Señalan que carece de una perspectiva de derechos humanos y de directrices internacionales, desconoce la relación existente entre conservación de la biodiversidad y los sistemas vida tradicionales de comunidades locales e indígenas, así como sus formas de gobernanza de áreas protegidas.

Además, consideran que no se hace cargo de los impactos que tiene el modelo de desarrollo extractivista sobre la biodiversidad, ni de la sobreposición de áreas protegidas con tierras y territorios indígenas.

 Por Paulina Acevedo M., Observatorio Ciudadano, 27 de enero de 2017

El Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a un conjunto de organizaciones y comunidades indígenas de distintos territorios a lo largo del país, dieron a conocer mediante declaración pública sus reparos a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual adolece de “serias limitaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, así como desde la perspectiva de las directrices internacionales de conservación”, afirman.

Constatan, además, que el proyecto “desconoce la estrecha relación que existe entre la conservación de la diversidad biológica y los sistemas de vida tradicionales de muchas comunidades locales y pueblos indígenas” y que “no se hace cargo de las causas de impactos a la Biodiversidad, derivado de un modelo de desarrollo que se basa en la extracción y explotación de recursos naturales”.

Afirman también que la iniciativa fue ingresada a tramitación legislativa “sin un proceso previo de consulta a los pueblos indígenas, consulta que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT constituye un deber del Estado cuando se adoptan medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de esta iniciativa legal”.

Cabe destacar que las comunidades y organizaciones indígenas han manifestado, no solo a lo largo del proceso de consulta iniciado por el gobierno, sino también con anterioridad a este, en favor de que “las iniciativas de conservación de biodiversidad públicas y privadas sean realizadas con respeto a sus derechos, y que se establezcan mecanismos para reconocer y apoyar las iniciativas de conservación indígena”. Considerando que el ingreso de indicaciones por parte del gobierno, antes de que concluya dicho proceso de consulta, atenta con los principios de buena fe que deben orientarla.

Ya que “la decisión del MMA de avanzar en la discusión del proyecto de ley y discutir indicaciones, aun cuando el proceso de consulta indígena no haya concluido, rompe el clima de confianza y respeto mutuos que deben primar en un proceso de consulta de buena fe en una materia tan importante para los pueblos indígenas como lo es la conservación de la biodiversidad en sus tierras y territorios”.

Por lo mismo, piden a la Comisión de Medio Ambiente del Senado suspender el análisis del proyecto de Ley mientras no sean presentadas las conclusiones del proceso de consulta a los pueblos indígenas, y el Ministerio de Medio Ambiente incorpore en sus indicaciones los resultados de este proceso, como una demostración de buena fe y cumplimiento del Convenio 169. Asimismo, solicitan que “en las próximas etapas de la tramitación de este proyecto de ley analizarán sus contenidos, abrir un espacio para escuchar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y recoger sus propuestas sobre la materia”.

Declaración pública adjunta a esta noticia y en el siguiente enlace: https://observatorio.cl/proyecto-del-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas-y-el-deber-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas/

SANTIAGO, 25 ene 2017 (IPS) – Las tierras donde habitan los mapuches en el sur de Chile viven una espiral de violencia, que una comisión presidencial plantea desactivar con 50 propuestas, como el reconocimiento constitucional a los indígenas y su representación en el parlamento, en un primer cambio al trato del Estado a los pueblos originarios. 

La mandataria Michelle Bachelet recibió el lunes 23 las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para afrontar el conflicto en la región de La Araucanía, principal asiento del pueblo mapuche, que suma la mitad del millón de indígenas que hay en este país sudamericano de casi 18 millones de habitantes.

Los líderes mapuches y quienes les respaldan tildan de “provocadores” a los policías enviados a la región, a los que acusar de haber “militarizado” la zona, mientras las empresas forestales y los dueños actuales de la tierra califican de “terroristas” a los indígenas y piden mano dura contra ellos.

Entre las propuestas de la Comisión, instituida en julio de 2016, también están las de crear un registro nacional de víctimas de la violencia e indemnizarlas, apoyar el desarrollo económico mapuche, el mayor pueblo originario chileno, y resolver el tema de la adquisición de sus tierras para devolvérselas a los indígenas.

Además, planteó que la presidenta “debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón por las consecuencia que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche y a todas las demás víctimas de la violencia en la región”.

El paquete de propuestas llega después de que al comenzar el año se produjeron en áreas rurales de La Araucanía más de una decena de atentados incendiarios en contra de camiones de empresas forestales y de galpones por parte de desconocidos que, en algunos casos, dejaron panfletos con reivindicaciones del  movimiento mapuche.

Los ataques tuvieron su cénit en torno al 3 y 4 de enero, fechas marcadas en la lucha indígena por sus derechos, en recuerdo de las muertes de Matías Catrileo (2008), un joven mapuche víctima de un disparo policial, y del matrimonio Luchsinger Mackay (2013), dos ancianos que perecieron en su vivienda, quemada por agresores aún sin identificar.

La empresarial Sociedad de Fomento Fabril, a la cual pertenecen las dos principales empresas forestales que explotan madera en La Araucanía, sostuvo que en esa región “ya no impera el estado de derecho” y que “es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”.

“No es una ausencia de Estado de derecho, es una falta de respeto y transgresión a los derechos humanos de un pueblo. Eso es lo grave. Es el mismo Estado el que vulnera sus derechos. Hablar de una ausencia de Estado de derecho es solo usado para meter a los militares al territorio”, aseguró a IPS el sacerdote Carlos Bresciani, de la misión jesuita que habita en el pueblo de Tirúa, en el área del conflicto.

“Aquí todo funciona, la gente vive la vida con normalidad, siembra, cosecha, va a hacer sus trámites, trabaja. Los que hablan de falta de Estado de derecho jamás han vivido aquí. Aquí no estamos en guerra. No corren las balas por encima ni hay bombas que destrocen ciudades”, comentó en un diálogo telefónico.

Al presentar las conclusiones de la Comisión de 20 miembros, su líder, el obispo católico Héctor Vargas, afirmó que La Araucanía “es una región herida y fragmentada” que enfrenta “una gradual agudización de su problemática”.

Esa problemática, explicó el obispo de Temuco, capital de La Araucanía, “se refiere a la deuda histórica con el pueblo mapuche, a la situación dramática de las víctimas de la violencia rural y a los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la región más pobre del país”.

“Se ha venido generando así una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente” dijo Vargas, añadiendo que estos problemas son difíciles de abordar porque “generan visiones y posiciones contradictorias y sentimientos muy profundos de dolor,  impotencia y resentimiento”.

El obispo urgió a poner fin a la violencia “antes que el odio termine con nosotros…si queremos desarmar las manos, debemos desarmar los  corazones”.

Para José Aylwin, director del no gubernamental Observatorio Ciudadano, las propuestas de la Comisión carecen de “un enfoque de derechos”, por ejemplo en lo referido a las tierras ancestrales ocupadas.

“Se reconoce una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero no se hace un análisis de en qué consiste  esa deuda y menos de las causas históricas y actuales profundas de la violencia hoy existente en la Araucanía”, declaró a IPS.

“No se menciona la violencia de los agentes policiales en contra de los mapuche ni tampoco el fomento a la industria forestal que ha resultado en la consolidación de una propiedad forestal de 1,5 millones de hectáreas al sur del río Bío Bío”, sostuvo Aylwin.

La propuesta de la Comisión, adujo, “se hace cargo de la exclusión política proponiendo formas de representación especial indígena, pero no se hace cargo de otras opciones como la autonomía y autodeterminación en zonas de alta demografía indígena”.

“El sesgo hacia el desarrollo productivo es claro, habla de nuevos rubros productivos, como los frutales, pero incluye en estos a la celulosa”, que interesa a las empresarios forestales, aseveró el director del Observatorio.

El ministro del Interior, Mario Fernández, admitió durante una interpelación en el Congreso legislativo el mismo lunes 23 que en La Araucanía “hay terrorismo, pero también  una atmósfera de violencia que tiene otras raíces”.

“No vamos a  resolver ni con represión ni con candidez un problema que lleva siglos. Estado de derecho no significa derecho a reprimir, significa respetar los derechos de las personas”, dijo.

Bresciani subrayó que el uso de la palabra violencia en La Araucanía “es tendencioso y busca crear un clima enrarecido y claramente discriminador en torno a las demandas sociales del mundo mapuche”.

