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OBSERVATORIO CIUDADANO ENVÍA MINUTA TÉCNICA POR EL DERECHO A MIGRAR A CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

El próximo lunes 11 de abril, los y las convencionales tendrán la oportunidad histórica de aprobar el DERECHO A MIGRAR, lo que nos acerca más hacia ese Chile diverso y respetuoso de la multiplicidad de comunidades que lo habitan y que nos permite avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las personas en movilidad humana de/en el país.

Por tal motivo es que el Observatorio Ciudadano envió una minuta técnica a los y las convencionales con argumentos que respaldan la inclusión de una norma por el derecho a migrar, desde una perspectiva de los derechos humanos y los estándares internacionales en la materia, en particular para que se aprueben los artículos 9.1 y 9.2 en el Informe de la Comisión de Principios Constitucionales.

A la par de esta minuta técnica, se adjuntaron otros materiales desarrollados en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, que los y las invita a consagrar este derecho a nivel constitucional. A continuación se pueden ver en los siguientes enlaces:

Video «Derecho a migrar y nueva Constitución»:https://www.youtube.com/watch?v=dQugvey3J-c

Video «Movilidad humana y nueva Constitución»:https://www.youtube.com/watch?v=y2pWIgIbhK4

Minuta técnica sobre Movilidad Humana: https://observatorio.cl/wp-content/uploads/2022/02/minuta_derechos_de_las_personas_en-_movilidad_humana_en_chile.pdf

Entregan informe de consulta afrodescendiente realizada en el marco del trabajo de la Convención Constitucional

La consulta incluyó el desarrollo de siete jornadas de diálogo entre el 26 de febrero y 27 de marzo, con el apoyo de organizaciones de sociedad civil, académicas, la Ilustre Municipalidad de Arica y del PNUD.

La Mesa Técnica del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno basada en los derechos que le son garantizados por el Convenio 169 de la OIT espera que este informe sea vinculante para la propuesta de
nueva Constitución.

Santiago, 06 de abril del 2022.- Representantes de la Mesa Técnica del Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno llegaron hasta la Convención Constitucional para hacer entrega del informe de resultados de la Consulta al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, concluida el pasado miércoles 27 de marzo en el marco de la redacción de la nueva Constitución, y que contó con el involucramiento como observadores y el apoyo de organizaciones de sociedad civil, académicas, la Ilustre Municipalidad de Arica y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.

La Convención Constitucional a fin de garantizar los derechos de participación, individuales y colectivos de pueblos indígenas y el pueblo afrodescendiente, establecidos por el Convenio 169 de la OIT (artículo 6° letras a, b y c), ratificado y vigente en Chile, y por el artículo 6° de la Ley 21.151 de Reconocimiento del Pueblo Afrodescendiente, que este viernes 08 de abril cumple tres años de promulgada, implementó diversos procesos de consulta a estos bajo los mecanismos establecidos en el Reglamento de Participación y Consulta Indígena de la Convención para llevarlos a cabo.

La Consulta al Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno se desarrolló entre el 26 de febrero y 27 de marzo, y consideró tres jornada preparatorias y siete de diálogo y deliberación, la última de cierre y conclusiones, con la participación de organizaciones afrodescendientes de todo el país, que deja clara la presencia de afrodescendencia en todo el territorio nacional.

El informe fue presentado el pasado lunes ante la Comisión de Participación Popular de la Convención por los coordinadores de la Consulta, Marta Salgado Henríquez y Cristian Báez Lazcano, quienes insistieron en que los resultados de la Consulta deben ser considerados y vinculantes para las y los convencionales, confirmando que las principales demandas del pueblo tribal afrodescendiente chileno son su reconocimiento constitucional, preexistencia al estado chileno, garantía de sus derechos colectivos y escaño reservado.

«Creemos que este documento, que emanó de la consulta a amplios sectores de nuestro pueblo y que fue observado por organismos internacionales y nacionales para garantizar nuestros derechos, si no es vinculante, va a ser una pérdida de tiempo para el pueblo afrodescendiente. Y en caso de que no sea vinculante para el trabajo de la Convención, va a servir como argumento jurídico de una demanda internacional al estado de Chile por seguir negándonos y a nuestros derechos», expresó Cristian Báez.

Durante la presentación de la Mesa Temática a la Comisión de Participación de la Convención se abordaron también temáticas vinculadas a la mujer y niñas afrodescendientes, territorio, naturaleza y autodeterminación, entre otras relevantes para el pueblo afrodescendiente.

Presentación de la Mesa Técnica Afrodescendiente ante la Comisión de
Participación de la Convención Constitucional:
https://fb.watch/ccE-LnH5Jy/

afrodescendientes consulta afro convención constitucional derechoshumanos

Presentan informe temático sobre mujeres indígenas al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas

El Observatorio Ciudadano en conjunto con la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro, Comunidad Kawésqar Aswual Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar) y Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche), presentó un informe al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

A continuación, el informe completo:

Mujeres Indígenas y el desarrollo, la aplicación, la preservación y la transmisión del conocimiento científico

Informe temático conjunto dirigido al Relator Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Don José Francisco Calí Tzay, para el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, elaborado por:

Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar

Red de Comunidades Kawésqar por la Defensa del Mar (Comunidad Indígena At’ap, Comunidad Kawésqar “Residente Río Primero”, Comunidad Inés Caro, Comunidad Kawésqar Aswal Lajep y Grupos Familiares Nómades del Mar)
Mujeres y ECMPO de Walaywe (Pueblo Mapuche)
Observatorio Ciudadano

Marzo 2022

Introducción

De acuerdo al último Censo de 2017, las personas que nos auto identificamos como indígena en Chile somos 2.185.792 personas, lo que equivale al 12.8% de la población total del país (17.076.076). De ellas, más de la mitad nos reconocemos como mujeres indígenas (1.107.681 personas)^[i], pertenecientes a uno de los diez pueblos indígenas reconocidos legalmente, las mismas que hemos sido clave para el desarrollo social, espiritual, político y cultural de los diferentes pueblos indígenas que habitan Chile; sin embargo, las brechas en nuestras condiciones, oportunidades e implementación de nuestros derechos respecto a los hombres indígenas y a las mujeres no indígenas siguen siendo significativas hasta la actualidad^[ii].

Durante las últimas décadas las mujeres indígenas nos hemos venido organizando, compartiendo posturas críticas y experiencias personales en torno a la necesidad de una agenda que visibilice el rol de la mujer indígena en materias que van desde salud, educación, acceso a la justicia, territorio, medio ambiente, participación, desarrollo productivo, tecnología y saberes tradicionales, entre otros; señalando que históricamente las propuestas y demandas indígenas se articulan en torno a la identidad indígena sin problematizar los matices de las diferencias de género al interior de los pueblos indígenas.

Es por ello, que como mujeres indígenas venimos levantando cada vez más la voz y el sentir, presentando nuestros aportes, problemáticas y realidades. Siendo el actual escenario político, con una Convención Constituyente paritaria y con escaños reservados, y el nuevo gobierno que asumió su mandato en marzo 2022, una oportunidad para avanzar en superar las brechas que enfrentamos las mujeres y para garantizar nuestros derechos y los derechos de nuestros pueblos. Así como a aportar en general a la construcción de un nuevo país, porque avanzar hacia el buen vivir para todos los pueblos no puede concebirse sin el bienestar de todas las mujeres.

1.- El rol y aporte de las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas que habitamos Chile cumplen un rol fundamental en el desarrollo social, político y cultural de nuestros pueblos y naciones, ya sea desde nuestro rol en la transmisión de los saberes tradicionales, en la revitalización de nuestros idiomas, en nuestro aporte a la soberanía alimentaria y el cuidado de las semillas, o en la lucha contra el cambio climático, a través de los conocimientos tradicionales, respecto al manejo y conservación de los bienes comunes. Así como en el rol que desempeñamos en el contexto actual de pandemia, donde aportamos desde nuestros conocimientos en salud, en el uso de las plantas medicinales, y en la activación de redes para el trueque e intercambios solidarios de nuestros productos.

