Alcalde Millabur sobre el conflicto en la Araucanía: «Hay una doble moral, un doble estándar»

Sin pelos en la lengua, el edil de Tirúa habla de su percepción del ministro Alfredo Moreno y cuestiona cada gobierno que llega trae una idea nueva para sacar de la pobreza a los mapuches. «Tengo comunicación abierta y dura con el Gobierno actual y con todos los gobiernos, a todos les he reparado ese concepto que los mapuches no son pobres. Los Mapuches somos un pueblo empobrecido, ese es un paradigma totalmente distinto a que se nos califique como pobres.  Si fuéramos pobres no tendríamos territorio, no tendríamos cultura, no tendríamos código de entendimiento, no tendríamos relación política entre nosotros. Un pobre que tiene catorce mil años de civilización ¡no es un pueblo pobre¡».

Con solo 26 años se convirtió, en 1996, en el primer edil mapuche en el país. Desde entonces Adolfo Millabur Ñancuil, ha sido reelegido una y otra vez como alcalde de Tirúa y se ha codeado con los gobiernos de todos los colores políticos y por lo mismo, habla con propiedad sobre los conflictos en la Araucanía. Ad portas que La Moneda y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, den a conocer el tan anunciado Plan para dicha zona con el que aspiran a bajar los niveles de tensión y conflicto, Millabur habla sin pelos en la lengua al considera «pirotecnia comunicacional» la foto que en julio protagonizó el lonko Aniceto Norin con el líder de la Sofofa, Bernado Matte y la reunión que posteriormente tuvo con el hijo del matrimonio Luchsinger Mackay. «Es legítimo que el Lonko pueda facilitar el diálogo, cualquier mapuche si lo puede, lo hace, puso su imagen pública al servicio de destrabar una situación (…) estuvo preso 5 años por la Ley Antiterrorista, después se descolgó, consiguió unos proyectos productivos, comprar tierras y ahora está en su propia agenda. No obedece al movimiento mapuche. Está reducido a su microempresa», sentenció el alcalde.

-¿El ministro Moreno es un interlocutor al que realmente se le escucha?

-Hasta ahora lo que he logrado entender es que ha tenido una evolución en la comprensión del caso, es un tipo que creo inteligente, hábil, abierto, obedece a una lógica y interés político que no es necesariamente lo más generoso con los mapuches.

-¿Porqué?

-Fue presidente de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio). Están arriba, pensando que todo su accionar es tan generoso, cuando se dan cuenta que en la práctica tienen la escoba por abajo. Me da la impresión que Moreno bajó del olimpo y está dialogando con una realidad.La historia ha demostrado que han pasado muchos gobiernos, con propuestas brillantes, pero en el tiempo se demuestra que no han dado con la solución correcta.

-Si tuviera que hacer una reflexión sobre hechos de violencia en la Araucanía que han terminado con víctimas muertas ¿qué diría?

-Hay una doble moral, un doble estándar. La muerte de esas dos personas ancianas – matrimonio Luksinger Mackay – es lamentable, dificultó y deslegitimó la lucha digna de los mapuches. Los medios han hablado de la muerte de ese matrimonio todos los días como las únicas víctimas, pero quién habla de los papás de Matías Catrileo, ellos también arrastran una pena terrible. ¡Quién habla de Alex Lemun, un joven de 16 años también muerto también! Nadie se ha hecho cargo de los miles de mapuches muertos

-¿Se ha estigmatizado al pueblo mapuche?

-Salvajes e incivilizados, así caricaturizaban al pueblo mapuche los españoles. Luego, en la pacificación de la Araucanía se ahondaría en esa descalificación, con epítetos como mapuche flojo, que no obedece a la lógica de la civilización y hoy se ha replicado, con la imagen del mapuche conflictivo, terrorista.

-Una y otra vez se escucha también decir que viven en la pobreza…

-Cada gobierno llega con la idea que viene a sacar de la pobreza a los mapuches. Tengo comunicación abierta y dura con el Gobierno actual y con todos los gobiernos, a todos les he reparado ese concepto que los mapuches no son pobres. Los Mapuches somos un pueblo empobrecido, ese es un paradigma totalmente distinto a que se nos califique como pobres. Si fuéramos pobres no tendríamos territorio, no tendríamos cultura, no tendríamos código de entendimiento, no tendríamos relación política entre nosotros. Un pobre que tiene catorce mil años de civilización ¡no es un pueblo pobre¡

-¿Cuál es su mirada de las grandes compañías madereras que operan en la región?

-Yo lo llamo “la cuarta invasión”. Estas empresas no tienen otra racionalidad que la explotación indiscriminada, abusiva, violenta los derechos más esenciales culturales del pueblo mapuche. Hay ahí un tema que la sociedad chilena no lo tiene internalizado.

