo de 38 personas? ¿Alguien le ha tomado realmente el peso a este requerimiento? ¿Es responsable entregar un espacio chileno soberano sin conocer en detalle el destino de uso ni la gobernanza que tendrá?…”.

Cabe mencionar, que sólo en la Región de Aysén, existen más de 1,300 concesiones que el Estado  ha otorgado a empresas salmoneras  , la mayoría de ellas transnacionales.

Clima hostil y odio racial contra defensores de los ECMPO

En un marco de hostilidades y agresiones contra quienes buscan aplicar la ley lafkenche, en el presente, existen numerosos antecedentes registrados, sobre prácticas de hostigamiento y discriminación contra comunidades en Chiloé y la Patagonia que defienden sus territorios.

La campaña de desinformación y de hostilidad levantada desde ciertos sectores vinculados a intereses industriales y transnacionales, junto a grupos políticos, amenaza la integridad de los defensores en la Región de Los Lagos y Aysén.

A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento  y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos.

Comité de Derechos Humanos y las Ecmpo

En el marco del examen al Estado chileno, representaciones de comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, extendieron al Comité de Derechos Humanos, una serie de antecedentes sobre estos incumplimientos y que se relacionan a los derechos indígenas. Entre otros: niñez, territorialidad, proyectos de inversión y tierras indígenas, espiritualidad y religiosidad, amenazas a defensores ambientales y las amenazas por inacción del gobierno y grupos legislativos, que enfrenta la Ley 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

El caso de las ECMPO

Los antecedentes que maneja el Comité, se refieren a una serie de situaciones  con hechos amenazantes, “que vulneran derechos de comunidades, a causa de una falta de garantía de no discriminación, de no repetición, de garantizar la integridad cultural y la seguridad de las comunidades”.

Entre los elementos considerados:

 -Actualmente, existe una moción parlamentaria para «perfeccionar» la ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) o también denominada: la Ley Lafkenche, presentada por un grupo de senadores, la que ha sido calificada por diversas comunidades indígenas y organizaciones como «racista», ya que se estima, que este intento de modificación plantea reestructurar la legislación, para supuestamente “compatibilizar” las actividades en el borde costero, generando controversias sobre sus reales intenciones y sus implicancias en los derechos indígenas, ya que justamente, lo que hace la ley es armonizar actividades sustentables y genera una herramienta de protección frente a actividades industriales dañinas.

-Frente a esto, comunidades y organizaciones mapuche-lafkenche-huilliche, defensoras de espacios territoriales marinos de borde costero,  han advertido que la modificación que se pretende en el proyecto de ley desconoce los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y demuestra un riesgo de racismo hacia aquellos que hacen uso legítimo de la Ley Lafkenche. Se resalta la importancia de preservar los usos consuetudinarios de los pueblos originarios del mar desde tiempos inmemoriales.

-Se destaca asimismo, la relevancia de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el desarrollo social, cultural y político de las comunidades indígenas y del país en general. Estos espacios no solo contribuyen a la conservación biocultural y la soberanía alimentaria, sino también a la economía familiar y comunitaria. Se estima, que la modificación propuesta ignora estas contribuciones esenciales.

-Otra de las críticas públicas en la aplicación actual de la Ley Lafkenche, es la excesiva  demora en la tramitación de las solicitudes de ECMPO, resaltando la ineficiencia administrativa y las trabas burocráticas. Se argumenta que estas demoras son aprovechadas por intereses político-económicos, afectando a las comunidades indígenas y generando tensiones innecesarias.

-Se subraya la resistencia de las comunidades indígenas y la necesidad de una intervención gubernamental para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche. Se señala que el gobierno de Gabriel Boric, está al tanto de denuncias de ataques racistas, a quién además, se le ha solicitado su apoyo para garantizar una gestión justa y equitativa de los ECMPO.

–  También se ha resaltado, el papel crucial de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, para sostener trabajos y recursos bentónicos, en particular ante los impactos industriales, razón por lo que se ha hecho el llamado a cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.

.- El Estado chileno deberá enfrentar ante el Comité, el cómo garantizará los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y se respeten sus usos consuetudinarios frente a las amenazas y campañas de boicot contra la ley lafkenche, así como cuáles son las medidas concretas que se implementarán para agilizar la tramitación de las solicitudes de ECMPO y evitar demoras injustificadas. Otro punto de urgencia, es cómo se abordarán los ataques racistas denunciados por las comunidades indígenas y qué acciones tomará para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche.

