La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembros (ver lista abajo) expresan su máxima preocupación por la realidad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad de América Latina en el marco de la pandemia del coronavirus covid-19, debida a las débiles e insuficientes respuestas de los Estados para combatir la propagación del virus en la región y para asegurar que las y los más necesitados cuenten con los recursos suficientes para enfrentar el aislamiento. Las respuestas estatales para combatir el coronavirus (covid-19) han tenido efectos devastadores en las personas que viven en la pobreza1. Las políticas adoptadas
por muchos gobiernos “reflejan una filosofía de darwinismo social que da prioridad a los intereses económicos de los más ricos, mientras que se hace muy poco por los que trabajan duro para proporcionar servicios esenciales o no pueden mantenerse a sí mismos”2. Pese a la erogación de enormes paquetes de apoyo financiero, las personas en situación de vulnerabilidad no han sido realmente tenidas en cuenta.

Siendo América Latina el nuevo epicentro del coronavirus, se teme que además de los muertos, haya un aumento flagrante de las desigualdades socioeconómicas perjudicando el bienestar de la población latinoamericana. Esta crisis y las medidas propuestas por los gobiernos vienen a agudizar la vulnerabilidad estructural de parte importante de dicha población la cual es víctima de inseguridad laboral, difícil acceso a la alimentación, al agua, a la salud y a la vivienda. En un contexto de pandemia mundial, pese a que la agudización de la pobreza y el aumento de las desigualdades socioeconómicas parecen ineluctables, es preciso llamar a una movilización transcontinental para que el continente no retroceda en sus avances y logros sociales de las últimas décadas.

La pandemia originada en los últimos meses por el covid-19 está generando una crisis global sin precedentes, poniendo en jaque no sólo los sistemas sanitarios de la mayoría de los países, sino también causando impactos severos en la dinámica social, en la forma de vida de las urbes y, en especial, afectando negativamente los cimientos de la economía, tanto a nivel global como nacional y local. Esta nota busca poner en evidencia la gravedad de la situación actual en el continente y también el grave riesgo de agudización de las desigualdades socioeconómicas y de la pobreza extrema en la región. Por esa razón la presente nota llama a un nuevo pacto social que priorice políticas fiscales más redistributivas, que suspenda la deuda externa y sus intereses, que luche contra la corrupción, y en particular, la que tiene como consecuencia la captura del Estado. Todo esto para reposicionar la capacidad del Estado de incrementar su inversión social y de tener un sistema de salud universal.

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Crisis social y política en Chile 2019-2020 violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos 

Informe de la Misión quebeco-canadiense de observación de los derechos humanos en Chile

Realizada del 18 al 27 de enero de 2020 

Preocupadas por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en Chile desde el estallido social del 18 de octubre 2019, en Quebec, distintas organizaciones sindicales, políticas y del ámbito de la investigación acordaron organizar, en colaboración con la Corporación de Defensa y de Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano de Chile (OC), una misión de observación de los derechos humanos en ese país.

Esta misión de observación, que tuvo lugar en Chile del 18 al 27 de enero de 2020, se proponía continuar el trabajo realizado por la Misión Internacional de Derechos Humanos de la Sociedad Civil que había tenido lugar del 6 al 11 de noviembre de 2019, en la cual participó el Comité por los derechos humanos en América Latina (CDHAL)2 de Montreal. Se apoyó además en los trabajos de otras tres misiones internacionales: Amnistía internacional, Human Rights Watch y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pocos días después del fin de nuestra misión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó igualmente en visita a Chile.

Esta nueva misión tenía como objetivo recopilar distintos elementos de información y de análisis provenientes de organizaciones chilenas de defensa de los derechos humanos y de diversos actores sociales y políticos, que permitieran actualizar y completar los distintos informes nacionales e internacionales emitidos anteriormente.

Adoptando una visión integral de los derechos humanos, que toma en cuenta de conjunto los derechos políticos, sociales y económicos, así como su necesaria interdependencia, los miembros de esta misión de observación quisieron poner una atención particular en los derechos colectivos, en la justicia, la impunidad, la libertad de expresión y de prensa, los derechos sociales, ambientales y culturales, los derechos laborales, sindicales, así como también, en los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de las personas migrantes, particularmente en cuanto a sus libertades de expresión y de organización, visiblemente afectados.

Las y los integrantes de la misión se propusieron además situar estos derechos en el contexto de las movilizaciones sociales actuales y en su eventual integración en una nueva constitución. Con todo ello, se trata de sensibilizar a la sociedad quebequense y canadiense sobre lo que está sucediendo en términos de participación ciudadana y de violaciones de los derechos humanos en Chile, para hacer un llamado al gobierno liberal de Justin Trudeau, el cual hasta el día de hoy, ha mantenido un silencio preocupante al respecto.

Siguiendo la huella de la larga tradición de solidaridad de los pueblos canadiense y quebequense con el pueblo chileno, particularmente en el contexto del Golpe de Estado de 19734, esta misión desea contribuir al fortalecimiento de los lazos solidarios entre organizaciones sociales y políticas chilenas y quebequenses, y esto, en un momento crucial para el futuro de la democracia en Chile.

Efectivamente, a pesar de la distancia que existe entre nosotros, y siendo Chile cuna del modelo neoliberal, hay una proximidad en diversos aspectos vinculados con las preocupaciones sociales y políticas que se manifiestan en Quebec, como veremos más abajo. Esto nos recuerda más que nunca la importancia de una solidaridad activa entre pueblos en el contexto de un mundo globalizado.