No es posible que en la Novena Región no tengamos apenas un consejero regional. No nos dan la posibilidad de participar en los poderes de decisión para poder gobernar los territorios nuestros. Para que decir en el Parlamento, donde se discuten los temas del país, donde está el poder. Para que decir el Ejecutivo. Y los medios de comunicación más conservadores, cuando planteamos el Estado plurinacional, lo entienden como escisión/ fragmentación cuando no es así, es cohabitación.

-¿Cuáles fueron las otras tres invasiones?

-La primera fue la española, la segunda la del ejército chileno, la llamada Pacificación de la Araucanía y la tercera, la de la instalación de los colonos europeos, alemanes, suizos, italianos y franceses. El año 1866 es la primera ley que origina los títulos de “merced” -una estrategia militar- de reconocer un pedacito de terreno a las comunidades, reducciones indígenas y luego se enajenó todo el territorio mapuche, quedando a nombre del Estado. Fruto de esa ley nos dicen que tenemos derechos de título de merced, pequeñísimo, el resto lo declaran fiscal, ponen al Ejército para proteger la instalación de los colonos que hoy aparecen reclamando derechos también de propiedad.

-¿Falta comprensión del significado real que tiene para el pueblo mapuche el territorio?

-Claro, es que la tierra para el mapuche no tiene que ver con una cosa de mercado, es parte de su esencia, de un sentido de pertenencia, es su seguridad como ser humano. Es cohabitación de todos los elementos del Mapu, es lo que denominamos Itrofil moñen y ahí llega la empresa forestal, se instala en nuestro territorio, sin tomar en cuenta e ignora a un pueblo. Para muchos Mapu es tierra y no, Pulli es tierra, Mapu es todo, por algo yo soy Mapuche, soy che pero pertenezco al Mapu. El Mapu es todo, es como el universo.

-¿Los que llegaron a los territorios mapuches no han respetado su historia?

-Quiénes se han instalado han dado por hecho que los que están ahí no tienen historia, que no hay una historia detrás de ellos. He hablado con gente de la familia de los Matte, les he dicho que llegaron como visita, no pidieron permiso ni golpearon la puerta, se instalaron no más. Fue a través de un sistema de gobierno que era militar. Estoy hablando de las forestales. No había posibilidad de reclamar mucho. Además el problema era que fue subsidiado 100% la instalación de su industria y así, más encima se sienten con la autoridad de decir que nosotros los vulneramos a ellos.

-¿Y qué pasa con la relación entre el mundo mapuche y el mar?

-El año 1992 comenzamos a entender que el tema de los mapuches no solo tiene que ver con la tierra, sino también con el lafken (mar). Si se mira el litoral, donde siempre ha habido comunidades mapuche que han vivido del mar, el ADN de los legisladores, de los gobiernos de turno, no asimilan que los mapuches tienen derecho a seguir viviendo del mar. Así como se vive de la tierra, también se vive del mar. En todas las caletas de pescadores, la mitad o la mayoría son mapuches o mezcla. Tienen un derecho ancestral. Cuando se legisló el año 1991, se dejó sin derecho al mar a los mapuches, es como que hoy se los dejara sin derecho a la tierra.

-¿Y qué hicieron?

-Cuando se aprobó esa ley, nos organizamos. Constituimos lo que se llama la Identidad Territorial Lafkenche y desde ahí construimos la Ley 20.249, se llama Espacio Costeros Marinos de Pueblos Originarios. Hablamos con los Gobiernos, lideré eso junto a otros más, ideamos la ley, hicimos que (Andrés) Allamand estuviera de acuerdo, que (Pablo) Longueira nos apoyara con todo su partido.

-¿Que pasó?

-Sectores económicos, sobre todo la SOFOFA se dieron cuenta que era una dificultad para continuar con sus propios intereses. Ahí aparece Longueira, ministro de Economía del primer gobierno de Piñera diciendo que esta ley – que el mismo aprobó siendo senador – es un problema para el desarrollo del litoral. Le recordé: ¡Ud lo aprobó Ministro¡ ¡Usted era senador¡ ¡estuvimos al lado, codo a codo conversando, negociando¡

-El tema de las aguas ¿está en las conversaciones con el ministro Moreno ?

-¡Sí claro¡ El tema de la tierra, el tema del código de aguas, del borde costero. Están haciendo varias leyes. Hoy hay una que está en el Parlamento sobre quién regula la zona de playa o terrenos de playa. Hay una ley que dice que podría pasar a Bienes Nacionales, que ellos lo administren. Como dirigente, como alcalde le he venido advirtiendo a los distintos sectores políticos que tengan cuidado con esta ley, porque permitiría la privatización de todo el litoral que hoy le pertenece a todos los chilenos.

-¿Cuáles son los tres cerrojos que ud. dice que el ministro Moreno debe abrir para avanzar?

