Por: Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar.

En la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) que tuvo lugar del 9 al 13 de Junio del 2025 en Niza (Francia), Chile proyectó una imagen de liderazgo global en la políticas oceánicas anunciado su compromiso por proteger más de la mitad de su océano —superando la meta 30×30—, ser sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y postularse para co-presidir la próxima Conferencia de los Océanos (UNOC4). Sin embargo, desde esa misma tribuna internacional la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, representando miradas colectivas de los cinco pueblos que la componen —Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar y Yagán—, junto a La Identidad Territorial Lafkenche y otros liderazgos de pueblos costeros del sur de Chile, expusieron una dolorosa contradicción: el país que busca liderar la conservación marina global ataca e invisibiliza en su propia casa una ley reconocida internacionalmente como modelo de conservación marina inclusiva.

Se trata de la Ley 20.249, que crea los Espacios Costero-Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), una normativa que nace de la lucha legítima de los pueblos originarios. Esta ley permite entregar en administración espacios marino-costeros delimitados a comunidades que han ejercido históricamente su uso consuetudinario con el objetivo de preservar las prácticas tradicionales, conservar los recursos naturales, garantizar el bienestar y vínculo ancestral con el mar, y promover una gobernanza participativa e inclusiva del borde costero entre los diversos actores territoriales. Como explicó Pamela Mayorga Caro, coordinadora de la Red, durante la conferencia, esta ley es «una herramienta de co-administración que visibiliza y da la oportunidad para que las comunidades tengan una voz democratizada sobre el futuro de sus territorios».

Mientras Chile aspira a liderar la conservación marina global, sus avances oceánicos no contemplan de manera sustancial las costas continentales y aguas interiores, epicentro de los conflictos socioambientales. Y, paradójicamente, la Ley 20.249 (junto con otras figuras importantes como las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos y las Reservas Marinas, que también podrían contribuir a la protección de las costas y aguas continentales), que podría ser una de las herramientas clave para avanzar en este sentido, no forma parte de la agenda oficial de políticas oceánicas del país y, por el contrario, enfrenta fuertes ataques de sectores industriales y políticos que buscan modificarla.

Como reiteró Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial de la ONU, en varias de sus intervenciones en la Conferencia de los Océanos, y en un reciente artículo publicado en El País, en la construcción de políticas oceánicas efectivas «el reconocimiento de derechos a las 1comunidades costeras es esencial, pues alrededor de 500 millones de personas dependen de la pesca a pequeña escala y, así como el pueblo mapuche lafkenche, muchas de ellas son pueblos indígenas cuya experiencia sirve para proteger la vida del océano. Sin embargo, en muy pocas ocasiones son incluidas en los procesos de toma de decisiones, a pesar de ser claves para encontrar soluciones.»

Ingrid Echeverría Huequelef, coordinadora de la Red, se pronunció desde Niza afirmando que se trata de «una ley que nació de la espiritualidad del pueblo mapuche lafkenche, siendo una ley inclusiva… pero a raíz del desconocimiento, está siendo atacada muy duramente por las industrias extractivas y por cierto movimiento político de Chile.» Por su parte, Yohana Coñuecar Llancapani, coordinadora de la Red y representante de pueblos originarios en la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, Región de Los Lagos, añadió que como mujeres defensoras del territorio, «sufrimos campañas de odio y racismo, y somos constantemente invisibilizadas por el Estado.»

Esta ley y su defensa se fundamenta en una comprensión profunda del océano que las representantes de la Red expresaron claramente: «El mar es para nosotras un espacio de memoria, sustento, espiritualidad, cultura y trabajo». Esta perspectiva ancestral, que contrasta marcadamente con las políticas extractivistas de la «Economía Azul» impulsadas por gobiernos e industrias, ofrece alternativas concretas y sostenibles para la protección de los océanos basadas en sistemas de gobernanza comunitaria y conocimientos transmitidos por generaciones. Frente a un modelo que ve el mar como recurso a explotar, las mujeres originarias proponen una relación de reciprocidad y cuidado que ha demostrado su efectividad durante siglos.