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La Plataforma Indígena Regional Frente a la COVID 19 “Por la Vida y los Pueblos” es un espacio que promueve el intercambio de información, análisis y coordinación operativa para generar y potenciar capacidades, así como de diálogo con los gobiernos y organismos internacionales, para impulsar adecuadas respuestas y acciones de contención y mitigación ante la problemática causada por la pandemia COVID 19 en los pueblos indígenas del continente.

Articula, en un esfuerzo continental, a las organizaciones indígenas regionales, subregionales y nacionales, de mujeres, hombres y jóvenes indígenas, respetando sus formas tradicionales de organización, su cosmovisión y diversidad cultural. Como parte de su trabajo ha construido un sistema de registro e información sobre los efectos de la pandemia en los pueblos indígenas del continente.
Este primer informe se enmarca en el trabajo iniciado por esta Plataforma. Periódicamente se habrán de presentar nuevos reportes que habrán de hacer énfasis en algunos de los temas de mayor relevancia detectados en el proceso de recopilación, sistematización y análisis de la información.

El equipo de trabajo se coordina a través del Observatorio Regional sobre derechos de los Pueblos Indígenas de FILAC, con colaboración de las diversas organizaciones que integran la Plataforma a través de delegados designados para esa tarea.
Para la compilación de los datos se ha recurrido a diversas fuentes oficiales e institucionales tanto nacionales como internacionales, pero, en particular deben destacarse la información y análisis aportado por las propias organizaciones y comunidades indígenas que han hecho un enorme esfuerzo por comunicar sus realidades y sus necesidades en el marco de la pandemia.

Esta tarea la realizamos con la profunda convicción de estar aportando datos y análisis para mejorar la comprensión de la realidad actual que viven los pueblos indígenas, así como para aportar insumos útiles para las acciones que tanto gobiernos como organizaciones y comunidades indígenas desarrollen para enfrentar los embates de la COVID 19 en la región.

Número de páginas: 48

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Actualizado al 8 de abril del 2020

El presente documento organiza lo expresado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Procedimientos Especiales y Órganos de Tratado respecto a diversos temas y constituye una serie de directrices esenciales sobre elementos de derechos humanos que se deben tomar en cuenta en la atención a la crisis por la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias. Este documento se irá nutriendo de lo que expertos y expertas de derechos humanos de la ONU y la propia ONU-DH vayan publicando.

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RESOLUCIÓN NO. 1/2020
PANDEMIA Y DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS
(Adoptado por la CIDH el 10 de abril de 2020)

Las Américas y el mundo se enfrentan actualmente a una emergencia sanitaria global sin precedentes ocasionada por la pandemia del virus que causa el COVID-19, ante la cual las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención del virus deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

La pandemia del COVID-19 puede afectar gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el COVID-19; así como sus impactos de inmediato, mediano y largo plazo sobre las sociedades en general, y sobre las personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región; así como por la falta o precariedad en el acceso al agua potable y al saneamiento; la inseguridad alimentaria, las situaciones de contaminación ambiental y la falta de viviendas o de hábitat adecuado. A lo que se suman altas tasas de informalidad laboral y de trabajo e ingresos precarios que afectan a un gran número de personas en la región y que hacen aún más preocupante el impacto socioeconómico del COVID-19. Todo esto dificulta o impide a millones de personas tomar medidas básicas de prevención contra la enfermedad, en particular cuando afecta a grupos en situación de especial vulnerabilidad.

Además, la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad. Asimismo, en la región prevalece por parte de los ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias que afectan a la gran mayoría de los países; y la profundamente preocupante extensión del fenómeno de la migración, del desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas; así como la discriminación estructural en contra de grupos en situación de especial vulnerabilidad.

En este contexto, la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A su vez, la pandemia genera impactos diferenciados e interseccionales sobre la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) para ciertos colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, por lo que se torna esencial la adopción de políticas para prevenir eficazmente el contagio, así como de medidas de seguridad social y el acceso a sistemas de salud pública que faciliten el diagnóstico y tratamiento oportuno y asequible; a fin de brindar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad la atención integral de la salud física y mental, sin discriminación.

Asimismo, los sistemas de salud de los Estados de la región se han visto o pueden verse, aún más, desbordados frente a la magnitud de la pandemia del COVID-19, en particular respecto de quienes viven en la pobreza y para quienes no tienen cobertura médica, en caso de que necesiten atención médica u hospitalización.

A la fecha no se tiene conocimiento de intervenciones farmacéuticas viables para luchar contra el COVID-19 y muchos países han introducido medidas de contención que incluyen cuarentena, distanciamiento o aislamiento social, cierre de escuelas y negocios, limitaciones de circulación a nivel nacional e internacional, así como orientaciones preventivas de higiene personal y
comunitaria.

En cuanto a las medidas de contención con el fin de enfrentar y prevenir los efectos de la pandemia, la CIDH ha observado que se han suspendido y restringido algunos derechos, y en otros casos se han declarado “estados de emergencia”, “estados de excepción”, “estados de catástrofe por calamidad pública”, o “emergencia sanitaria”, a través de decretos presidenciales y normativa de diversa naturaleza jurídica con el fin de proteger la salud pública y evitar el incremento de contagios. Asimismo, se han establecido medidas de distinta naturaleza que restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información pública, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada; y se ha recurrido al uso de tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus, y al almacenamiento de datos de forma masiva.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el apoyo de sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y sobre Libertad de Expresión, en ejercicio de su mandato, adopta la presente resolución con estándares y recomendaciones bajo la convicción de que las medidas adoptadas por los Estados en la atención y contención de la pandemia deben tener como centro el pleno respeto de los derechos humanos.

Número de páginas: 22

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