9 de marzo de 2017

Mientras los ministros de Comercio de los países del Pacífico se preparan para discutir el futuro de la Asociación Transpacífica (TPP por su sigla en inglés) en Chile la próxima semana, más de 200 organizaciones que representan a los ciudadanos de los países que participarán instan a sus gobiernos a aceptar que el modelo del TPP ha fracasado y participar en un proceso más abierto y democrático para desarrollar alternativas genuinas que confronten los retos económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.

Cuando Donald Trump dio aviso oficial del retiro de Estados Unidos del proceso TPP, reconoció lo obvio: que el acuerdo murió bajo el peso de sus propios términos y no pudo obtener suficiente apoyo en el Congreso de Estados Unidos para ser ratificado. Las organizaciones de la sociedad civil unidas a través de los países del TPP habían hecho campaña durante años contra el acuerdo, retrasando su conclusion después de su fecha límite de 2012 y finalmente llevando a su desaparición.

Ahora que el TPP ha muerto, las 200 organizaciones – incluyendo organizaciones internacionales como la Confederación Sindical Internacional (CSI) y Amigos de la Tierra Internacional, así como decenas de organizaciones nacionales de Australia, Canadá, Chile, Colombia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Corea del Sur, Estados Unidos y Vietnam – creen que los ciudadanos están mejor sin el TPP. Los grupos instan a sus ministros de comercio a resistir cualquier intento de reactivar el TPP mismo o insertar sus reglas en futuras negociaciones comerciales, ya sean bilaterales, regionales o multilaterales.

“Tal como señalamos en su oportunidad, el TPP vulneraba los derechos fundamentales de diversas maneras, incluyendo derechos de propiedad intelectual, derecho a la salud, al medio ambiente, y los derechos de pueblos indígenas, entre otros. También otorgaba derechos a los inversores que deterioraban la capacidad de los estados para asegurar que estos pudiesen garantizar el interés público y la vigencia efectiva de estos derechos,” dijo José Aylwin, abogado y director del Observatorio Ciudadano de Chile. “Por lo mismo rechazamos todo intento de reponer iniciativas análogas, luego de su muerte como consecuencia de la posición del gobierno de Trump en relación a él, con consecuencias adversas similares a los derechos humanos. Lamentamos que el gobierno de Chile tome la iniciativa para convocar a una reunión de los Ministros de Comercio del Pacífico con tal objetivo.”

«Muerto o no, seguiremos vigilando al TPP y cualquier acuerdo de asociación económica basado en el TPP, y lucharemos contra cualquier expansión de la globalización corporativa», dijo Yasuo Kondo de la Acción Popular contra el  TPP en Japón.

 «Estos ministros están en un estado de negación. En lugar de conspirar para resucitar su modelo fracasado en nuevas formas, deberían comprometerse con su gente para desarrollar alternativas reales que puedan satisfacer las necesidades de sus naciones y reclamar alguna legitimidad genuina «, dijo la profesora Jane Kelsey de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda.

«El TPP fracasó porque puso los derechos corporativos por delante de los derechos de las personas y generó tanta oposición que el parlamento australiano no lo aprobó», dijo la Dra. Patricia Ranald, Coordinadora de la Red Australiana de Comercio Justo e Inversiones. «Desafortunadamente algunos gobiernos, incluyendo Australia – están tratando de revivirlo. Instamos a los ministros de Comercio a no repetir la agenda fracasada del TPP en futuros acuerdos comerciales».

“La amplia oposición pública a través de las fronteras derrotó la toma de poder corporativa del TPP. Cualquier propuesta comercial similar diseñada para beneficiar a las élites corporativas a expensas de las mayorías tendrá el mismo destino,” dijo Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Citizens Trade Campaign, con sede en los Estados Unidos. “Es hora de que los acuerdos comerciales apoyen realmente los empleos bien remunerados, el acceso a la medicina, un medio ambiente sano y los derechos humanos en todo el mundo. Un paso vital es traer la formulación de políticas comerciales a la luz del día e involucrar al público en un proceso transparente del comienzo al fin.»

«El TPP constituía una amenaza para los derechos humanos tanto de las personas que viven en los países negociadores del mismo, como del resto del planeta, al ser proyectado como un modelo ejemplar para el crecimiento del mundo, cuando en realidad contenía disposiciones muy peligrosas en áreas sensibles como la salud, la educación, el acceso al conocimiento y el medio ambiente, entre otras,” dijo Andrea Carolina Reyes Rojas de Misión Salud de Colombia. “Celebramos la caída de este nocivo modelo y urgimos a los países de la Región del Pacífico a asegurar que cualquier negociación comercial que se propongan priorice la protección de los derechos humanos por encima del lucro de actores privados.”

Lea la declaración y vea la lista completa de los signatorios organizacionales.

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More than 200 organizations over the world demand no reinstatement of TPP in Chile

9 March 2017

For Immediate Release–As trade ministers from across the Pacific rim prepare to discuss the future of the Trans-Pacific Partnership (TPP) in Chile next week, more than 200 organizations representing citizens across the Pacific Rim urged their governments to accept that the TPP model has failed and to engage in a more open and democratic process to develop genuine alternatives that confront the economic, social and environmental challenges of the 21st century.

When Donald Trump gave official notice of the U.S. withdrawal from the TPP process, he acknowledged the obvious: that the deal died under the weight of its own terms and could not achieve sufficient support in the U.S. Congress to be ratified. Civil society organizations united across the TPP countries had campaigned for years against the deal – delaying its conclusion past its 2012 deadline and ultimately leading to its demise.

Now that the TPP is dead, the 200 organizations – including international organizations such as the International Trade Union Confederation (ITUC) and Friends of the Earth International, as well scores of national organizations from Australia, Canada, Chile, Colombia, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, South Korea, United States, and Vietnam – believe that citizens are better off without the TPP.  The groups urged their trade ministers to resist any attempt to revive the TPP itself or insert its rules into future trade negotiations, whether bilateral, regional or multilateral.

“As we have stated previously, the TPP violated fundamental rights in a variety of ways, including intellectual property rights, the right to health, the environment, and the rights of indigenous peoples, among others. It also granted rights to investors that impaired states’ ability to guarantee the public interest and effectively enforce these rights,” said José Aylwin, a lawyer and director of the Citizens’ Observatory in Chile. “We therefore reject any attempt to recreate similar initiatives after the TPP’s demise in the wake of the Trump administration’s withdrawal, which would have similarly adverse consequences for human rights. We regret that the government of Chile has taken the initiative to convene a Pacific trade ministers’ meeting with such an objective.”

“Dead or not, we will keep watching TPP and any economic partnership agreements (EPAs) based on TPP, and will fight against any expansion of corporate globalization,” said Yasuo Kondo from the People’s Action Against TPP in Japan.

“These ministers are in a state of denial. Instead of plotting to resuscitate their failed model in new forms, they should be engaging with their people to develop real alternatives that can meet their nations’ needs and claim some genuine legitimacy,” said Professor Jane Kelsey from the University of Auckland in New Zealand.

“The TPP failed because it put corporate rights ahead of people’s rights and generated so much opposition that the Australian Parliament has not endorsed it,” said Dr Patricia Ranald, Convener of the Australian Fair Trade and Investment Network. “Unfortunately some governments –including Australia – are trying to revive it. We urge trade ministers not to repeat the TPP’s failed agenda in future trade agreements.”

“Broad public opposition across borders defeated the TPP corporate power grab.  Any similar trade proposals designed to benefit corporate elites at the expense of majorities will meet the same fate,” said Arthur Stamoulis, executive director of the U.S.-based Citizens Trade Campaign. “It’s time for trade agreements to actually support good-paying jobs, access to medicine, a healthy environment and human rights around the globe.  A vital first step is bringing trade policymaking into the light of day and involving the public in a transparent process from start to finish.”