Esta visión integral se traduce en una propuesta política concreta y sin ambigüedades: «las políticas públicas no pueden basarse en el centralismo, deben emanar de los territorios. No pueden ser influenciadas por el poder económico de las industrias.» Su posición, forjada en años de resistencia, es inquebrantable: «nosotras como mujeres de mar no permitiremos el retroceso de los derechos que con mucho esfuerzo hemoslogrado para nosotras y para la gente que trabaja y vive en la marea, la navega y recolecta no sólo peces, sino también algas, mariscos, a quienes resisten y protege a los espíritus que habitan los territorios.» —Ingrid Echeverría Huequelef.

Esta vez desde la Conferencia de Océanos, mañana desde diferentes territorios costeros de Chile y en noviembre en Belém durante la COP30, la Red de Mujeres Originarias Por la Defensa del Mar mantendrá su voz alzada y seguirá interpelando directamente al Gobierno de Chile, a la FAO, organizaciones internacionales, financiadores, industrias y todos los actores involucrados con la gobernanza del mar. El mensaje es claro:

• Poner fin a la mercantilización del océano en nombre del crecimiento azul y otras medidas de conservación basadas en áreas, que no respetan nuestros derechos ni nuestras formas de vida.
• Asegurar un enfoque intercultural y de género transversal en las políticas oceánicas y una participación activa y central de los pueblos originarios y comunidades del mar en la gobernanza marina.
• Garantizar la No Regresión de Derechos en los Territorios Costero-Marinos alcanzados a través de legítimos procesos de lucha.
• Prevenir, detener y garantizar justicia frente a las amenazas y criminalización de defensoras y defensores del mar.
• Exigir coherencia al Gobierno de Chile en la política oceánica para poder postularse como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar y anfitrión de UNOC4.

La Red reitera una premisa fundamental: asegurar océanos sanos requiere incluir las voces de quienes viven de la pesca, la marisca y la recolección, y habitan las costas quienes comprenden de primera mano la interdependencia entre salud oceánica, actividades humanas y justicia territorial.

Chile debe resolver sus inconsistencias internas y honrar los compromisos y responsabilidades legales con las comunidades, antes de aspirar al reconocimiento de su liderazgo global en políticas oceánicas.

“Chile habla muy bonito afuera, pero en la casa arregle su cuenta” — Pérsida Cheuquenao Aillpán, Presidenta de Identidad Territorial Lafkenche y coordinadora de la Red de Mujeres. Niza evidenció que esta contradicción no es excepcional, sino parte de una crisis global más profunda donde sigue existiendo una brecha abismal entre el discurso ambiental y la práctica extractivista, ante la cual no cabe ni la complacencia ni el silencio cómplice.

Lee el Llamado a la Acción completo aquí.

Por: Felipe Guerra y Tanya Hirsch, publicado en Interferencia.

En septiembre de 2024, El Mercurio presentó un nuevo proyecto periodístico: “Crónica para el Futuro”, el cual contaría con un equipo a cargo de un podcast emitido por Emol y una sección de alrededor de 10 páginas impresas, con frecuencia quincenal, para dar cuenta de “los principales problemas que lastran el desarrollo del país… e identificar nuevos desafíos y posibles soluciones”.

En la presentación del nuevo suplemento, el periódico de Edwards rememora sus casi 200 años de historia recogiendo lo que considera los principales problemas y anhelos del país, señalando que “quizás el más evidente de estos últimos ha sido el anhelo por hacer de Chile un país desarrollado”, y declara como objetivo contribuir al debate público “en tiempos en que la expectativa de alcanzar el desarrollo parece extraviada”.

El pasado 16 de mayo, El Mercurio dedicó las 12 páginas del suplemento “Crónica para el Futuro” a un ataque frontal contra el rol que desempeña la sociedad civil en la profundización democrática y la defensa del interés público, disfrazado de un reportaje sobre evaluación ambiental y paralización de proyectos de inversión. Incluye incluso una lista de propuestas para solucionar este “obstáculo” al desarrollo nacional. No se trata de un caso aislado ni de una simple expresión editorial: forma parte de una ofensiva ideológica más amplia, que se despliega en diversas latitudes, donde sectores empresariales, conglomerados mediáticos y movimientos políticos autoritarios articulan estrategias coordinadas para desacreditar, debilitar e incluso criminalizar la acción de las organizaciones sociales.