“El término violencia ha sido coaptado por un grupo ideológico de derecha y empresarial que quiere crear ese escenario para justificar mayores medidas de judicialización y sobre todo militarización del territorio…por lo tanto de represión”, planteó.

Según el jesuita, la violencia en La Araucanía “es ejercida por el modelo político y económico neoliberal extractivista” y “hay una causa histórica más antigua que tiene que ver con la usurpación de las tierras que el pueblo mapuche tenía y que lo redujo a pobreza y humillación”.

Bresciani cree que una solución se alcanzará “cuando vean este conflicto como político y no judicial o policial o de pobreza. Y a partir de ahí tomar medidas para asegurar el reconocimiento de los pueblos originarios y la devolución de tierras”.

“Tenían 10 millones de hectáreas cuando los invadieron y ahora tienen entre 500 y 900 mil”, sostuvo.

Isolde Reuque Paillalef, una de las tres mujeres de la Comisión y la única dirigente social indígena, consideró que “hay una mirada nueva y conocedora” tras escuchar a las víctimas de la violencia de ambos lados.

Pero “va a depender también de quienes estén apoyando a los grupos más violentos, porque la violencia ya no es solo violencia…deben haber otros intereses”, advirtió en diálogo con IPS.

(Recuadro, información adicional) La Araucanía, foco de pobreza

En la región, la pobreza por ingresos cayó de 27,9 por ciento a 23,6 por ciento, pero está muy por encima del promedio nacional de 11,7 por ciento, según la última encuesta oficial al respecto.

Además, la llamada pobreza multidimensional afecta a más de 30 por ciento de la población regional, frente al promedio nacional de 19,11 por ciento.

De hecho, en La Araucanía están los cinco de los siete municipios con mayor pobreza multidimensional de Chile y el ingreso regional medio es de 382 dólares mensuales, muy por debajo del promedio nacional de 562 dólares.

La reacción de la Cancillería chilena, ante la salida oficial de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, no se hizo esperar. El mismo día que el Presidente Donald Trump firmó el documento que retira a su papis del Tratado, Heraldo Muñoz en compañía de Paulina Nazal, directora general de la Direcon, anunció que el gobierno de Chile no persistirá en el envío del proyecto al Congreso.

Pese a los ánimos de modificación de la cláusula de entrada en vigencia, por parte de algunos de los países suscriptores, que permitirían un TPP sin Estados Unidos, el canciller afirmó que «el TPP tal cual lo conocíamos ya no está en la mesa de discusión. Evidentemente no hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las cláusulas que están en el acuerdo».

Al respecto, la plataforma Chile Mejor sin TPP consideró “un triunfo” que el Gobierno haya decidido no continuar con el TPP. Sin embargo, estimó como “preocupantes” las declaraciones del canciller Muñoz sobre la persistencia en la apertura al mundo, con especial énfasis en la integración con los países de la zona Asia-Pacífico, muchos de los cuales eran parte del TPP, por lo que se podrían replicar las condiciones geopolíticas y comerciales del fracasado acuerdo. De hecho, Muñoz indicó que se encuentran renegociando acuerdos de libre comercio con China e Indonesia.

Lucía Sepúlveda de RAP-AL, considera necesario destacar que las razones de Trump para oponerse al TPP son diametralmente distintas a las que Chile Mejor sin TPP ha evidenciado.

“En oposición a Trump, que busca relaciones comerciales que sólo  beneficien a los Estados Unidos sin considerar el respeto por el medio ambiente, la soberanía alimentaria, los derechos fundamentales de las personas  y los derechos particulares de los pueblos indígenas; como plataforma consideramos necesario transitar a un sistema económico que tenga en consideración todo aquello” afirmó Sepúlveda.

Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, advirtió que “si bien es cierto que el TPP ya no tiene viabilidad, vendrán nuevos acuerdos comerciales que utilizarán la misma estructura base y tendrán los mismos alarmantes alcances de este acuerdo, el que ha concitado pronunciamientos de relatores y expertos de Naciones Unidas y la máxima preocupación de la Comisión Interamericana, dada su abierta violación a derechos humanos”. También señaló que, “de hecho el tratado entre Chile y Uruguay recién suscrito, y el TISA, centrado en el ámbito de los servicios y que en la actualidad negocian más de 50 países, poniendo en peligro lo poco que nos queda de público, tiene también la misma configuración y riesgos”.

Asimismo, indicó que esta afectación que tienen los acuerdos comerciales a los derechos humanos, no solamente por la solución de controversias o los límites a la soberanía nacional, es uno de los puntos más graves que tiene esta apertura comercial globalizada a través de este tipo mega acuerdos. “Por lo que es urgente, y un deber del Estado desde 2010 en los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de la ONU, medir los impactos que tienen estos acuerdos en derechos humanos, entre los cuales se encuentra la consulta indígena, antes de suscribirlos” remató.

Carlos Figueroa, militante de Revolución Democrática, afirmó que el libre comercio, de la manera que lo conocemos hoy, tiene sus días contados. Esto, “porque siempre se ha puesto como prioridad los intereses de las grandes corporaciones y no los intereses de los chilenos y chilenas. Es hora de ser valientes y plantear una nueva manera de comerciar que considere el medio ambiente, los derechos sociales, las condiciones laborales, un acceso digno a la salud y que no hipotequen nuestra democracia».

Figueroa agrega que “nosotros buscamos un comercio justo, que tome en consideración el impacto en el cambio climático y la dignidad que deben tener todos los trabajos. Chile necesita comerciar, somos un país pequeño, pero eso no significa que tenemos comerciar de cualquier manera. Tenemos que atrevernos a poner condiciones al comercio”.

Contacto:

• Loreto Contreras +56 9 5772 2441

El estudio, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y DDHH, considera casos de violencia y criminalización contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones, en un contexto de conflictos sociales en escalamiento.

Asimismo, desataca entre las causas que originan estos escenarios, la competencia por la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios de participación e incidentes para las comunidades y pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.

 Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 20 de enero de 2017.

En el marco de un desayuno con distintas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, fueron presentados los resultados del Informe “Foco sobre Defensores/as de Derechos Humanos bajo amenazas y ataques en América Latina”, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, organización internacional con sede en Londres, que monitorea de acuerdo a lineamientos internacionales las afectaciones a derechos humanas por parte de empresas y corporaciones a lo largo del mundo.

Este es el segundo informe que produce dicha organización bajo el mecanismo de respuesta de las empresas, las que son requeridas por ésta ante denuncias de vulneración a estos derechos fundamentales. Desde este modo, desde septiembre 2013 hasta diciembre de 2016, el Centro contactó en 156 ocasiones a empresas respecto que reportaban abusos contra de defensores y defensoras, respondiendo el 43.8% del total.

El informe subraya que una de las problemáticas más serias de la región en el ámbito de empresas y derechos humanos en los últimos años son los ataques a las libertades civiles y a las y los defensores de derechos humanos. Experimentando América Latina un alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones. Como evidenció el  informe de 2016 de Global Witness, que reporta 185 casos de activistas ambientales asesinados durante 2015, dos tercios de ellos en América Latina.

El informe fue presentado por Amanda Romero, investigadora y Representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Karen Hudlet, investigadora y Representante para México, Centroamérica y el Caribe del mismo Centro. Contándose además con comentarios a los resultados y alcances del informe, por parte de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano.

Siguiendo los lineamientos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2010), y los estándares fijados en la Declaración de los defensores de los derechos humanos (1998), ambos de Naciones Unidas, donde este último reconoce como defensor a toda persona que defiende derechos propios o de terceros, basado en los instrumentos de derechos humanos, y que no recurre a la violencia, el informe evidencia que el mayor número de casos de vulneración produce en los sectores energético (41%), minero (27%), construcción (13%) y agrícola, alimentos y bebidas (12%), incluyendo muertes (36), desalojos (34) y golpizas o diferentes formas de violencia (27), siendo los países de mayor ocurrencia Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Comentarios y conclusiones

Tras la presentación del informe, Amanda Romero recalcó que este “aumento radical en los ataques y amenazas, en la mayoría de los casos se da en sectores donde hay conflicto por los recursos naturales. Ataques que incluyen también el uso de la herramienta penal para la persecución de los defensores”. Asimismo, sostuvo que es común el uso de la intimidación o medidas directas de los gobiernos, como por ejemplo procesos de expropiación u órdenes de desalojo, “para imponer un proyecto de inversión en razón del desarrollo”.