“The TPP constituted a threat to the human rights for the people living in the negotiating countries and also for the rest of the world, as it was designed as an exemplary model for the global growth, when in fact it contained very dangerous provisions in areas such as health, education, access to knowledge and the environment, among others,” said Andrea Carolina Reyes Rojas of Misión Salud from Colombia. “We welcome the fall of this toxic model and urge the countries of the Pacific region to ensure that any proposed trade negotiations prioritize the protection of human rights over the profit of private actors.”

Read the full letter and list of organizational signatories.

El estudio, coordinado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), considera información de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela, lo que permite obtener una panorámica regional sobre el tema.

Hoy fue lanzado a nivel internacional el informe “Los estados latinoamericanos frente a la protesta social”, estudio coordinado Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, y que considera la participación de organizaciones de derechos humanos de ese país, además de Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú y Venezuela.

Teniendo presente que el derecho a la protesta constituye un derecho fundamental para el ejercicio y exigibilidad de otros derechos, y que éste se encuentra configurado por los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, la investigación logra constatar que, “con distintos niveles de gravedad, la respuesta estatal violenta, la criminalización de los militantes y activistas, las políticas públicas que buscan limitar o restringir las protestas y manifestaciones y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos son características comunes a todos los países analizados”.

Asimismo, se perciben “patrones históricos que persisten -entre ellos, el uso abusivo de la fuerza y la criminalización-, y nuevas tendencias -entre ellas, las regulaciones para limitar las protestas-”, que restringen el ejercicio de este derecho. Donde si bien existen algunas experiencias que “muestran la voluntad de desarrollar mecanismos democráticos de gestión de los conflictos; sin embargo, en muchos casos tuvieron dificultades para transformarse en políticas públicas con continuidad”, agrega.

Temas observados y la situación de Chile

Con el propósito de permitir una visión comparada entre los ocho países en estudios, la investigación aborda aspectos normativos –restricciones legales y administrativas-, así como disposiciones y legislaciones especiales utilizadas en algunos de ellos, como son la necesidad de aviso previo para manifestarse y el uso de leyes antiterroristas.

En el caso de Chile, el estudio contó con la participación del Observatorio Ciudadano y la Corporación Humanas, donde se constata uno de los casos más graves de aplicación de este tipo de leyes especiales, “que prevé las penas más altas del ordenamiento jurídico, opera bajo normas procesales que no se adecuan a los estándares de derechos humanos, como el uso de testigos de la acusación anónimos o “sin rostro” y la extensión de la detención preventiva. En una sentencia sobre el uso de esta ley en contra de referentes del pueblo mapuche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  concluyó que esta norma vulnera garantías procesales básicas como la presunción de inocencia y el derecho a responder en libertad, además de que su aplicación se basaba en estereotipos y prejuicios relacionados al origen étnico de los involucrados”.

Al respecto, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, destacó que “el informe aborda uno de los déficit más graves de nuestro país en materia de derechos humanos, toda vez que la protesta social, que es expresión de derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, sigue estando limitada de múltiples maneras. Una de ellas es la permanencia del Decreto Supremo 1.086 de 1983, que establece la necesidad de obtener autorización previa para el ejercicio del derecho de reunión en lugares de uso público. Ello constituye una  paradoja, dado que la propia Constitución garantiza el derecho a reñirse pacíficamente sin permiso previo·”, racalcó.

Otra aspecto “es el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes policiales del Estado, el que se ha pasado a constituir una práctica, en particular en la represión de manifestaciones públicas, y que ha resultado en casos de muerte, tortura y tratos crueles y degradantes, que han sido documentadas por entidades como el INDH. Dicha fuerza ha tenido particular gravedad tratándose de mujeres, niños e integrantes de pueblos indígenas, lo que denota un trato discriminatorio en su contra”. A ello se agrega, “la impunidad generada por la vigencia, hasta hace poco, de legislación que permitía a la justicia militar conocer de estos delitos, lo que sin duda contribuía a la persistencia de esta realidad”. Finalmente, “la criminalización, a través de la ultilización de figuras penales como la ley sobre conductas terroristas, de defensores de derechos humanos en el ejercicio de la protesta social, sigue constituyéndose en un hecho crítico para el ejercicio de este derecho. Por todo lo anterior, es que consideramos de la mayor importancia el conocimiento de este informe por las distintas instancias del Estado, a fin de que se adopten las reformas necesarias para garantizar el ejercicio de la protesta social pacífica en el país”, concluyó.

Por su parte, el abogado del Observatorio Ciudadano y también parte del equipo de investigadores del informe, Felipe Guerra, sostiene que “este estudio presenta una gran cantidad de información actualizada sobre las tendencias en el tratamiento del derecho a la protesta en los diversos Estados Latino Americanos en los últimos años. Sin embargo, la realidad común a los países latinoamericanos es que los Estados suelen responder utilizando la fuerza para contener y controlar las manifestaciones, expresiones políticas y demandas de grupos marginados de los canales formales de diálogo. En este sentido, el caso de Chile es paradigmático. El marco jurídico nacional presenta graves deficiencias respecto a la regulación que hace del ejercicio de los derechos vinculados a la protesta social. Algunas de estas deficiencias se encuentran inscritas en la regulación constitucional. Otras, vienen dadas a nivel de desarrollo legal o reglamentario, pero que arrancan de las faltas de regulación constitucional. Frente a esta situación, las responsabilidades del Ejecutivo y el Congreso al no adoptar normas internas para adecuar la regulación nacional del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión son evidentes”, denunció.

Sin perjuicio de lo anterior, añade Guerra “se observar un cambio positivo en la jurisprudencia reciente de las Cortes y el Tribunal Constitucional en orden a sostener, sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos, la competencia de la justicia ordinaria para conocer de los asuntos que involucran funcionarios policiales como imputados. Por lo mismo, es recomendable que los tribunales ordinarios apliquen estos importantes precedentes y sostengan su competencia en estos asuntos”.

El estudio es el resultado del trabajo colectivo de las siguientes organizaciones: Justiça Global, Brasil; Corporación Humanas, Chile; Observatorio Ciudadano, Chile; CAJAR- Colectivo de Abogados José Álvarez Restrepo, Colombia; Centro Prodh- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, México; Fundar- Centro de Análisis e Investigación, México; Frente por la Libertad de expresión y la protesta social, México; Codehupy- Coordinadora Derechos Humanos Paraguay, Paraguay; APRODEH- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú; Provea- Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos, Venezuela y CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina.

Las versiones en inglés y español del estudio, pueden ser descargadas desde los siguientes enlaces:

• ESPAÑOL: http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/index.html
• INGLÉS: http://www.cels.org.ar/protestasocial_AL/en.html

En estos días se cumplen 10 años desde que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General de la ONU (13 de septiembre de 2007).

En este contexto damos a conocer el análisis de José Aylwin, Director del Observatorio Ciudadano, sobre «El impacto de la Declaración en América Latina: 10 años después», que fuera publicado este año por IWGIA, en «El mundo indígena 2017».

Señalan que carece de una perspectiva de derechos humanos y de directrices internacionales, desconoce la relación existente entre conservación de la biodiversidad y los sistemas vida tradicionales de comunidades locales e indígenas, así como sus formas de gobernanza de áreas protegidas.

Además, consideran que no se hace cargo de los impactos que tiene el modelo de desarrollo extractivista sobre la biodiversidad, ni de la sobreposición de áreas protegidas con tierras y territorios indígenas.