En el caso chileno, El Mercurio y holding de medios de comunicación especializados como Oceans Media -que curiosamente han publicado los mismos artículos de Crónicas para el Futuro como si fueran propios (¿lo serán?)- construyen una narrativa que presenta a las ONG ambientalistas como responsables de la desaceleración económica, sin mencionar los efectos que pudieran tener en ella una cultura normalizada de malas prácticas empresariales, planificación deficiente e incumplimientos normativos. Bajo el lenguaje de la “permisología” y la “obstaculización” se busca instalar la idea de que quienes exigen evaluaciones rigurosas, participación informada y respeto a los derechos indígenas son un lastre para el desarrollo. Se omite —no por ignorancia, sino por decisión política— que estas organizaciones cumplen una función esencial: vigilar que los proyectos cumplan con los estándares legales, sociales y ambientales que nuestra propia institucionalidad exige, velando por el respeto a los derechos humanos.

Más aún, el suplemento incurre en una grave inconsecuencia. Mientras lanza sospechas sobre el financiamiento y legitimidad de ONG ambientalistas, otorga amplia tribuna a representantes de fundaciones como Pivotes, creada por uno de los empresarios más influyentes del país para intervenir deliberadamente en el debate público desde los intereses del gran capital. ¿Por qué una ONG fundada por un empresario es legítima y otra impulsada por comunidades o profesionales independientes no lo es? Este doble estándar no es inocente: responde a una lógica que busca marginar del debate a todo actor que cuestione el modelo extractivista dominante.

Lo que se busca con proyectos periodísticos como este es deslegitimar a las organizaciones de la sociedad civil, preparando el terreno para justificar iniciativas legislativas regresivas. En Chile, sectores empresariales y políticos están promoviendo proyectos de ley orientados a restringir la labor de las ONG —especialmente aquellas que defienden derechos humanos, territoriales y ambientales—, siguiendo una lógica muy similar a la “ley anti-ONG” actualmente en discusión en Perú, que exige el registro y supervisión estatal de todas las actividades de cooperación internacional. Paradójicamente, estas propuestas replican mecanismos de control institucional que caracterizan a gobiernos autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua, los mismos que estos sectores no dudan en criticar cuando les conviene políticamente.

En lugar de avanzar hacia mayores restricciones, Chile debiese reforzar su compromiso con la democracia ambiental y la participación ciudadana, como lo establece el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la protección de quienes defienden el medio ambiente. Deslegitimar a las organizaciones que cumplen ese rol no solo contraviene este compromiso, sino que erosiona activamente los pilares de una democracia pluralista y deliberativa.

Lo preocupante es que este patrón no es exclusivo de Chile. En distintos países —desde Brasil hasta Hungría, desde El Salvador hasta India— gobiernos de extrema derecha y movimientos políticos de corte fascista han impulsado estrategias para debilitar las formas de organización de la sociedad civil. Se trata de una ofensiva sistemática: limitar financiamiento, exigir registros absurdos, hostigar judicialmente, infiltrar espacios comunitarios o, como en este caso, instalar sospechas desde los grandes medios. Todo ello con un objetivo claro: eliminar cualquier contrapeso social que pueda incomodar al poder económico y político.

Frente a este panorama, es fundamental reafirmar una convicción básica: las organizaciones de la sociedad civil no son un obstáculo para el desarrollo ni una traba para la democracia. Son, por el contrario, una condición necesaria para su existencia. Son las que levantan la voz cuando se vulneran derechos; las que acompañan a comunidades invisibilizadas; las que promueven debates críticos donde otros solo ven números y rentabilidad.

La democracia no se fortalece acallando a quienes disienten, sino garantizando que todas las voces —especialmente las más incómodas— tengan un lugar en el espacio público. Hoy más que nunca, defender a las ONG es defender el derecho de las personas a organizarse, a fiscalizar al poder y a imaginar futuros distintos. Y eso, en tiempos de repliegue autoritario, es un imperativo ético y político que no podemos eludir.

Revisa a continuación el segundo boletín sobre los impactos del desarrollo de la industria del litio en territorios indígenas de Argentina, Bolivia y Chile (ABC). En este espacio trimestral informativo y de análisis desde las voces de las comunidades, organizaciones sociales y la academia compartiremos una cuidada selección de acontecimientos, esperando que sea un espacio que contribuya al debate y visibilice la realidad que, como consecuencia de ello, viven los pueblos y comunidades que ancestralmente han habitado los salares altoandinos en ABC.

