París, Temucuicui, 19 de noviembre de 2018 – Camilo Catrillanca, un comunero Mapuche de 24 años fue asesinado en un incidente en que involucra al Comando Jungla, una fuerza policial antisubversiva instalada por el Presidente Piñera en la región de la Araucanía “para combatir con eficacia el terrorismo”.

El día 14 de noviembre de 2018, un grupo del Comando Jungla ingresó en la Comunidad de Temucuicui en busca de supuestos autos robados y disparando contra miembros de la Comunidad incluyendo a Camilo Catrillanca que conducía un tractor recibiendo un impacto de bala en la cabeza por la espalda.

De acuerdo a la versión de un testigo presencial, un niño de 15 años, integrante de la misma comunidad quien iba con la víctima en el tractor, los policías dispararon a mansalva impactando primero en el tractor y luego en la cabeza de Camilo Catrillanca, en un episodio que fue filmado por los efectivos policiales y que, como ha reconocido Carabineros de Chile, fue borrado por los mismos efectivos, lo que constituye delito de obstrucción a la justicia. Luego del episodio el niño fue detenido y torturado por los efectivos policiales, lo que determinó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentara una querella por estos hechos.

En junio de 2018 el Presidente Piñera procedió a una militarización de facto de la región de Araucanía al instalar un “Comando Jungla” de carabineros formados en Colombia, con un equipamiento bélico (tanques, drones, uniformes especiales para moverse en los bosques, entre otros equipamientos) para combatir las protestas sociales del pueblo Mapuche que el gobierno ha calificado de terrorismo.

En paralelo el gobierno anunció en septiembre pasado un “Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la Araucanía” a través del cual se promovería el reconocimiento de derechos, el desarrollo económico de esta región de alta demografía Mapuche, y la generación de procesos de diálogo.

La FIDH y el Observatorio Ciudadano, organización afiliada a FIDH en Chile, condenan enérgicamente la actuación policial que, de acuerdo a toda la evidencia, resultó en el homicidio de Camilo Catrillanca, y pide el desmantelamiento inmediato del Comando Jungla. La FIDH y el Observatorio Ciudadano consideran que los hechos del día 14 de noviembre son una demostración más del trato discriminatorio por parte del Estado chileno hacia los Mapuche. Los carabineros justifican los hechos por el supuesto robo de vehículos por miembros de la comunidad, pero el operativo militar que se ha desarrollado fue una medida absolutamente desproporcionada para tal delito de derecho común, pues se habla de decenas de uniformados ingresando en la Comunidad, el uso de varios helicópteros y ráfagas de disparos. Cabe destacar, además, que el año 2018 estuvo marcado por una serie de montajes hechos por la policía para inculpar a dirigentes mapuche, como es el caso de la Operación Huracán. La FIDH y el Observatorio Ciudadano recuerdan también que el Estado chileno fue condenado en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por discriminación racial en su trato hacia líderes mapuche procesados y condenados bajo la ley antiterrorista.

Camilo Catrillanca, de 24 años de edad, era nieto del lonko Juan Catrillanca e hijo del presidente de la comunidad mapuche “Ignacio Queipul Millanao”, Marcelo Catrillanca. Era también un activista estudiantil que había dirigido varias movilizaciones por los derechos del pueblo Mapuche en su zona. La FIDH y el Observatorio Ciudadano instan las autoridades a asegurar una investigación imparcial que permita individualizar a los responsables, imponiendo penas que se condigan con la gravedad de estos hechos. Instan además a las autoridades a impulsar una política coherente en relación al pueblo Mapuche, que genere las condiciones de confianza necesarias para el diálogo y la paz que dicen promover, y que avance en el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de este y otros pueblos indígenas en Chile conforme a los estándares internacionales aplicable en la materia.

Contactos prensa:

• José Carlos Thissen (español, francés, inglés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) jcthissen@fidh.org
• Audrey Couprie (español, francés, inglés) – Tel: + 33 6 48 05 91 57 ( París) press@fidh.org
• Samuel Hanryon (francés, inglés) – Tel: + 33 6 72 28 42 94 (París) shanryon@fidh.org

La FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 184 organizaciones en cerca de 120 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bangkok, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya, Nueva York, Pretoria y Túnez.

FIDH es el acrónimo francés de «Federación Internacional de Derechos Humanos». Por favor, asegúrese de usar “FIDH” cuando se refiera a la organización (oral y escrito), independientemente del idioma del artículo. Si tiene que precisar el nombre completo de la FIDH, por favor, utilícelo una sola vez al principio: «FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos)» y luego sólo como «FIDH» o “la FIDH”.

Un comunero mapuche murió tras ser herido a bala en un operativo realizado esta tarde en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, Región de La Araucanía.

El hombre -identificado como Camilo Catrillanca– resultó lesionado por armamento del Grupo Táctico de Carabineros -más conocido como «Comando Jungla»– que se implementó desde julio en la zona.

Se espera que el Gobierno, a través de la Intendencia, se pronuncie oficialmente sobre el hecho dentro de la próxima hora.

Preliminarmente se informa desde la autoridad que el incidente ocurrió en medio de un «enfrentamiento» de Carabineros con personas involucradas en el robo de vehículos, e incluyó barricadas con alambres de púas, bloqueo de caminos y armas hechizas.

La comunidad de Temucuicui señala, en contraste, que Carabineros «llegó disparando a mansalva».

«Lo confirma la familia que acaba de fallecer, el peñi murió, la policía lo asesinó al interior de la comunidad y de ahí lo llevaron al consultorio, pero ya no pudieron hacer nada. Lo asesinaron, así de simple«, dijo a Cooperativa el werkén (vocero) de la comunidad autónoma de Temucuicui Jorge Huenchullán.

«Ahora Carabineros está sobrevolando la comunidad. Al interior deben haber más o menos unos 200 efectivos, policías caminando a pie y blindados que están apostados en el camino», detalló el werkén.

La comunidad está «sitiada» y hay «ráfagas de disparos… El comando Jungla, ellos son los que han ingresado a la comunidad», insistió Huenchullán, que difundió en los últimos minutos, por redes sociales, la información del deceso.