Asimismo, cumplimos un rol importante como defensoras del territorio, el mar y del medio ambiente. Por ejemplo, Ercilia Araya, lideresa Colla, que ha sido criminalizada y hostigada por defender los derechos de su comunidad frente al daño ambiental de diversas mineras canadienses en la región de Atacama^[iii] y quien en enero de 2022 logró suspender a través de un recurso judicial la adjudicación de una licitación de litio por afectar el territorio de su comunidad y haber sido realizado sin un proceso de consulta^[iv]; o la Machi Millaray, líder espiritual mapuche que viene luchando por la protección del Río Pilmaiken, estrechamente relacionado al Complejo Natural Ceremonial Ngen Mapu Kintuante, ubicado en el sector rural de Maihue- Caramallín- región de Los Lagos y región de Los Ríos, que se encuentra amenazado con la construcción de dos proyectos hidroeléctricos (proyecto hidroeléctrico Osorno y Los Lagos), los cuales fueron autorizados sin un proceso de consulta y sin obtener el consentimiento de las comunidades afectadas^[v]. Logrando que en diciembre de 2021, la Corte Suprema ordenara al Consejo de Monumentos Nacionales realizar un proceso de consulta indígena por la instalación de la hidroeléctrica de Statkraft^[vi], y en enero de 2022, a través de otro recurso judicial, ordenó a CONADI resolver la reivindicación de territorio sobre el Complejo Natural Ceremonial que han interpuesto las comunidades afectadas^[vii].

Las mujeres indígenas también ejercemos una activa participación política en nuestros territorios, comunidades, organizaciones y en la política nacional donde cada vez estamos más presentes para denunciar el despojo de nuestros territorios, del agua y el mar, de los bienes comunes, y las políticas extractivas, neoliberales y patriarcales del Estado. Ejemplo de ello, es la presencia que tuvimos en las movilizaciones sociales que se dieron a raíz del estallido social del 18 de octubre 2019 y el posterior debate para la elaboración de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente, donde señalamos que las política extractivas del gobierno son también una forma de violencia que nos vemos obligadas a vivir a diario, pues afectan no solo nuestros territorios y sino también nuestras formas de vida, al ser las encargadas de transmitir la cultura y las tradiciones a las nuevas generaciones, como el cuidado de la naturaleza, la protección de plantas medicinales, la soberanía alimentaria y los sitios de significación cultural y espiritual^[viii].

En este contexto, el rol de las mujeres indígenas empieza a relevar su real importancia, no solo por el hecho histórico que significa que de los 17 escaños reservados para los y las representantes indígenas, 9 de ellos son para mujeres indígenas, sino que además haya resultado electa para presidir la Convención a una mujer mapuche, la Dra. Elisa Loncón. Y que actualmente la participación y aportes de las mujeres indígenas siga siendo fundamental al trabajo de la Convención Constituyente, como se puede apreciar en las diversas “iniciativas de normas de pueblos originarios” que han presentado diferentes colectivos de mujeres indígenas buscando garantizar nuestros derechos en la nueva carta fundamental: como el derecho a vivir una vida libre violencias, exigiendo al Estado el deber de prevenir, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres indígenas, especialmente aquellas que sean producto de la desigualdad estructural; el garantizar una educación indígena con enfoque antirracista, que permita educarse en un espacio libre, sano y sin violencia; el derecho a la participación de las mujeres indígenas garantizando la implementación de criterios de representatividad y paridad que permitan asegurar la participación efectiva de la mujer indígena en cargos políticos y dentro de sus comunidades; la creación de tribunales indígenas con perspectiva de género; el garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas pertenecientes a naciones originarias de acuerdo a las costumbres de cada pueblo; el reconocer y promover la producción alimentaria, junto a la distribución y consumo de alimentos; la defensa del territorio y maritorio; entre otras importantes iniciativas.

2.- Brechas y desigualdades que enfrentan las mujeres indígenas

A pesar de los aportes vitales que realizamos las mujeres indígenas, somos quienes afrontamos las mayores desigualdades sociales y brechas de género en el país, debido a la intersección que existe por ser mujer e indígena. Lo que se aprecia, por ejemplo, en mayores barreras en el acceso a la justicia, a la educación y a la salud de calidad. Además, por ser quienes afrontamos mayores situaciones de discriminación y violencia, entre otros, que se manifiestan en tasas de pobreza por ingresos y multidimensional que se acercan respectivamente al 18 por ciento y al 30 por ciento frente al 11 por ciento y 20 por ciento de las mujeres no indígenas^[ix]. Sumado a las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres indígenas, el alto porcentaje de hogares con jefatura femenina por pertenencia a pueblos indígenas llega al 44 por ciento^[x], en muchos casos debido a la migración de las parejas que salen a trabajar lejos, con la consecuente sobrecarga de trabajo para las mujeres que quedan solas a cargo de la casa, los hijos, la chacra y los animales.

Esta situación se agrava con las desigualdades de género, que afectan tanto a la mujer indígena como la no indígena, tal como las bajas tasas de participación laboral, que en la zona rural llega al 32,1 por ciento de la tasa de ocupación para las mujeres, frente al 64,7 por ciento de la tasa de ocupación para los varones^[xi]. Además, cuando las mujeres indígenas rurales podemos acceder al trabajo, la probabilidad que este sea informal, inestable o con bajos ingresos es mayor que en el caso de los hombres, siendo que nuestros ingresos principales derivan de actividades vinculadas con la agricultura y el comercio. A esto se suma la violencia hacia las mujeres, que aún existe y afecta las relaciones de complementariedad entre los géneros. Además de ser quienes asumen las mayor cantidad de tareas de cuidado y crianza.

3.-Las mujeres indígenas de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios -ECMPO

La figura jurídica de los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (en adelante ECMPO) , reconocida en la Ley 20.249 de 2008, crea “el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero” (Art. 3). Por lo que mediante esta ley se reconoce y pone en valor la “costumbre” de las comunidades indígenas en torno al mar, y sus conocimientos y modos de vida ancestrales ligados al borde costero, como la pesca, recolección, la navegación, el uso medicinal y ceremonial de dichos espacios, entre otros.

Desde los territorios los ECMPO son espacios de reivindicación territorial porque bajo la aplicación de la Ley 20.249 las comunidades ejercen el derecho a solicitar un espacio costero que ancestralmente hemos usado y cuidado, y a su vez son espacios que permiten validar los conocimientos de las mujeres; ya que vienen a relevar los conocimientos tradicionales de las mujeres que habitamos dichos espacios; ya que en casi un 90% de los casos somos las mujeres indígenas las que realizamos y trasmitimos las prácticas consuetudinarias de dichos espacios y manejamos de forma sustentable los recursos del mar para: alimentación familiar y comunitaria; uso medicinal, pues el mar forma parte de nuestros sistemas de salud y es el lugar de donde extraemos medicina de los productos y animales del mar; uso agrícola, a través de la recolección de los productos de mar para hacer producir las huertas, como las algas o el “pelillo” que usamos como fertilizantes; como medio de conectividad con otras islas para ir fortaleciendo nuestra territorialidad; como uso ceremonial, en el sentido que el mar está estrechamente conectado con la espiritualidad y cosmovisión de nuestros pueblos de mar, entre otros.

Como bien señala Pamela Zuñiga, mujer mapuche de la isla de Quinchao, Chiloé: «Los ECMPO, su esencia es la valoración de los oficios, la valoración de la sabiduría ancestral, y en este territorio esa sabiduría ancestral está muy dada por las mujeres, son ellas las que conservan y las que entregan esa información, ese saber, que lo comparten, y que quizás por mucho tiempo guardaron silencio, pero ahora son libres de decirlo. Porque igual hubo un periodo en que no se atrevían a hablar de esto y ahora sí lo hacen, entonces, como que es una oportunidad también para ellas.”

Así, las contribuciones que realizamos en estos espacios son altamente relevantes; pues aportamos -a través de nuestros roles tradicionales o de dirigentas en nuestras comunidades- a una toma de decisiones más democrática y buscando siempre el bienestar común, así como las sustentabilidad de los recursos; conservando y trasmitiendo nuestros conocimientos ancestrales sobre el mar a las siguientes generaciones; aportando a nuestra economía familiar y local con nuestro trabajo en el mar; y contribuyendo a enfrentar el cambio climático, adaptándonos a los cambios que se vienen dando en nuestros territorios a través de nuestros conocimientos ancestrales; así como protegiendo y defendiendo el territorio y el mar de la intervención de la industria extractiva.