En esta segunda entrega, damos a conocer el estado de los debates en torno al litio y los derechos humanos en Argentina, Bolivia y Chile (ABC). En el caso de Argentina, se realiza un análisis por el reclamo por el derecho a la participación y consulta en Jujuy; en Bolivia examinamos la firma de contratos con empresas extranjeras y los temores al control social; y en Chile se revisó la sobrecarga y saturación de los procesos de consultas a los pueblos indígenas.

También les contamos sobre la capacitación que el Observatorio recibió en la metodología “Follow the Money”, el primer encuentro presencial de la iniciativa Kallied y la presencia del proyecto en el evento «Perspectivas globales sobre el (ausente) componente de derechos humanos en la Transición Climática Justa»

Chequea el último Boletín de Litio y Derechos Humanos en Argentina, Bolivia y Chile (ABC):

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Con la fuerza de las aguas nos reunimos como Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar en nuestro segundo encuentro nacional, los días 23 y 24 de marzo de 2024 en el territorio de Pu Wapi Quinchao, donde llegamos mujeres desde diversos territorios para re-conectarnos y fortalecernos como colectivo y, juntas, construir memorias de resistencia.

En este segundo encuentro participamos las integrantes de la Red del pueblo mapuche Lafkenche, mapuche Williche y pueblo Kawésqar, además de mujeres aliadas de los pueblos Diaguita, Chango y Yagán, formando una gran marea desde Atacama hasta Magallanes. Tejiendo redes de solidaridad para reflexionar sobre las diferentes problemáticas que enfrentan nuestros territorios y unir esfuerzos para hacerles frente. Durante las dos jornadas de trabajo compartimos sueños, dolores, alegrías, así como saberes, fuerza y lawen (medicina), ampliando el tejido de nuestra Red para proteger aún más el maritorio.

Así a nuestra llegada, entre lluvia y arcoíris, la barcaza nos trasladó hasta la hermosa isla de Llingua, donde inició el primer día del encuentro con un llellipun (rogativa), un momento especial para agradecer y fortalecernos espiritualmente para el encuentro y nuestro trabajo a lo largo del año. Luego de ello, entre mates y sopaipillas iniciamos nuestro intercambio sobre la situación y coyuntura en cada territorio, rescatando aprendizajes y desafíos, así como acciones a implementar, y oportunidades de articulación y alianza entre los pueblos originarios del mar. Abordamos también iniciativas de normas que se encuentran actualmente en trámite y que afectan nuestros derechos como pueblos de mar, como lo es la modificación de ley Lafkenche y el proyecto de nueva ley de pesca, para analizarlas en conjunto y tomar acuerdos respecto a estos procesos. Nuestro encuentro siguió con temas de coyuntura analizados desde nuestra mirada de mujeres originarias, y buscando consensos sobre nuestros aportes colectivos relevando el rol y participación de las mujeres y el enfoque de género. La jornada culminó con un trafkintu donde intercambiamos productos y trabajos relacionados al mar o con insumos del mar de los diversos territorios.

El segundo día, iniciamos nuestra jornada con una sesión de cuidados, donde aprendimos sobre lawen (medicina) y cómo preparar nuestra propia medicina como una forma de autocuidado desde nuestro conocimiento indígena. Siguiendo con el tema de cuidados, abordamos los derechos y protección de defensoras del mar, debido a las múltiples amenazas que enfrentamos y que se han intensificado en los últimos meses con las campañas en contra de los ECMPO. El resto de la jornada se centró en acciones para avanzar hacia el fortalecimiento de los ECMPO y la protección y gobernanza del mar;  así como, en revisar los avances alcanzados como Red y los proyectos y actividades a futuro para seguir fortaleciendo la gobernanza del mar con la participación activa de las mujeres del mar.

El encuentro culminó con una declaración pública de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, que expresa el espíritu colectivo de este encuentro, pues “¡Hoy somos muchas y mañana seremos más!”.

La declaración completa la puedes encontrar en: https://observatorio.cl/declaracion-publica-de-pu-wapi-quinchao/

El tribunal de apelaciones de París examinó el 5 de febrero las demandas de varios colectivos de ONG que estiman que tanto EDF -gigante de la electricidad- como Suez/Veolia -transnacional de distribución de agua- fallaron en sus obligaciones de velar por los derechos humanos y medioambientales en México y Chile.  

Por Raphaël Morán y Yago Martín

Desde 2017, Francia dispone de una ley pionera llamada deber de vigilancia que obliga a sus transnacionales a evaluar por escrito los riesgos humanos y ambientales de sus actividades y a proponer medidas para mitigarlos. 