-El primero, establecer puentes que acorten las desconfianzas que existen entre los mapuches con el Estado Chileno. Lo otro, un cambio de paradigma, respetar al dueño de casa, significa que antigüedad constituye grado. El caso de la industria del carbón en la provincia de Arauco, Lebu, Cerro Alto, Curanilahue, la pobreza campea, la actividad movió la industria del carbón en su época, en circunstancia que las comunidades locales quedaron pobres, ¿Qué pasa con la producción de los salmones? ¿Con la del monocultivo de pino y eucaliptus?. Tercero, actos concretos de poder establecer nuevas reglas con los territorios en que se desarrolla esta economía, que son avasalladoras, no es posible que las salmoneras dejen la escoba y queda una crisis medio ambiental y después se van, los capitales se van.

-¿También gestos políticos?

-No es posible que en la Novena Región no tengamos apenas un consejero regional. No nos dan la posibilidad de participar en los poderes de decisión para poder gobernar los territorios nuestros. Para que decir en el Parlamento, donde se discuten los temas del país, donde está el poder. Para que decir el Ejecutivo. Y los medios de comunicación más conservadores, cuando planteamos el Estado plurinacional, lo entienden como escisión/ fragmentación cuando no es así, es cohabitación.

-¿Es Chile un Estado plurinacional?

-Chile es, en los hechos, plurinacional, porque tiene varias naciones, lo que pasa que la mayoría de los intelectuales confunden – intencional o no – Estado versus nación y perfectamente pueden cohabitar, hay muchas experiencias comparada.

Maule y Tratados de libre comercio: organizaciones emplazan a parlamentarios a dialogar sobre los TLCs

Distintas organizaciones sociales y culturales de la región del Maule, llaman a la comunidad y a los parlamentarios representantes de la zona a dialogar en torno a las consecuencias de de los Tratados de Libre Comercio para el territorio.

El encuentro: “Tratados de libre comercio y Maule” se desarrollará este miércoles 29 de agosto a las 18 horas en el centro de extensión de la universidad de Talca, sede Curicó. El evento se enmarca en un segundo ciclo de diálogos enfocados en vincular  a la ciudadanía con las autoridades políticas que los representan e informar sobre temas contingentes de interés público.

Elsa Labraña del Colectivo de Mujeres de Curicó, explica que esta iniciativa nació a partir de las dudas que aparecieron en la comunidad tras el cierre de IANSA sobre cuáles son los beneficios que traen los TLCs, “considerando que el Maule es una zona cuya matriz productiva es la agro-industria, nos interesa saber cómo nos beneficiarán los tratados, firmados durante el presente año”, declaró Labraña .

La activista también comenta que: “Estos acuerdos comerciales deberían traernos beneficios económicos en la región y, por lo visto hasta ahora, no está siendo así. Entonces desde ahí se origina esta idea, porque sabemos que son varios los tratados que se han aprobado y otros están siendo actualizados, y desconocemos los alcances de estos acuerdos, cómo van a beneficiar directamente a nuestras comunidades”.

Si bien estos acuerdos se negocian según sus consecuencias a nivel macro, afectan de forma específica a ciertas regiones y territorios que son excluidos de estas negociaciones. Una de las situaciones que preocupa a los habitantes de la región del Maule, explica la dirigente del Colectivo de Mujeres, es la amenaza de instalaciones mineras por lo que la actualización del TLC con Canadá, que se discute en el Congreso, “nos preocupa mucho ya que podría facilitar aún más las condiciones para que nuestra zona se convierta en una Zona de Sacrificio”.

Por último, Elsa Labraña integrante del Colectivo de Mujeres de Curicó, hace un llamado a las autoridades de la región a participar de este diálogo y dar cuenta sobre la labor legislativa que están cumpliendo en torno a los Tratados de Libre Comercio en el Congreso y den a conocer a la ciudadanía cuál es su postura frente a estos acuerdos.

INDH presenta informe por vulneraciones de derechos ancestrales de indígenas de Atacama

El Convenio 169 plantea que el Estado tiene la obligación de consultar las medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un amicus curiae ante la Segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, es decir un informe en derecho, a través del cual dio a conocer su opinión jurídica en materia de derechos humanos, respecto de un recurso de protección interpuesto por las comunidades indígenas atacameñas y collas.

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Informe FDIH: Chile debe Suprimir los obstáculos que dificultan el acceso al aborto legal y seguro

En un informe publicado hoy, la FIDH y el Observatorio Ciudadano analizan los obstáculos que enfrentan las mujeres y niñas para acceder a servicios de aborto legal y seguro en Chile, un año después de la adopción de la Ley 21.030.

Hace un año, el 21 de agosto de 2017, el Tribunal Constitucional de Chile validó la adopción de la Ley 21.030, que autoriza la práctica de abortos en tres casos: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad del feto y violación. La Ley 21.030 reformó uno de los marcos jurídicos más retrógrados del mundo, que criminalizaba y prohibía totalmente la práctica del aborto. Si bien esta ley supone un avance importante, en Chile, la gran mayoría de las mujeres – más del 97% según algunas estimaciones[1] – continúa privada del derecho a un aborto legal y seguro. Además, la minoría que puede recurrir al aborto en el marco de la Ley 21.030 enfrenta numerosas restricciones, así como los intentos de las autoridades para limitar la implementación de la ley.