Sin embargo, las amenazas que enfrentamos en dichos espacios son múltiples, resaltando entre ellas, la actividad de la industria salmonera y el grave impacto que ocasionan a nuestros derechos colectivos. La industria salmonera, que comienza desarrollarse en Chile desde 1969 bajo un convenio de cooperación con el gobierno de Japón alcanza hoy gran relevancia en la economía nacional y a nivel mundial, representando cerca del 30% de la producción global y ocupando el segundo lugar de la producción de salmón después de Noruega. En Chile, concentra su producción principalmente en la Patagonia, entre las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, donde encuentra las condiciones óptimas para su desarrollo. Y se emplaza a la vez en espacios que alberga una gran biodiversidad, terrestre y marina, siendo también territorios de uso y ocupación tradicional de los pueblos Mapuche (lafkenche y williche), Kawésqar y Yagán. En consecuencia, la expansión de esta industria y sus prácticas, han generado crecientes conflictos socio ambientales críticos que han ido alertando sobre sus impacto en los derechos humanos.

Estos impactos han sido documentados en el “Informe Industria Salmonera en Chile y Derechos Humanos”^[xii], el que presenta los resultados de un estudio elaborado entre el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Instituto Danés de Derechos Humanos (IDDH) a fines del 2021. Estudio que analiza y documenta –desde una perspectiva de derechos humanos– los impactos de la salmonicultura en el medio ambiente, las comunidades locales y los y las trabajadores/as.

Entre los impactos en los derechos de pueblos indígenas, los principales hallazgos dan cuenta de una serie de derechos consagrados por la UNDRIP y el Convenio 169 de OIT que están siendo vulnerados. Entre ellos, se señala que “existe la percepción de que Estado y empresas comprenden el desarrollo de una manera muy diferente a los pueblos indígenas – e imponen esa manera de comprenderlo-, lo que pone en riesgo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”. En síntesis, las vulneraciones se encuentran especialmente en materia de tierras, territorios y recursos naturales, existiendo destrucción de sitios de significación cultural y espiritual, falta de consulta y participación indígena en cuestiones que son susceptibles de afectar nuestros derechos, ocupación de la industria salmonera de nuestros territorios, contaminación de nuestros recursos o bienes comunes, entre otros. Vulneraciones que si bien afectan a los pueblos indígenas en general, afectan con especial énfasis a las mujeres, al tener un rol central en la conservación de dichos espacios y en el uso de los recursos marinos- que se encuentran cada vez más escasos- para nuestro sustento familiar, así como en la transmisión de conocimientos sobre prácticas y usos consuetudinarios que realizamos en dichos espacios.

Y a pesar de los graves impactos evidenciados por este estudio y de los innumerables esfuerzos que venimos realizando por frenar los avances de esta industria^[xiii], a pocas semanas de dejar el cargo, el presidente Sebastián Piñera puso suma urgencia a la tramitación de la iniciativa que crea las “concesiones acuícolas sustentables”^[xiv], que impulsaría las concesiones acuícolas en áreas protegidas. De ser aprobada, afectará especialmente a comunidades Kawésqar, ya que como señala en su texto, en la región de Magallanes “[…] el único espacio libre para el desarrollo de la acuicultura es la Reserva Nacional Kawésqar”, área protegida que se emplaza sobre territorio ancestral de dicho pueblo. Está por verse cómo el nuevo gobierno abordará esta problemática.

Más allá de los impactos a nuestros territorios, las mujeres de espacios costeros nos enfrentamos también a un sin número de dificultades para desarrollar los diversos roles que realizamos en ellos, como la excesiva burocracia del Estado en la tramitación de las solicitudes de los ECMPO, que deberían darse en un plazo legal de dos años y medio, pero actualmente demora en promedio, más de 6 años y medio. Lo que cansa y desalienta a nuestras comunidades, y a las mujeres que muchas veces somos las encargadas de realizar los trámites administrativas para las solicitudes de ECMPO y las encargadas de mediar entre las autoridades y los miembros de la comunidad. Además de tener que compatibilizar este trabajo con las labores de cuidado, crianza y trabajo en el mar. Por ello, esperamos y solicitamos al nuevo gobierno, que los procesos de tramitación de los ECMPO pueda acelerarse a fin de garantizar nuestros derechos en dichos espacios, considerando en los procesos administrativos las particularidades de los diversos territorios y pueblos indígenas que habitan estos espacios.

Asimismo, nuestros roles tradicional en dichos espacios pocas veces son reconocidos, como el rol de pescadoras o navegantes, lo cual limita nuestra vinculación con el mar. Ello, unido a la ausencia de políticas públicas y recursos para dinamizar nuestras economías locales y capacitarnos sobre nuestros derechos, lo que limita y dificulta la invaluable tarea que realizamos en dichos espacios.

Es por ello, que en el actual escenario político que nos encontramos, recientemente desde mediados de marzo de 2022 las mujeres originarias de espacios costeros marinos a nivel nacional venimos “tejiendo” y articulando la «Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar”, para reflexionar sobre los aportes y contribuciones que realizamos las mujeres en los espacios costeros y para hacer frente en conjunto a las diversas desigualdades que enfrentamos en estos espacios y articular en conjunto nuestra defensa del mar y por la sostenibilidad de los recursos marinos y la biodiversidad. Una red que estará vigilante y alerta de las políticas públicas y normas que vayan en desmedro de nuestros derechos territoriales y nuestra gobernanza del mar.

Notas

^[i] Censo 2017, INE Chile. https://historico-amu.ine.cl/genero/files/estadisticas/pdf/documentos/radiografia-de-genero-pueblos-originarios-chile2017.pdf.

^[ii] Por ejemplo: la escolaridad de las mujeres indígenas presenta un promedio de 10 años frente a la de una mujer no indígena que presenta un 10,9 años. Encuesta Casen 2015.

^[iii] Ercilia Araya: la lideresa Pai- Ote Criminalizada por luchar contra las mineras canadienses en Chile. En: https://observatorio.cl/ercilia-araya-la-lideresa-pai-ote-criminalizada-por-luchar-contra-las-mineras-canadienses-en-chile/

^[iv] Ver: https://www.araucaniacuenta.cl/nuevo-reves-judicial-del-gobierno-en-licitacion-del-litio-a-transnacionales-corte-de-copiapo-no-acoge-recursos-presentados-por-ministerio-de-mineria/

^[v] Tras 10 años de lucha: Un triunfo jurídico de las comunidades que defienden el río Pilmaiken. En: https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2020/02/05/tras-10-anos-de-lucha-un-triunfo-juridico-de-las-comunidades-que-defienden-el-rio-pilmaiken.html

^[vi] Ver: https://interferencia.cl/articulos/corte-suprema-ordena-al-consejo-de-monumentos-hacer-consulta-indigena-por-instalacion-de

^[vii] Ver:https://www.diarioconstitucional.cl/2022/01/24/falta-de-diligencia-de-la-conadi-ante-la-solicitud-de-reivindicacion-de-territorio-ceremonial-mapuche-williche-que-una-empresa-transfirio-a-titulo-gratuito-a-una-sola-comunidad-indigena-vulnera-la-i/

^[viii] https://www.lemondediplomatique.cl/mujeres-mapuche-y-sus-luchas-por-un-buen-vivir-para-todos-y-todas-por-millaray.html

^[ix] Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural-RIMISP (2017). Quiénes son las mujeres indígenas en Chile. https://www.rimisp.org/noticia/quienes-son-las-mujeres-indigenas-en-chile/

^[x] Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional- Casen 2017. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2017

^[xi] Ibid. Cit.