Con base en esta ley, un colectivo de organizaciones locales mexicanas y europeas demandó al gigante de la producción eléctrica francés EDF por negligencias en su proyecto de megaparque eólico en la Unión Hidalgo, una comunidad campesina del sur de México.  

Las ONG acusan a EDF de haber omitido consultar a la comunidad antes de iniciar su proyecto, como lo obliga el derecho internacional. Un tribunal francés desestimó esta demanda en 2023 por lo que las ONG apelaron para pedir la suspensión del proyecto que ya está paralizado en México. 

Esta semana, el tribunal de apelaciones de París examinó también otro caso: el de la contaminación del agua potable por un derrame de petróleo en 2019 en Chile en Osorno. Una catástrofe que privó a los habitantes de Osorno de agua durante 10 días y por la que una empresa local, filial de la francesa Suez, hoy Veolia, fue sancionada con multa. 

«Si bien es cierto que tanto la Corte Suprema de Chile como la autoridad sanitaria reconocieron la responsabilidad de Essal, como una empresa chilena, la responsabilidad de Suez como empresa domiciliada en Francia no fue identificada», subrayó José Aylwin, coordinador del programa Empresas y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano y oficial de proyectos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una de las ONG demandantes.  

De momento, el Tribunal de Primera Instancia de París declaró inadmisible el caso Suez el 1 de junio de 2023. Los jueces dictaminaron que las asociaciones demandantes deberían haber demandado a la empresa basándose en el mismo plan de vigilancia que fue objeto del requerimiento, ya que el plan vigilancia en cuestión no mencionaba qué empresa del Grupo Suez era responsable del mismo. 

En este caso también, las ONG han apelado en París para que sea reconocida la responsabilidad de la transnacional.  

Entrevistado por RFI, Sébastien Schapira, abogado de la empresa, no se pronuncia sobre el fondo de la acusación y argumenta que la demanda fue dirigida a una de sus filiales y no a la casa matriz de Suez. “Existe una responsabilidad plena de todas las empresas. Pero existe un aspecto legal esencial: solo le compete la casa matriz establecer el plan de vigilancia. No se trata de esquivar responsabilidades. Al contrario, para que la casa matriz sea plenamente responsable y que deba responder de eventuales demandas de ONG”, argumentó Schapira, entrevistado por RFI al final de la audiencia de apelación.

En cambio, Florian Curral Stephen, abogado del colectivo de ONG (compuesto por dos chilenas y dos europeas) que promueve la demanda contra Suez, lamenta que los debates se centren en tecnicismos jurídicos y no en el fondo. Hasta ahora, solo se condenó a una empresa por una demanda fundada en el deber de vigilancia. 

“El problema de esta ley es que no hay decreto de aplicación que hubiera podido aclarar varias cosas sobre los requerimientos, sobre qué nivel de empresa podemos demandar, sobre quién debe redactar un documento de vigilancia sobre los derechos. Hubiéramos podido evitar debatir todas estas cuestiones hoy si tuviéramos un decreto de aplicación y si tuviéramos una legislación europea”, afirmó Florian Curral Stephen. 

Los jueces franceses darán su veredicto el 18 de junio en ambos casos para determinar si confirman o no la decisión de primera instancia que desestimaron las demandas de las ONG por cuestiones jurídicas, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto: si estas dos transnacionales tienen o no una responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y ambientales de sus subsidiarias en América Latina.  

Lee la nota completa acá.

l Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizará en marzo de este 2024, el examen periódico relativo al cumplimiento e implementación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos por parte del Estado chileno y entre los puntos que asoman, aparecen varios aspectos críticos relativos a los derechos indígenas, entre ellos, la situación de amenaza que enfrenta Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”

Por Seguel Alfredo

En marzo de este 2024, tendrá lugar el 140° periodo de Sesiones del Comité de Derechos Humanos antes las Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes y en este caso, le corresponde ser examinado a Chile.

Parte de la labor del Comité, es promover el disfrute de derechos civiles y políticos, resultando en numerosos cambios en la legislación, políticas y prácticas.

En esa línea, en agosto del 2019, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, efectuó al Estado chileno una lista de cuestiones previa a la presentación de su séptimo informe periódico.