“Las últimas medidas tomadas por las autoridades chilenas con relación a la objeción de conciencia parecen más concebidas para no aplicar la ley que para garantizar el acceso al aborto legal y seguro en las tres causales previstas”, afirmó Elsie Monge, Vicepresidenta de la FIDH.

En efecto, si el alcance de la ley es muy limitado, corre el riesgo de serlo aún más si el gobierno logra aprobar un nuevo protocolo sobre la objeción de conciencia. De ser aprobado, este protocolo contribuiría a facilitar el ejercicio de la objeción de conciencia[2]. La cláusula de conciencia autoriza el personal médico a rechazar practicar abortos si considera que es contrario a sus creencias religiosas o convicciones morales. Aunque este principio no está reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos, la ley chilena prevé también que ciertas instituciones puedan invocar la cláusula de conciencia. Numerosos obstetras y varios establecimientos privados ya han manifestado su objeción de conciencia para practicar abortos, creando así nuevas restricciones en el acceso al aborto legal y seguro.

Además de los intentos de desregulación del ejercicio de la objeción de conciencia, los obstáculos al acceso al aborto legal y seguro en el marco de la Ley 21.030 son múltiples y de diferente orden. Están vinculados no solamente a las tres causales que justifican el recurso al aborto, sino también a los plazos limitados en los que se debe practicar, la posibilidad de intervención de terceras personas que pueden interferir en la toma de decisiones de las mujeres y, sobre todo, de las niñas, y a la prohibición de las campañas de publicidad sobre los servicios de aborto.

“Las autoridades chilenas deben tomar las medidas legales y administrativas necesarias para garantizar el acceso efectivo, oportuno y sin discriminación a servicios de aborto legal y seguro de calidad y en todo el territorio, en las tres causales previstas por la ley. También deben encaminarse a poner término a los obstáculos aún vigentes que impiden el pleno respeto de la libertad de decisión de las mujeres en materia sexual y reproductiva, garantizando así el acceso al aborto para todas y en todas circunstancias” expresó José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano.

Nuestras organizaciones formulan también un conjunto de recomendaciones destinadas a proteger el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas chilenas. En particular, las autoridades deberían suprimir la invocación de la cláusula de conciencia para las instituciones y reglamentar de forma estricta el recurso a la objeción de conciencia individual.

A continuación, enlace para la descarga del Informe en Español y Francés:

[1] Corporación Humanas, “En día de aborto legal: mesa acción reivindica el aborto como un derecho de las mujeres y aboga por su despenalización social y penal”, 18 de septiembre de 2017. Ver: http://www.humanas.cl/?p=16969

[2] Este protocolo, presentado en junio de 2018 ante la Contraloría de la República, está actualmente siendo examinado. Un pprimer protocolo fue declarado ilegal por este órgano en mayo de 2018, lo que llevó a las autoridades chilenas a revisar el texto. En particular, tuvieron que reintroducir la interdicción para los establecimientos privados beneficiando de fondos públicos de invocar la cláusula de conciencia.

CIDH: Los Estados deben proteger a los pueblos indígenas forzados a migrar

10 de agosto, 2018.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a los Estados a implementar políticas públicas que protejan a las comunidades indígenas que han tenido que desplazarse internamente o migrar a otros países.

Para ello, deben tomar en cuenta su condición de indígenas y garantizar la capacidad de mantener su identidad indígena durante ese proceso.

En ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CIDH expresó su preocupación por el gran número de personas indígenas forzadas a desplazarse o a migrar fuera de sus territorios o de sus países de origen, enfrentándose a graves situaciones de violencia y de discriminación.

Durante los últimos años, la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Relatoría sobre los Derechos los Migrantes de la CIDH han recibido información sobre un número significativo de comunidades indígenas forzadas a abandonar sus territorios ancestrales o sus países por múltiples causas.

En dichos casos, las personas indígenas han quedado en situaciones sumamente precarias, careciendo de servicios básicos como agua potable, alimentos, acceso a salud o educación, así como con altos niveles de desnutrición.

La CIDH también ha monitoreado con preocupación la situación de las personas indígenas que han migrado hacia otros países de la región.

En tal sentido, la CIDH condenó la muerte de una joven indígena Maya-Mam de Guatemala por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; así como las profundas repercusiones de la política de «tolerancia cero», que separó a niños y niñas de sus padres y madres, ocasionando violaciones a los derechos humanos que tuvieron un impacto desproporcionado sobre inmigrantes indígenas.

Estas afectaciones incluyen violaciones a los derechos a la vida familiar, el principio de unidad familiar, el principio del interés superior de la niñez, el derecho a la integridad personal, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otros derechos.