^[xii] Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1739

^[xiii] Por ejemplo, un reciente fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección de comunidades indígenas y ONGs en contra de relocalización de centros de cultivo de salmones en la Reserva Nacional Kawésqar por falta de un proceso de participación ciudadana antes de aprobar los proyectos. Ver: https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-judicial/68596

^[xiv] Proyecto de Ley Boletín Nº 14811-21, disponible en: https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosDeLey/tramitacion.aspx?prmID=15302&prmBOLETIN=14811-21

derechos humanos mujeres indígenas Naciones Unidas Pueblos Indigenas

Las iniciativas de normas constituyentes surgidas en los talleres impulsados por el Observatorio Ciudadano

Normas sobre derechos territoriales en Áreas Protegidas, derechos lingüísticos, la propiedad del agua desde la perspectiva del pueblo mapuche, sobre el uso de la coca para el pueblo likanantai y el reconocimiento al derecho a migrar, han sido algunas de estas iniciativas.

En el marco del proceso constituyente, el Observatorio Ciudadano junto a Contexto, con el apoyo de la Unión Europea, ha desarrollado ocho talleres con organizaciones representativas de los pueblos indígenas y organizaciones de grupos de protección especial, para fomentar su participación en este proceso. En total, han sido tres con el pueblo mapuche, cuatro con pueblo lickanantai y uno de ellos con migrantes

La importante participación y debate que se ha dado en cada uno de ellos, ha llevado consigo la elaboración de normas indígenas que fueron presentadas durante el proceso dispuesto por la Convención Constitucional (CC) para subir a la plataforma estos documentos preparados de manera colectiva por los miembros de comunidades.

A continuación, detallamos estos talleres y las normas que surgieron de ellos:

Taller presencial con organizaciones mapuche de Curarrehue, desarrollado el miércoles 5 de enero, en Aldea intercultural de Curarrehue. Participaron diez dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derecho a la propiedad y administración de los pueblos indígenas sobre Áreas Silvestres Protegidas. De este encuentro surgió una Iniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas en Áreas Protegidas, que fue presentada en enero de 2022 por un total de 16 organizaciones de distintos pueblos indígenas, incluyendo el pueblo yagán, kawéskar, colla y mapuche, en la Plataforma de la CC.

Luego, tuvo lugar un taller presencial con organizaciones mapuche de Trawun de Comunidades de Temuco, viernes 7 de enero, en Ruka Lirkay, comuna de Temuco. Participaron 15 dirigent@s de comunidades, y acordaron generar propuestas sobre derechos lingüisticos, y derecho al agua. En este encuentro, surgió laIniciativa de Norma de Pueblos Indígenas sobre “derechos lingüísticos del pueblo mapuche y educación propia en los territorios como medida de reparación histórica”, presentada a Plataforma de la CC en enero de 2022, y la Iniciativa sobre “derechos territoriales del pueblo mapuche planes reguladores urbanos, rurales, títulos de merced y mercado inmobiliario, de la misma fecha.

El segundo taller presencial con miembros del Consejo de Comunidades Mapuche Kimun Newen de Puyehue, lunes 24 de enero, en Entre Lagos, comuna de Puyehue, región de Los Lagos. Participaron 23 dirigent@s de comunidades. En el taller se entregaron antecedentes sobre el desarrollo de la CC y se explicaron los espacios y mecanismos de participación popular en que los pueblos indígenas pueden hacer llegar sus aportes e incidir en el proceso. Así mismo se acordó elaborar una norma de pueblos originarios sobre derecho al agua que se trabajó en el taller. Dicha iniciativa sobre “Derecho al agua desde la perspectiva del pueblo nación mapuche”, fue presentada por el Consejo a la Plataforma de la CC en enero de 2022.

Talleres con pueblo Likanantai

En un encuentro virtual, se concretó un taller vía zoom con organizaciones del Pueblo Likanantai, el sábado 8 de enero, organizado en conjunto con el Convencional del Pueblo Likanantai, Felix Galleguillos. Aquí participaron 25 dirigent@s de comunidades. En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la Convención Constituyente, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la Consulta Indígena.

Luego, se desarrolló un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, lunes 10 de enero en el Oasis de Calama, del que participaron 21 dirigent@s de comunidades. En este taller, a modo de introducción se revisaron los principales hitos del proceso constituyente en curso, los reglamentos elaborados por la CC, y el procedimiento general de participación ciudadana. Asimismo, de forma particular, se revisaron las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, incluyendo la Consulta Indígena. Se abordaron derechos relativos a vivienda y acceso al agua potable, toda vez que hay un número importantes de comuneros y comuneras del pueblo likanantai que residen en la ciudad de Calama donde encuentran dificultades al acceso a vivienda dignas. Además, hubo particular interés en materias relativas a derechos a tierras, territorios y recursos naturales.

También con comunidades likanantai, el martes 11 de enero, tuvo lugar en la localidad de Lasana, Alto Loa, un taller del que participaron 20 dirigent@s de comunidades. En este taller, se revisaron de forma particular las normas y reglas relativas a la participación de pueblos indígenas en el proceso constituyente, mediante los mecanismos de audiencias públicas, elaboración de iniciativas constitucionales indígenas y la consulta indígena. En este taller, hubo particular interés en debatir y recoger información relativa a derechos a tierras, territorios y recursos naturales. Además, se dialogó respecto a elaborar iniciativas de normas constitucionales referidas al consumo y uso tradicional de hoja de coca (Erythroxylum coca), que se materializó posteriormente en la Iniciativa Nº 1.234 «Consagración del derecho indígena al uso de la hoja de coca en espacios ceremoniales, laborales y cotidianos»; y la Iniciativa Nº 1.430 «Reconocimiento de los sistemas culturales de salud ancestral y el uso de la hoja de coca del pueblo atacameño-lickanantay».

Al día siguiente, 12 de enero, se realizó un taller presencial con organizaciones del Pueblo Likanantai, en San Pedro de Atacama, del que participarom 35 dirigent@s de comunidades. En este taller, los temas de interés de l@s participantes fueron relativos a derechos a tierras y territorios, a las autonomías territoriales indígenas y respecto a la propiedad de los bienes o recursos naturales, en particular, el litio. Además, se debatió acerca de la posibilidad de presentar Iniciativa constitucional relativa a la restitución y repatriación del patrimonio ancestral del pueblo likanantai.

Taller con comunidad migrante

Junto a la comunidad migrante, el OC desarrolló un taller en el que se discutió sobre la presentación de iniciativa populares. El primero de ellos fue un taller informativo sobre “Participación migrante y promigrante en la Convención Constitucional: ¿Qué es la Iniciativa Popular de Norma migrante?”, realizado el 12 de enero con 21 inscritos y 15 asistentes. Este encuentro fue organizado por el Observatorio Ciudadano junto a la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. En el taller, además entregarse antecedentes sobre el desarrollo de la Convención Constitucional, y la participación de grupos excluidos como migrantes y afrodescendientes, se centró en el análisis de la Iniciativa Popular de Norma sobre Reconocimiento Constitucional del Derecho a Migrar y de los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas en Chile y de Chilenos en el Exterior, elaborada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes; Movimiento de Acción Migrante; Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes entre otras organizaciones con apoyo del Observatorio Ciudadano.

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Observatorio Ciudadano y Movimiento de Acción Migrante entregan informe al Relator Especial de la ONU

Este lunes 28 de febrero, el Movimiento de Acción Migrante y el Observatorio Ciudadano entregaron un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en el país al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, Felipe González Morales.

Este informe contiene respuestas a las preguntas específicas solicitadas por el Relator Especial, quien ha decidido dedicar su próximo informe para el 50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, a examinar los acontecimientos recientes y los ejemplos que ilustran formas eficaces de prevenir las violaciones de los derechos humanos en las fronteras internacionales, tanto en tierra como en el mar, así como también pretende evaluar el impacto en los derechos humanos de las medidas de gestión de fronteras, incluyendo medidas temporales introducidas en el contexto de la pandemia de la COVID-19, o como parte de un estado de emergencia.

En este informe se da, además, respuesta a las consultas hechas por el Relator y las normativas en el ámbito migratorio entraron en vigor en el último tiempo, como Ley Nº 21.325 de Migración y Extranjería, los decretos N° 296 y N° 125 y el Decreto Supremo N° 295.

El documento indica que, contraria a las recomendaciones de organismos internacionales, la política migratoria ha estado enfocada en la seguridad nacional y el control migratorio. Desde ahí se detallan las consecuencias que han generado las medidas tomadas por el gobierno amparado en las normativas antes señaladas.