Las organizaciones y comunidades denunciantes, consideran que es insólito que en este gobierno se posibilite una eventual modificación de la Ley Lafkenche y se permitan campañas racistas contra defensores ambientales y de espacios costeros marinos de Pueblo Originarios.

El jueves29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a  ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En medio de la campaña de desinformación y del clima hostil en contra de las comunidades peticionarias, se ha señalado que un reducido grupo se apropiaría del mar para fines “particulares” o que afectarán otras concesiones. Ante esto, se ha desmentido y se ha afirmado que las solicitudes de ECMPO respetan los derechos adquiridos previamente y las concesiones existentes, tanto de las industrias como de las comunidades de pesca.

La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral. 

Fuente: https://www.elciudadano.com/actualidad/chile-sera-examinado-por-comite-de-derechos-humanos-onu-derechos-indigenas-y-ley-lafkenche-ecmpo-entre-puntos-criticos/02/26/

Dirigentes de ambos sectores desestimaron los cuestionamientos de la industria salmonera. En esa línea, señalaron que la normativa no quita derechos a nadie. «Al contrario, protege lo que queda y nosotros nos quedamos con las sobras», expusieron.

Por Natalia Palma.

 Lunes 26 de febrero 2024 18:26 hrs. 

Dirigentes de ambos sectores desestimaron los cuestionamientos de la industria salmonera. En esa línea, señalaron que la normativa no quita derechos a nadie. «Al contrario, protege lo que queda y nosotros nos quedamos con las sobras», expusieron.

Será el próximo jueves 29 de febrero que la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) deberá pronunciarse sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), con el fin de que puedan ser administradas por comunidades indígenas.

Se trata de las solicitudes sobre “Cisnes” e “Islas Huichas”, que buscan –a través de la Ley Lafkenche (N°20.249)- el reconocimiento y protección de derechos territoriales sobre el espacio marítimo, las cuales han sido fuertemente cuestionadas por la industria salmonera.

Así, por ejemplo, en entrevista con El Mercurio, el director territorial de SalmonChile, Tomás Monge, acusó que con estas solicitudes se pondrían en riesgo 300 concesiones acuícolas, que corresponden al 45% de las existentes en la Región de Aysén y equivalen a cerca del 25% de la capacidad nacional de cultivo de salmones.

Mientras, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en una carta dirigida al Gobierno, expresó que con los ECMPO “podría suceder que grupos de pocas personas puedan acceder a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo”. Por lo que, “una mala decisión podría tener un impacto muy negativo e irreversible en todas aquellas familias cuyas vidas dependen de las actividades relacionadas con los mares de la región”, según recoge el matutino.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el lonko de la comunidad Pu Wapi de Melinka y miembro del comité bentónico de Aysén, Daniel Caniullán, desestimó las críticas de la industria, calificando como “una mentira” un eventual desmedro del sector en caso de aprobarse estas solicitudes.

En ese sentido, comentó que “la industria salmonera, de esas 724 concesiones ocupa 300, quedan más de 400 disponibles para que ellos se puedan seguir desarrollando (…) Le están mintiendo al Gobierno y a mucha gente, diciendo que si se aprueba el espacio ellos no van a poder desarrollarse, que las comunidades les van a cobrar. Les he dicho a ellos como gerentes que ‘ustedes hagan su trabajo, ya tienen el mar a su favor’, pero como comunidad costera necesitamos desarrollarnos con actividades económicas colectivas”.

Del mismo modo, descartó conflictos con pescadores artesanales. “Hay un mundo de familias que dependemos única y exclusivamente del mar. Por eso hicimos un acuerdo en 2021 con los pescadores, donde dijimos que el único mecanismo que nos permite protegernos de todas las amenazas es la Ley Lafkenche y ese acuerdo está firmado”, dijo.

Acuerdo de pescadores artesanales y comunidades lafkenche del litoral de la Región de Aysén.

“Esta región (Aysén) tiene la tercera mayoría en población de pueblos originarios: mapuche, huilliche, lafkenche. Entonces, con todos esos datos, hemos convivido de la mejor manera con los pescadores. Nosotros queremos proteger lo poco que queda, porque la Ley Lafkenche no quita derechos a nadie, al contrario, protege lo que queda y es como que nosotros, las comunidades, nos quedamos con las sobras. El sistema va a colapsar si el Gobierno sigue entregando más concesiones, con lo que tienen es suficiente”, acusó.