En cuanto al proceso recolección de información y de consulta a las empresas en el marco del informe, la investigadora Karen Hudlet destacó que “en general no existen códigos de conducta en la mayor parte de las empresas, y que la primera reacción de estas al ser requeridas frente a los hechos que se denuncian, es negar cualquier involucramiento, y en los casos en que esto es evidente, siempre negando participación en la transgresión, responden que condenan el hecho”. Por eso, afirma Hudlet, “garantizar la libertad de expresión es fundamental para la visibilidad de estos hechos”, apuntando a las amenazas de las que son víctimas también periodistas y comunicadores que dan cobertura a estos hechos.

De importancia es también, agrega Romero, “no olvidar considerar los contextos de conflictividad social y de desigualdad en que se producen estos hechos, donde las empresas no pueden beneficiarse de la conflictividad social que tienen sus proyectos para imponerlos”. Señala, por lo mismo, que es “vital que los gobiernos actúen para salvaguar los derechos de las personas que son vulnerados, no sacándolas de sus territorios para resguardarlas, pues ello las aleja de sus demandas y comunidad”, puntualizó.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, quien comentó los resultados del informe, destacó que este: “llega al país en un momento muy significativo, donde la situación de los defensores de Derechos Humanos ha llegado a un estado crítico”. Como permite ver un informe reciente del Observatorio de Defensores de la OMCT-FIDH sobre tierras, así como un estudio de OCMAL (2015) en el cual se registran 161 casos de conflictos relacionados con la minería, principal producto de exportación del país, y el mapeo de conflictos socioambientales realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde la mayor parte de los 102 casos catastrados corresponden al sector energético, 40 de los cuales involucran a pueblos indígenas y 90 están vinculados al derecho al agua.

Aylwin resaltó a su vez el impacto que tienen los acuerdos comerciales y de inversión en la generación de estos escenarios de conflictividad, ya que “detrás de esto hay una región abierta a la inversión externa, también entre países de América Latina, siendo varios los países que mantienen inversiones fuera de sus fronteras”. De hecho, cerca del 80% de las inversiones chilenas fuera de fronteras, “destacando el caso de Codelco, con situaciones de denuncias por vulneración de derechos en Ecuador, o la empresa Arauco, acusada de impactar al pueblo Guaraní, en Misiones, Argentina, como dio cuenta un informe del Comité DESC”.

París, Santiago, 13 de enero de 2017. La FIDH, junto a su organismos miembros en Chile, el Observatorio Ciudadano, la Corporación Codepu y con la colaboración de la Corporación Humanas, han llevado a cabo desde al 09 al 13 de enero una Misión internacional a Chile con la finalidad de investigar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres y en particular el debate sobre el aborto.

La Misión estuvo compuesta por Elsie Monge; Vice Presidenta de la FIDH y Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; Selma Hajri, Doctora en endocrinología y investigadora en salud reproductiva de Tunez; Antoine Bouhey, encargado del Área de Derechos de las Mujeres y de Migrantes de la FIDH. La Misión contó para su desarrollo con el apoyo de José Araya, del Observatorio Ciudadano, y Camila Maturana, de Corporación Humanas.

La Misión ha realizado diversas entrevistas con representantes del gobierno, del parlamento, de instituciones públicas del sistema judicial y organizaciones académicas, sociales y  feministas para conocer sus opiniones y acciones sobre el aborto y el proyecto de ley sobre aborto en tres causales que tramita actualmente el Senado de Chile.

Los hallazgos preliminares de esta misión muestran que:

– La criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que deberían ser promovidos y protegidos por el Estado chileno como todos los derechos humanos. En la realidad,  la criminalización impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto seguro. Además, se ven expuestas a ser denunciadas por médicos y personal de salud y a enfrentar riesgos de persecución penal, que vulneran particularmente las mujeres pobres y las mujeres indígenas.

– El proyecto que presentó el gobierno y que tramita el parlamento constituye un avance en tres causales sobre el aborto, que no obstante queda limitado respecto a las recomendaciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al aborto.

– Además, el proyecto de ley ha sufrido modificaciones particularmente preocupantes durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Para asegurarse que el proyecto de ley no sea diluido o impracticable, el Senado debe reforzar este proyecto en las tres causales, en particular respecto a: la confidencialidad de la atención médica a abortos inseguros; los plazos de la causal violación; la objeción de conciencia; la denuncia del delito de violación sexual por parte del establecimiento de Salud al Ministerio Público; la garantía judicial para niñas menores de 14 años que no cuentan con autorización de su representante legal; la información sobre la ley.

– Los alcances y efectos de proyecto deberán evaluarse luego de sus ejecución, pero no pueden implicar un cierre de la discusión sobre este derecho de la mujeres. Tampoco puede implicar una  estigmatización o criminalización a las mujeres y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas que esta ley no protegerá.

Producto de esta misión de investigación, la FIDH presentará en abril de 2017 un informe sobre el aborto en Chile con recomendaciones considerando los estándares y avances sobre este tema en el sistema internacional de derechos humanos.

Más de una veintena de organizaciones sociales e indígenas, además de destacados académicos, suscribieron una declaración donde dan a conocer sus planteamientos y críticas al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y al que se han presentado indicaciones tanto por parte el gobierno como por parlamanentarios.

En la comunicación, que se hizo llegar a los distintos congresistas, las organizaciones manifiestan que de mantenerse las deficiencias que presenta el proyecto de ley y persistir la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorarlo significativamente, exigen que sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.

En relación a los derechos de pueblos indígenas y el proceso de consulta previa al que debe ser sometido el proyecto por las implicaciones que este tiene para los derechos de estos pueblos, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que «resulta impresentable el que las indicaciones propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente a este proyecto de ley se refieran a una amplia gama de materias que afectan directamente a los pueblos indígenas, y que estas hayan sido realizadas sin esperar la conclusión del proceso de consulta indígena convocado por el mismo Ministerio, el que ha involucrado a un número significativo de comunidades a lo largo del país».

Lo anterior, debido a que con «ello se vulnera uno de los principios básicos del  derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a este tipo de medidas legislativas reconocido en el Convenio 169 de la OIT, cual es el de la buena fe».

Finalmente, el abogado destaca que esto «ocurre además en un momento crítico de las relaciones entre pueblos indígenas y estado, en que las confianzas están muy deterioradas. Por lo mismo esto puede contribuir a deteriorar aún más la ya frágil convivencia interétnica en el país», aseguró.

A continuación, ponemos a disposición la minuta elaborada por las organizaciones y entregada a los parlamentarios:

Sobre la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Boletín N° 9404-12 6 de enero de 2017

Las organizaciones que suscriben consideran:

1. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es la última pieza para culminar un proceso de adecuación de la institucionalidad ambiental en Chile. Este debería hacerse cargo de las deficiencias que la actual institucionalidad pública tiene, con respecto la gestión de la biodiversidad. La que hasta ahora sólo ha tenido una aproximación sectorial, basada en una mirada concentrada únicamente en recursos, dispersión y sobreposición de competencias, falta de recursos humanos y financieros, entre otras falencias detectadas y sugeridas a resolver incluso por la OCDE. Confiábamos en que el proyecto de ley comprometido por la actual administración propusiera soluciones a estas falencias. Sin embargo, el proyecto de ley (PL) en discusión, no aborda las deficiencias detectadas, sino que por el contrario, consolida lo que precisamente se esperaba eliminar: una mirada fraccionada del territorio y enfocada solamente en recursos. El PL ignora la dimensión genética y excluye de la gestión del Servicio aquellas especies marinas de valor comercial, sin comprometerse siquiera con integrar o coordinar su gestión con los ministerios sectoriales que hoy tienen potestad sobre estos recursos.

2. El PL ignora el carácter patrimonial de la diversidad biológica y es erróneo en su concepción, adoleciendo de serios problemas conceptuales en sus definiciones operacionales. De hecho, tiene una definición errónea del concepto de biodiversidad.

3. El PL genera un Servicio básicamente reactivo, sin capacidad de abordar ninguna de las grandes tareas ambientales a las que Chile se ha comprometido, ignorando de plano los instrumentos que pudiesen ser creados para integrar verdaderamente la gestión de la biodiversidad al desarrollo de la nación en todos sus niveles; genético, especies y ecosistemas. No responde a resolver los problemas de nuestra institucionalidad sino que los agrava.