Uno de los aspectos que destaca el informe es la situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes que cruzan fronteras, a veces no acompañados, sin que las medidas adoptadas sean acordes al principio de interés superior del niño, niña o adolescente, ni se respete la Convención de los Derechos del Niño. “Asimismo es preocupante la situación de mujeres migrantes embarazadas, puérperas o madres que han sufrido violencia obstétrica, negación de atención médica y que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. En el mismo sentido, también preocupa la situación de las personas migrantes mayores”, se lee.

«»El objetivo del informe era presentar evidencia sobre las nuevas medidas migratorias del gobierno que han impactado gravemente en los derechos de las personas migrantes, en particular la promulgación de la nueva ley de migraciones y su reglamento, las restricciones en los desplazamientos, la militarización de las fronteras y las devoluciones en caliente o “reconducciones”, las que contravienen los estándares internacionales y recomendaciones de los órganos de tratado de Naciones Unidas», señala Mabel Cobos, consultora del área de ciudadanía e interculturalidad del Observatorio Ciudadano.

A esto agregó Eduardo Cardoza, secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante: “El informe retrata la falta de atención del fenómeno migratorio en el marco del COVID-19 y del aumento del flujo de ciudadanos venezolanos, además de la inacción por parte del gobierno y la utilización política de la migración, con lo cual los Derechos Humanos están en total regresión en el país”.

Finalmente, se solicita que la información entregada en el informe contribuya “a generar recomendaciones y medidas en el ámbito migratorio acorde al enfoque de derechos humanos y que éstas sean recogidas por el nuevo gobierno que asume próximamente”.

“Confiamos en que el proceso constituyente en curso en el país, asegure y promueva los derechos de las personas migrantes a nivel constitucional. De otro modo, las constantes vulneraciones a los derechos de quienes migran a Chile, continuarán”, cierra el informe.

El informe lo puedes revisar a continuación:

derechos derechos humanos Especial migrantes ONU Relator

Monitoreo de Carabineros a políticos: fichas incluyen a Lavín, al exintendente Jouannet y al alcalde de Cerro Navia

Investigación de Ciper Chile

Informes reservados de la inteligencia de Carabineros incluyen fichas de un intendente de La Araucanía, gobernadores, seremis, jefes de la Conadi y asesores del Ministerio del Interior, entre otros funcionarios. Uno de los registros es sobre el exministro de Educación y presidenciable de la UDI, Joaquín Lavín. También hay una nómina de militantes del FPMR confeccionada en 2019, en la que se incluye al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo: “La inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, dijo a CIPER el edil. En los documentos figuran fichas de militantes del PS y PPD, dos partidos que han integrado coaliciones de gobierno durante tres décadas, pero que la inteligencia policial califica como “asistémicos”.

El 25 de agosto de 2015, la Presidenta Michelle Bachelet nombró como intendente de La Araucanía a Andrés Jouannet. De inmediato, personal de inteligencia de Carabineros se puso manos a la obra para elaborar una ficha con los antecedentes de la máxima autoridad de la zona. El documento forma parte de la mayor filtración de registros reservados de la inteligencia policial, a la que CIPER tuvo acceso y que revisamos para elaborar esta tercera entrega de la serie de reportajes “Archivos secretos de carabineros” (vea los dos artículos anteriores sobre el monitoreo al movimiento estudiantil y la segunda, acerca del del reclutamiento y uso de informantes). Por razones de seguridad, CIPER mantiene bajo reserva las identidades y datos sensibles de agentes, informantes y otras personas que pudieran verse expuestas con la difusión de sus antecedentes.

Jouannet, actual diputado electo, fue el más alto representante del Poder Ejecutivo en la convulsionada Región de La Araucanía entre agosto de 2015 y noviembre de 2016. Por lo mismo, se trataba de la autoridad local a la que Carabineros debía entregar las informaciones de seguridad pública. A pesar de ese vínculo, la inteligencia policial elaboró en secreto una ficha que concentró todos sus antecedentes personales, su trayectoria política, su historia laboral y hasta sus bienes raíces.

“Yo no estaba al tanto de que se hacían fichas y monitoreo de autoridades políticas”, dijo Andrés Jouannet a CIPER cuando le mostramos ese documento. Al revisarlo, detectó errores en su información personal básica, por lo que cuestionó la “poca rigurosidad” de la inteligencia policial. Eldocumento, señaló.

Este tercer reportaje sobre los documentos de la inteligencia de Carabineros pone el foco sobre los informes que funcionarios policiales realizan sobre autoridades, partidos y procesos eleccionarios. Decenas de documentos reservados de la policía evidencian el constante monitoreo que realiza sobre altos funcionarios públicos, dirigentes políticos y partidos legales que han formado coaliciones de gobierno durante tres décadas y que entre sus militantes han tenido a presidentes de la República, ministros y parlamentarios. De hecho, hay informes secretos de Carabineros que califican al PS y al PPD como partidos “radicales” y “asistémicos”.

Entre los expertos consultados por CIPER sobre estos documentos, no hay un consenso sobre sí Carabineros está facultado legalmente para monitorear a autoridades. En lo que sí coincidió la mayoría de los entrevistados, es que los informes revelan la escasa formación política de los agentes que los elaboran, lo que implicaría que se están gastando recursos públicos en el procesamiento de información inexacta y, por lo mismo, inútil.

En los miles de documentos revisados por CIPER hay fichas o perfiles de un exministro y presidenciable de la UDI, de gobernadores, secretarios regionales ministeriales y asesores de gobierno. Incluso, hay registros sobre cónsules de otros países en Temuco. También hay fichas sobre autoridades comunales de la UDI y RN, y un foco especial sobre las actividades del Partido Comunista.

Uno de los aspectos más delicados tiene que ver con un documento de 2019 que enlista a supuestos militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). Entre los 270 nombres y fotografías que aparecen allí, figura el actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo. En conversación con CIPER, Tamayo negó participar o haber participado alguna vez en el FPMR: “La Inteligencia de Carabineros está muy perdida, con razón nunca pillan a los capos del narcotráfico”, señaló.

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PERFILES DE AUTORIDADES

Entre los archivos analizados para esta investigación, hay uno sobre el exministro y excandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín. La ficha se confeccionó cuando era ministro de Educación, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Bajo el título I.B.S. (información básica del sujeto) se detallan antecedentes de Lavín, como su fecha de nacimiento, los nombres de sus padres, su estado civil, los nombres y antecedentes de sus hijos, domicilio, nivel de estudios, militancia, religión, nivel socioeconómico, licencia de conducir, vehículos que posee y sus bienes raíces. También hay referencias a su carrera política, las que se presentan como “antecedentes relacionados con el conflicto” (aunque no se detalla el conflicto que originó este rastreo de datos), y a hitos de su trayectoria profesional.

Cuando CIPER le mostró al exintendente Andrés Jouannet, su ficha elaborada por personal de inteligencia de Carabineros, se mostró sorprendido: “No tenía conciencia de este documento. Es bien impreciso, tengo 16 hermanos, y ahí solo aparecen ocho. Eso demuestra la poca rigurosidad. Es un documento bien precario”.

Jouanet, quien tuvo una relación cercana con la policía uniformada debido a la naturaleza del cargo que ejerció, asegura que la autoridad civil no le ordena a la inteligencia de Carabineros elaborar fichas políticas:

– No corresponde que la inteligencia de Carabineros elabore este tipo de perfiles, desde el punto de vista legal ni del punto de vista de la inteligencia. Eso hace que se pierda mucho tiempo y energía. Tenemos un problema con Carabineros, desde el punto de vista de sus capacidades. Estamos hablando de que se pierde tiempo haciendo estos perfiles mediocres, mientras ocurren crímenes y delitos graves.

Joaquín Lavín, ex candidato presidencial

Para Jouannet, esta información refuerza la idea de que la institución policial requiere de una reforma profunda: “Cuando Carabineros se manda solo, tiene problemas. Esto demuestra que Carabineros funciona con una línea paralela. Estas cosas son anómalas”.

Entre los documentos revisados por CIPER también hay una ficha de un exgobernador de una provincia de La Araucanía, militante DC, que ejerció en el cargo entre 1996 y 2006. Sobre él el informe de inteligencia dice que es “proclive a Carabineros, lo que se ha reflejado en el abierto apoyo a los proyectos e iniciativas de seguridad pública implementados por la institución (…), asiste a todas las ceremonias de Carabineros”.