El presidente de la Federación Flota Norte de Puerto Cisne, Carlos Torres, compartió este análisis y apuntó a los efectos que ha conllevado la salmonicultura en la zona. “Hoy día ningún ente político ha tomado el guante de la contaminación grave que tenemos en nuestros canales, la poca oxigenación que está quedando, los escapes de salmón que quedan desapercibidos”, manifestó.

“Hemos trabajado con CONADI, con los pueblos originarios porque vemos nosotros, los pescadores artesanales, que la única alternativa que nos queda para preservar los bancos naturales es el tema de fondo. Las ‘triple AAA’ (Áreas Aptas para la Acuicultura) le otorgaron) 724 concesiones a la salmonicultura y la mayoría de ellas están acreditadas por créditos hipotecarios que van por sobre los mil 500 millones de dólares por cada una”, agregó.

Asimismo, Torres denunció que “se está hipotecando el mar“, mientras que los pescadores están “quedando fuera de toda la perspectiva de conservación de los recursos”. “Todos los indicadores de recuperación de la biomasa están en crisis y cuando hablamos de crisis hablamos de crisis alimentaria de la pesca artesanal”, destacó.

Por su parte, la directora del Observatorio Ciudadano y coordinadora del Programa de Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo de la entidad, Lorena Arce, tildó de “malintencionados” los argumentos planteados por la industria salmonera y la CPC.

“Decir que poner en riesgo el 45% de la actividad en la región es simplemente falso, porque todos los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios en la Ley Lafkenche pasan antes por un análisis de sobreposición y, en ese análisis, todas las concesiones acuícolas que menciona el señor Monge, las más de 300, ya fueron excluidas del espacio. Es decir, el ECMPO no toca ninguna de esas concesiones, esas van a seguir operando”, rectificó Arce.

En detalle, la ingeniera comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez indicó que “solo existen entre 10 y 15 concesiones que están paralizadas por el momento, esperando a la resolución del ECMPO, pero 15 de más de 700 que existen en la región y de más de 300 que se sobreponen con los ECMPO. Entonces, no vemos por dónde esto puede paralizar a la industria salmonera”.

Asimismo, Arce fue enfática en señalar que “los ECMPO no son figuras que excluyen a otros usuarios del territorio. Hay usuarios que son titulares y que son las comunidades que invocan el ECMPO, hacen la solicitud, pero hay usuarios no titulares y permite todo tipo de usos en el espacio. No se otorga un derecho de uso exclusivo al mar”.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2024/02/26/estan-hipotecando-el-mar-pescadores-y-comunidades-indigenas-relevan-proteccion-de-espacios-costeros-por-ley-lafkenche/

Congreso Lafkenche cerró su novena edición con el rechazo a la moción parlamentaria que propone modificar la Ley sobre Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO). El presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel, asistió a la instancia de diálogo.

Desde 2006, cada dos años, comunidades mapuche lafkenche (de las costas) de Arauco a Aysén viajan para reunirse en el itinerante Congreso Lafkenche. Durante tres días, sostienen conversatorios con invitados nacionales e internacionales y se reparten en mesas de deliberación y trabajo colectivo. Cada edición cierra con una declaración política y una guía de trabajo coordinado para los siguientes dos años. Es el evento central de la Identidad Territorial Lafkenche, una de las organizaciones mapuche de mayor antigüedad, caracterizada por su foco en el trabajo político.

El fin de semana del 9 al 11 de febrero, se llevó a cabo la novena edición del Congreso Lafkenche. El encuentro se centró en varios temas: la evaluación sobre la derrota del proyecto constituyente y el reconocimiento constitucional del Estado Plurinacional y los derechos indígenas; la próxima conmemoración de los 200 años de la firma del tratado de Tapihue; y especialmente la situación actual de la Ley N°20.249, más conocida como Ley Lafkenche.

Alrededor de doscientas personas llegaron en buses autogestionados a la escuela municipal de Hualpin, Teodoro Schmidt. Participaron como expositores Fernando Pardo del Observatorio Ciudadano; Fernando Pairican, historiador; Yohana Coñuecar, dirigenta lafkenche; Luis Andrade Casama, ex senador de la República de Colombia y representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAI; y Leonidas Iza Salazar, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, de Ecuador, entre otros.

También fueron invitadas autoridades como alcaldes, integrantes de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (y asistió Sebastián Naveillán), y el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel, quien es uno de los firmantes de una moción parlamentaria para modificar la Ley Lafkenche y tuvo un espacio para explicar la propuesta. 