 Por Paulina Acevedo M., Observatorio Ciudadano, 27 de enero de 2017

El Observatorio Ciudadano y el Consorcio TICCA, junto a un conjunto de organizaciones y comunidades indígenas de distintos territorios a lo largo del país, dieron a conocer mediante declaración pública sus reparos a la tramitación del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual adolece de “serias limitaciones desde la perspectiva de los derechos humanos, así como desde la perspectiva de las directrices internacionales de conservación”, afirman.

Constatan, además, que el proyecto “desconoce la estrecha relación que existe entre la conservación de la diversidad biológica y los sistemas de vida tradicionales de muchas comunidades locales y pueblos indígenas” y que “no se hace cargo de las causas de impactos a la Biodiversidad, derivado de un modelo de desarrollo que se basa en la extracción y explotación de recursos naturales”.

Afirman también que la iniciativa fue ingresada a tramitación legislativa “sin un proceso previo de consulta a los pueblos indígenas, consulta que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT constituye un deber del Estado cuando se adoptan medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, como es el caso de esta iniciativa legal”.

Cabe destacar que las comunidades y organizaciones indígenas han manifestado, no solo a lo largo del proceso de consulta iniciado por el gobierno, sino también con anterioridad a este, en favor de que “las iniciativas de conservación de biodiversidad públicas y privadas sean realizadas con respeto a sus derechos, y que se establezcan mecanismos para reconocer y apoyar las iniciativas de conservación indígena”. Considerando que el ingreso de indicaciones por parte del gobierno, antes de que concluya dicho proceso de consulta, atenta con los principios de buena fe que deben orientarla.

Ya que “la decisión del MMA de avanzar en la discusión del proyecto de ley y discutir indicaciones, aun cuando el proceso de consulta indígena no haya concluido, rompe el clima de confianza y respeto mutuos que deben primar en un proceso de consulta de buena fe en una materia tan importante para los pueblos indígenas como lo es la conservación de la biodiversidad en sus tierras y territorios”.

Por lo mismo, piden a la Comisión de Medio Ambiente del Senado suspender el análisis del proyecto de Ley mientras no sean presentadas las conclusiones del proceso de consulta a los pueblos indígenas, y el Ministerio de Medio Ambiente incorpore en sus indicaciones los resultados de este proceso, como una demostración de buena fe y cumplimiento del Convenio 169. Asimismo, solicitan que “en las próximas etapas de la tramitación de este proyecto de ley analizarán sus contenidos, abrir un espacio para escuchar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y recoger sus propuestas sobre la materia”.

Declaración pública adjunta a esta noticia y en el siguiente enlace: https://observatorio.cl/proyecto-del-servicio-de-biodiversidad-y-areas-protegidas-y-el-deber-de-consulta-a-los-pueblos-indigenas/

SANTIAGO, 25 ene 2017 (IPS) – Las tierras donde habitan los mapuches en el sur de Chile viven una espiral de violencia, que una comisión presidencial plantea desactivar con 50 propuestas, como el reconocimiento constitucional a los indígenas y su representación en el parlamento, en un primer cambio al trato del Estado a los pueblos originarios. 

La mandataria Michelle Bachelet recibió el lunes 23 las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial para afrontar el conflicto en la región de La Araucanía, principal asiento del pueblo mapuche, que suma la mitad del millón de indígenas que hay en este país sudamericano de casi 18 millones de habitantes.

Los líderes mapuches y quienes les respaldan tildan de “provocadores” a los policías enviados a la región, a los que acusar de haber “militarizado” la zona, mientras las empresas forestales y los dueños actuales de la tierra califican de “terroristas” a los indígenas y piden mano dura contra ellos.

Entre las propuestas de la Comisión, instituida en julio de 2016, también están las de crear un registro nacional de víctimas de la violencia e indemnizarlas, apoyar el desarrollo económico mapuche, el mayor pueblo originario chileno, y resolver el tema de la adquisición de sus tierras para devolvérselas a los indígenas.

Además, planteó que la presidenta “debiera manifestar públicamente, en representación del Estado de Chile, una petición de perdón por las consecuencia que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche y a todas las demás víctimas de la violencia en la región”.

El paquete de propuestas llega después de que al comenzar el año se produjeron en áreas rurales de La Araucanía más de una decena de atentados incendiarios en contra de camiones de empresas forestales y de galpones por parte de desconocidos que, en algunos casos, dejaron panfletos con reivindicaciones del  movimiento mapuche.

Los ataques tuvieron su cénit en torno al 3 y 4 de enero, fechas marcadas en la lucha indígena por sus derechos, en recuerdo de las muertes de Matías Catrileo (2008), un joven mapuche víctima de un disparo policial, y del matrimonio Luchsinger Mackay (2013), dos ancianos que perecieron en su vivienda, quemada por agresores aún sin identificar.

La empresarial Sociedad de Fomento Fabril, a la cual pertenecen las dos principales empresas forestales que explotan madera en La Araucanía, sostuvo que en esa región “ya no impera el estado de derecho” y que “es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen”.

“No es una ausencia de Estado de derecho, es una falta de respeto y transgresión a los derechos humanos de un pueblo. Eso es lo grave. Es el mismo Estado el que vulnera sus derechos. Hablar de una ausencia de Estado de derecho es solo usado para meter a los militares al territorio”, aseguró a IPS el sacerdote Carlos Bresciani, de la misión jesuita que habita en el pueblo de Tirúa, en el área del conflicto.

“Aquí todo funciona, la gente vive la vida con normalidad, siembra, cosecha, va a hacer sus trámites, trabaja. Los que hablan de falta de Estado de derecho jamás han vivido aquí. Aquí no estamos en guerra. No corren las balas por encima ni hay bombas que destrocen ciudades”, comentó en un diálogo telefónico.

Al presentar las conclusiones de la Comisión de 20 miembros, su líder, el obispo católico Héctor Vargas, afirmó que La Araucanía “es una región herida y fragmentada” que enfrenta “una gradual agudización de su problemática”.

Esa problemática, explicó el obispo de Temuco, capital de La Araucanía, “se refiere a la deuda histórica con el pueblo mapuche, a la situación dramática de las víctimas de la violencia rural y a los muy preocupantes indicadores que nos ubican como la región más pobre del país”.

“Se ha venido generando así una triple postergación del Estado respecto de esta tierra y su gente” dijo Vargas, añadiendo que estos problemas son difíciles de abordar porque “generan visiones y posiciones contradictorias y sentimientos muy profundos de dolor,  impotencia y resentimiento”.

El obispo urgió a poner fin a la violencia “antes que el odio termine con nosotros…si queremos desarmar las manos, debemos desarmar los  corazones”.

Para José Aylwin, director del no gubernamental Observatorio Ciudadano, las propuestas de la Comisión carecen de “un enfoque de derechos”, por ejemplo en lo referido a las tierras ancestrales ocupadas.

“Se reconoce una deuda histórica con el pueblo mapuche, pero no se hace un análisis de en qué consiste  esa deuda y menos de las causas históricas y actuales profundas de la violencia hoy existente en la Araucanía”, declaró a IPS.

“No se menciona la violencia de los agentes policiales en contra de los mapuche ni tampoco el fomento a la industria forestal que ha resultado en la consolidación de una propiedad forestal de 1,5 millones de hectáreas al sur del río Bío Bío”, sostuvo Aylwin.

La propuesta de la Comisión, adujo, “se hace cargo de la exclusión política proponiendo formas de representación especial indígena, pero no se hace cargo de otras opciones como la autonomía y autodeterminación en zonas de alta demografía indígena”.

“El sesgo hacia el desarrollo productivo es claro, habla de nuevos rubros productivos, como los frutales, pero incluye en estos a la celulosa”, que interesa a las empresarios forestales, aseveró el director del Observatorio.