4. El PL es deficiente técnicamente, no entrega garantías mínimas de protección a la biodiversidad y es una clara muestra de la poca importancia que le asigna el Estado de Chile a proteger la naturaleza presente en el territorio; tierra y mar.

5. Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016, sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto de ley que se presentó en 2014 y a desfavorecer la protección de áreas que resulta esencial proteger.

6. El PL no avanza en una gestión integrada de la conservación de la biodiversidad del territorio nacional en su totalidad, considerando sus diferentes ecosistemas como parte de un todo.

7. El PL viola el artículo 3 de la Convención de Washington ratificada por Chile, al modificar y desafectar áreas protegidas (AP) a través de actos administrativos y no mediante procesos legislativos.

8. El PL vulnera el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, en cuanto no se realizó una consulta indígena previa a la elaboración del PL y se realiza la tramitación del PL mientras se encuentra sin concluir el proceso de consulta. Esto es grave, por cuanto además de vulnerar un derecho reconocido en un tratado internacional, que mandata a consultar medidas legislativas con los pueblos indígenas en miras a llegar a acuerdo o consentimiento sobre las materias consultadas, vuelve a romper las frágiles confianzas existentes entre el mundo indígena y el Estado, en una materia tan importante como lo es la conservación de la biodiversidad.

9. El PL contraviene la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional (RAMSAR), pues elimina los Humedales como categoría de AP y permite su intervención, y no favoreciendo la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas presentes en ellas, así como de las aves migratorias que utilizan estos sitios.

10. El PL carece completamente de una visión adecuada de los océanos, existe una ausencia de un enfoque apropiado sobre los ecosistemas marinos, considerando las especies hidrobiológicas como “recursos” y traspasando las funciones que deberían corresponder al Servicio de Biodiversidad a Subpesca o Sernapesca.

11. Nos preocupa que en el gobierno no exista ninguna voluntad política para tramitar este proyecto en conjunto con el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, lo que puede generar un conflicto con los trabajadores de CONAF.

12. El PL no da garantías a los trabajadores de Conaf, que serán traspasados al futuro SBAP, de que se respeten sus derechos laborales fundamentales.

Contenido del proyecto de ley aprobado en marzo de 2015, sumado a la indicación ingresada por el Ejecutivo, en diciembre de 2016:

a. En términos generales, se aprecia desorden en las indicaciones y repeticiones. Hay confusión en los conceptos técnicos básicos. Se incorporaron el tema genético y áreas de conservación de pueblos indígenas.

b. Se eliminan definiciones coma la de “principio de responsabilidad”, “corredor biológico” y su reconocimiento como áreas de soporte de la conservación, “costa o costero”, “especie silvestre”, y se realizan modificaciones en definiciones con poca fortaleza técnica, como es el caso de “especie nativa” y “parque marino”. En general, las definiciones de las áreas protegidas están muy mal planteadas.

c. Sobre funciones y atribuciones del Servicio, se eliminan varias facultades que el proyecto le otorgaba a éste, subsumiendo dichas funciones en artículos más amplios o eliminando derechamente las atribuciones. Se eliminaron atribuciones como el fomento de la creación de áreas protegidas, la fiscalización del cumplimiento de Ley de recuperación del bosque nativo, y elaborar y administrar inventarios de especies y de ecosistemas. Sobre instrumentos económicos de conservación de biodiversidad, el Servicio se limita a certificar prácticas sustentables en algunas áreas protegidas. Sobre representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, el Servicio debe cumplir las metas de representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, sin establecer cuáles son esas metas y solo conforme al presupuesto disponible. En materia de Evaluación de Impacto Ambiental se mantiene la participación del Servicio como órgano de la administración con competencia ambiental; sin dotarlo de robustas atribuciones en la materia, ni dotarlo de facultades para el otorgamiento de Permiso Ambiental Sectorial alguno.

d. Se elimina la atribución del Director Nacional del Servicio de proponer al Ministerio de Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio e informarle su cumplimiento.

e. Se elimina de las categorías de áreas protegidas los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los que deberán ser declarados áreas protegidas bajo alguna de las categorías establecidas en el proyecto de ley. Se agrega un párrafo nuevo para un inventario de humedales, definir criterios de uso sustentable de humedales y acceder a un permiso para la alteración física de humedales.

f. La creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas queda establecida por decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), un reglamento establecerá una etapa de consulta pública. Con ello se mantiene la violación a la Convención de Washington, en virtud de la cual el Estado de Chile se obligó a que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni se enajenara parte alguna de ellos sino en virtud de una ley.

g. Se requerirá del pronunciamiento del CMS para: la clasificación de ecosistemas, para la creación de las áreas protegidas privadas, determinación de sitios prioritarios, clasificación de ecosistemas según estado de conservación, declarar áreas determinadas como ecosistemas degradados, nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, entre otras. En general se fortalece el rol CMS en materia de biodiversidad.

h. Sobre concesiones en Áreas Protegidas, se señala la posibilidad de establecer infraestructura en ellas, pero no indica de qué tipo y tamaño. La duración de concesiones es de 30 años. En el Comité Técnico para otorgar concesiones faltan actores, como representantes de educación, investigación, ONGs locales, y pueblos indígenas, entre otros.

i. En las indicaciones presentadas no se hace reconocimiento de los territorios y áreas que están siendo conservadas por comunidades indígenas y locales, de la participación indígena en las iniciativas de conservación del Estado, ni de los aportes de sus conocimientos y prácticas tradicionales en la conservación de la biodiversidad.

j. No existe un correlato en la tramitación actual, pues se van a ir dejando de lado los artículos que, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, son materia de consulta indígena y que están entre los artículos que se van aprobando o rechazando, toda vez que el Ejecutivo no ha ingresado las indicaciones que son resultado del proceso de consulta indígena. Cabe señalar además que en el proceso de consulta indígena se han abordado materias como el objeto de la ley, sus principios fundantes, el sistema nacional y las categorías de áreas protegidas, la modificación y desafectación de las áreas protegidas, su administración, los planes de manejo y la participación de las comunidades aledañas, concesiones de áreas protegidas, áreas protegidas privadas, los demás instrumentos para la conservación de la biodiversidad, las prohibiciones y las sanciones en áreas protegidas, que por su naturaleza son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en que la visión indígena quedará excluida.

k. No se implementan mecanismos de participación permanente y efectivos para que los pueblos indígenas y comunidades locales puedan incidir en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior redunda en que el proceso de toma de decisiones así como la implementación de los diversos instrumentos para la conservación de la biodiversidad no incorporan factores interculturales, de modo tal de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas y comunidades locales reviste su relación con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han ocupado y utilizado de alguna otra manera.

Historia de la tramitación legislativa 2014-2017

El 18 de junio de 2014, ingresa al Congreso a través del Senado, el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), boletín 9404-12, como parte de los 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno de la actual administración.

Ante las deficiencias presentes en la iniciativa se conformó una comisión técnica integrada por académicos, representantes de organizaciones que trabajan en materias socio-ambientales y de conservación, asesores parlamentarios y un equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Esta instancia sesionó al menos 15 veces entre septiembre y diciembre de 2014.

En base a los acuerdos alcanzados por esta comisión técnica se elaboró un protocolo, en el cual se establecieron los lineamientos que debiera tener una indicación del Ejecutivo a dicho proyecto. El 4 de marzo de 2015, en la sesión de sala del Senado se aprobó en general la idea de legislar con 29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo, y se abrió un plazo de casi 90 días para el ingreso de la indicación comprometida por el Ejecutivo como de indicaciones parlamentarias. Los senadores hicieron más de 1.200 indicaciones al proyecto de ley, sin embargo, el Ejecutivo representado por el Ministerio de Medio Ambiente no presento los cambios comprometidos.

En paralelo, y desde la presentación del proyecto, diversas organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales hicieron ver al Ministerio del Medio Ambiente su malestar por la exclusión de estos pueblos en el proyecto de ley y el desconocimiento de los aportes que estos hacen a la conservación de la biodiversidad, exigiendo el desarrollo de un proceso de consulta de sus contenidos de conformidad al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile. Luego de una negativa inicial, el Ministerio decidió convocar en enero de 2016 a un proceso de consulta a los pueblos indígenas. En este proceso que se inició en abril de 2016 y que aún no ha concluido, el Ministerio hizo extensiva la consulta no solo a aquellas materias que decían relación con la creación y gestión de áreas protegidas, que podían ser coincidentes con las tierras ocupadas o utilizadas ancestralmente por los pueblos indígenas, sino también a los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos, pertinentes a la conservación de la biodiversidad.