La Ley Lafkenche nació como una forma de protección ante las vulneraciones de la Ley General de Pesca a los ecosistemas costeros y la omisión en el ordenamiento jurídico del uso consuetudinario del borde costero de los pueblos originarios (entendido como las particularidades de la relación de las comunidades con los recursos costeros que son fundamentales para su subsistencia). Fue producto de la demanda y propuesta de reconocimiento y protección de los derechos territoriales sobre el borde costero. 

La creación de un Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), constituye el eje central de la Ley N° 20.429, concebido como el “espacio marino delimitado, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, cuyos integrantes han ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio”.

Actualmente, existirían, según información de la Subsecretaría de Pesca, 23 ECMPO otorgados, mientras que las solicitudes de ECMPO alcanzan un total de 84. La región de Los Lagos concentra el mayor número de solicitudes y ECMPO otorgados.

En abril de 2023, un grupo de senadores ingresó una moción parlamentaria para modificarla. El documento firmado por Fidel Espinoza, Álvaro Elizalde, Carlos Kuschel, Gastón Saavedra y David Sandoval, indica buscar compatibilizar los usos consuetudinarios sobre el borde costero con las demás actividades desarrolladas en las mismas áreas, con miras a reducir los plazos de otorgamiento, entregando criterios claros y precisos para la correcta delimitación del área solicitada.

Sin embargo, la declaración concluyente del IX Congreso Lafkenche manifiesta su rechazo categórico al intento de modificación, asegurando que no han sido convocados a participar de la discusión, y que los “problemas de su aplicación no son de carácter legal, sino más bien administrativo”.

“El Estado no ha hecho los esfuerzos suficientes para hacer eficiente la resolución de las solicitudes. Por lo tanto, hacemos un llamado al Parlamento, a las fuerzas políticas y a todos los actores involucrados a fin de generar instancias de diálogo y entendimiento desde la buena fe… Nuestra historia es de despojo. Nos han arrebatado la tierra e incontables peñi/lamngen han caído en la lucha. No traigamos este problema al mar. No queremos un nuevo Lemún, Catrileo ni Catrillanca por no querer resolver los problemas de manera sensata y razonable. Los problemas no se han generado por nosotros. Es el Estado quien nuevamente está queriendo vulnerar nuestros derechos”, subrayaron en el documento.

Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2024/02/19/desde-lebu-a-aysen-comunidades-rechazan-intento-de-modificacion-de-la-ley-lafkenche/

La demanda global de litio ha experimentado un enorme crecimiento en los últimos años debido al rol central que este mineral no metálico tiene en la “transición energética”. Este cambio supone la sustitución de combustibles fósiles que inciden en la crisis climática por fuentes de energía renovable, para la cual el litio es esencial. Una de las principales fuentes de litio se encuentra en las aguas salinas existentes en los humedales y salares altoandinos de Argentina, Bolivia y Chile. En esta área se concentra el 53% de los recursos y el 46% de las reservas de litio del mundo.

Sin embargo, estos humedales y salares constituyen el territorio de ocupación tradicional de más de 200 comunidades pertenecientes a diversos pueblos indígenas (aymara, quechua, atacameño o lickanantay, colla, entre otros). Las grandes cantidades de agua utilizadas en los procesos de extracción y procesamiento del litio afectan y amenazan estos frágiles ecosistemas ubicados en zonas de gran escasez hídrica.

En Observatorio Ciudadano, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales CELS desde Argentina y el Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia, en alianza con comunidades indígenas y campesinas lickanantay, colla, entre otros, nos hemos reunido para aportar a la prevención, minimización y reparación de estos impactos.

A través de boletines de carácter trimestral, queremos dar a conocer información relevante sobre los impactos que el desarrollo del litio está generando en los derechos humanos de pueblos indígenas y en los espacios cívicos en ABC. También queremos compartir las actividades que desarrollaremos en el marco de esta iniciativa, así como columnas de opinión, de las comunidades directamente afectadas por la industria del litio y de otros actores relevantes relacionados con esta materia.

Esperamos que este sea un espacio que contribuya al debate sobre el desarrollo del litio en esta parte del mundo, y en particular visibilice la realidad que, como consecuencia de ello, viven los pueblos y comunidades que ancestralmente han habitado los salares altoandinos en ABC.

– Equipo Litio y Derechos Humanos.

Revisa a continuación el primer Boletín de Litio y Derechos Humanos en Argentina, Bolivia y Chile (ABC):

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