¿Quién era Camilo Catrillanca?

Camilo Catrillanca era un reconocido dirigente que participaba en actos de recuperación de tierras en la comuna de Ercilla, fue uno de los dirigentes del movimiento estudiantil en la zona y era nieto del lonko de la comunidad Temucuicui, Juan Catrillanca.

En agosto de 2011, lideró una toma de secundarios en la Municipalidad de Ercilla, la que fue depuesta luego de 13 días luego de pactar con las autoridades la creación de un liceo intercultural y el aumento de becas.

El Consejo de Derechos Humanos de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizará en enero del 2019 el Examen Periódico Universal EPU, cuyo propósito es velar por el cumplimiento, obligaciones y compromisos pactados por  193 Países miembros de la ONU. con el objetivo de mejorar la situación de derechos humanos , para esta eventualidad Chile aportará un informe elaborado desde la sociedad organizada.

El documento contiene 17 páginas y fue presentado en julio de este año bajo la Coalición para el fortalecimiento de los Derechos Humanos en Chile. La iniciativa forma parte del trabajo y acciones en conjunto de La Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche- AMCAM, el Consorcio TICCA, el Colectivo Mapuexpress, la ONG Lumbanga, el Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano.

El propósito principal de este estudio es visibilizar los acuerdos y obligaciones del Estado chileno para dar cuenta de las problemáticas, necesidades y las diferentes realidades que existen en Chile en relación al cumplimiento de los derechos humanos y los pueblos indígenas.

Cabe recordar que en el año 2016 Chile conforma la Subsecretaría de los Derechos Humanos, organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con ello, en el año 2017 se crea el Plan de Derechos Humanos y empresas, (PANDHE, 2017).

En materia de derechos Chile ha firmado y pactado de forma voluntaria acuerdos ante las Naciones Unidas para velar por la protección y respeto de la sociedad chilena de cara a estándares internacionales, con el objetivo de evitar y prevenir la vulneración de derechos en los diferentes integrantes de la sociedad chilena. En este sentido, el informe expresa los avances y retrocesos en los sectores más discriminados del país, entre ellos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes chilenos, la población migrante , derechos humanos y empresas.

Pueblos originarios y criminalización

El informe expresa que de acuerdo a los derechos de los pueblos originarios el Estado chileno no ha cumplido con las obligaciones contraídas en virtud de los distintos instrumentos internacionales ratificados, expresa que se han iniciado extensos procesos de criminalización de la protesta social e indígena ante la reivindicación de los derechos junto con ello el  exceso uso de fuerza policial. Por su parte, en el ámbito de la aplicación de la Ley Antiterrorista en el presente año se han procesado a 23 mapuche por la Comisión de delitos terroristas en los casos Huracán, Iglesias y  Luchsinger-Mackay. En todos estos casos a los imputados no se respetó el debido proceso, existieron ausencia de pruebas con defectos, entre otros, antecedentes que están en carpeta en la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIPH)

Derecho a la Consulta y Constitución Política

El informe arguye que en el Congreso de Chile no existe un mecanismo de consulta para la elaboración y aprobación de iniciativas legales, por lo tanto, se recomienda implementar un mecanismo de consulta legislativo efectivo y acorde a los estándares internacionales, en conjunto con las instituciones representativas de los pueblos indígenas, así como realizar consultas libres, previas y bien informadas para obtener acuerdos o el consentimiento de los pueblos indígenas antes de autorizar, cualquier proyecto de inversión que pudiera afectar sus derechos colectivos.

Cabe destacar, que el estudio señala que el Estado chileno no reconoce constitucionalmente a los pueblos indígenas, es por esto que sugiere la elaboración de una nueva Constitución, a través de un proceso que garantice la participación y consulta de los pueblos indígenas, reconocimiento de la plurinacionalidad e interculturalidad del Estado chileno los derechos colectivos y el derecho internacional.

Otras de las medidas que sugiere el informe es colocar fin a la criminalización de la protesta social indígena y la capacidad de mejorar los procedimientos policiales.

Derechos pueblo Tribal Afrodescendiente

El informe realizado desde la sociedad civil organizada, estipula que en la Región de Arica y Parinacota se encuentra la mayor población de Afrodescendienteque desde el año 2000 llevan 18 años de  lucha por la inclusión, visibilización y reconocimiento por parte del Estado chileno. Desde el año 2004, se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para la población Afrodescendiente.

Con la llegada masiva de población afrodescendiente migrante de otros países de la región hacia Chile, han aumentado los prejuicios raciales y estereotipos en su contra, los que se manifiestan en actitudes racistas y discriminatorias que el Estado no ha sabido prevenir.

En relación a las recomendaciones. el informe expresa la aprobación del proyecto de ley de reconocimiento de la población afrodescendiente de forma prioritaria y el avance en la elaboración de una propuesta para su reglamentación para garantizar los compromisos internacionales que el Estado de Chile ha suscrito en materia de derechos humanos del pueblo tribal afrodescendiente y aplicar el Convenio 169 de la OIT de forma efectiva al pueblo tribal afrodescendiente en cada ocasión en la que se vean afectados sus derechos y no de forma arbitraria solo en algunas ocasiones.

Migrantes y una política de Estado de 1975

Chile posee una política migratoria que no se adecua a la sociedad en la que nos encontramos inmersos. En la actualidad existe 1.119.267 personas migrantes,que provienen de América Latina y el Caribe, 120.000 de ellos corresponde a personas provenientes de Haití y el 97 % de ellos está localizado en Santiago de Chile.

En la actualidad se encuentra en trámite legislativo un proyecto de ley que regula la migración en el país. Sin embargo, este no contiene un enfoque de derechos humanos que permita la consagración de los derechos civiles y políticos, y los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades migrantes en el país, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile. Entre las recomendaciones más relevantes del informe se encuentran Garantizar que la nueva ley de migraciones incorpore medidas acordes al enfoque de derechos humanos y a los estándares internacionales suscritos por Chile en materia de movilidad humana. Impulsar y promover un proceso de regularización de la migración con reglas e información claras y de acceso público a la población interesada, así como una capacitación a los funcionarios que implementan dicho proceso.