Sobre un exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), figura un perfil con información personal (familia, religión, postura política, trayectoria laboral), donde también se incluyen otros antecedentes de corte político. Acerca de la impresión que generó al interior de la Conadi su nombramiento, el informe policial dice: “Se percibió al interior de la entidad fiscal como contraproducente”.

En otro documento, denominado “Perfil cónsules”, la inteligencia de Carabineros señala sobre el cónsul de España en Temuco que es “muy cercano a Carabineros y normalmente asiste a las ceremonias institucionales”. En cambio, sobre el cónsul de Italia se dice que “se desconoce alguna vinculación con nuestra institución”.

LOS DATOS DEL ALCALDE

Los funcionarios de inteligencia de Carabineros incluyeron al alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, en un expediente sobre militantes del FPMR. Ese documento, fechado en 2019, presenta una lista de 270 personas que serían “actuales integrantes de esta orgánica”.

En el informe se menciona su nombre, RUT, dirección, se dice que es kinesiólogo y que pertenece a la “facción Cerro Navia y del Círculo Bolivariano”. Al conocer el contenido del documento, el alcalde señala: “Nunca he participado en el FPMR. Nací el 81 y nunca estuve ahí. Sí fui parte de las Juventudes Comunistas y cuando fui concejal formé parte de los Círculos Bolivarianos, pero esa instancia, que llevaba vecinos a Venezuela a operarse de cataratas, terminó hace más de diez años”.

Tamayo agrega: “Es sorprendente que se destinen recursos a esto, en vez de perseguir a narcotraficantes ¿Quién dio estas instrucciones? Tengo domicilio y trabajo conocidos. Es decepcionante que el trabajo de la policía se enfoque en grupos políticos”.

Mauro Tamayo, alcalde de Cerro Navia.

En ese documento sobre supuestos integrantes del FPMR también aparecen los datos del actor Daniel Alcaino. Consultado por CIPER, señaló: “Todo es mentira. Jamás he militado en el FPMR ni en ningún partido”.

El periodista Juan Cristóbal Peña, que ha investigado la historia del FPMR (ha publicado dos libros al respecto: “Los Fusileros” y “Jóvenes Pistoleros”), analizó el documento:

– Sin conocer las fuentes de esta información, se nota una gran desprolijidad y ligereza en el origen y el análisis de los datos reunidos en estas fichas. Hay omisiones importantes, casos de personas con antecedentes penales, o buscadas por la justicia por procesos judiciales de alta connotación pública (como los casos Edwards y Guzmán), que no están consignadas ahí. Y hay a la vez gente que, cuanto más, tiene simpatías por movimientos subversivos, pero en ningún caso han sido operativos. A simple vista, parece información obtenida de fuentes públicas, sin procesar ni menos contrastar. Francamente, si ese es el nivel de la Inteligencia de Carabineros, es hora de preocuparse.

MONITOREO SOBRE PARTIDOS

Son muchos los antecedentes sobre personas que han trabajado en el aparato público que aparecen en los documentos revisados por CIPER: asesores de ministros, jefes de gabinete y autoridades regionales. Por ejemplo, sobre un exasesor legal del Ministerio del Interior, militante PS, se dice que es hijo de un amigo del exgeneral director de Carabineros, Alejandro Bernales, y que “por los antecedentes recogidos en fuentes cercanas, su progenitor nunca ha podido comprender que su hijo mantenga una postura radical y revolucionaria frente a temas emblemáticos como tampoco su tendencia política contraria a la de él”. Se agrega que “posee cinturón negro en artes marciales, acreditados son los comentarios que dicen relación con que ha participado en competencias clandestina autodenominadas ‘Todo Vale’”.

Ese documento evidencia que los perfiles no solo se elaboran con la información disponible en fuentes públicas, sino con personas próximas al “blanco de interés”. También pone de manifiesto que, para los analistas de inteligencia de Carabineros, militar en el PS es “una postura radical y revolucionaria” que debe ser monitoreada.

También hay un perfil del exintegrante del consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzún, hijo del Presidente Patricio Aylwin. Sobre él se menciona que “participa activamente mediante comunicados de prensa y recursos judiciales, denunciando y rechazando hechos de violencia al interior de comunidades mapuches a nivel nacional e internacional”, y que estaría “ligado a colectividades de izquierda, proclives al Partido Comunista”.

José Aylwin tampoco estaba al tanto de que existían perfiles suyos elaborados con recursos de Carabineros:

– Esto es demostrativo de que en Chile se realizan labores de inteligencia sobre lo que el sistema de Naciones Unidas conoce como defensores de Derechos Humanos. Me parece que hay una distorsión absoluta de la labor policial, con información que además resulta absolutamente falsa, mi militancia ha sido siempre, desde hace 40 años, la defensa de los Derechos Humanos. No tengo vinculación alguna con el Partido Comunista, ni con ningún partido, nunca he sido militante.

“Es información errada y tendenciosa”, dijo Aylwin. Y finalizó: “Es lamentable que se destinen recursos públicos para ello. Esto hace pensar en una reforma profunda a las policías, y en su subordinación al poder civil”.

FOCO SOBRE EL PC

Son decenas los documentos de inteligencia de Carabineros que se refieren a actividades o bien a militantes del Partido Comunista, un partido político con representación legal, con una bancada de 13 diputados y dos senadores, y con alcaldes y concejales electos en todo Chile, que además formará parte de la coalición gobernante a partir de marzo próximo ¿Por qué los agentes de la policía uniformada vigilan al PC?

El 11 de enero de 2020 agentes de Carabineros estaban en Conchalí, monitoreando la realización de la “Fiesta de los abrazos” que la colectividad realizó en esa comuna de la Región Metropolitana. El documento al que accedió CIPER señala que se trató de una diligencia enmarcada en el “ámbito poblacional”.

“Posteriormente los participantes dan inicio a su actividad donde procedieron a ofrecer a las personas que llegaban al lugar, artículos artesanales, juegos para niños, ventas de diversos tipos de abarrotes, foros sobre la actualidad política y debates, logrando detectar dentro de los asistentes a GUILLERMO TEILLIER DEL VALLE presidente del Partido Comunista”, se señala en el documento (ver aquí).

En el informe también se menciona que “durante la realización de dicha actividad de igual forma se logró detectar a BORIS ANTHONY BARRERA MORENO, diputado del Partido Comunista por el distrito 9, quien fue principal organizador de la actividad”.

¿Cuál es el valor que tiene está información sobre una actividad el PC que es totalmente pública? ¿Cuál es la importancia de “detectar” a dos diputados comunistas en un evento abierto de su partido?

Diez años antes de ese documento sobre la “Fiesta de los abrazos” realizada en Conchalí, la Dipolcar firmó otro informe que incluía al PC, esta vez referido a su relación con otros movimientos de izquierda en América del Sur y sus vínculos con el gobierno de Venezuela. Bajo el título “Movimiento continental bolivariano, una amenaza real”, se detallan supuestos vínculos del PC chileno con el gobierno venezolano y representantes de las FARC colombianas. En ese documento se especifica que “el PC y el MPMR (Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez) son las organizaciones que han tenido un mayor acercamiento con el Gobierno de Venezuela y con el pensamiento bolivariano”, y agrega que militantes del PC ocuparon cargos en la directiva del Movimiento Continental Bolivariano.

En una ficha sobre un militante comunista de Temuco, se detalla que se trata de un médico cirujano que ha colaborado con comuneros mapuche que han realizado huelgas de hambre. En el perfil que sobre él realizó la Dipolcar, se agrega que lo habían detectado en reuniones “clandestinas” con la ACES (una organización de escolares) de la localidad de Cautín. También quedó registrado que mantenía relaciones cercanas con la Unión Nacional Estudiantil (UNE), un colectivo universitario que luego participó en la formación de Convergencia Social, el partido del presidente electo Gabriel Boric.

En otro perfil de un supuesto miembro del PC aparecen inconsistencias políticas. Primero se asegura que se trata de un militante comunista que trabaja junto a la agrupación “Ayun mapu” contra la construcción de un nuevo aeropuerto en La Araucanía, y luego se agrega que es candidato a alcalde por el Partido Humanista.