Cabe consignar, que los principales puntos indicados por el Comité, en términos generales, se relacionan a la situación de Chile en materia de derechos humanos, con inclusión de nuevas medidas y acontecimientos relativos a la aplicación del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos e información específica sobre la aplicación de los artículos 1 a 27 del Pacto, incluida la relacionada con las recomendaciones anteriores del Comité.

El informe, que debía presentarse el 2020 por el gobierno de la época, encabezado por Sebastián Piñera, finalmente fue ingresado al Comité en noviembre del 2021.

Llama la atención sobre unas serie de omisiones por parte del Ejecutivo, pero por otra, el cómo el gobierno de Piñera destacaba una serie de normativas como parte “ejemplar” en Chile, entre ellas, la Ley 20,249, sobre Espacio Costero Marino para los Pueblos Originarios (ECMPO), también denominada “ley Lafkenche”.  

En su informe, el gobierno de Piñera destacó: “Otro importante mecanismo de protección de los recursos y medio de sustento tradicional para los pueblos indígenas es la Ley Nº 20.249, que crea los espacios costeros marinos de pueblos originarios, de 2008. Su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero”.

Sin embargo, ese escenario que era destacado por el gobierno de Piñera, como un avance, un logro del Estado chileno en materia de “reconocimiento” de derechos indígenas, en poco más de dos años, ha cambiado radicalmente y hoy, ésta ley, enfrenta una serie de ataques y amenazas, así como la generación de un ambiente que promueve el odio racial, según se ha denunciado.

Resulta llamativo, que hoy, exfuncionarios del Gobierno de Piñera, por medio de sus militancias políticas o como agentes de sectores empresariales, promueven cercenar dicha ley, bajo la complicidad de otros sectores políticos chilenos.

Un ejemplo de ello, Loreto Seguel King, ingeniera civil, quien fue ministra directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y subsecretaria de Servicios Sociales durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, es presidenta del Consejo del Salmón que reúne a  intereses de empresas nacionales y transnacionales de dicha industria. Hoy, es una activa promotora de cambiar la ley lafkenche y ferviente opositora a que se asignen derechos a comunidades en Aysén, en particular a dos, indicando: “¿Es justo otorgar 600 mil hectáreas de mar a un reducido grupo de 38 personas? ¿Alguien le ha tomado realmente el peso a este requerimiento? ¿Es responsable entregar un espacio chileno soberano sin conocer en detalle el destino de uso ni la gobernanza que tendrá?…”.

Cabe mencionar, que sólo en la Región de Aysén, existen más de 1,300 concesiones que el Estado  ha otorgado a empresas salmoneras  , la mayoría de ellas transnacionales.

Clima hostil y odio racial contra defensores de los ECMPO

En un marco de hostilidades y agresiones contra quienes buscan aplicar la ley lafkenche, en el presente, existen numerosos antecedentes registrados, sobre prácticas de hostigamiento y discriminación contra comunidades en Chiloé y la Patagonia que defienden sus territorios.

La campaña de desinformación y de hostilidad levantada desde ciertos sectores vinculados a intereses industriales y transnacionales, junto a grupos políticos, amenaza la integridad de los defensores en la Región de Los Lagos y Aysén.

A pesar de la gravedad y lo peligroso, de acuerdo a los antecedentes que se están manejando, ningún organismo del Estado está velando ni garantizando por la integridad de quienes son objeto de estos ataques. Entre los puntos críticos, no se está implementando el Acuerdo de Escazú. Tampoco existe pronunciamiento  y acciones formales de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el ministerio público no está investigando, considerando que existen antecedentes públicos de eventuales delitos.

Comité de Derechos Humanos y las Ecmpo

En el marco del examen al Estado chileno, representaciones de comunidades, autoridades tradicionales y organizaciones de la sociedad civil, extendieron al Comité de Derechos Humanos, una serie de antecedentes sobre estos incumplimientos y que se relacionan a los derechos indígenas. Entre otros: niñez, territorialidad, proyectos de inversión y tierras indígenas, espiritualidad y religiosidad, amenazas a defensores ambientales y las amenazas por inacción del gobierno y grupos legislativos, que enfrenta la Ley 20.249, que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).

El caso de las ECMPO

Los antecedentes que maneja el Comité, se refieren a una serie de situaciones  con hechos amenazantes, “que vulneran derechos de comunidades, a causa de una falta de garantía de no discriminación, de no repetición, de garantizar la integridad cultural y la seguridad de las comunidades”.