Empresas y derechos humanos

El documento expresa que no existe avances en terminar con  la vulneración de los derechos humanos, ante la instalación de empresas en los territorios dónde viven comunidades locales, el resultado de los impactos sociales y ambientales se visibilizan en sectores más vulnerables, lo que ha significado que no exista justicia y reparación para las comunidades afectadas y criminalizadas por parte del Estado chileno y su modelo económico abierto a la inversión extranjera concentrada en la explotación de recursos naturales, minería, forestales y salmonicultura;  Inversiones que se ubican mayoritariamente en tierras que el Convenio 169 define como “de ocupación tradicional indígena”, y que han generado fuertes impactos en los derechos de pueblos indígenas. Es el caso de la forestación exótica, la cual con tres millones de hectáreas plantadas en el centro sur del país, tiene la mitad de ellas en tierras de ocupación tradicional y legal mapuche, impactando en sus ecosistemas, aguas y territorio ancestral;53 y el caso de la minería desarrollada tanto por empresas nacionales como extranjeras en el norte del país, en el territorio de ocupación tradicional de los pueblos andinos aymara, lickanantay, quechua, coya y diaguita, afectando las escasas aguas de las que depende su economía de subsistencia e imposibilitando la mantención de sus formas de vida tradicional. Todas las actividades económicas no han realizado consultas, libres, previas e informadas.

Te invitamos a leer el INFORME EPU COALICION POR EL FORTALECIMIENTO A LOS DERECHOS HUMANOS A CHILE 10.7.18 y sus descripciones específicas.

 

Catalina Manque

Mapuexpress

•  La directora de Chile Sustentable, uno de los principales referentes en materia ambiental del país, indicó que los principales problemas se encuentran en los ámbitos de la participación ciudadana, la pertinencia comunal y regional, y la calidad  del Servicio de Evaluación Ambiental.
• Larraín expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Baja, donde la iniciativa del Ejecutivo se encuentra radicada en primer trámite constitucional.

Un duro golpe al proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) dio la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín.  Esto, durante la sesión del 17 de octubre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

La dirigenta ecologista, quien fuera candidata a la Presidencia por el movimiento ambiental  chileno, pidió expresamente a los legisladores “suspender la tramitación del proyecto”. Se sustentó en que como está planteada la iniciativa por el Ejecutivo es “un retroceso en los estándares de la legislación nacional en la materia”.

Son varias las deficiencias a las que Larraín apuntó, en los ámbitos de la participación ciudadana, la pertinencia comunal y regional, y la calidad  del Servicio de Evaluación Ambiental, entre otras.

En materia departicipación ciudadana “se acortan los plazos, dentro de la evaluación ambiental, para que la comunidad formule observaciones a los proyectos, bajando de 60 días a solo 30” explicó la dirigenta. Además, “se reduce de 30 a 20 días el plazo de participación para realizar observaciones en los casos en que un estudio de impacto ambiental (EIA) requiera aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones que afecten sustantivamente a la iniciativa”.

Asimismo se elimina el derecho de la ciudadanía y los directamente afectados a pedir revisión de una resolución de calificación ambiental que aprobó un EIA o declaración de impacto ambiental (DIA) si cambian sustancialmente las condiciones o medidas, en relación a lo presentado originalmente, manteniendo esta atribución solo para el titular y la Superintendencia del Medio Ambiente. También se suprime la posibilidad de pedir invalidación ante el director del SEA de las resoluciones que deniegan, rechazan o establecen condiciones a EIA o DIA.  A esto se agrega que toda la tramitación sería por vía electrónica, lo cual es considerado discriminatorio y excluyente.

Uno de los aspectos más criticados ha sido concentrar el proceso de evaluación en  solo 3 direcciones macrozonales: Antofagasta, Santiago y Valdivia, quedando las unidades regionales restringidas a gestionar la participación ciudadana. Hoy este se realiza en cada una de las regiones del territorio.

“Esta reestructuración es un retroceso para la democracia ambiental, para la descentralización del país y para el control público de la toma de decisiones” señaló al respecto Sara Larraín.  Esto porque “aleja y encarece la participación de las comunidades y organizaciones locales, distancia las decisiones sobre el territorio y el desarrollo regional, y dificulta el monitoreo y control ciudadano sobre  las decisiones que afectan a la población y los territorios locales y regionales” apuntó.

Una de las figuras que precariza el involucramiento de la comunidad es la de “participación ciudadana anticipada”,donde el Estado apoya al titular y puede citar a otros organismos públicos para realizar recomendaciones, generando términos de referencia ambiental para preparar el EIA, incluyendo  aportes económicos y sociales de los proyectos que serían validados por los tribunales ambientales. Este proceso sería obligatorio previo a las EIA y voluntario antes de las DIA, siendo liderado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.

Sobre esto, la directora de Chile Sustentable señala que representa “un alto riesgo de captura de comunidades locales por las asimetrías de poder, información e incluso económicas”.  Y en términos generales involucra “un diseño errático en cuanto al rol del Estado y falta de garantías el hecho que esta participación ciudadana anticipada sea liderada por un ente económico como Corfo, cuyo rol es facilitar la inversión”.

Por lo demás, la ingerencia de los tribunales ambientales está fuera de sus facultades.

El proyecto de reforma al SEIA también modifica los proyectos que deben ser sometidos a evaluación.  Eximiendo de esta los de tipo inmobiliario en zonas latentes y saturadas; los de transporte, disposición o reutilización de sustancias tóxicas, explosivos, radiactivas, inflamables, reactivas y corrosivas; y las estaciones de combustible y caminos públicos que puedan afectar áreas protegidas.

A todo esto se agregan, entre otros, aspectos que atentan contra una mayor justicia socioambiental.  Se permite al SEA omitir total o parcialmente los fundamentos u observaciones no “suficientemente fundadas” o que excedan el marco de las competencias otorgadas a dicho órgano; se aumentan los plazos de caducidad de las resoluciones de calificación ambiental; se da carácter de vinculante a las respuestas a las consultas de pertinencia para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental; y los permisos ambientales sectoriales serían tramitados dentro del proceso de evaluación, lo que abre la puerta  a una posible discrecionalidad del SEA.