Otros informes de la Dipolcar incluyen perfiles de militantes de las Juventudes Comunistas. En otros se pone el foco en los vínculos de células comunistas con comunidades mapuche y organizaciones sociales.

CHATS FALSOS INVOLUCRAN A GIORGIO JACKSON

En los expedientes de la inteligencia de Carabineros también aparecen archivos inéditos con registros del montaje de la Operación Huracán, como un chat falso entre Marcos Barraza (PC), exministro de Desarrollo Social y actual convencional constituyente, y un periodista de un periódico mapuche, donde se habla de supuestas gestiones de Barraza en favor de los comuneros.

Otro de los chats falsos que aparecen en el compilado de conversaciones inventadas por funcionarios de Carabineros para tratar de sustentar la Operación Huracán, es un diálogo entre el diputado Giorgio Jackson (RD) y el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul:

Jackson: Como estas hermano
Negro: perseguido por el estado

Jackson: ¿??

Negro: me siguen, estoy pinchado no me dejan vivir

Jackson: no puede ser en un estado de derecho, voy a presionar y pedir explicaciones

Esa conversación jamás existió y no queda claro para qué iba a ser utilizada esa información. En febrero de 2017 el montaje de la Operación Huracán fue descubierto y actualmente los oficiales de inteligencia involucrados son procesados por la justicia.

LÍMITES LEGALES

En un documento titulado “Presentación elecciones 2012” de la Dipolcar de La Araucanía, se analizan las candidaturas a alcaldes y concejales de ese año, y los principales “riesgos” que presentarían algunas de ellas. Se incluye como un “riesgo electoral” la existencia de distintas candidaturas de una familia mapuche al municipio de Cholchol, o que un candidato a concejal “continuamente esté subiendo a su página web procedimientos del conflicto indígena y dañando la imagen institucional (de Carabineros)”.

También hay expedientes sobre militantes del Partido Ecologista Verde en Puerto Montt, sobre la creación de un partido político mapuche (Wallmapuwen), y sobre vínculos con comunidades indígenas por parte de dirigentes del PPD y el PS, los que en un documento son definidos como partidos políticos “asistémicos”.

Para Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y que también ha sido asesor del Ministerio del Interior, si no se le entregan lineamientos claros a la policía, hay riesgos respecto de la elaboración de información de inteligencia sobre las actividades políticas.

– Cuando los escenarios pasan a ser genéricos y no hay objetivos claros, corremos el riesgo de que la inteligencia se diseñe en base a prejuicios políticos. Como los partidos de izquierda, en general, promueven el cambio social, y las policías -al aplicar la ley- promueven la estabilidad social, hay un sesgo hacia esos partidos. Es un sesgo ideológico de las policías y que puede explicarse por su historia: son naturalmente conservadoras.

Sobre los informes políticos que elabora la Dipolcar, Frühling agrega que el riesgo está en el tipo de herramientas que se utilizan para obtener la información: “El límite de estas acciones está relacionado con las herramientas que emplee: si estas actividades son abiertas, no hay razón para preocuparse demasiado por ellas, pero si se utilizaron medidas intrusivas para monitorear partidos o políticos, eso sí puede ser un problema incluso legal, si no cuenta con la autorización que exige la ley”.

Pedro Anguita, exjefe de la división jurídica de la ANI y académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes, plantea que las policías pueden hacer análisis que incluyan a políticos, si esa información sirve para mirar todos los aspectos de un fenómeno que puede implicar riesgos para la convivencia social:

– Los organismos de inteligencia policial tienen como principal usuario de la información que generan al general director de la institución, y ellos no solo debe tener una visión vinculada a delitos o crímenes que involucran la seguridad nacional. Además, deben saber cómo se mueven los actores de una determinada comunidad o tema. Por ejemplo, para estudiar lineamientos vinculados con robos u homicidios en los que se emplean armas, es necesario saber qué diputados apoyan la Ley de Armas, bajo qué argumentos y cuáles son sus redes.

Otro profesional que conoce por dentro al sistema de inteligencia chileno, plantea sus dudas: “No te sabría decir si la Dipolcar tiene las herramientas técnicas y la preparación política para hacer ese tipo de trabajos, como la proyección de escenarios políticos. Depende mucho de las personas que hacen eso y qué grado de especialización tienen sobre el tema”.

Carolina Sancho, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe) y exfuncionaria del Ministerio del Interior, cree que los cambios que requiere el sistema de inteligencia tienen que considerar su control efectivo por parte de las autoridades:

– Entre los asuntos que especialmente requieren cambios, destaca el control que se efectúa a esta función de Estado, involucrando sus actividades y objetivos, debidamente validados por las máximas autoridades. Se requiere contar con una visión compartida de la función de inteligencia, como capacidad orientada a asesorar en el proceso de toma de decisiones en temas relacionados con los riesgos, amenazas y oportunidades a enfrentar en la segunda década del siglo XXI, considerando un horizonte de tiempo tentativamente al 2050, es decir, no sólo el corto y mediano plazo, sino también el largo.

Ciper derechos humanos investigación

La discusión olvidada del litio: informe describe los problemas que SQM ha causado al pueblo lickanantay

INTERFERENCIA conversó con Marcel Didier, abogado del Observatorio Ciudadano, quienes evacuaron un estudio que da cuenta de cómo la explotación del litio -en este caso de una empresa que no ganó la reciente licitación- afecta los derechos de los pueblos indígenas aledaños a los salares.

Tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Copiapó de suspender el proceso de licitación del litio tras dos recursos presentados, tanto por el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, como por integrantes de diversos pueblos originarios, la discusión pública sobre el proceso que llevó a cabo el gobierno también está considerando otros elementos que no fueron tenidos en cuenta en un primer término por los distintos actores que se enfrentaron en ella.

En particular se trata de los efectos que esta industria sobre pueblos indígenas. En cuanto al segundo recurso presentado, este fue presentado el 12 de enero “en favor de la comunidad Colla Pai Ote y en favor de todas aquellas personas y comunidades indígenas que habitan los territorios en cuestión” y plantea que “esta licitación, tal como está diseñada, afectará a las personas en cuyo favor se recurre, pues la licitación no tiene límite geográfico dentro del territorio de Chile, y por ende, puede ser invocada en cualquier territorio donde exista litio, sean los salares de Atacama (Atacama), Maricunga (Copiapó), Coipasa, Salar del Huasco (Tarapacá), u otros”, donde se hace alusión a que en el proceso se vulneró el artículo 7 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, “por no haberse completado la consulta indígena a que obliga el derecho nacional e internacional, de acuerdo al petitorio”. De tal modo, los argumentos van más allá sobre la mera temporalidad del concurso o quiénes pudiesen resultar ganadores.

En efecto, la acción legal presentada por Ariel León Bacián, de los pueblos aymará-quechua; Nancy Piñones, del pueblo aymará; Verónica Henríquez, del pueblo mapuche; Esteban Araya, del pueblo lickanantay o atacameño; Rafael Tuki, del pueblo rapa nui; y Ercilla Araya, presidenta de la comunidad indígena colla Pai Ote, encuentra un correlato cercano en la “Evaluación de Impactos en Derechos Humanos de SQM en los Derechos del Pueblo Indígena Lickanantay” (ver la publicación completa aquí), un estudio de febrero de 2021 y presentado en agosto de ese año en donde se evidencia cómo la compañía chilena ha afectado los derechos del pueblo atacameño en su ejercicio de explotación del litio.

INTERFERENCIA se comunicó con uno de los autores, el abogado Marcel Diedier del Observatorio Ciudadano para conocer más detalles de cómo se ve en perspectiva la publicación a la luz del concurso público que se ha tomado la agenda durante las últimas semanas. Esto, pese a que SQM no ganó este concurso, pero cuyo actuar sirve de proxy de la industria.

La publicación fue financiada por la Fundación Heinrich Böll Cono Sur y contó con el apoyo del Consejo de Pueblos Atacameños, organización que agrupa a las comunidades lickanantay o atacameñas de Atacama la Alta, donde se encuentra el Salar de Atacama donde SQM desarrolla sus operaciones, así como con el involucramiento de las comunidades del Salar que integran este pueblo.