Los desplazamientos y los procesos migratorios de personas y comunidades indígenas en las Américas se dan más frecuentemente debido a conflictos y presiones relacionadas a sus tierras y recursos, por desastres ambientales, por la falta de acceso a los territorios y recursos necesarios para su supervivencia física y cultural, así como para remediar a la limitada oferta de oportunidades laborales, de estudio, o de servicios y bienes y las situaciones de pobreza en las que se encuentran muchas de estas comunidades.

En este contexto, la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH afirmó: “Es de suma importancia que los Estados de las Américas garanticen a las comunidades indígenas una vida digna, así como los medios necesarios para proteger y preservar su riqueza cultural y lingüística, en todos los procesos de migración y desplazamiento, ya sean a lo interno de los países en los que residen, como a otros países”.

Al respecto, la CIDH y la Corte Interamericana han establecido que el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas fuera de su comunidad o de sus integrantes, les puede colocar en una situación especial de vulnerabilidad por la relación intrínseca que tienen con sus tierras, y que por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas.

Asimismo, durante el desplazamiento se generan riesgos de privación arbitraria de la libertad; de violencia; trata de personas con fines de explotación sexual o laboral; de la privación del acceso a servicios básicos de salud y educación; de la negación del derecho a la nacionalidad, entre varias otras violaciones de los derechos humanos.

Como lo destacaba la CIDH en su informe “Las Mujeres indígenas y sus derechos humanos en las Américas”, esta situación es más difícil aún y es una fuente de mayor vulnerabilidad para las mujeres y niñas indígenas, que se enfrentan con diversas fuentes de discriminación y tienden a encontrarse en una situación socioeconómica precaria y con familiares a cargo.

La CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el derecho a la libertad de circulación y residencia de todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, lo que incluye la prohibición de desplazamiento arbitrario.

En casos en los que se pueda generar o se genere el desplazamiento interno de pueblos indígenas, la CIDH urge a los Estados a cumplir con las obligaciones establecidas en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, en especial sus obligaciones de prevenir el desplazamiento interno; proteger a los desplazados durante y después del desplazamiento; brindar y facilitar asistencia humanitaria; y buscar soluciones duraderas a través del retorno, reasentamiento y reintegración de los desplazados internos en condiciones de seguridad y dignidad.

Asimismo, la CIDH urge a los Estados a proteger el derecho a la propiedad y su uso y goce, tomando medidas de protección en contra de los desplazamientos de los pueblos indígenas.

La CIDH destaca también la necesidad de que las personas indígenas que se ven forzadas a migrar cuenten con el reconocimiento de su identidad y de sus formas de organización, así como el mantenimiento de sus idiomas, prácticas culturales y cultura y urge a los Estados a implementar políticas públicas que protejan a las comunidades indígenas en situación migratoria, y garanticen su capacidad de mantener su identidad indígena durante este proceso.

Dato:

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Corte Suprema acoge recurso de protección y obliga a sociedad agrícola a restituir símbolo religioso a comunidades indígenas

La Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por comunidades indígenas de la Región de Los Ríos y ordenó a sociedad agrícola restituir símbolo totémico retirado de predio de Panguipulli.

En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Arturo Prado y los abogados (i) Pedro Pierry y Julio Pallavicini– acogió la acción cautelar presentada en contra de la Sociedad Agrícola Las Vertientes y le ordenó restituir rewe o palenke rewel, tras establecer que el retiro del tótem vulnera las garantías consagradas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de respeto a las tradiciones y creencias de los pueblos originarios.

«(…) la extracción y posterior puesta a disposición del Palenke Rewel por la recurrida en la forma en que expone haberlo hecho, constituye un proceder que no se ciñe a lineamientos admisibles de consideración a las tradiciones y creencias de los recurrentes, jurídicamente protegidas en la forma indicada. En efecto, al tener dicho elemento un valor que excede el meramente material, hasta alcanzar aquel que las válidas creencias de los recurrentes puedan otorgarle de conformidad a sus tradiciones culturales, el trato debido atendido a su eventual retiro y traslado del lugar en que se encontraba, aun cuando la recurrida no participe de dichas creencias, debió estar acorde a esa naturaleza espiritual», sostiene el fallo.

Resolución que agrega: «Si a lo anterior se suma la constatación que puede efectuarse, a partir de las imágenes adjuntadas a las comunicaciones mencionadas, en orden a que la instalación del Palenke Rewel en el predio de la recurrida, efectuada con motivo de la celebración de la ceremonia, importó una intervención de incidencia menor en magnitud, se concluye que la reacción de la dueña del predio frente a la pasividad que, en su concepto, mostraban los recurrentes, resultó ser un actuar desproporcionado y arbitrario, es decir, carente de una justificación suficiente».