Para Sara Larraín todo esto configura un cuadro en el cual el proyecto “es un retroceso en los estándares de la legislación nacional vigente en términos de participación ciudadana, calidad  del SEA y menor articulación con la institucionalidad publica”.  Y es “contradictorio  con lo  que Chile negoció y aprobó durante la tramitación del Acuerdo de Escazú, por lo cual recomendamos suspender la tramitación del proyecto  y conformar una mesa técnica entre el Ejecutivo y los parlamentarios (y sus asesores) para revisar y evaluar su viabilidad y coherencia”.

Y si no hay voluntad política para aquello “lo mejor es rechazar la iniciativa” concluyó.

En este contexto, dio cuenta de las propuestasde la Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria para la Reforma al SEIA, que nació como alternativa a la instancia presidencial convocada por el gobierno de Michelle Bachelet. En la CSCP participaron 20 organizaciones, que junto a un grupo de legisladores dieron cuerpo a planteamientos para mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental actual, democratizando su operación y fortaleciendo su independencia y autonomía del sistema político, además de incorporar con mayor fuerza elementos de ordenamiento territorial, entre otras innovaciones.

Por lo pronto, la reforma al SEIA sigue su discusión, en primer trámite constitucional, en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, la cual está integrada por Catalina Pérez (RD, quien preside la instancia), Sebastián Álvarez (Evopoli), José Miguel Castro (RN), Cristina Girardi (PPD),Félix González (Ecologista), Diego Ibáñez (ind. Frente Amplio), Amaro Labra (PC), Karin Luck (RN), Celso Morales (UDI), Gastón Saavedra (PS),Sebastián Torrealba (RN), Fernando Meza (PRSD) y María José Hoffmann (UDI).

Revisar sesión aquí.

Revisar resumen ejecutivo propuestas CSCP:

http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2016/08/Propuestas-CSCP-1.pdf

Veinte años después de la adopción de la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, la Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos ha reunido esta semana en París a defensores y defensoras de los derechos humanos de todos los rincones del planeta con el objetivo de elaborar un Plan de Acción para proteger y promover el trabajo de los y las activistas que luchan por los derechos.

Tras tres días dedicados a debatir y elaborar estrategias en relación con cuestiones regionales y globales, con los defensores y defensoras de los derechos medioambientales y de las mujeres y con los crecientes ataques contra quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo, la Cumbre culminó con la presentación de un Plan de Acción histórico que se presentará a la ONU en diciembre.

En su intervención en la ceremonia inaugural, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, declaró: “Lo que los defensores y defensoras de los derechos humanos nos enseñan es que todas las personas podemos defender nuestros derechos y los de otras personas en nuestras comunidades, nuestros países y en todo el mundo. Podemos cambiar el mundo”.

En la Cumbre se debatieron peticiones a los gobiernos, empresas, instituciones financieras internacionales, donantes y otras entidades, entre ellas las de adoptar planes de acción nacionales, adoptar legislación que establezca la obligación de respetar la Declaración de la ONU, proteger a los defensores y defensoras como prioridad en la política exterior y priorizar la protección y el trabajo de quienes defienden los derechos de la mujer, las personas LGBT+ y los pueblos indígenas, así como de otros defensores y defensoras de los derechos humanos marginados.

Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional, declaró: “El grado de peligro que corren los y las activistas en todo el mundo ha alcanzado un punto crítico. A diario se amenaza, tortura, encarcela y mata a gente corriente por sus luchas, sus creencias o simplemente por ser quienes son. Es hora de actuar y hacer frente a la oleada global de represión contra quienes defienden los derechos humanos”.

La ceremonia de clausura se celebró en el Palais de Chaillot, el lugar en el que hace 70 años se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los 150 defensores y defensoras asistentes se reunieron allí para redactar el Plan de Acción y rendir homenaje a los hombres y las mujeres que trabajan incansablemente para defender los derechos humanos en todo el mundo.

Entre los asistentes a los actos de la Cumbre figuran Alice Mogwe, secretaria general de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y directora del Centro para los Derechos Humanos de Botsuana; el periodista ganador del premio Pulitzer Matthew Caruana Galizia, que está exigiendo justicia tras el asesinato de su madre, Daphne Caruana Galizia, en Malta hace un año, y Anielle Franco, que está llevando a cabo una valiente campaña en nombre de su hermana, Marielle Franco, activista brasileña y concejala electa que fue abatida a tiros en su coche hace seis meses.

Hina Jilani, presidenta de la Organización Mundial contra la Tortura, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y primera relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, afirmó: “Los Estados nunca nos han dado espacio; el espacio para la sociedad civil existe gracias a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Verlos hoy aquí, a todos y todas, comprometidos con la defensa de los derechos humanos me hace ser un poco menos pesimista. Nunca antes hemos sido un movimiento tan global. Pero debemos enviar un mensaje claro a los Estados: deben estar a la altura del desafío y alzar la voz en favor de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los derechos humanos no se conquistan gratis”.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de 1998

En 1998, los gobiernos adoptaron la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos para reconocer el papel clave que estos desempeñan. Pese a que se han realizado avances en algunos ámbitos, muchos gobiernos continúan incumpliendo sus compromisos 20 años después de la primera cumbre, y el contexto global en el que actúan quienes defienden los derechos humanos es cada vez más complicado. Los valores democráticos están en peligro, y la corrupción sistémica, la desigualdad y la discriminación extremas, el fundamentalismo religioso y las políticas extremistas están en auge. Además de esto, se está realizando un esfuerzo concertado para socavar los derechos humanos y desacreditar y matar a sus defensores y defensoras. En 2017 han sido asesinados al menos 312 defensores y defensoras de los derechos humanos, el doble que en 2015, en la mayoría de los casos con impunidad para los perpetradores. Con el Plan de Acción se pretende abordar estas injusticias y apoyar a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que continúen realizando su trabajo esencial en un entorno seguro.