El ministro del Interior, Mario Fernández, admitió durante una interpelación en el Congreso legislativo el mismo lunes 23 que en La Araucanía “hay terrorismo, pero también  una atmósfera de violencia que tiene otras raíces”.

“No vamos a  resolver ni con represión ni con candidez un problema que lleva siglos. Estado de derecho no significa derecho a reprimir, significa respetar los derechos de las personas”, dijo.

Bresciani subrayó que el uso de la palabra violencia en La Araucanía “es tendencioso y busca crear un clima enrarecido y claramente discriminador en torno a las demandas sociales del mundo mapuche”.

“El término violencia ha sido coaptado por un grupo ideológico de derecha y empresarial que quiere crear ese escenario para justificar mayores medidas de judicialización y sobre todo militarización del territorio…por lo tanto de represión”, planteó.

Según el jesuita, la violencia en La Araucanía “es ejercida por el modelo político y económico neoliberal extractivista” y “hay una causa histórica más antigua que tiene que ver con la usurpación de las tierras que el pueblo mapuche tenía y que lo redujo a pobreza y humillación”.

Bresciani cree que una solución se alcanzará “cuando vean este conflicto como político y no judicial o policial o de pobreza. Y a partir de ahí tomar medidas para asegurar el reconocimiento de los pueblos originarios y la devolución de tierras”.

“Tenían 10 millones de hectáreas cuando los invadieron y ahora tienen entre 500 y 900 mil”, sostuvo.

Isolde Reuque Paillalef, una de las tres mujeres de la Comisión y la única dirigente social indígena, consideró que “hay una mirada nueva y conocedora” tras escuchar a las víctimas de la violencia de ambos lados.

Pero “va a depender también de quienes estén apoyando a los grupos más violentos, porque la violencia ya no es solo violencia…deben haber otros intereses”, advirtió en diálogo con IPS.

(Recuadro, información adicional) La Araucanía, foco de pobreza

En la región, la pobreza por ingresos cayó de 27,9 por ciento a 23,6 por ciento, pero está muy por encima del promedio nacional de 11,7 por ciento, según la última encuesta oficial al respecto.

Además, la llamada pobreza multidimensional afecta a más de 30 por ciento de la población regional, frente al promedio nacional de 19,11 por ciento.

De hecho, en La Araucanía están los cinco de los siete municipios con mayor pobreza multidimensional de Chile y el ingreso regional medio es de 382 dólares mensuales, muy por debajo del promedio nacional de 562 dólares.

La reacción de la Cancillería chilena, ante la salida oficial de Estados Unidos del Tratado Transpacífico, no se hizo esperar. El mismo día que el Presidente Donald Trump firmó el documento que retira a su papis del Tratado, Heraldo Muñoz en compañía de Paulina Nazal, directora general de la Direcon, anunció que el gobierno de Chile no persistirá en el envío del proyecto al Congreso.

Pese a los ánimos de modificación de la cláusula de entrada en vigencia, por parte de algunos de los países suscriptores, que permitirían un TPP sin Estados Unidos, el canciller afirmó que «el TPP tal cual lo conocíamos ya no está en la mesa de discusión. Evidentemente no hay posibilidad de mandar un proyecto que no incluye a Estados Unidos, porque esa es una de las cláusulas que están en el acuerdo».

Al respecto, la plataforma Chile Mejor sin TPP consideró “un triunfo” que el Gobierno haya decidido no continuar con el TPP. Sin embargo, estimó como “preocupantes” las declaraciones del canciller Muñoz sobre la persistencia en la apertura al mundo, con especial énfasis en la integración con los países de la zona Asia-Pacífico, muchos de los cuales eran parte del TPP, por lo que se podrían replicar las condiciones geopolíticas y comerciales del fracasado acuerdo. De hecho, Muñoz indicó que se encuentran renegociando acuerdos de libre comercio con China e Indonesia.

Lucía Sepúlveda de RAP-AL, considera necesario destacar que las razones de Trump para oponerse al TPP son diametralmente distintas a las que Chile Mejor sin TPP ha evidenciado.

“En oposición a Trump, que busca relaciones comerciales que sólo  beneficien a los Estados Unidos sin considerar el respeto por el medio ambiente, la soberanía alimentaria, los derechos fundamentales de las personas  y los derechos particulares de los pueblos indígenas; como plataforma consideramos necesario transitar a un sistema económico que tenga en consideración todo aquello” afirmó Sepúlveda.

Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, advirtió que “si bien es cierto que el TPP ya no tiene viabilidad, vendrán nuevos acuerdos comerciales que utilizarán la misma estructura base y tendrán los mismos alarmantes alcances de este acuerdo, el que ha concitado pronunciamientos de relatores y expertos de Naciones Unidas y la máxima preocupación de la Comisión Interamericana, dada su abierta violación a derechos humanos”. También señaló que, “de hecho el tratado entre Chile y Uruguay recién suscrito, y el TISA, centrado en el ámbito de los servicios y que en la actualidad negocian más de 50 países, poniendo en peligro lo poco que nos queda de público, tiene también la misma configuración y riesgos”.

Asimismo, indicó que esta afectación que tienen los acuerdos comerciales a los derechos humanos, no solamente por la solución de controversias o los límites a la soberanía nacional, es uno de los puntos más graves que tiene esta apertura comercial globalizada a través de este tipo mega acuerdos. “Por lo que es urgente, y un deber del Estado desde 2010 en los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH de la ONU, medir los impactos que tienen estos acuerdos en derechos humanos, entre los cuales se encuentra la consulta indígena, antes de suscribirlos” remató.

Carlos Figueroa, militante de Revolución Democrática, afirmó que el libre comercio, de la manera que lo conocemos hoy, tiene sus días contados. Esto, “porque siempre se ha puesto como prioridad los intereses de las grandes corporaciones y no los intereses de los chilenos y chilenas. Es hora de ser valientes y plantear una nueva manera de comerciar que considere el medio ambiente, los derechos sociales, las condiciones laborales, un acceso digno a la salud y que no hipotequen nuestra democracia».

Figueroa agrega que “nosotros buscamos un comercio justo, que tome en consideración el impacto en el cambio climático y la dignidad que deben tener todos los trabajos. Chile necesita comerciar, somos un país pequeño, pero eso no significa que tenemos comerciar de cualquier manera. Tenemos que atrevernos a poner condiciones al comercio”.

Contacto:

• Loreto Contreras +56 9 5772 2441

El estudio, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y DDHH, considera casos de violencia y criminalización contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones, en un contexto de conflictos sociales en escalamiento.

Asimismo, desataca entre las causas que originan estos escenarios, la competencia por la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios de participación e incidentes para las comunidades y pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.

 Por Paulina Acevedo, Observatorio Ciudadano, 20 de enero de 2017.

En el marco de un desayuno con distintas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, fueron presentados los resultados del Informe “Foco sobre Defensores/as de Derechos Humanos bajo amenazas y ataques en América Latina”, elaborado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, organización internacional con sede en Londres, que monitorea de acuerdo a lineamientos internacionales las afectaciones a derechos humanas por parte de empresas y corporaciones a lo largo del mundo.

Este es el segundo informe que produce dicha organización bajo el mecanismo de respuesta de las empresas, las que son requeridas por ésta ante denuncias de vulneración a estos derechos fundamentales. Desde este modo, desde septiembre 2013 hasta diciembre de 2016, el Centro contactó en 156 ocasiones a empresas respecto que reportaban abusos contra de defensores y defensoras, respondiendo el 43.8% del total.

El informe subraya que una de las problemáticas más serias de la región en el ámbito de empresas y derechos humanos en los últimos años son los ataques a las libertades civiles y a las y los defensores de derechos humanos. Experimentando América Latina un alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones. Como evidenció el  informe de 2016 de Global Witness, que reporta 185 casos de activistas ambientales asesinados durante 2015, dos tercios de ellos en América Latina.