Entre los elementos considerados:

 -Actualmente, existe una moción parlamentaria para «perfeccionar» la ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) o también denominada: la Ley Lafkenche, presentada por un grupo de senadores, la que ha sido calificada por diversas comunidades indígenas y organizaciones como «racista», ya que se estima, que este intento de modificación plantea reestructurar la legislación, para supuestamente “compatibilizar” las actividades en el borde costero, generando controversias sobre sus reales intenciones y sus implicancias en los derechos indígenas, ya que justamente, lo que hace la ley es armonizar actividades sustentables y genera una herramienta de protección frente a actividades industriales dañinas.

-Frente a esto, comunidades y organizaciones mapuche-lafkenche-huilliche, defensoras de espacios territoriales marinos de borde costero,  han advertido que la modificación que se pretende en el proyecto de ley desconoce los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y demuestra un riesgo de racismo hacia aquellos que hacen uso legítimo de la Ley Lafkenche. Se resalta la importancia de preservar los usos consuetudinarios de los pueblos originarios del mar desde tiempos inmemoriales.

-Se destaca asimismo, la relevancia de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en el desarrollo social, cultural y político de las comunidades indígenas y del país en general. Estos espacios no solo contribuyen a la conservación biocultural y la soberanía alimentaria, sino también a la economía familiar y comunitaria. Se estima, que la modificación propuesta ignora estas contribuciones esenciales.

-Otra de las críticas públicas en la aplicación actual de la Ley Lafkenche, es la excesiva  demora en la tramitación de las solicitudes de ECMPO, resaltando la ineficiencia administrativa y las trabas burocráticas. Se argumenta que estas demoras son aprovechadas por intereses político-económicos, afectando a las comunidades indígenas y generando tensiones innecesarias.

-Se subraya la resistencia de las comunidades indígenas y la necesidad de una intervención gubernamental para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche. Se señala que el gobierno de Gabriel Boric, está al tanto de denuncias de ataques racistas, a quién además, se le ha solicitado su apoyo para garantizar una gestión justa y equitativa de los ECMPO.

–  También se ha resaltado, el papel crucial de los ECMPO en la conservación y sostenibilidad de los ecosistemas marinos, para sostener trabajos y recursos bentónicos, en particular ante los impactos industriales, razón por lo que se ha hecho el llamado a cumplir con la legislación que resguarda los derechos de las comunidades indígenas, como el Convenio 169 de la OIT.

.- El Estado chileno deberá enfrentar ante el Comité, el cómo garantizará los derechos adquiridos de las comunidades indígenas y se respeten sus usos consuetudinarios frente a las amenazas y campañas de boicot contra la ley lafkenche, así como cuáles son las medidas concretas que se implementarán para agilizar la tramitación de las solicitudes de ECMPO y evitar demoras injustificadas. Otro punto de urgencia, es cómo se abordarán los ataques racistas denunciados por las comunidades indígenas y qué acciones tomará para restaurar la transparencia en la implementación de la Ley Lafkenche.

Las organizaciones y comunidades denunciantes, consideran que es insólito que en este gobierno se posibilite una eventual modificación de la Ley Lafkenche y se permitan campañas racistas contra defensores ambientales y de espacios costeros marinos de Pueblo Originarios.

El jueves29 de febrero, la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) de la Región de Aysén, se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), de conformidad a  ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, denominadas como “Cisnes” y “Huichas”, en medio de una violenta campaña de grupos transnacionales y sectores políticos defensores de los intereses transnacionales, esto ocurrirá a tan solo días del inicio del examen periódico al Estado chileno por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En medio de la campaña de desinformación y del clima hostil en contra de las comunidades peticionarias, se ha señalado que un reducido grupo se apropiaría del mar para fines “particulares” o que afectarán otras concesiones. Ante esto, se ha desmentido y se ha afirmado que las solicitudes de ECMPO respetan los derechos adquiridos previamente y las concesiones existentes, tanto de las industrias como de las comunidades de pesca.

La denominada Ley Lafkenche, en el marco de su aprobación, fue aplaudida transversalmente por todas las bancadas parlamentarias, iniciativa considerada como un mínimo de reconocimiento de derechos de uso ancestral. 

Fuente: https://www.elciudadano.com/actualidad/chile-sera-examinado-por-comite-de-derechos-humanos-onu-derechos-indigenas-y-ley-lafkenche-ecmpo-entre-puntos-criticos/02/26/