Después de más de un año y medio de inactividad, el 11 de octubre de 2016, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado recibió al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para hablar sobre el estado de avance de las indicaciones que el Ejecutivo comprometió formular respecto del proyecto del SBAP en marzo de 2015. En esa ocasión los senadores acordaron, en base a una propuesta del Senador Walker, empezar a revisar las indicaciones que no necesitaban apoyo del Ejecutivo.

El 25 de octubre se reabrió la tramitación del proyecto y comenzó el estudio de las indicaciones. De las 1.238 indicaciones parlamentarias, la secretaría de la comisión estimó que 538 eran inadmisibles. Se acordó en una reunión posterior entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y los asesores parlamentarios, trabajar conjuntamente en un mecanismo para destrabar las indicaciones consideradas inadmisibles.

Para la sesión de la comisión del 22 de noviembre el nuevo presidente de la comisión, el Senador Walker, señala que se votarán indicaciones inadmisibles la próxima sesión de la comisión. El ministro de medio ambiente menciona que la consulta indígena relacionada a este proyecto de ley concluye en diciembre del 2016.

En sesión del 29 de noviembre, el presidente de la comisión con el acuerdo de los parlamentarios presentes declaró inadmisibles todas las indicaciones propuestas por la Secretaría de la Comisión, desestimando el trabajo realizado por el grupo de asesores parlamentarios y el MMA.

El día 13 de diciembre se abrió plazo de 6 días para el ingreso de la indicación del Ejecutivo.

El 20 de diciembre se reanudó la votación, en particular de las indicaciones al proyecto SBAP, y se acelerará su tramitación en enero de 2017 con dos sesiones por semana.

Debido a todo lo anterior es que consideramos imperativo, ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el Proyecto de Ley, que este sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.

Suscriben: Agrupación Biosfera CODEFF Comunidad Agrícola de Los Diaguitas Huasco Altinos Comunidad Atacameña de Toconao Comunidad Fotüm Mapu de Caleta Andrade Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén Comunidad Nahuelquin Delgado de isla Traiguen Comunidad Pu Wapi de Melinka, Consorcio ICCA Conservación Marina Corporación Jardín Botánico Chagual Corporación Puelo Patagonia Ecosistemas FIMA -ONG Fundación Terram Greenpeace Chile Geute Conservación Sur ONG Qarapara Tortugas Marinas Chile ORCA Chile Parque Cordillera Parques para Chile Observatorio Ciudadano Sociedad Botánica de Chile FENASIC – Conaf.

• Académicos: Alberto Tacón Eduardo Fuentes Javier Simonetti Jose I. Sepúlveda Verónica Morales.

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam emitió un primer comunicado desde los bosques de la Cordillera del Cóndor para expresar a nombre de mil familias originarias que no permitirán bajo ningún concepto ni argumento «que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo».

Mediante una Carta al país y al mundo señalan que el Presidente Rafael Correa «debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares».

Reafirman que «el único camino cierto para acabar con este camino de destrucción -que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo».

El comunicado invoca a todos los habitantes del Ecuador y de Morona a unirse a la demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno un diálogo serio que respete la vida como pueblo originario.

Refutan que el Presidente Rafael Correa: diga que hace minería para sacar al pueblo Shuar de la pobreza, «porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura».

Precisan que más de un 38 por ciento del territorio Shuar Arutam está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago están concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica está a punto de ser construida. La pregunta es «¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?».

A continuación reproducimos el texto completo de la Carta al país y al mundo.

Pueblo Shuar Arutam: Carta al país y al mundo

Acuerdo Ministerial 255-07.SEP-2016

En algún lugar de la Cordillera del Cóndor 04-01-2017

A mis hermanos shuar, a los indígenas Amazónicos y de los Andes, a los hombres y mujeres del Ecuador y del Mundo.

Cómo muchos de ustedes conocen, hemos pasado por días muy peligrosos para nuestro pueblo y esos días aún no han terminado y son probablemente solo el inicio de una gran disputa territorial que ha generado el Gobierno Nacional contra el Pueblo Shuar Arutam.

Nuestra selva se ha teñido con lágrimas, angustia y sangre y los senderos y caminos que antes transitábamos en paz ahora se han vuelto inseguros y peligrosos. Han pasado casi 30 años cuando los ecuatorianos hablaron de nosotros como los guerreros del Cenepa, defensores del Ecuador, al cual pertenecemos.

Pero ahora es necesario que por nuestra propia voz conozcan quienes somos nosotros, porque nadie nos ha preguntado sino que han hablado a nombre nuestro: el gobierno, dirigentes sociales y políticos mal o bien intencionados.

Nosotros nacimos aquí en esta inmensa selva de la Cordillera del Cóndor y las riberas de los río Zamora y el Santiago. No conocimos de alambre de púas ni de propiedad privada. El Estado declaró que eran tierras baldías y organizó la colonización de nuestras tierras, con la misma decisión y autolegitimidad de cualquier colonizador. Cuando los colonos llegaron a esta tierra, les recibimos bien, porque sabíamos que eran gente pobre y esforzada que buscaba una oportunidad en sus vidas. De un día a otro, grandes extensiones de tierras ya no nos pertenecían ya que habían sido escrituradas a nombre de personas que inclusive jamás conocimos.

Desde los años 60, tuvimos que crear la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) que le decimos hasta ahora Nuestra Madre para que el Estado nos reconozca lo que siempre fue nuestro, el territorio, nuestros espacios de vida y nuestra cultura. Recién en los años ochenta se empezó a legalizar nuestras tierras como títulos globales y empezamos a ser reconocidos no solo por la guerra del Cenepa, sino porque hemos cuidado estos inmensos bosques milenarios en paz, protegiendo las fronteras.

En el año 2000, un grupo de líderes shuar recorrió estas tierras y fundó la Circunscripción Territorial Shuar Arutam, como ordena la Constitución. Esto no fue así no más, fueron cientos de reuniones y discusiones que permitieron que 6 asociaciones se unieran con sus 48 centros (comunidades) abarcando un territorio continuo de 230.000 hectáreas en la Provincia de Morona Santiago en la frontera con Perú.

La FICSH nos declaró su plan piloto, para probar una nueva forma de gobierno indígena dentro del Estado ecuatoriano, como un gobierno de régimen especial en un territorio shuar. En el año 2003 escribimos nuestro Plan de Vida que es el eje de nuestra organización, es el norte que nos dice por donde debemos caminar, porque ríos debemos navegar y por donde no debemos andar husmeando. En nuestro Plan de Vida se tratan temas fundamentales como la salud, la educación, el buen manejo y control del bosque y sus recursos, la economía y la conservación. Como no lo hace casi ningún grupo del país, ordenamos todo nuestro territorio en categorías de uso sustentable y dejamos más de 120.000 hectáreas bajo conservación estricta, de beneficio para todos los ecuatorianos.

En el año 2006 fuimos legalizados en el CODENPE como Pueblo Shuar Arutam y dos años más tarde firmamos un convenio con el Gobierno para mantener el bosque en perfecto estado durante 20 años y recibir aportes que nos permitan desarrollar e implementar nuestro Plan de Vida, esto se llamó Socio Bosque.

«como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura».

En el año 2014 actualizamos nuestro Plan de Vida y una vez más nuestra Asamblea General Ordinaria, se pronunció en contra de la mediana minería y de la megaminería dentro de nuestro territorio. Porque, como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura.

En esta situación entra el conflicto de Nankints. Nosotros hemos planteado al gobierno nacional un diálogo institucionalizado desde el año 2008, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos logrado establecer un diálogo serio, sincero, honesto y del mismo nivel en el marco del Estado Plurinacional. Siendo ésta la razón para no lograr interpretar y comprender los requerimientos del pueblo Shuar.

A nombre del interés nacional y diciendo que lo que ha pasado en Nankints es un caso aislado, se pasan por encima de otros derechos y otras cosas que también son interés nacional, como dice la Constitución que con sus palabras y convicciones escribieron: la pluriculturalidad y la conservación. En Nankints el gobierno revolucionario actúa como cualquier gobierno colonizador, olvidando hasta los acuerdos internacionales que ha firmado.

«más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?».

El problema no está en el pedazo de tierra de Nankints que compartimos con los colonos; La gente se cree que no ha sido de los shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?