FIN

Notas para periodistas

La Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos 2018

La Cumbre Mundial de Defensores/as de Derechos Humanos 2018 reunirá a un grupo diverso de 150 defensores y defensoras de los derechos humanos de todo el mundo a lo largo de tres días de reuniones, mesas redondas, actividades de establecimiento de contactos y talleres. Estos hombres y mujeres activistas, abanderados de las luchas por los cambios sociales, políticos y medioambientales en sus países, tendrán la oportunidad de establecer contacto y trabajar con organizaciones de derechos humanos regionales e internacionales, líderes gubernamentales mundiales, las Naciones Unidas, donantes y el sector privado. La primera Cumbre de Defensores de los Derechos Humanos se celebró hace 20 años, en 1998, en el Palais de Chaillot (París), el mismo lugar en el que este año se celebrará la ceremonia de clausura.

Acerca de las organizaciones participantes:

Amnistía Internacional
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de siete millones de personas que se toman la injusticia como algo personal. Trabajamos por un mundo en el que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos. Nos financiamos gracias a nuestra membresía y a gente como tú. Somos independientes de toda ideología política, interés económico y religión.

Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID)
AWID es una organización feminista mundial con más de 5.000 miembros particulares e institucionales de 164 países. Brindamos apoyo a los movimientos feministas, por los derechos de las mujeres y por la justicia de género para que prosperen y sean una fuerza motora a la hora de desafiar los sistemas de opresión y cocrear realidades feministas.

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
FIDH es una ONG internacional de derechos humanos que federa a 184 organizaciones de 112 países. Desde 1922, la FIDH defiende todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Front Line Defenders
Front Line Defenders trabaja en favor de la protección, la seguridad y el bienestar de los defensores y defensoras de los derechos humanos que corren peligro en todo el mundo, proporcionando subvenciones, formación y fortalecimiento de las capacidades en materia de protección física y digital, trabajo de incidencia y campaña/visibilidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro.

Servicio Internacional para los Derechos Humanos
El Servicio Internacional para los Derechos Humanos es una ONG independiente dedicada a promover y proteger los derechos humanos. Con este fin, damos apoyo a los defensores y defensoras de los derechos humanos, fortalecemos los sistemas de derechos humanos y lideramos y participamos en coaliciones en favor del cambio en
materia de derechos humanos.

Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)
La OMCT es la mayor coalición de ONG del mundo. Lucha contra la detención arbitraria, la tortura, las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, la desaparición forzada y otras formas de violencia, y proporciona a los defensores y defensoras de los derechos humanos un sistema integral de apoyo y protección.

ProtectDefenders.EU
ProtectDefenders.eu es el mecanismo de la Unión Europea para los defensores y defensoras de derechos humanos, establecido para proteger a los defensores y defensoras en situación de peligro y que se enfrentan a las situaciones más difíciles en el mundo. Está dirigido por un consorcio de 12 ONG que trabajan en el campo de los derechos humanos.

Reporteros sin Fronteras
Reporteros sin Fronteras es una ONG internacional sin ánimo de lucro con sede en París (Francia) que realiza trabajo de incidencia política sobre cuestiones relacionadas con la libertad de información y la libertad de prensa.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo presentado por Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una pareja de ciudadanos haitianos, detenidos de manera arbitraria e ilegal -según estableció el fallo- por funcionarios/as de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en el contexto de un control de identidad.

El dictamen apuntó a la ilegalidad de la detención debido a que se efectuó sin la orden de una autoridad competente, sin los antecedentes que la justifiquen y excediendo todas las prerrogativas de un control migratorio, razón argumentada por los funcionarios de la PDI para justificar el procedimiento.

La Corte consideró también que al momento de la detención no se tomó en cuenta que los amparados exhibieron sus certificados de inscripción en el proceso de regularización migratoria, documento que da cuenta de una condición regular en el país.

Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que «la actuación de los diversos órganos del Estado debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ello no ocurrió en este caso. Además, tal como lo hemos señalado en la tramitación de la reforma a la legislación migratoria, el Estado debe asumir que en el caso de las personas migrantes tiene obligaciones especiales que debe cumplir».

En tanto, Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad Jurídica Judicial del INDH, agregó que «nos parece muy relevante esta sentencia de la Corte de Apelaciones pues, ya que junto con declarar la ilegalidad en la detención de estas dos personas haitianas, envió los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue la eventual responsabilidad criminal de los funcionarios policiales y ordenó la realización de una investigación administrativa. Esperamos que esta resolución contribuya a modificar prácticas vulneratorias de los derechos de las personas migrantes».

Representantes de organizaciones de la sociedad civil llegaron hoy hasta la oficina de partes de La Moneda para entregar una carta al Presidente Sebastián Piñera solicitando una reunión para conversar sobre la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, luego que el pasado miércoles 26 de septiembre el gobierno anunciara que postergaría la  firma del  tratado, a un día de la ceremonia en Nueva York.

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* En Valdivia lunes 8 y martes 9 de octubre de 2018 – 09:00 a 19 horas / Auditorio 4, Edificio Nahmías, Universidad Austral de Chile.

Campus Isla Teja.

En dos jornadas —el lunes 8 y martes 9 de octubre— en la Universidad Austral de Chile se realizará el seminario internacional «Industria Extractiva y Derechos Humanos en un Contexto Global», actividad que tendrá una conferencia inaugural a cargo de Birgit Gerstenberg, representante regional del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina.

También habrán paneles donde expondrán los invitados internacionales Amanda Romero, Business and Human Rights; Maurice Kistabich, miembro de la Primera Nación Abitibiwinni de Pikogan, Québec; Jose Julian Tole, de la U. Externado de Colombia; Luis Vittor, asesor del Foro Indígena de Abya Yala, y los académicos de la Wilfrid Laurier University, Terry Mitchel, Miguel Sioui y Alex Latta, junto a los representantes nacionales Amaya Alvez, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. de Concepción; Gonzalo Bustamente, de la U. de la Frontera; Judith Schoensteiner, del Centro de Derechos Humanos de la U. Diego Portales; Sergio Campusano, presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huasco Altinos; Ercilia Araya, presidenta de la Comunidad Pai Ote pueblo Colla; Sebastian Henríquez, del Centro de Estudios Sociales de Chiloé; Patricio Colivoro, werken de la comunidad de Yaldad, Chiloé, y los miembros del Observatorio Ciudadano José Aylwin, quien lo dirige, junto a los investigadores Rubén Sánchez y Felipe Guerra, este último además profesor de la UACh.