El informe fue presentado por Amanda Romero, investigadora y Representante para Suramérica del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Karen Hudlet, investigadora y Representante para México, Centroamérica y el Caribe del mismo Centro. Contándose además con comentarios a los resultados y alcances del informe, por parte de José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano.

Siguiendo los lineamientos de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU (2010), y los estándares fijados en la Declaración de los defensores de los derechos humanos (1998), ambos de Naciones Unidas, donde este último reconoce como defensor a toda persona que defiende derechos propios o de terceros, basado en los instrumentos de derechos humanos, y que no recurre a la violencia, el informe evidencia que el mayor número de casos de vulneración produce en los sectores energético (41%), minero (27%), construcción (13%) y agrícola, alimentos y bebidas (12%), incluyendo muertes (36), desalojos (34) y golpizas o diferentes formas de violencia (27), siendo los países de mayor ocurrencia Colombia, México, Guatemala, Honduras y Brasil.

Comentarios y conclusiones

Tras la presentación del informe, Amanda Romero recalcó que este “aumento radical en los ataques y amenazas, en la mayoría de los casos se da en sectores donde hay conflicto por los recursos naturales. Ataques que incluyen también el uso de la herramienta penal para la persecución de los defensores”. Asimismo, sostuvo que es común el uso de la intimidación o medidas directas de los gobiernos, como por ejemplo procesos de expropiación u órdenes de desalojo, “para imponer un proyecto de inversión en razón del desarrollo”.

En cuanto al proceso recolección de información y de consulta a las empresas en el marco del informe, la investigadora Karen Hudlet destacó que “en general no existen códigos de conducta en la mayor parte de las empresas, y que la primera reacción de estas al ser requeridas frente a los hechos que se denuncian, es negar cualquier involucramiento, y en los casos en que esto es evidente, siempre negando participación en la transgresión, responden que condenan el hecho”. Por eso, afirma Hudlet, “garantizar la libertad de expresión es fundamental para la visibilidad de estos hechos”, apuntando a las amenazas de las que son víctimas también periodistas y comunicadores que dan cobertura a estos hechos.

De importancia es también, agrega Romero, “no olvidar considerar los contextos de conflictividad social y de desigualdad en que se producen estos hechos, donde las empresas no pueden beneficiarse de la conflictividad social que tienen sus proyectos para imponerlos”. Señala, por lo mismo, que es “vital que los gobiernos actúen para salvaguar los derechos de las personas que son vulnerados, no sacándolas de sus territorios para resguardarlas, pues ello las aleja de sus demandas y comunidad”, puntualizó.

José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano, quien comentó los resultados del informe, destacó que este: “llega al país en un momento muy significativo, donde la situación de los defensores de Derechos Humanos ha llegado a un estado crítico”. Como permite ver un informe reciente del Observatorio de Defensores de la OMCT-FIDH sobre tierras, así como un estudio de OCMAL (2015) en el cual se registran 161 casos de conflictos relacionados con la minería, principal producto de exportación del país, y el mapeo de conflictos socioambientales realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde la mayor parte de los 102 casos catastrados corresponden al sector energético, 40 de los cuales involucran a pueblos indígenas y 90 están vinculados al derecho al agua.

Aylwin resaltó a su vez el impacto que tienen los acuerdos comerciales y de inversión en la generación de estos escenarios de conflictividad, ya que “detrás de esto hay una región abierta a la inversión externa, también entre países de América Latina, siendo varios los países que mantienen inversiones fuera de sus fronteras”. De hecho, cerca del 80% de las inversiones chilenas fuera de fronteras, “destacando el caso de Codelco, con situaciones de denuncias por vulneración de derechos en Ecuador, o la empresa Arauco, acusada de impactar al pueblo Guaraní, en Misiones, Argentina, como dio cuenta un informe del Comité DESC”.

París, Santiago, 13 de enero de 2017. La FIDH, junto a su organismos miembros en Chile, el Observatorio Ciudadano, la Corporación Codepu y con la colaboración de la Corporación Humanas, han llevado a cabo desde al 09 al 13 de enero una Misión internacional a Chile con la finalidad de investigar la situación de los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres y en particular el debate sobre el aborto.

La Misión estuvo compuesta por Elsie Monge; Vice Presidenta de la FIDH y Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos de Ecuador; Selma Hajri, Doctora en endocrinología y investigadora en salud reproductiva de Tunez; Antoine Bouhey, encargado del Área de Derechos de las Mujeres y de Migrantes de la FIDH. La Misión contó para su desarrollo con el apoyo de José Araya, del Observatorio Ciudadano, y Camila Maturana, de Corporación Humanas.

La Misión ha realizado diversas entrevistas con representantes del gobierno, del parlamento, de instituciones públicas del sistema judicial y organizaciones académicas, sociales y  feministas para conocer sus opiniones y acciones sobre el aborto y el proyecto de ley sobre aborto en tres causales que tramita actualmente el Senado de Chile.

Los hallazgos preliminares de esta misión muestran que:

– La criminalización del aborto en Chile constituye una violación grave a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que deberían ser promovidos y protegidos por el Estado chileno como todos los derechos humanos. En la realidad,  la criminalización impone graves riesgos a la salud y la vida de las mujeres y niñas que deciden abortar, especialmente cuando no cuentan con los recursos y la información para acceder a un aborto seguro. Además, se ven expuestas a ser denunciadas por médicos y personal de salud y a enfrentar riesgos de persecución penal, que vulneran particularmente las mujeres pobres y las mujeres indígenas.

– El proyecto que presentó el gobierno y que tramita el parlamento constituye un avance en tres causales sobre el aborto, que no obstante queda limitado respecto a las recomendaciones y decisiones de los órganos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al aborto.

– Además, el proyecto de ley ha sufrido modificaciones particularmente preocupantes durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Para asegurarse que el proyecto de ley no sea diluido o impracticable, el Senado debe reforzar este proyecto en las tres causales, en particular respecto a: la confidencialidad de la atención médica a abortos inseguros; los plazos de la causal violación; la objeción de conciencia; la denuncia del delito de violación sexual por parte del establecimiento de Salud al Ministerio Público; la garantía judicial para niñas menores de 14 años que no cuentan con autorización de su representante legal; la información sobre la ley.

– Los alcances y efectos de proyecto deberán evaluarse luego de sus ejecución, pero no pueden implicar un cierre de la discusión sobre este derecho de la mujeres. Tampoco puede implicar una  estigmatización o criminalización a las mujeres y organizaciones que defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas que esta ley no protegerá.

Producto de esta misión de investigación, la FIDH presentará en abril de 2017 un informe sobre el aborto en Chile con recomendaciones considerando los estándares y avances sobre este tema en el sistema internacional de derechos humanos.

Más de una veintena de organizaciones sociales e indígenas, además de destacados académicos, suscribieron una declaración donde dan a conocer sus planteamientos y críticas al Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y al que se han presentado indicaciones tanto por parte el gobierno como por parlamanentarios.

En la comunicación, que se hizo llegar a los distintos congresistas, las organizaciones manifiestan que de mantenerse las deficiencias que presenta el proyecto de ley y persistir la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorarlo significativamente, exigen que sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.

En relación a los derechos de pueblos indígenas y el proceso de consulta previa al que debe ser sometido el proyecto por las implicaciones que este tiene para los derechos de estos pueblos, el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, señaló que «resulta impresentable el que las indicaciones propuestas por el Ministerio de Medio Ambiente a este proyecto de ley se refieran a una amplia gama de materias que afectan directamente a los pueblos indígenas, y que estas hayan sido realizadas sin esperar la conclusión del proceso de consulta indígena convocado por el mismo Ministerio, el que ha involucrado a un número significativo de comunidades a lo largo del país».