Por eso, hace 9 años les dijimos a la empresa que se vayan y recuperamos Nankints. Nueve años después, alguien le manipula al Presidente y le convence que antes de irse nos desaloje por la fuerza. Como no nos dejamos viene la violencia. Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie. En cambio el Gobierno, en lugar de conversar, mete miles de policías y militares a nuestras casas, a nuestra tierra, aterroriza y amenazan a nuestros hijos. Hasta donde yo sé, ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo. ¿Por qué no investigan a fondo antes de perseguirnos, poner orden de captura a todos los jefes de familia? ¿Por qué en lugar de conversar con nosotros para investigar, detener e impedir la violencia, cerrarle las puertas a manos oscuras, nos ponen en Estado de excepción como las terribles dictaduras del Plan Cóndor, que el Presidente dice se está planeando de nuevo?

¿Por qué se meten en nuestras casas? ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Y la respuesta que tenemos es que a nombre del interés Nacional, pasamos a ser un puñado de indios folclóricos y terroristas que no entendemos lo que es el buen vivir, ni el Sumak Kawsay y peor aún el proyecto de la Revolución Ciudadana.

No quiero quedarme en los detalles que para eso están las noticias de los sábados, tratemos de ver el panorama en el que nos encontramos y no caigamos en la provocación ni en las discusiones primitivas que no nos llevan a ninguna parte.

Este primer comunicado, desde los bosques de la Cordillera del Cóndor, las mil familias les decimos que no vamos a permitir bajo ningún concepto ni argumento que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo.

El Presidente Rafael Correa, debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares. El único camino cierto para acabar con este camino de destrucción – que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo.

Todos los habitantes del Ecuador y de Morona deben unirse a nuestra demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno por un diálogo serio que respete nuestra vida como pueblo originario.

Consejo de Gobierno DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM

Chile: El Observatorio reclama la liberación inmediata de la Machi Francisca Linconao

COMUNICADO DE PRENSA – EL OBSERVATORIO

París-Ginebra, 5 de enero de 2017 – El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) denuncia la prisión preventiva prolongada de la Machi Francisca Linconao Huircapan, quien está entrando en su día 15 de huelga de hambre, en el contexto de un proceso plagado de irregularidades que se está desarrollando bajo la Ley Anti-terrorista.

La Machi (autoridad espiritual Mapuche) Francisca Linconao[1] permanece en prisión preventiva desde 30 de marzo de 2016. El proceso judicial en su contra se está desarrollando bajo la Ley Anti-terrorista, siendo acusada junto a otros 10 comuneros mapuche por el delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger – Mackay. De acuerdo a los querellantes del Ministerio del Interior, y a la Acusación del Ministerio Público, este delito revestiría el carácter de terrorista (véase la sección “Contexto”). Este caso se encuentra cubierto por un velo de irregularidades. Por ejemplo el principal testigo de la Fiscalía, y única prueba directa por la cual se inculpa a los imputados, Sr. José Peralino, declaró ante la justicia que los hechos contenidos en su declaración eran falsos, y que su testimonio fue producto de presiones indebidas y hostigamientos realizados en su contra por parte de la Policía de Investigaciones.

Cabe señalar que la Machi Francisca Linconao es una reconocida defensora de derechos humanos del pueblo mapuche y de su territorio. Ella siempre ha canalizado sus acciones por medios institucionales, siendo emblemática su lucha por defender por la vía judicial sitios sagrados mapuche ante la instalación de plantaciones forestales, defensa que fue acogida favorablemente por los Tribunales de Justicia.

El 22 de diciembre de 2016, la Machi Francisca Linconao inició una huelga de hambre líquida afirmando: “ya que el tribunal de justicia me ha dado el cambio de medida cautelar y la corte de apelaciones por cuarta vez me ha revocado esa sentencia, jugado con mi vida y salud que ya está muy delicada, humillándome como mapuche, siendo que yo soy inocente y no existe prueba en mi contra”.

“En el caso Norin Catriman la Corte interamericana ya le recordó al Estado de Chile que la detención se debe evitar a toda costa cuando se trata de miembros de comunidades indígenas. Es lamentable que el último recurso de la Machi tenga que ser una huelga de hambre”, declaró Dimitris Christopoulos, Presidente de la FIDH.

La defensa de la Machi Linconao ha solicitado en reiteradas ocasiones el cambio de medida cautelar de la prisión preventiva que le afecta, por el de arresto domiciliario. La solicitud ha sido acogida hasta en cuatro ocasiones por el Juzgado de Garantía de Temuco, pero ha sido posteriormente revocada por la Corte de Apelaciones de Temuco. La Ley Anti-terrorista requiere la unanimidad de la Corte de Apelaciones para confirmar el arresto domiciliario y en las dos últimas ocasiones dicha decisión fue apoyada por 2 votos contra 1, en ambos casos por el voto en contra del ministro Luis Troncoso Lagos. Por ello, la Machi Linconao se ha visto obligada a permanecer privada de libertad, circunstancia que a su edad ha significado un gran daño para su estado de salud.

“La vida de la Machi Linconao está en peligro por su huelga de hambre pero además su detención constituye una evidente violación del derecho a un juicio justo. Por todo ello, la Machi Linconao debe ser liberada inmediatamente y debe recibir el tratamiento médico necesario para contrarrestar los efectos de su detención”, declaró Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

La Machi Linconao ingresó en la prisión con diagnóstico de gastritis crónica y un peso de 48 kilos. Durante el período de prisión preventiva, de acuerdo a lo acreditado en los informes de los médicos, ha desarrollado diversas enfermedades, lo que ha determinado que su prisión preventiva este siendo cumplida en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde recibe un tratamiento de medicina tradicional mapuche. De acuerdo a informes médicos de los últimos días, la Machi Linconao ha sufrido una descompensación. De continuar su huelga de hambre su estado de salud con certeza se debilitará con peligro inminente para su vida.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile manifestó su preocupación por la situación que afecta a la Machi Francisca Linconao señalando « …que el uso de la prisión preventiva debe ser compatible con el principio de presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal, reconocidos tanto en nuestra Constitución como en los Tratados Internacionales ratificados por Chile ».

Contexto:

La utilización de la Ley Anti-terrorista para perseguir hechos de protesta social mapuche fue cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 29 de mayo de 2014 en el caso Norin Catriman y otros v/s Chile. En dicha sentencia la Corte condenó al Estado chileno por vulnerar los derechos garantizados en la Convención Americana a ocho miembros del pueblo Mapuche, precisamente por la utilización de la Ley Antiterrorista. En esta sentencia la Corte concluyó: “que Chile violó el principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia en perjuicio de las ocho víctimas de este caso por haber mantenido vigente y aplicado el artículo 1° de la Ley N° 18.314 [Ley antiterrorista] que contenía una presunción legal del elemento subjetivo del tipo terrorista, elemento fundamental en la ley chilena para distinguir la conducta de carácter terrorista de la que no lo era”. En el fallo la Corte hace un llamado de atención al Estado de Chile por la existencia de una legislación que no garantiza el derecho al debido proceso, poniendo especial atención y haciendo recomendaciones en relación al uso de testigos con identidad reservada, que no garantiza el derecho a la contra-interrogación, ordenando se modifique esta legislación.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

Para más información, por favor, contacten con:

• FIDH: Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18 / José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650
• OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: + 41 22 809 49 39

[1]           La Sra. Francisca Linconao, de 59 años de edad, es Machi del sector Rahue, comunidad Pedro Linconao II, comuna del Padre de Las Casas, Región de la Araucanía, Chile.

Finalizando el año, dos de las principales organizaciones no gubernamentales que basan su trabajo en el ámbito medioambiental, Fundación Terram y Chile Sustentable, dieron a conocer sus balances anuales, destacando los principales déficit en la materia y relevando aquellas iniciativas y procesos de movilización que favorecen el resguardo ambiental.

Balence Fundación Terram: “Notable abandono de deberes”: el pobre desempeño del Gobierno

Por 15° temporada consecutiva, Fundación Terram, ONG especializada en la promoción de políticas públicas ambientales, da a conocer su Balance Ambiental, donde analiza los principales acontecimientos ambientales del año y premia a distintos actores, organizaciones, entidades públicas o privadas por su desempeño durante 2016.