La actividad es organizada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U. Austral de Chile y el Observatorio Ciudadano, contando con el patrocinio de la Fundación Ford y del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. Colaboran el Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos y la Red Panamericana de Derechos Indígenas y de Gobernanza de Recursos (PAIRR GN).

El evento se efectuará entre las 9 y 19 horas en el Auditorio 4, Edificio Nahmías, de la U. Austral de Chile, Campus Isla Teja, Valdivia y tiene entrada liberada, previa inscripción. Cupos limitados.

Se realizará transmisión vía streaming a través de  http://tvaustral.uach.cl/

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TEMÁTICAS

La actividad de las industrias extractivas, incluyendo entre ellas la minería, los hidrocarburos, la forestación, ha tenido un sostenido crecimiento en recientes décadas. Muchos estados basan hoy sus economías en la extracción y procesamiento de dichos recursos. El rápido desarrollo de estas industrias ha acelerado también sus impactos sociales y ambientales a nivel planetario.

De especial preocupación son los impactos provocados por la industria extractiva en los derechos de los sectores más vulnerables, como las comunidades rurales y los pueblos indígenas. Tal preocupación ha sido manifestada por diversas instancias internacionales, como el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los Relatores Especiales de Medio Ambiente y de Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, entre otros.

Un ámbito especial de preocupación ha sido la afectación de la industria extractiva en los derechos de pueblos indígenas, actividad que por sus dimensiones requiere en muchos casos, de acuerdo con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de su consentimiento, libre, e informado.

Las propias empresas, conscientes de sus impactos, han comenzado a abordar está realidad desarrollado estándares sobre su actuación y sus implicancias de derechos humanos, como los elaborados por el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), el Forestry Stewardship Council, y el Pacto Global, entre otros.Desde la academia el estudio de las implicancias de la actividad extractiva de recursos naturales en los derechos humanos ha llevado a constituir la Red Panamericana de Derechos Indígenas y de Gobernanza de Recursos Ejemplo (PAIRR-GN) y el Consorcio Latinoamericano de Posgrado en Derechos Humanos.

A nivel de sociedad civil, organizaciones como Derechos y Democracia de Canadá, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y Oxfam América han alentado el desarrollo de investigaciones que permitan evaluar los impactos de la actividad de empresas extractivas en derechos humanos, elaborando metodologías para estos efectos.

RESEÑA PANELISTAS

BIRGIT GERSTENBERG

Sirve a la Organización de Naciones Unidas desde 1991 en el campo de los derechos humanos, y actualmente ocupa el cargo de Representante Regional de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en América del Sur. Previamente, trabajó en el componente de derechos humanos de tres misiones de paz, en El Salvador, Guatemala y Sudan/Darfur. Desde 2002 ocupó diferentes cargos en la Oficina del Alto Comisionado en Jamaica, Uganda, Colombia y Guatemala.  Posee estudios de filosofía y un doctorado en historia de la filosofía en América Latina de la Universidad de Rostock de Alemania. Y cursó con distinción el curso doctorado sobre derechos fundamentales del Instituto Bartolomé de Las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid de España.

 JUDITH SCHÖNSTEINER

Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Posee un Doctorado en Derecho (2011) y un LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos (2006) por la Universidad de Essex en Inglaterra, y un M.A. en ciencia política por la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania (2003). Por encomienda del Instituto Danés de Derechos Humanos, ha elaborado el Estudio Línea Base sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile (2016). En la actualidad, investiga sobre las obligaciones estatales en el ámbito empresas y derechos humanos, específicamente sobre empresas estatales y derechos humanos, referido a la Responsabilidad directa e indirecta del Estado por acciones y omisiones de las empresas estatales en materia de derechos humanos.

LUIS VITTOR

Economista peruano y experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Entre 2009 y 2015 fue asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), red de organizaciones de pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Actualmente es asesor del Foro Indígena de Abya Yala (FIAY), una red de organizaciones de pueblos indígenas de América Latina. Ha escrito diversos artículos e informes sobre la situación de los pueblos indígenas en distintos territorios y sobre los impactos de actividades de las empresas transnacionales en los derechos de los pueblos indígenas.

AMANDA ROMERO MEDINA

Doctora en Educación y Magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Colombia. Posee formación en Derechos Humanos entregada por el Instituto de Estudios Sociales de La Haya; Centro El Canelo de Nos de Chile, Fundación Canadiense de Derechos Humanos de Montreal, e Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Actualmente, es profesora titular de la Maestría en Derechos Humanos gestión de la transición y el posconflicto, de la Escuela Superior de Administración Pública. Desde 2011 es investigadora y representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Business & Human Rights Resource Centre). Ha sido consultora en diversos temas de derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, proyectos de desarrollo y educación intercultural.

DIEGO MORALES

 Abogado, graduado de la UBA. Es el director del Área de Litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, desde donde coordina las estrategias jurídicas de los casos en los que el CELS es parte. Tiene una vasta experiencia en litigio estratégico y el desarrollo de clínicas jurídicas.  Entre 2000 y 2003 trabajó en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Es profesor de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Lanús. Dictó numerosos cursos de maestría sobre derechos humanos. Además, participó en publicaciones y trabajos académicos sobre el tema, de Argentina y del exterior.

TERRY MITCHEL

Psicóloga Clínica y Comunitaria, con doctorado otorgado por la Universidad de Toronto. Profesora en el Balsillie School of International Affairs en Wilfrid Laurier University. Su enfoque investigativo se centra en los derechos Indígenas, el trauma colonial, y los principios y prácticas de consentimiento libre, previo e informado en la gobernanza de tierra y recursos naturales. Posee un gran compromiso con el trabajo en alianza con comunidades indígenas en la movilización de conocimiento y recursos para apoyar la autodeterminación. Véase www.FPIC.info.

