Tras casi dos años de trabajo, la Comisión para la Paz y el Entendimiento (CPyE) emitió su informe final. Dicha Comisión se propuso abordar la situación de creciente conflictividad entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y proponer medidas de reparación que contribuyan a lograr la paz y el entendimiento.
Si bien el informe de la comisión trata de una diversidad de materias de gran complejidad que requieren de un análisis más exhaustivo, como organización de derechos humanos que por dos décadas ha acompañado a los pueblos indígenas en la búsqueda de justicia frente a la discriminación histórica de la que han sido victimas, compartimos nuestra visión preliminar sobre el mismo.
Cabe valorar el trabajo desarrollado por la Comisión y el esfuerzo de sus integrantes por lograr un diagnóstico compartido sobre los problemas que han afectado hasta hoy la relación entre el Estado y el pueblo mapuche, así como la magnitud e implicancias de la conflictividad que ello ha generado en las regiones del sur del país que corresponden al territorio ancestral de este pueblo, y realizar propuestas para enfrentar dicha realidad y superar dicha conflictividad.
Es necesario reconocer su capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos pese a la complejidad inherente de la resolución de conflictos sociales profundos. Esto se ve particularmente en su abordaje concreto de la historia de despojo, así como de las demandas territoriales y de derechos del pueblo mapuche que, a pesar de los esfuerzos estatales, han permanecido hasta hoy insatisfechas. Dicha complejidad se vio agudizada por un contexto político y social especialmente desafiante, marcado por la desconfianza tras los dos procesos constitucionales recientes; el liderazgo de un gobierno que llegó con la bandera mapuche alzada, pero que se va sosteniendo tres años de estado de excepción en la zona; y la polarización propia de un año electoral.
En este intrincado escenario, es importante destacar el trabajo de escucha de los diversos grupos afectados en cuatro regiones, la recopilación y análisis de información comparada, y finalmente el consenso logrado por siete de los ocho integrantes de la Comisión.
Sobre la propuesta en materia de tierras
La parte central del informe se refiere a la demanda de tierras mapuche, haciendo un diagnóstico hasta ahora inexistente sobre la situación en base a la normativa y políticas impulsadas. Asimismo, efectúa una serie de recomendaciones para abordar dicha demanda estableciendo propuestas orgánicas y cuantificando su costo económico.
Para ello, se recomienda la creación de un nuevo Sistema de Tierras capaz de abordar de manera integral el excesivo tiempo de espera de las solicitudes de restitución de tierras de comunidades mapuche, que en las condiciones actuales se estima pueden tardar hasta 162 años en ser resueltas. Para dicho objetivo, se propone la creación de la Agencia de Reparación y de un Tribunal Arbitral, que serían los órganos encargados de resolver la demanda de tierras de cuatro grupos identificados en el informe. El Informe identifica un presupuesto de 4.000 millones de dólares para su resolución, distribuyendo los recursos en 3.266 millones de dólares para el Grupo 1 (comunidades con demandas de tierras ya ingresadas a CONADI al momento de la entrega del informe), 605 millones de dólares para los grupos 2 y 3 (comunidades que se constituyan o ingresen sus demandas de a la CONADI con posterioridad al momento de la entrega del informe), y solo 129 millones de dólares para el Grupo 4 (comunidades del Arauco y Malleco que no fueron tituladas por el Estado). De esta forma, las recomendaciones incluyen propuestas de mecanismos específicos para resolver las demandas de tierras tanto basadas en títulos históricos reconocidos por el Estado al pueblo mapuche, como para abordar la situación de las demandas de tierras indígenas no tituladas en las comunas de Arauco y Malleco.
Si bien dicha propuesta propone un medida de solución efectiva a las reclamaciones de tierra, principalmente a aquellas que ya se encuentran canalizadas por vía institucional al momento del cierre de la CPyE, deja un bajísimo presupuesto para los grupos cuyas reclamaciones aún no se encuentran canalizadas por vía institucional, cerrando la posibilidad de afrontar a futuro con igualdad de recursos las demandas territoriales que surjan con el paso del tiempo, luego de la entrega de los resultados de la comisión. La propuesta además, respecto de las demandas de tierras indígenas no tituladas, es parcial en su alcance geográfico toda vez que se limita a una parte del territorio ancestral mapuche, excluyendo al resto.
Por otro lado, se busca garantizar el acceso a la reparación en tierras con una revisión a los cuatro años de inicio del nuevo sistema. Sin embargo, esas comunidades sólo tendrán cinco años para presentar sus antecedentes (siendo un desafío para las comunidades reunir la documentación y realizar los estudios técnicos necesarios para presentar sólidamente sus casos).
Aún así, el nuevo Sistema de Tierras representa un esfuerzo por comenzar a saldar una deuda histórica con un número importante de familias que han sido víctimas de despojo, y a las que por más de cien años se les ha negado el acceso a una solución.
Sobre la propuesta en materia de derechos
Por último, respecto a la reparación a las víctimas de la violencia, se expresa que ésta será para las víctimas mapuche y no mapuche. Sin embargo, el enfoque de la reparación está centrado en la denominada “violencia rural” y no considera de manera explícita a las personas mapuche y comunidades que han sido víctimas de la violencia estructural del Estado contra el pueblo mapuche.
En síntesis, si bien valoramos las recomendaciones que hace la Comisión destinadas a lograr una reparación en materia de tierras, nos preocupan los vacíos que dichas recomendaciones tienen para dar una respuesta a las demandas basadas en ocupación tradicional, cuyo fundamento se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos aplicables a los pueblos indígenas, derechos que el Estado de Chile se ha comprometido a respetar.
La complejidad del conflicto exige una visión integral que aborde las múltiples dimensiones de los derechos indígenas, incluyendo la autodeterminación y la representación política, más allá de la dimensión territorial.
Mirando hacia el futuro, el proceso de implementación de las recomendaciones de la CPyE, incluye y requiere de un proceso de consulta indígena sobre las medidas legislativas y administrativas que deberán cursarse para materializar las 21 propuestas, que deberá contar con la participación de los 11 pueblos indígenas que habitan Chile. Es fundamental que esta consulta se desarrolle de buena fe, en equidad de condiciones y respetando los estándares internacionales. Por otro lado, la potencial llegada de un gobierno con orientaciones políticas diferentes añade una capa adicional de incertidumbre y desafío a la sostenibilidad de los acuerdos alcanzados, por lo que la firma de los 19 partidos que constituyeron la Comisión debe hacerse valer.
Desde el Observatorio Ciudadano, reiteramos nuestro compromiso con una solución justa y duradera para el conflicto territorial y por el pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Consideramos que el informe de la CPyE puede ser un avance en un camino complejo que requiere de un seguimiento riguroso y de la voluntad política de todos los actores para asegurar una transformación real y profunda que conduzca a la tan anhelada paz y entendimiento. Estaremos vigilantes y activos en las etapas venideras, promoviendo un diálogo inclusivo y respetuoso que considere la diversidad de voces y demandas del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios que habitan Chile.