El notable abandono de deberes por parte del Ministerio de Medio Ambiente, el rol de Salmón Chile y Sernapesca en el vertimiento de salmones muertos en Chiloé, la movilización social impulsada por la organización No Alto Maipo, la campaña comunicacional #SECOS, y los parlamentarios involucrados en los casos de corrupción y cohecho en la tramitación de la Ley de Pesca, son algunos de los puntos relevantes del análisis ambiental elaborado por Fundación Terram sobre el año 2016.

En el presente Balance Ambiental, Terram entrega el premio al ‘Ambientalista Destacado’ a las voceras de la agrupación ciudadana ‘No Alto Maipo’, Marcela Mella y Nathalie Joignant, como también a la campaña comunicacional #SECOS por la defensa del agua como derecho humano para comunidades y territorios.

En tanto, el premio al ‘Aporte Medioambiental’ recayó sobre la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el daño ambiental causado en glaciares, salares y cuencas hidrográficas, respecto a sus conclusiones sobre la responsabilidad de la gran minería y autoridades ambientales.

El galardón al ‘Aporte a la Contaminación’ es para la asociación gremial de las industrias salmoneras (Salmón Chile), como para el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) por solicitar y autorizar, respectivamente, el vertimiento de miles de salmones muertos en las costas del archipiélago de Chiloé, sin resguardos ambientales.

El Ministerio de Medio Ambiente, en tanto, se hizo acreedor del premio a la ‘Insustentabilidad Ambiental’ por su notable abandono de deberes, por su propuesta de reglamento de la Ley de Responsabilidad Extendida al Productor que de materializarse violaría el Convenio de Basilea; por la histórica negativa a suscribir el Protocolo de Nagoya, pese a la recomendación de la OCDE; por el contenido de las indicaciones presentadas al proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, las que no guardan relación con los acuerdos internacionales suscritos por Chile.

Finalmente, el ‘Cartel del Año’ -es su segunda versión- fue entregado a los parlamentarios involucrados en los casos de corrupción y cohecho en la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca: el desaforado senador Jaime Orpis (UDI), el senador Patricio Walker (DC), el diputado Iván Fuentes (IND), la ex diputada Marta Isasi (IND) y el ex senador y ex ministro Pablo Longueira.

Lo mejor

En el recuento del 2016 en materia ambiental, dentro de los 11 acontecimientos favorables, Fundación Terram destaca la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto hidroeléctrico Mediterráneo por parte del Tribunal Ambiental de Valdivia, el duro informe de la Corte Suprema contra el proyecto de Ley sobre Glaciares por no resguardan su explotación, la publicación de la Política Forestal 2015-2035 que establece directrices para el sector en los próximos 20 años, la aprobación de la Ley de Fomento al Reciclaje (Ley REP) y la actualización del mapa de conflictos socio-ambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros.

Lo peor

Entre los 13 peores hechos de la temporada se encuentra el incendio del relleno sanitario Santa Marta en Talagante y la nube tóxica que cubrió la capital, producto del siniestro, el vertimiento de más de 4.600 toneladas de salmones muertos en las cercanías del Archipiélago de Chiloé, y el rechazo de la Cámara de Diputados al otorgar la nacionalidad por gracia al conservacionista estadounidense Douglas Tompkins.

Desafíos 2017

Para el año que se inicia, Fundación Terram establece 11 desafíos, entre los que destaca el envío al Congreso del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal en reemplazo de la CONAF, la ratificación del Acuerdo Climático de París por parte del Parlamento y la correcta tramitación legislativa del proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas respetando los convenios internacionales suscritos por Chile.

También se destaca la necesidad de que el Ministerio de Energía norme al carbón como combustible sólido con el fin de poder fiscalizar su uso, explotación, transporte y acopio, también que el Gobierno materialice la gran donación de tierras de la Fundación Tompkins Conservation, y que se avance en destinar el 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para aportar recursos en protección de la naturaleza.

Balance nacional e internacional

Además en el documento se puede encontrar un detallado recuento del acontecer nacional e internacional en materia ambiental en diez capítulos temáticos: Institucionalidad, Agua, Contaminación, Minería, Energía, Pesca y Salmonicultura, Biodiversidad, Forestal, Cambio Climático e Internacional. Cada tema relata los principales acontecimientos ocurridos durante 2016 y su relación con las políticas ambientales del país.

http://www.terram.cl/wp-content/uploads/2016/12/Balance-Ambiental-2016-Fundaci%C3%B3n-Terram.pdf

Balance Chile Sustentable: El año de las crisis socioambientales

Fiel a la tradición de realizar una memoria anual crítica sobre los hechos más destacados en el acontecer y la política medio ambiental, Chile Sustentable presenta a la opinión pública lo mejor lo peor y lo que queda pendiente en de este año 2016.

Entre los hechos positivos destaca la aprobación en la Cámara de Diputados de la Reforma al Código de Aguas, un avance en la recuperación del agua como buen común y el reconocimiento como derecho humano, también destacamos la aprobación de la Ley REP que reconoce, valida e incluye a los recicladores de base creando una cadena virtuosa, donde estén involucrados todos los actores del ciclo de vida de un producto.

En los hechos negativos, incluimos la crisis ambiental  provocada por el vertimiento de mortandad de la salmonicultura en la región de los Lagos y Chiloé, el incremento dramático de los incendios forestales en el país, la nube tóxica provocada por incendio en vertedero Santa Marta en la región Metropolitana, la continuidad del proyecto Minera Dominga a pesar de los cuestionamientos y vínculos con el caso Penta y el apoyo irrestricto que recibió del Consejo de Ministros para seguir avanzando. A ello se suma la autorización del Comité de Ministros  del proyecto Central Río Cuervo a pesar de  la oposición de la comunidad local, el riesgo sísmico y su definición territorial turística.

Entre los temas pendientes, en tanto, destacan el retraso en la tramitación de Ley Biodiversidad y Áreas Protegidas, en el envío al Congreso de la Ley de Eficiencia Energética, y la desprotección de las abejas, esenciales para la polinización en la naturaleza y en la agricultura.

http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2016/12/Balance-Ambiental-2016-de-Chile-Sustentable.pdf

http://www.chilesustentable.net/wp-content/uploads/2016/12/Balance-Ambiental-2016-de-Chile-Sustentable.pdf

Los peticionaros, junto con entregar antecedentes sobre la afectación de tratados comerciales y de inversión a derechos humanos, en general, e indígenas, en particular, formularon una serie de recomendaciones a los Estados y a la Comisión.

Por Paulina Acevedo M., Observatorio Ciudadano

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), atendiendo la solicitud de un conjunto de organizaciones indígenas y de sociedad civil de Chile, México y Perú, alertando sobre graves impactos en derechos humanos que se registran producto de los acuerdos comerciales que son suscritos por los Estados, como es el caso del Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) del que son parte estos tres países, concedió una audiencia temática especial para tomar conocimiento de estos antecedentes en el marco de su 159º Periodo Ordinario de Sesiones, que se desarrolló del 01 al 07 de diciembre recién pasado en Panamá.

Alejandro Parellada, Coordinador del Programa para América Latina del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWIA), fue el primero en intervenir en nombre de la delegación asistente a la sesión, quien destacó el carácter secreto que reviste la negociación de este tipo de tratados, “sin ninguna participación de la sociedad civil” y “con graves perjuicios a los derechos humanos, en particular para los pueblos indígenas”.

Luego fue el turno del sociólogo Emanuel Gómez, miembro de la Coalición de Organizaciones y Movimientos México Mejor Sin TPP, dando cuenta que Chile, México y Perú mantienen 57 acuerdos comerciales con más de cien países de todo el mundo, y que no obstante en las legislaciones internas de estos países se prevé que sean los congresos nacionales los encargados de ratificarlos, no existe en ninguno de ellos la “obligación de consultar y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, aun cuando se trate de estados parte del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sean firmantes de la Declaración de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que así lo establecen”.

Posteriormente intervino la dirigente mapuche, Ana Llao Llao, de la organización AD-Mapu (Chile), quien para ejemplificar los efectos de los acuerdos comerciales en los derechos indígenas, se refirió a los problemas generados por la inversión forestal en el medio ambiente y en la diversidad biológica de las tierras ancestrales del pueblo mapuche, la que ocupa una superficie de un millón y medio de hectáreas, principalmente con monocultivos de pino y eucaliptus mapuche.

La dirigente destacó también la criminalización de la protesta mapuche frente a estas realidades, la que ha incluido el uso de la ley antiterrorista, lo que implicó la condena del Estado chileno por faltas al debido proceso. Igualmente, dio cuenta de los casos de violencia policial que han enfrentado, resultantes en diversos casos de torturas y muertes que han afectado a los integrantes de las comunidades en los últimos años.