MIGUEL SIOUI

Profesor Auxiliar de geografía y estudios ambientales en la Universidad Wilfrid Laurier (Waterloo, Canada). Doctor en geografía por la Universidad Carleton. Como geógrafo indígena y académico de gestión ambiental, profundamente enraizado con las tradiciones de su comunidad Huron-Wendat. Ve su trabajo y propósito como traductor cultural entre dos mundos, el occidental y el indígena, que históricamente no han podido comunicarse de manera productiva. Donde la academia ha sido tradicionalmente renuente a tratar de investigar las formas indígenas de saber, hacer y ser, e incorporar conceptos relevantes de conocimientos indígenas en campos relacionados con la gestión ambiental. Es esta motivación profunda es la que despertó su interés en el campo de los estudios y la gestión ambiental.

 ALEX LATTA

Doctor en ciencias políticas por de York University. Actualmente es Profesor Asociado de la Wilfrid Laurier University, en los departamentos de Estudios Globales y Geografía y Estudios Ambientales. Ha realizado investigaciones extensivas en el tema de ciudadanía y medio ambiente en Latinoamérica, con enfoque en la hidroelectricidad, políticas ambientales y pueblos indígenas. Su trabajo de investigación reciente trata sobre el rol de pueblos indígenas en la gobernanza del agua en los Northwest Territories, así como en conservación ambiental de base comunitaria en el territorio Dene de la región del Dehcho también en los Northwest Territories.

MAURICE KISTABICH

Miembro de la Primera Nación Abitibiwinni de Pikogan, Québec, Canadá. Tiene más de tres décadas  de experiencia como negociador para las Primeras Naciones de Quebec y Ontario, en Canadá, en particular en la construcción de acuerdos con el sector minero y forestal, y en preparar negociaciones por reclamos de tierras ante los gobiernos provinciales y federal de ese país. Actualmente es el coordinador de Anishnabe O’T’Akiwa (AOT), una organización que reúne a cinco comunidades Anicinape (Algonquin) en el noroeste de Quebec y en el noreste de Ontario, que tiene el objetivo de presentar un reclamo integral de tierras y un gobierno autónomo ante el gobierno federal de Canadá. Maurice actualmente está cursando una maestría en la Escuela de Estudios Indígenas en la UQAT, analizando su experiencia personal desde una perspectiva científica en la negociación de acuerdos entre las empresas forestales y mineras y la Primera Nación Wahgoshig.

 JOSÉ JULIAN TOLE

Abogado y máster en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, diplomado en estudios de comercio exterior de la Universidad Nacional Autónoma de México, y máster y Doctor en Derecho internacional económico de la Universidad de Barcelona. Es Docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, investigador invitado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto y consultor en temas de Derecho internacional económico. Sus principales áreas de actuación son la Organización Mundial del Comercio, Tratados de Libre Comercio, solución de controversias comerciales internacionales, regulación de servicios y mercancías internacionales, Derecho público económico, entre otros.

AMAYA ALVEZ MARIN

Abogada. Doctora en Derecho de la Universidad de York en Canadá, y Magíster en Derecho de Universidad de Toronto, Canadá. Actualmente es Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción Chile.

GONZALO BUSTAMANTE

Psicólogo, Magister en Desarrollo Humano Local y Regional. Profesor de Psicología Comunitaria de la Universidad de la Frontera. Ha Participado de programas de trabajo con comunidades indígenas, en Educación Intercultural Bilingüe, formación en intervención psicosocial intercultural y colaboración con organizaciones territoriales del pueblo Mapu­che. Recientemente ha estado trabajando en formación de postítulo en intervención psicosocial intercultural y en consultorías e investigación aplicada con pueblos indígenas, especialmente en salud intercultural y desarrollo territorial indígena.

SEBASTIÁN HENRÍQUEZ

Nacido y criado en Quellón, Chiloé. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Concepción y miembro del Centro de Estudios Sociales de Chiloé (CESCH). Su trabajo en dicho Centro aborda gran parte de las problemáticas político-territoriales de Chiloé bajo un perfil crítico y propositivo con miras al control y gestión soberana del archipiélago.

 JOSÉ AYLWIN

Abogado especialista en derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. Ha realizado estudios e investigación sobre derechos de pueblos indígenas en América del Norte, en el marco de su maestría en la Universidad de British Columbia, en Canadá, y de Latinoamérica, para CEPAL, la Universidad de Montana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos e IWGIA de Dinamarca. Ha participado en múltiples encuentros internacionales, manteniendo relaciones con organizaciones nacionales e internacionales en el campo de los derechos indígenas y la temática medio ambiental. Es autor de diversas publicaciones referidas a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, tanto en Chile como el exterior. Es profesor de Derecho Indígena en la Universidad Austral de Chile.

FELIPE GUERRA

Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile; magíster en Derecho, con mención en Derecho Público, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, 2015; diplomado en Justicia Constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, Dipartartimento di Giurisprudenza, Università de Pisa, Italia. Fue parte del equipo jurídico que diseño e implementó el programa de reparación comunitaria en el proceso por daño ambiental que condenó a la empresa Arauco y Constitución S.A. por la contaminación del Humedal del Río Cruces. Desde septiembre de 2014 forma parte del Equipo Jurídico de Observatorio Ciudadano. Ha trabajado documentando, preparando y litigando diversos casos, tanto en instancias nacionales e internaciones, en los cuales se han visto vulnerados derechos colectivos de pueblos indígenas y comunidades locales. Ha participado en diversas iniciativas de investigación relativas a derechos de Pueblos Indígenas.

RUBÉN SÁNCHEZ

Originario de Huilio, comunidad mapuche de Freire, Región de la Araucanía. Trabajó como investigador en el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, y desde 1997 a la fecha ha participado de diversos proyectos de investigación en el área sociodemográfica y territorial. Posee además estudios de informática y programación.

ERCILIA ARAYA

Presidenta Comunidad Colla Pai Ote. Pastora de cabras, trashumante, agricultora, ha representado a su comunidad en diversas instancias y diálogos con el gobierno. Ex Integrante de Pueblos Originarios Unidos (POU), organización nacional de pueblos indígenas. Ha colaborado en diversos documentales y películas de su comunidad, como «Las Niñas Quispe» de Sebastián Sepúlveda, y recientemente ella misma grabó su propio documental, exhibido por TVN en el Programa Indígenas Notables.