«(…) si bien la conducta de la recurrida tiene lugar y se desarrolla en terrenos de su propiedad, recae en un elemento propio de un ceremonial espiritual, sobre el cual no detenta derecho alguno. A ello se le agrega que le debe y merece el respeto y consideración que las normas mencionadas disponen, en concordancia con la garantía que a esos grupos acuerda el N°6 del artículo 19 de la Constitución (…) la conducta de la recurrida ha afectado el derecho a la manifestación y ejercicio libre de las creencias de los recurrentes, que la Constitución les asegura en el número 6 del artículo 19, en tanto importa un desconocimiento del significado de un símbolo relevante para la conmemoración de las creencias de los recurrentes», añade.

Por tanto, concluye que: «se acoge el recurso de protección deducido, sólo en cuanto se ordena a la recurrida restituir a los recurrentes el Palenke Rewel, en el mismo estado en que estaba antes de ser extraído por ella, y por medios previamente convenidos con ellos, dentro de treinta días».

Decisión adoptada con el voto en contra del abogado Pierry.

Inician campaña de firmas por la auto-administración de Centro de Salud Mapuche en Galvarino

En respuesta a negativa del municipio local: Inician campaña de firmas por la auto-administración de Centro de Salud Mapuche en Galvarino

En el territorio nagche, las organizaciones mapuche de Galvarino, iniciaron una campaña de firmas demandando la auto-administración del Primer Centro de Salud Mapuche que se construye en esta comuna.

Por José Luis Vargas, 11 de julio de 2018

La campaña iniciada por las organizaciones, se da en respuesta a la negativa del municipio local encabezado por el alcalde Marco Hernández, (destituido en el año 2006 por fraude al fisco (1)) por conceder al administración del espacio, a las organizaciones y dirigentes mapuche que han sido gestoras del proyecto.

Vale señalar que, durante el año 2017, las organizaciones territoriales de Galvarino, habían alcanzado los apoyos de la ex-ministra de la cartera Carmen Castillo y del senador Jaime Quintana (2).

Las organizaciones sostienen que su trabajo para la construcción del primer centro de salud mapuche en Galvarino, es de larga data: “por 14 años Autoridades Ancestrales y Dirigentes Mapuche han venido trabajando para la construcción y Auto-administración del  “CENTRO DE SALUD MAPUCHE DE GALVARINO”, Centro de Salud que ya se encuentra construido y listo para comenzar su operación, sin embargo hoy día el Alcalde de la comuna de Galvarino quiere arrebatarnos y hacerse cargo de la administración de este Centro de Salud Mapuche”.

Por otro lado, existen las capacidades instaladas en la región de la Araucanía para que estos centros estén bajo la conducción de organizaciones territoriales (3).

“Podemos y sabemos administrar nuestro sistema de salud, y lo ponemos al servicio de todos y todas. Tanto trabajo, sacrificio, esfuerzo y gestión no pueden ser en vano, el Centro de Salud Mapuche de Galvarino tienen que ser auto-administrado por los gestores de este sueño, por eso yo firmo y respaldo”, aseguran las organizaciones mapuche de Galvarino, que hace meses atrás habían realizado una toma pacifica demandando la administración de dicho espacio.

  1. Véase Ex alcalde de Galvarino culpable de fraude al fisco http://www.australtemuco.cl/prontus4_noticias/site/artic/20060119/pags/20060119013147.html
  2. Véase Ministra de Salud compromete administración mapuche para Centro de Salud Intercultural de Galvarino https://www.araucanianoticias.cl/2017/ministra-de-salud-compromete-administracin-mapuche-para-centro-de-salud-intercultural-de-galvarino/0906126161
  3. Véase Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen cumplió 11 años http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2014/12/22/294933/Centro-de-Salud-Intercultural-Boroa-Filulawen-cumplio-11-anos.aspx

Seminario abordó problemática de las víctimas indígenas de la dictadura chilena

Los impactos de la dictadura en los derechos humanos de los pueblos indígenas siguen siendo escasamente abordados y reconocidos. Concientes de ello, el seminario «Justicia Transicional y Pueblos Indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura», organizado por el Observatorio Ciudadano, la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, tuvo como objetivo poner de relieve esta problemática aún vigente, promoviendo la discusión y reflexión en torno a las memorias indígenas. La actividad, que contempló además un conversatorio con el público asistente, se realizó el martes 24 de julio en el auditorio de dicho Museo.

Entre 1973 y 1990, durante la dictadura, los pueblos indígenas en Chile sufrieron graves violaciones a sus derechos humanos. Sus miembros fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, privación arbitraria de libertad, tortura, exilio y exoneración política.

Durante esos años, la negación indígena fue parte de la política de Estado, de hecho, Augusto Pinochet, en un discurso enunciado en 1979 en la ciudad de Villarrica, afirmaba que ““hoy ya no existen mapuches, porque somos todos chilenos”. Esto justificó la creación de escuelas fronterizas en el extremo norte con motivo de la castellanización y chilenización de las poblaciones de frontera, en su mayoría Aymara.