A continuación Fernando López, Coordinador de la Comisión de Relaciones Exteriores de la CNPA (México), se refirió a los principales impactos de las políticas de libre comercio los últimos 20 años, tras la suscripción del TLCAN con Estados Unidos, entre ellos, un éxodo migratorio de gran magnitud; en la agricultura, aumentando la dependencia alimentaria de la exportación desde un 10% en 1994 a un 43% en 2013, lo que podría llegar a un 80% al 2030, según de la ONU sobre el derecho a la alimentación.

Luego Ketty Marcelo, presidenta de la organización indígena ONAMIAP (Perú), destacó “que en el actual contexto de globalización, en la región se viene imponiendo un modelo extractivista de desarrollo que mercantiliza la naturaleza e incentiva un estilo de vida consumista dependiente de fuentes de energía fósiles, que amenaza el buen vivir de nuestros pueblos”. Marcelo se refirió también a los graves problemas de deforestación que enfrentan los territorios de los pueblos en Perú, poniendo como ejemplo el caso de las inversiones del el Grupo Melka, que “entre 2011 y 2013 en la región de Ucayali ha deforestado 11,000 hectáreas de bosques, sin estudios de impacto ambiental y sin trámite de cambio de uso de suelo, ante la vista y paciencia de todas las autoridades y ante la advertencia de las organizaciones indígenas”.

Tras las intervenciones de los representantes indígenas, el abogado y co director del Observatorio Ciudadano de Chile, José Aylwin, se refirió a impactos específicos del TPP, consignando que la exclusión de la que la ciudadanía fue objeto habría vulnerado el derecho a participar en forma directa en la dirección de los asuntos públicos (artículo 23 de la CADH) y, en el caso de los pueblos indígenas, su derecho que tienen a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus derechos (art. XXII 2), a definir sus prioridades en materia de desarrollo (art XXIX) y a ser consultados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado frente a la adopción de este acuerdo comercial (art XXIII 2), reconocidos en la recientemente aprobada Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas.

En cuanto a los principales ámbitos de afectación, Aylwin advirtió que uno de los contenidos más preocupantes del TPP es el que dice relación con los derechos que se otorgan a los inversionistas para su protección frente a los estados, al establecer la obligación de brindarles un “trato justo y equitativo, y la protección y seguridad plenas” e impedirles expropiar o nacionalizar sus inversiones, sea directa o indirectamente, lo que genera un efecto inhibidor en la adopción de políticas en favor de derechos humanos por parte de los Estados. También se refirió a los mecanismos arbitrales de solución de controversias establecidos en los acuerdos comerciales, incluyendo el TPP, señalando que este año un conjunto de relatores ONU han afirmado que estos “parecen no cumplir con las garantías del derecho a un recurso efectivo, a un juicio imparcial y debido proceso”.

Aylwin también se refirió a los impactos al medio ambiente, ya que el TPP prioriza claramente el comercio sobre la protección ambiental al establecer que “ninguna Parte fallará en la aplicación efectiva de sus leyes ambientales a través de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente de una manera que afecte el comercio o la inversión”. Subrayó además las limitaciones que imponen a la protección de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos las disposiciones de propiedad intelectual y los riesgos de la obligación de ratificar el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), “el que establece un sistema de ‘protección’ de los derechos de los ‘obtentores vegetales’, entre ellos la reproducción y comercialización de variedades vegetales muchas veces desarrolladas a partir de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas”.

Estos antecedentes fueron complementados por el representante Javier Llamoza, representante de RedGe de Perú, quien abordó los impactos en la salud pública y el acceso a medicamento, debido a la extensión de patentes que promueve sobre esta industria el capítulo de propiedad intelectual del TPP. Como dan cuentas informes de los propios servicios de salud pública, en el caso de Chile y Perú.

Recomendaciones

Los representantes de las organizaciones peticionarias formularon además una serie de recomendaciones, tanto a los Estados como a la Comisión Interamericana, las que fueron expresadas por Walter Vargas, encargado de Área DESC de APRODEH.

Respecto a lo primero, solicitaron a los Estados realizar un estudio de los impactos en derechos humanos generados por los acuerdos comerciales que hasta ahora han suscrito. Asimismo, asegurar la coherencia interna en sus políticas, absteniéndose de celebrar nuevos acuerdos comerciales que puedan comprometer el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

En el caso particular del TPP, recomiendan realizar en forma previa a su ratificación un estudio de sus potenciales impactos en los derechos humanos, con especial énfasis en los derechos de pueblos indígenas. E impulsar en el marco de los procesos de ratificación de este acuerdo un proceso efectivo de participación ciudadana, idealmente a través de un referéndum sobre la materia, dado el secreto que marcó sus más de cinco años de negociaciones.

Finalmente, en cumplimiento de las obligaciones internacionales en derechos humanos, hacen un llamado a que los tres países desarrollen procesos de consulta a los pueblos indígenas, con miras a lograr su acuerdo o consentimiento, y en caso de que este no sea otorgado abstenerse de su ratificación.

A la Comisión Interamericana, en tanto, le solicitaron realizar un informe temático sobre los acuerdos comerciales y los derechos humanos en las Américas, y a la Relatoría sobre Derechos de Pueblos Indígenas del dicho organismo, dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el Informe de la CIDH sobre Pueblos Indígenas, Comunidades Afrodescendientes e Industrias Extractivas, cuyas actividades de inversión son incentivadas por los acuerdos comerciales.

Del mismo modo, recomendaron a la CIDH instar a los Estados a cumplir con sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos y éstos que establezcan medidas efectivas para proteger los derechos reconocidos en la Declaración Americana sobre Derechos de pueblos indígenas, en particular los derechos de propiedad sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, la propiedad intelectual, y su derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo.

Plantearon, asimismo, la disposición de las distintas organizaciones peticionarias a colaborar con esta Comisión para abordar la compleja relación entre acuerdos comerciales y derechos humanos.

Reacciones

Concluida la audiencia, el co director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, valoró de forma la instancia, “ya que permitió visibilizar la situación de afectación de los derechos humanos en la región por los acuerdos comerciales hasta ahora suscritos por la mayor parte de los estados con las grandes economías. Entre estas afectaciones se destacó por representantes de pueblos indígenas la de los derechos de sus pueblos, dado que dichos acuerdos generalmente inciden en inversiones extractivas en sus territorios, las que se imponen sin consulta y consentimiento, sin participación en los beneficios y sin compensación por daño».

Agrega que la audiencia sirvió para visibilizar “en particular la afectación actual y potencial del TPP en los casos de Chile Perú y México, tanto en términos de los derechos políticos y de participación, como en los derechos sociales y culturales”.

Por último, destacó que “los comisionados asistentes, que incluyeron al presidente de la Comisión, James Cavallaro, al Relator de Pueblos Indígenas, Francisco Eguiguren, y Paulo Vannuchi tuvieron una disposición receptiva a nuestros planteamientos, manifestando el interés de la CIDH de profundizar en estas materias. Al respecto se propuso a la CIDH realizar un estudio temático sobre la afectación de derechos humanos por acuerdos comerciales, y el instar a los estados a desarrollar estudios de impacto en derechos humanos de los tratados suscritos, y de los futuros, previo a su ratificación».

Por su parte Walter Vargas, encargado de Área DESC de APRODEH, puso énfasis en la experiencia de implementación del TLC entre Perú y EEUU, que generó una fuerte represión a la protesta social y la movilización por la defensa indígena de territorios comunales. Como ha determinado un reciente fallo judicial en Perú, el cual afirma que «la resistencia indígena a decretos de implementación del TLC fue reprimida letalmente por la fuerza pública, a pesar de ser la única vía legítima de autodefensa territorial ante la ausencia de consulta previa», asegurando que el secretismo y la potencial afectación del TPP a los derechos humanos puede llevarnos a un escenario análogo.

Revise la audiencia: https://www.youtube.com/watch?v=HZwSuuV4vN0

Organizaciones peticionarias de la audiencia

CHILE: Observatorio Ciudadano, Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP, Ad-Mapu, Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas (RAP-AL).

MÉXICO: Coalición de Organizaciones y Movimientos Sociales México Mejor Sin TPP, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

PERÚ: Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Red Peruana por una Globalización con Equidad (REDGE), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).

INTERNACIONAL: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).