Lo anterior, debido a que con «ello se vulnera uno de los principios básicos del  derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a este tipo de medidas legislativas reconocido en el Convenio 169 de la OIT, cual es el de la buena fe».

Finalmente, el abogado destaca que esto «ocurre además en un momento crítico de las relaciones entre pueblos indígenas y estado, en que las confianzas están muy deterioradas. Por lo mismo esto puede contribuir a deteriorar aún más la ya frágil convivencia interétnica en el país», aseguró.

A continuación, ponemos a disposición la minuta elaborada por las organizaciones y entregada a los parlamentarios:

Sobre la tramitación del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Boletín N° 9404-12 6 de enero de 2017

Las organizaciones que suscriben consideran:

1. La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es la última pieza para culminar un proceso de adecuación de la institucionalidad ambiental en Chile. Este debería hacerse cargo de las deficiencias que la actual institucionalidad pública tiene, con respecto la gestión de la biodiversidad. La que hasta ahora sólo ha tenido una aproximación sectorial, basada en una mirada concentrada únicamente en recursos, dispersión y sobreposición de competencias, falta de recursos humanos y financieros, entre otras falencias detectadas y sugeridas a resolver incluso por la OCDE. Confiábamos en que el proyecto de ley comprometido por la actual administración propusiera soluciones a estas falencias. Sin embargo, el proyecto de ley (PL) en discusión, no aborda las deficiencias detectadas, sino que por el contrario, consolida lo que precisamente se esperaba eliminar: una mirada fraccionada del territorio y enfocada solamente en recursos. El PL ignora la dimensión genética y excluye de la gestión del Servicio aquellas especies marinas de valor comercial, sin comprometerse siquiera con integrar o coordinar su gestión con los ministerios sectoriales que hoy tienen potestad sobre estos recursos.

2. El PL ignora el carácter patrimonial de la diversidad biológica y es erróneo en su concepción, adoleciendo de serios problemas conceptuales en sus definiciones operacionales. De hecho, tiene una definición errónea del concepto de biodiversidad.

3. El PL genera un Servicio básicamente reactivo, sin capacidad de abordar ninguna de las grandes tareas ambientales a las que Chile se ha comprometido, ignorando de plano los instrumentos que pudiesen ser creados para integrar verdaderamente la gestión de la biodiversidad al desarrollo de la nación en todos sus niveles; genético, especies y ecosistemas. No responde a resolver los problemas de nuestra institucionalidad sino que los agrava.

4. El PL es deficiente técnicamente, no entrega garantías mínimas de protección a la biodiversidad y es una clara muestra de la poca importancia que le asigna el Estado de Chile a proteger la naturaleza presente en el territorio; tierra y mar.

5. Las modificaciones introducidas por el Ejecutivo en diciembre de 2016, sólo vienen a disminuir la calidad técnica del proyecto de ley que se presentó en 2014 y a desfavorecer la protección de áreas que resulta esencial proteger.

6. El PL no avanza en una gestión integrada de la conservación de la biodiversidad del territorio nacional en su totalidad, considerando sus diferentes ecosistemas como parte de un todo.

7. El PL viola el artículo 3 de la Convención de Washington ratificada por Chile, al modificar y desafectar áreas protegidas (AP) a través de actos administrativos y no mediante procesos legislativos.

8. El PL vulnera el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile, en cuanto no se realizó una consulta indígena previa a la elaboración del PL y se realiza la tramitación del PL mientras se encuentra sin concluir el proceso de consulta. Esto es grave, por cuanto además de vulnerar un derecho reconocido en un tratado internacional, que mandata a consultar medidas legislativas con los pueblos indígenas en miras a llegar a acuerdo o consentimiento sobre las materias consultadas, vuelve a romper las frágiles confianzas existentes entre el mundo indígena y el Estado, en una materia tan importante como lo es la conservación de la biodiversidad.

9. El PL contraviene la Convención relativa a las Zonas Húmedas de Importancia Internacional (RAMSAR), pues elimina los Humedales como categoría de AP y permite su intervención, y no favoreciendo la conservación de las zonas húmedas y de las aves acuáticas presentes en ellas, así como de las aves migratorias que utilizan estos sitios.

10. El PL carece completamente de una visión adecuada de los océanos, existe una ausencia de un enfoque apropiado sobre los ecosistemas marinos, considerando las especies hidrobiológicas como “recursos” y traspasando las funciones que deberían corresponder al Servicio de Biodiversidad a Subpesca o Sernapesca.

11. Nos preocupa que en el gobierno no exista ninguna voluntad política para tramitar este proyecto en conjunto con el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal, lo que puede generar un conflicto con los trabajadores de CONAF.

12. El PL no da garantías a los trabajadores de Conaf, que serán traspasados al futuro SBAP, de que se respeten sus derechos laborales fundamentales.

Contenido del proyecto de ley aprobado en marzo de 2015, sumado a la indicación ingresada por el Ejecutivo, en diciembre de 2016:

a. En términos generales, se aprecia desorden en las indicaciones y repeticiones. Hay confusión en los conceptos técnicos básicos. Se incorporaron el tema genético y áreas de conservación de pueblos indígenas.

b. Se eliminan definiciones coma la de “principio de responsabilidad”, “corredor biológico” y su reconocimiento como áreas de soporte de la conservación, “costa o costero”, “especie silvestre”, y se realizan modificaciones en definiciones con poca fortaleza técnica, como es el caso de “especie nativa” y “parque marino”. En general, las definiciones de las áreas protegidas están muy mal planteadas.

c. Sobre funciones y atribuciones del Servicio, se eliminan varias facultades que el proyecto le otorgaba a éste, subsumiendo dichas funciones en artículos más amplios o eliminando derechamente las atribuciones. Se eliminaron atribuciones como el fomento de la creación de áreas protegidas, la fiscalización del cumplimiento de Ley de recuperación del bosque nativo, y elaborar y administrar inventarios de especies y de ecosistemas. Sobre instrumentos económicos de conservación de biodiversidad, el Servicio se limita a certificar prácticas sustentables en algunas áreas protegidas. Sobre representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, el Servicio debe cumplir las metas de representatividad de ecosistemas en el sistema de áreas protegidas, sin establecer cuáles son esas metas y solo conforme al presupuesto disponible. En materia de Evaluación de Impacto Ambiental se mantiene la participación del Servicio como órgano de la administración con competencia ambiental; sin dotarlo de robustas atribuciones en la materia, ni dotarlo de facultades para el otorgamiento de Permiso Ambiental Sectorial alguno.

d. Se elimina la atribución del Director Nacional del Servicio de proponer al Ministerio de Medio Ambiente el programa anual de trabajo del Servicio e informarle su cumplimiento.

e. Se elimina de las categorías de áreas protegidas los Humedales de Importancia Internacional o Sitios Ramsar, los que deberán ser declarados áreas protegidas bajo alguna de las categorías establecidas en el proyecto de ley. Se agrega un párrafo nuevo para un inventario de humedales, definir criterios de uso sustentable de humedales y acceder a un permiso para la alteración física de humedales.

f. La creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas queda establecida por decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente y el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS), un reglamento establecerá una etapa de consulta pública. Con ello se mantiene la violación a la Convención de Washington, en virtud de la cual el Estado de Chile se obligó a que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni se enajenara parte alguna de ellos sino en virtud de una ley.