Otras formas de violaciones a sus derechos humanos fueron canalizadas a través de códigos y decretos de ley, como el Código de Aguas de 1981, que separó el agua de la tierra como bienes distintos y entregó a terceros -en especial empresas del sector agrícola, minero, forestal e hídrico- en forma gratuita derechos sobre las aguas que los pueblos indígenas utilizaban desde tiempos inmemorables. O la legislación minera impuesta en dictadura y su política económica que significó la apropiación de los recursos naturales de las tierras indígenas o en tierras colindantes a ellas, por parte de personas no indígenas y empresas nacionales y transnacionales.

Estas y otras temáticas serán abordadas en el Seminario, en el cual participarán académicos, activistas y representantes de distintas comunidades indígenas. El historiador mapuche y presidente de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, Hernán Curiñir, será uno de ellos y expondrá sobre su trabajo realizado en el 2016, cuando participó en la investigación apoyada por INDH y la Unión Europea sobre mapuches asesinados en dictadura.

De esta manera, el panel recogerá voces de los distintos actores, incluyendo las voces indígenas, sobre los alcances de las violaciones de derechos humanos, los avances y desafíos para esclarecer estos hechos, hacer justicia, lograr la debida reparación y asegurar que no vuelvan a repetirse.

La jornada se extenderá desde las 09:00 a las 15:00 horas e incluirá tres paneles: 1) violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas, 2) las secuelas de la dictadura en derechos derechos humanos de pueblos indígenas, y 3) perspectivas de justicia y reparación. El encuentro incluirá, además, una visita guiada a la exposición Memorias Indígenas del Museo de la Memoria, la cual se presenta como un viaje por la diversidad cultural, los prejuicios y las memorias que han sido olvidadas y reprimidas, promoviendo la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

El Seminario ‹‹Justicia transicional y pueblos indígenas: invisibilización como víctimas de la dictadura›› es organizado por el Museo de la Memoria y los DDHH junto al Observatorio Ciudadano y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche.

PROGRAMA

9. 00 INSCRIPCIONES

9.15 APERTURA

  • Intervenciones de apertura
  • Francisco Estévez, Director Museo de la Memoria
  • José Aylwin, Director Observatorio Ciudadano
  • Hernán Curiñir Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche

9.30. PANEL 1. Violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas en dictadura

  •  José Araya, Profesor de Historia, Observatorio Ciudadano
  • Ercilia Araya, Presidenta Comunidad Colla Pai Ote
  • Ariel León, Asesor Consultor de Comunidades Originarias

10.45 CAFÉ

11.15 PANEL 2.   Las secuelas de la dictadura en derechos humanos de pueblos indígenas

  • Hernán Curiñir, Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche
  • Sergio Campusano, Presidente de la Comunidad Diaguita de Huasco Altinos
  • Alihuen Antileo, abogado mapuche Santiago

12.30  Conversatorio sobre perspectivas de justicia y reparación

  • Participación de convocantes, panelistas y asistentes. Moderación José Araya Observatorio Ciudadano

13.30 horas Cierre y cocktail intercultural

14.00 Visita guiada exposición Memorias Indígenas Museo de la Memoria

15.00 Término de actividad

Seminario Justicia Transicional y pueblos indígenas
Martes 24 | 09:00 h
Auditorio Museo de la Memoria (Matucana 501)
Entrada liberada

Desde el sur de América Latina estamos conmovidos con la partida de nuestro querido Taghi Farvar

Presidente y uno de los fundadores del Consorcio TICCA, miembro de la tribu indígena pastoralista Shahsavan de Irán, científico destacado, Taghi Favar comprometió su vida con la conservación de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Fue un ejemplo de intelectual orgánico, que combinaba su acción por el cambio social y ambiental con la práctica de su cultura ancestral y una visión de mundo de profundo respeto y valoración por la diversidad cultural.

Para quienes lo conocimos, un ejemplo de sabiduría, horizontalidad, solidaridad, alegría, y por lo mismo una fuente de inspiración. Tuvo siempre una conexión muy especial con los hispano parlantes, dado su conocimiento y vivencia en América Latina, lo que nos hacía sentirnos cercanos y hermanados con él.

Por todo ello no solo lo recordaremos, sino que daremos lo mejor de nosotros para honrarlo y seguir su ejemplo en los momentos difíciles que vive el planeta y la humanidad, en que las transformaciones estructurales y vivenciales que Taghi propuso en vida son cada vez más necesarias.

Hasta siempre Taghi.