SERGIO CAMPUSANO

Presidente de la Comunidad Diaguita de los Huasco Altinos, una de las organizaciones indígenas más antiguas de la tercera región. Existen registros de ellos en el Derecho Indiano, mediante la Tasa de Gamboa de 1580. En 1989, fue uno de los impulsores del reconocimiento antropológico de las culturas Huentelauquén, El Molle, Las Ánimas, Copiapó, Diaguita e Inkas en Huasco Alto. Desde 1990 ha impulsado importantes cambios desde una agricultura agroquímica a una agricultura trabajada más amigable con la naturaleza. Asimismo, promovido el uso de antiguas prácticas agrícolas y de tecnologías en la pequeña agricultura, y ha fomentado la asociatividad de pequeños agricultores para acceder colectivamente a ellas.

PATRICIO COLIVORO

Werken comunidad de Yaldad, Chiloé.

Parlamentarios y representantes de la sociedad civil cuestionan decisión del gobierno de aplazar firma del Acuerdo de Escazú y lo llaman a cumplir su compromiso de firmar lo antes posible.

En el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este 27 de septiembre 15 países de América Latina y el Caribe han firmado el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales –más conocido como Acuerdo de Escazú-, instancia de la que el Gobierno chileno decidió restarse por razones que el país aún desconoce.

Por este motivo, las ONG’s Fundación Terram, ONG FIMA, Codeff, Observatorio Ciudadano y la Amnistía Internacional; el senador Alfonso De Urresti y la diputada Catalina Pérez, expresaron su molestia en una conferencia de prensa realizada esta mañana en el ex Congreso Nacional.

Las organizaciones y parlamentarios presentaron los principales puntos de la declaración pública, que entre ayer y hoy han firmado más de 2000 personas y organizaciones, para expresar su inconformidad y preocupación por la pésima señal que significa no firmar el acuerdo que desde el año 2012 nuestro país impulsó y lideró, advirtiendo que “mientras más se demore el Gobierno (en suscribir), más adhesiones vamos a tener”, enfatizó Ximena Salinas, Presidenta de Codeff.

Chile posterga firma a Escazú

La decisión de postergar la firma del Acuerdo fue anunciada este lunes por la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, sorprendiendo a toda la ciudadanía involucrada en el proceso, ya que el recién pasado 7 de junio Chile junto a Costa Rica, como co-presidentes de la negociación del acuerdo, hicieron un llamado al resto de las naciones de la región para una pronta firma del acuerdo, acción que, tal como lo habían comprometido, 12 países llevaron a cabo esta mañana en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Al respecto, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA, señaló que la decisión del Gobierno “nos parece profundamente preocupante, sobre todo frente a la contingencia en la que nos encontramos, donde los conflictos socio-ambientales son una de las preocupaciones principales que debiera tener”.

Por su parte, el senador De Urresti señaló que es “inadmisible” que el Estado de Chile  se reste de este tratado en último minuto, ya que el impulso de este acuerdo es fruto de un esfuerzo realizado desde 2012 –durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, seguido por la administración de Bachelet y este año por la nueva administración Piñera-, “siguiendo una línea de continuidad por parte de Cancillería y los propios ministerios (…) Creo que Chile no solo pierde una oportunidad, si no que el Estado de Chile y sus instituciones quedan totalmente desacreditadas a nivel internacional y creo que en eso la cancillería tiene que dar una explicación”, finalizó el parlamentario.

Una falta a los derechos humanos y al medio ambiente:

El objetivo principal del Acuerdo de Escazú es abogar por los derechos de acceso –a la información, participación y la justicia en asuntos ambientales-, garantizando así la Democracia Ambiental en los países de Latinoamérica y el Caribe.

Ana Piquer de Amnistía Internacional resaltó que “este tratado no está creando derechos nuevos, sino que lo que está haciendo es reconocer derechos básicos: el derecho a la información, a la participación política, al acceso a la justicia, dándole una especificidad a los temas ambientales en un contexto mundial en que la defensa y la protección del medio ambiente es un asunto de urgencia”.

Paulina Acevedo, coordinadora del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, puso el foco en la contradicción del Gobierno de Chile al manifestar “su convicción de mantener y garantizar los derechos que están en el convenio 169 de la OIT y que, por otro lado, niegue un tratado (Acuerdo de Escazú) que refuerza estos derechos y que igualmente menciona a este tratado internacional de la OIT”.

Esto debido a que este acuerdo destaca, entre otros temas, por ser el primer tratado internacional que busca dar protección oportuna a grupos y personas que defienden el medio ambiente. Dejar de firmar el tratado, según Acevedo es “preocupante ante la situación de los defensores/as ambientales vinculados/as a pueblos indígenas. Tenemos la reciente aprobación del recurso de amparo a la abogada Karina Riquelme, tenemos la situación de Macarena Valdés que debe ser aclarada, casos de personas no indígenas como los defensores del agua de Modatima” quienes han sido amenazados por desempeñar sus respectivos roles ambientales en Chile.

Las Zonas de Sacrificio y el acceso a la Justicia Ambiental en Chile:

Para Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, la crisis ambiental vivida en la Bahía de Quintero durante el último mes demuestra porqué es necesario seguir avanzando en los derechos de acceso que busca garantizar este tratado, ya que “la gente de esa zona hace más de un mes que vive episodios críticos de contaminación y eso es nocivo para sus derechos humanos». Según Liberona este acuerdo “si bien no tiene un efecto inmediato en la zona, sí es un acuerdo que permite ir construyendo más democracia, Justicia Ambiental y no discriminación que es lo que hoy día vemos en las zonas de sacrificio”.

Gobiernos de toda América Latina y el Caribe pueden hacer historia y establecer nuevas normas de protección del medio ambiente y los derechos humanos firmando el Acuerdo de Escazú durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 27 de septiembre; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional en una carta conjunta firmada por más de 200 ONG y entregada a los jefes de Estado de los 33 países de la región.

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