g. Se requerirá del pronunciamiento del CMS para: la clasificación de ecosistemas, para la creación de las áreas protegidas privadas, determinación de sitios prioritarios, clasificación de ecosistemas según estado de conservación, declarar áreas determinadas como ecosistemas degradados, nómina de especies calificadas como especies exóticas invasoras, entre otras. En general se fortalece el rol CMS en materia de biodiversidad.

h. Sobre concesiones en Áreas Protegidas, se señala la posibilidad de establecer infraestructura en ellas, pero no indica de qué tipo y tamaño. La duración de concesiones es de 30 años. En el Comité Técnico para otorgar concesiones faltan actores, como representantes de educación, investigación, ONGs locales, y pueblos indígenas, entre otros.

i. En las indicaciones presentadas no se hace reconocimiento de los territorios y áreas que están siendo conservadas por comunidades indígenas y locales, de la participación indígena en las iniciativas de conservación del Estado, ni de los aportes de sus conocimientos y prácticas tradicionales en la conservación de la biodiversidad.

j. No existe un correlato en la tramitación actual, pues se van a ir dejando de lado los artículos que, de acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, son materia de consulta indígena y que están entre los artículos que se van aprobando o rechazando, toda vez que el Ejecutivo no ha ingresado las indicaciones que son resultado del proceso de consulta indígena. Cabe señalar además que en el proceso de consulta indígena se han abordado materias como el objeto de la ley, sus principios fundantes, el sistema nacional y las categorías de áreas protegidas, la modificación y desafectación de las áreas protegidas, su administración, los planes de manejo y la participación de las comunidades aledañas, concesiones de áreas protegidas, áreas protegidas privadas, los demás instrumentos para la conservación de la biodiversidad, las prohibiciones y las sanciones en áreas protegidas, que por su naturaleza son susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, en que la visión indígena quedará excluida.

k. No se implementan mecanismos de participación permanente y efectivos para que los pueblos indígenas y comunidades locales puedan incidir en los procesos de toma de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior redunda en que el proceso de toma de decisiones así como la implementación de los diversos instrumentos para la conservación de la biodiversidad no incorporan factores interculturales, de modo tal de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas y comunidades locales reviste su relación con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han ocupado y utilizado de alguna otra manera.

Historia de la tramitación legislativa 2014-2017

El 18 de junio de 2014, ingresa al Congreso a través del Senado, el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), boletín 9404-12, como parte de los 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno de la actual administración.

Ante las deficiencias presentes en la iniciativa se conformó una comisión técnica integrada por académicos, representantes de organizaciones que trabajan en materias socio-ambientales y de conservación, asesores parlamentarios y un equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Esta instancia sesionó al menos 15 veces entre septiembre y diciembre de 2014.

En base a los acuerdos alcanzados por esta comisión técnica se elaboró un protocolo, en el cual se establecieron los lineamientos que debiera tener una indicación del Ejecutivo a dicho proyecto. El 4 de marzo de 2015, en la sesión de sala del Senado se aprobó en general la idea de legislar con 29 votos a favor, 2 abstenciones y un pareo, y se abrió un plazo de casi 90 días para el ingreso de la indicación comprometida por el Ejecutivo como de indicaciones parlamentarias. Los senadores hicieron más de 1.200 indicaciones al proyecto de ley, sin embargo, el Ejecutivo representado por el Ministerio de Medio Ambiente no presento los cambios comprometidos.

En paralelo, y desde la presentación del proyecto, diversas organizaciones de pueblos indígenas y no gubernamentales hicieron ver al Ministerio del Medio Ambiente su malestar por la exclusión de estos pueblos en el proyecto de ley y el desconocimiento de los aportes que estos hacen a la conservación de la biodiversidad, exigiendo el desarrollo de un proceso de consulta de sus contenidos de conformidad al Convenio 169 de la OIT ratificado por Chile. Luego de una negativa inicial, el Ministerio decidió convocar en enero de 2016 a un proceso de consulta a los pueblos indígenas. En este proceso que se inició en abril de 2016 y que aún no ha concluido, el Ministerio hizo extensiva la consulta no solo a aquellas materias que decían relación con la creación y gestión de áreas protegidas, que podían ser coincidentes con las tierras ocupadas o utilizadas ancestralmente por los pueblos indígenas, sino también a los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos, pertinentes a la conservación de la biodiversidad.

Después de más de un año y medio de inactividad, el 11 de octubre de 2016, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado recibió al Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, para hablar sobre el estado de avance de las indicaciones que el Ejecutivo comprometió formular respecto del proyecto del SBAP en marzo de 2015. En esa ocasión los senadores acordaron, en base a una propuesta del Senador Walker, empezar a revisar las indicaciones que no necesitaban apoyo del Ejecutivo.

El 25 de octubre se reabrió la tramitación del proyecto y comenzó el estudio de las indicaciones. De las 1.238 indicaciones parlamentarias, la secretaría de la comisión estimó que 538 eran inadmisibles. Se acordó en una reunión posterior entre el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y los asesores parlamentarios, trabajar conjuntamente en un mecanismo para destrabar las indicaciones consideradas inadmisibles.

Para la sesión de la comisión del 22 de noviembre el nuevo presidente de la comisión, el Senador Walker, señala que se votarán indicaciones inadmisibles la próxima sesión de la comisión. El ministro de medio ambiente menciona que la consulta indígena relacionada a este proyecto de ley concluye en diciembre del 2016.

En sesión del 29 de noviembre, el presidente de la comisión con el acuerdo de los parlamentarios presentes declaró inadmisibles todas las indicaciones propuestas por la Secretaría de la Comisión, desestimando el trabajo realizado por el grupo de asesores parlamentarios y el MMA.

El día 13 de diciembre se abrió plazo de 6 días para el ingreso de la indicación del Ejecutivo.

El 20 de diciembre se reanudó la votación, en particular de las indicaciones al proyecto SBAP, y se acelerará su tramitación en enero de 2017 con dos sesiones por semana.

Debido a todo lo anterior es que consideramos imperativo, ante la falta de voluntad política del Ministerio de Medio Ambiente a la hora de introducir los cambios necesarios para mejorar significativamente el Proyecto de Ley, que este sea retirado del proceso de tramitación en el Senado.

Suscriben: Agrupación Biosfera CODEFF Comunidad Agrícola de Los Diaguitas Huasco Altinos Comunidad Atacameña de Toconao Comunidad Fotüm Mapu de Caleta Andrade Comunidad Kawésqar Residente en Puerto Edén Comunidad Nahuelquin Delgado de isla Traiguen Comunidad Pu Wapi de Melinka, Consorcio ICCA Conservación Marina Corporación Jardín Botánico Chagual Corporación Puelo Patagonia Ecosistemas FIMA -ONG Fundación Terram Greenpeace Chile Geute Conservación Sur ONG Qarapara Tortugas Marinas Chile ORCA Chile Parque Cordillera Parques para Chile Observatorio Ciudadano Sociedad Botánica de Chile FENASIC – Conaf.

• Académicos: Alberto Tacón Eduardo Fuentes Javier Simonetti Jose I. Sepúlveda Verónica Morales.

El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam emitió un primer comunicado desde los bosques de la Cordillera del Cóndor para expresar a nombre de mil familias originarias que no permitirán bajo ningún concepto ni argumento «que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo».

Mediante una Carta al país y al mundo señalan que el Presidente Rafael Correa «debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares».

Reafirman que «el único camino cierto para acabar con este camino de destrucción -que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo».

El comunicado invoca a todos los habitantes del Ecuador y de Morona a unirse a la demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno un diálogo serio que respete la vida como pueblo originario.

Refutan que el Presidente Rafael Correa: diga que hace minería para sacar al pueblo Shuar de la pobreza, «porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura».

Precisan que más de un 38 por ciento del territorio Shuar Arutam está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago están concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica está a punto de ser construida. La pregunta es «¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?».