Consorcio TICCA Cono Sur de América Latina

Taghi Farvar, sa Jemmá arlai keso afqat, kius afsekta sa tou jemma haper jetakualok qei. Čauks os sa  æskiuk čačar Kejena sekué

[Taghi Farvar es y seguirá siendo un gran hombre, su voz y su enseñanza fue entregado a mucha gente. Su espiritu y se escencia estará siempre con cada uno de nosotros quienes como pueblos indígenas defendemos nuestros derechos]

Comunidad Kawésqar de Puerto Edén, Chile
Miembro del Consorcio TICCA

Kiñe chalin poyen kom pu reima tañi wenuy Taghi, taiñ peñi pewen mapu che kume yeneaiñ taiñ rakifduam kizu, ka kume ngülalgueai ta wilguiñ

[Un cariñoso saludo para los familiares de nuestro amigo Taghi, de sus hermanos mapuche del territorio pewenche de Chile]

Comunidad de Quinquén, Lonquimay, Chile
Miembro del Consorcio TICCA

Chile: Actos de hostigamiento contra la abogada y defensora de derechos humanos Karina Riquelme

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Chile.Descripción de la situación:El Observatorio ha recibido con seria preocupación información del Observatorio Ciudadano (OC) sobre actos de hostigamiento en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Sra. Karina Riquelme.

De acuerdo con las informaciones recibidas, los 9 y 10 de julio de 2018, en la ciudad de Temuco, la Sra. Karina Riquelme fue hostigada por parte de funcionarios de civil de Carabineros de Chile, en el contexto de la realización de las Audiencias de Formalización del ex General Director de Inteligencia de Carabineros y otros miembros de la institución, por el delito de “Asociación Ilícita destinada a Obstruir la investigación” y “Falsificar documentos” en relación con la denominada “operación Huracán” [1].

Durante la realización de la mencionada audiencia, la Sra. Riquelme fue fotografiada en reiteradas ocasiones por funcionarios de Inteligencia de Carabineros, quiénes la increparon al momento en que ella les preguntó porque la fotografiaban. Incluso durante la audiencia del 10 de julio, la Jueza del Juzgado de Garantía de Temuco le preguntó al funcionario porque fotografiaba a la abogada Riquelme, éste respondió con evasivas y se retiró de la sala. Durante la noche de ese mismo día la Sra. Riquelme fue hostigada en su propio hogar, mientras se encontraba con su hija de 6 años, cuando dos sujetos desconocidos apuntaban con una luz laser directamente la ventana de su casa durante un prolongado período de tiempo, tras lo cual la abogada Riquelme intentó hacer uso de su teléfono celular y éste se encontraba misteriosamente bloqueado.

El hostigamiento a la Sra. Karina Riquelme da cuenta de la precaria situación de los defensores de derechos humanos y de derechos de pueblos indígenas en el país, en que las intromisiones, amedrentamientos, interceptaciones telefónicas, y otras modalidades se han hecho frecuentes, dificultando su labor, todo lo cual afecta que se haga justicia en los numerosos casos de persecución en contra de líderes mapuche que hoy se verifica en el sur de Chile. El Observatorio subraya que el año 2017, la Sra. Karina Riquelme había sido objeto de una persecución similar, y que la acción judicial que interpuso para su protección no encontró acogida.

Por todo lo anterior, el Observatorio expresa su gran preocupación por la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme y exige a las autoridades realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los autores de esta persecución y tomar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme.

El Observatorio denuncia mas generalmente el hostigamiento por parte de funcionarios policiales en contra de abogados que ejercen libremente su profesión en busca de la verdad judicial respecto de montajes judiciales que significan una seria vulneración al estado de derecho en Chile.

Acción solicitada:

Por favor, escriban a las autoridades de Chile instándolas a:

i. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Karina Riquelme, así como de todas las personas defensores de derechos humanos en el país.

ii. Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a los actos de hostigamiento mencionadas arriba, con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Poner fin a todo tipo de hostigamiento, intimidación y criminalización contra la Sra. Karina Riquelme así como todas las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Chile y asegurar que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculos;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al Artículo 1 así como al Artículo 12.2;

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Chile.

Direcciones:

Sr. Sebastián Piñera, Presidente de la República. Fax: (+562) 690 958, E-mail: opinion@presidencia.cl; internet@presidencia.cl; mhansen@presidencia.cl
Sr. Gonzalo Blumel, Ministro Secretaría General de la Presidencia. Fax: + 562.69.04.329, E-mail: tcostas@minsegpres.gob.cl
Sr. Andrés Chadwick, Ministro de Interior y Seguridad Pública. Fax: +562 269 04 000
Sr. Hernan Larrain, Ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Fax: (+562) 698 70 98, E-mail: minju@reuna.cl; minju@minjusticia.cl; e.apariz@minjusticia.cl
Sr. Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores. Fax: (+562) 696 87 96, E-mail: minrel@minrel.cl
Sra. Consuelo Contreras, Directora, Instituto Nacional de Derechos Humanos; Teléfono: (+562) 288 78 826; E-mail: ccontreras@indh.cl
Misión Permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Ginebra. Fax: + 41 (22) 919 88 00, misginchile@minrel.gob.cl
Misión de Chile ante la Unión Europea. Fax.: +32 (02) 743 36 60. E-mail: echilebelgica@minrel.gob.cl

Se ruega escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Chile en sus respectivos países.

***
Paris-Ginebra, 17 de julio de 2018

Sírvanse informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
· E-mail:Appeals@fidh-omct.org
· Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
· Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29