A continuación reproducimos el texto completo de la Carta al país y al mundo.

Pueblo Shuar Arutam: Carta al país y al mundo

Acuerdo Ministerial 255-07.SEP-2016

En algún lugar de la Cordillera del Cóndor 04-01-2017

A mis hermanos shuar, a los indígenas Amazónicos y de los Andes, a los hombres y mujeres del Ecuador y del Mundo.

Cómo muchos de ustedes conocen, hemos pasado por días muy peligrosos para nuestro pueblo y esos días aún no han terminado y son probablemente solo el inicio de una gran disputa territorial que ha generado el Gobierno Nacional contra el Pueblo Shuar Arutam.

Nuestra selva se ha teñido con lágrimas, angustia y sangre y los senderos y caminos que antes transitábamos en paz ahora se han vuelto inseguros y peligrosos. Han pasado casi 30 años cuando los ecuatorianos hablaron de nosotros como los guerreros del Cenepa, defensores del Ecuador, al cual pertenecemos.

Pero ahora es necesario que por nuestra propia voz conozcan quienes somos nosotros, porque nadie nos ha preguntado sino que han hablado a nombre nuestro: el gobierno, dirigentes sociales y políticos mal o bien intencionados.

Nosotros nacimos aquí en esta inmensa selva de la Cordillera del Cóndor y las riberas de los río Zamora y el Santiago. No conocimos de alambre de púas ni de propiedad privada. El Estado declaró que eran tierras baldías y organizó la colonización de nuestras tierras, con la misma decisión y autolegitimidad de cualquier colonizador. Cuando los colonos llegaron a esta tierra, les recibimos bien, porque sabíamos que eran gente pobre y esforzada que buscaba una oportunidad en sus vidas. De un día a otro, grandes extensiones de tierras ya no nos pertenecían ya que habían sido escrituradas a nombre de personas que inclusive jamás conocimos.

Desde los años 60, tuvimos que crear la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) que le decimos hasta ahora Nuestra Madre para que el Estado nos reconozca lo que siempre fue nuestro, el territorio, nuestros espacios de vida y nuestra cultura. Recién en los años ochenta se empezó a legalizar nuestras tierras como títulos globales y empezamos a ser reconocidos no solo por la guerra del Cenepa, sino porque hemos cuidado estos inmensos bosques milenarios en paz, protegiendo las fronteras.

En el año 2000, un grupo de líderes shuar recorrió estas tierras y fundó la Circunscripción Territorial Shuar Arutam, como ordena la Constitución. Esto no fue así no más, fueron cientos de reuniones y discusiones que permitieron que 6 asociaciones se unieran con sus 48 centros (comunidades) abarcando un territorio continuo de 230.000 hectáreas en la Provincia de Morona Santiago en la frontera con Perú.

La FICSH nos declaró su plan piloto, para probar una nueva forma de gobierno indígena dentro del Estado ecuatoriano, como un gobierno de régimen especial en un territorio shuar. En el año 2003 escribimos nuestro Plan de Vida que es el eje de nuestra organización, es el norte que nos dice por donde debemos caminar, porque ríos debemos navegar y por donde no debemos andar husmeando. En nuestro Plan de Vida se tratan temas fundamentales como la salud, la educación, el buen manejo y control del bosque y sus recursos, la economía y la conservación. Como no lo hace casi ningún grupo del país, ordenamos todo nuestro territorio en categorías de uso sustentable y dejamos más de 120.000 hectáreas bajo conservación estricta, de beneficio para todos los ecuatorianos.

En el año 2006 fuimos legalizados en el CODENPE como Pueblo Shuar Arutam y dos años más tarde firmamos un convenio con el Gobierno para mantener el bosque en perfecto estado durante 20 años y recibir aportes que nos permitan desarrollar e implementar nuestro Plan de Vida, esto se llamó Socio Bosque.

«como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura».

En el año 2014 actualizamos nuestro Plan de Vida y una vez más nuestra Asamblea General Ordinaria, se pronunció en contra de la mediana minería y de la megaminería dentro de nuestro territorio. Porque, como le dijimos al Presidente Correa: no diga que hace minería para sacarnos de la pobreza, porque nosotros, con nuestra forma de vivir, no nos sentimos pobres; diga más bien cómo nos va a proteger como pueblo y cultura.

En esta situación entra el conflicto de Nankints. Nosotros hemos planteado al gobierno nacional un diálogo institucionalizado desde el año 2008, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no hemos logrado establecer un diálogo serio, sincero, honesto y del mismo nivel en el marco del Estado Plurinacional. Siendo ésta la razón para no lograr interpretar y comprender los requerimientos del pueblo Shuar.

A nombre del interés nacional y diciendo que lo que ha pasado en Nankints es un caso aislado, se pasan por encima de otros derechos y otras cosas que también son interés nacional, como dice la Constitución que con sus palabras y convicciones escribieron: la pluriculturalidad y la conservación. En Nankints el gobierno revolucionario actúa como cualquier gobierno colonizador, olvidando hasta los acuerdos internacionales que ha firmado.

«más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?».

El problema no está en el pedazo de tierra de Nankints que compartimos con los colonos; La gente se cree que no ha sido de los shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?

Por eso, hace 9 años les dijimos a la empresa que se vayan y recuperamos Nankints. Nueve años después, alguien le manipula al Presidente y le convence que antes de irse nos desaloje por la fuerza. Como no nos dejamos viene la violencia. Nos han culpado de la tragedia del compañero policía asesinado, pero nosotros no hemos dado ninguna orden de matar a nadie. En cambio el Gobierno, en lugar de conversar, mete miles de policías y militares a nuestras casas, a nuestra tierra, aterroriza y amenazan a nuestros hijos. Hasta donde yo sé, ninguno de nuestra tierra es francotirador ni posee armas que perforen cascos de ese tipo. ¿Por qué no investigan a fondo antes de perseguirnos, poner orden de captura a todos los jefes de familia? ¿Por qué en lugar de conversar con nosotros para investigar, detener e impedir la violencia, cerrarle las puertas a manos oscuras, nos ponen en Estado de excepción como las terribles dictaduras del Plan Cóndor, que el Presidente dice se está planeando de nuevo?

¿Por qué se meten en nuestras casas? ¿por qué no nos dejan vivir en paz? Y la respuesta que tenemos es que a nombre del interés Nacional, pasamos a ser un puñado de indios folclóricos y terroristas que no entendemos lo que es el buen vivir, ni el Sumak Kawsay y peor aún el proyecto de la Revolución Ciudadana.

No quiero quedarme en los detalles que para eso están las noticias de los sábados, tratemos de ver el panorama en el que nos encontramos y no caigamos en la provocación ni en las discusiones primitivas que no nos llevan a ninguna parte.

Este primer comunicado, desde los bosques de la Cordillera del Cóndor, las mil familias les decimos que no vamos a permitir bajo ningún concepto ni argumento que la violencia y fuerza del Gobierno termine por destruir nuestra casa, tú casa, la casa del mundo.

El Presidente Rafael Correa, debe crear un clima de paz, retirando sus tropas, suspendiendo del Estado de excepción en nuestra Provincia y desechando las órdenes de captura de nuestros dirigentes y familiares. El único camino cierto para acabar con este camino de destrucción – que provoca incluso acciones individuales de resistencia que toman habitantes shuar para recuperar su territorio- es a través de la conversación, el respeto y el entendimiento mutuo.

Todos los habitantes del Ecuador y de Morona deben unirse a nuestra demanda de paz, cese de la violencia y exigir al Gobierno por un diálogo serio que respete nuestra vida como pueblo originario.

Consejo de Gobierno DEL PUEBLO SHUAR ARUTAM