Sin consulta indígena y en plena escasez hídrica

Según su propia definición, el trabajo tuvo por objeto realizar una identificación y evaluación de los impactos que la empresa SQM ha generado en los derechos humanos del pueblo lickanantay o atacameño que habita en la Provincia del Loa, en la Región de Antofagasta.

Para su realización se utilizó como referencia la guía metodológica Todo Derecho para evaluaciones de impacto en los derechos humanos basadas en la comunidad, que ha sido elaborada por OXFAM y la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH en 2011 y utilizada desde entonces por muchas comunidades afectadas en sus derechos por empresas en todo el mundo.

Se trata de una metodología que busca proveer de herramientas a las comunidades y a las organizaciones de la sociedad civil para medir el impacto real o potencial de un proyecto de inversión sobre los derechos humanos.

En conversación con este medio, Dieder explicó que “hemos hecho dos publicaciones en territorio lickanantay, que son las evaluaciones de impacto en derechos humanos. Nosotros hicimos una en lo que se denomina el “triángulo del litio” entonces indagamos qué empresas trabajan en Argentina, Bolivia y Chile, y cuáles han sido las comunidades que han sido impactadas. En el caso de suelo chileno, en particular el trabajo se hizo en base a las dos principales empresas que explotan el mineral en suelo chileno que son Albemarle y SQM. Pero además, el documento desarrolla las responsabilidades en primer parte del Estado de Chile pero también otros países involucrados que tienen inversiones en empresas de litio como China y Canadá”.

Según el estudio, la realización de este trabajo estuvo motivada por las múltiples denuncias que durante los últimos años han venido formulando tanto el Consejo de Pueblos Atacameños como las comunidades de la cuenca del Salar de Atacama por las que consideran como graves afectaciones por parte de esta empresa a los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos indígenas tanto en el derecho nacional como internacional.

Tales denuncias adquieren mayor gravedad teniendo presente que el 2018 Corfo celebró con SQM nuevos contratos que le permitirán seguir desarrollando sus operaciones en el Salar de Atacama hasta el año 2030, aumentando significativamente el volumen de extracciones de litio y, por lo mismo, sus impactos en las comunidades atacameñas aledañas y en el ecosistema de dicho Salar.

A ello se suma el hecho de que SQM proyecta para los próximos años la ampliación de su planta de carbonato en el Salar de Atacama para producir 180.000 toneladas por año por USD $450 millones. Lo anterior, además de ampliar sus operaciones en el Salar del Carmen con una inversión de USD $180 millones, según informó Cochilco.

Consultado sobre si en su percepción ha quedado fuera de la discusión pública sobre la licitación el impacto que tiene la industria del litio en las comunidades, en el entendido de que la conversación se ha centrado más sobre el recurso y su adjudicación, Dieder opina que “lo que ha faltado en el discurso es mencionar a los afectados. He escuchado hablar de comunidades, pero ni siquiera al pueblo lickanantay, entonces eso es bastante grave. Uno está escuchando sobre si lo explota una empresa pública o una privada, si hay una Empresa Nacional del Litio o no, pero en ningún momento se hace mención a la participación de las comunidades que dentro de sus territorios se están viendo afectados”.

En esa línea, el abogado describió que “entre las cosas que me ha llamado la atención en el discurso de las distintas fuerzas políticas es cómo la oposición le impugna al actual gobierno de que esto se hizo rápidamente e incluso han presentado recursos de protección que han resultado inadmisibles. Y en ese sentido, para mí es inadmisible que la oposición no considere que esto viene desde marzo de 2021, con un hito en junio del año pasado y la licitación la conocemos como tal en octubre. El Consejo de Pueblos Atacameños también interpuso un recurso de protección pero dentro del plazo porque estaban pendientes de lo que ocurre en su territorio, entonces llama la atención que los bloques del Congreso realicen estas acciones a último momento cuando esto se pudo haber frenado con mucha anterioridad y no la última semana”.

En cuanto a la afectación del territorio por las empresas SQM y Albemarle, que fueron consideradas en el estudio, y el hecho de que ambas hayan quedado fuera de los beneficiados que anunció el gobierno en su momento, Dieder explicó que “hay una falta de consulta de todas las empresas que están trabajando hoy en el Salar de Atacama. No hay ningún proyecto que haya sido sometido a la consulta indígena. Eso es un asunto también bastante grave por el impacto que se genera porque tanto Albemarle como SQM se encuentran dentro de las empresas que producen más litio a nivel mundial, entonces es increíble que compañías de esa envergadura, que obviamente tienen que cumplir con determinados estándares a nivel internacional para poder operar, no cumplan ni siquiera con la consulta indígena”.

Así, según el jurista, “desde las empresas, uno podría escuchar que esto entró en vigencia de forma posterior, en relación a la vigencia del Convenio 169, pero bien sabemos que los últimos convenios han sido cuando el 169 ya estaba en vigencia, lo que da cuenta de los derechos que están siendo afectados”.

A juicio de uno de los autores del informe “acá uno de los temas más importantes es el agua. En la ley indígena también hay una regulación particular al respecto en los artículos 63 y 64 que establece una especial protección de las aguas que les pertenecen a los pueblos del norte de Chile. En un contexto de escasez, esta explotación que han tenido SQM y Albemarle que durante décadas extrajeron litio sin que hubiese una fiscalización, cuando no existía una institucionalidad ambiental como la que existe actualmente. Recién en 2010 con distintas leyes y la creación de algunas instituciones como el Servicio de Evaluación Ambiental recién se iniciaron las primeras fiscalizaciones a todo tipo de empresa. Y cuando se fiscaliza a SQM, la autoridad administrativa se da cuenta que está incumpliendo su RCA para producir y explotar litio, por lo que se inició un proceso sancionatorio. Y ahí se pudo dar cuenta que se extrajeron más cuotas de salmuera que lo que estaba concedido en el permiso, y ese es un proceso que se encuentra abierto”.

Didier sostiene que “los pueblos atacameños siempre han defendido que la extracción de salmuera es directamente la extracción de agua, que está combinada con determinadas sales y químicos. Y si a eso se le suma la extracción que han tenido SQM, Albemarle, Minera Escondida y Minera Zaldívar que son las cuatro que operan en el Salar de Atacama, juntan casi 4 mil litros de agua por segundo. Es decir, una cifra muy elevada para la escasez de agua que hay en el norte”.

Otro punto a abordar fue la incertidumbre que generó en las comunidades el hecho de que la licitación no especificara en qué lugar se iba a hacer la exploración y extracción de litio. Al respecto, el abogado manifestó que “estimo que el gobierno no hizo las consultas pertinentes porque cómo la licitación estaba abierta a todos los salares del norte de Chile se podrían ver eventualmente afectados distintos pueblos. Entonces era difícil determinar a quién había que consultar, pero obviamente esto deja en suspenso y en una situación de mucha incertidumbre a las comunidades que están en esos territorios respecto de lo que va a ocurrir. Inicialmente, cómo estaban estas 400 mil toneladas si uno va sacando la cuenta de la disponibilidad que tiene cada salar, inevitablemente se tendría que haber tocado el Salar de Atacama. Y si ya sabemos que está con un estrés hídrico, ahí está el peligro, y la posibilidad de que el salar sea explotado ahora por nuevas empresas”.

Fuente: https://interferencia.cl/articulos/la-discusion-olvidada-del-litio-informe-describe-los-problemas-que-sqm-ha-causado-al

derechos humanos litio pueblocolla pueblolickanantay Pueblos Indigenas Salardeatacama SQM

La Justicia chilena frena una licitación del Gobierno de Piñera para entregar la extracción de litio a una empresa china

Por MERITXELL FREIXAS

Los tribunales han suspendido un polémico proyecto que pone en riesgo a los salares del norte de Chile y a las comunidades que los habitan.

La Justicia chilena ha puesto en jaque una de las últimas y más controvertidas jugadas del gobierno de Sebastián Piñera. El viernes un tribunal acogió a trámite dos recursos que dejan suspendida una licitación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio que el Ejecutivo había adjudicado a una multinacional china y a una empresa nacional.

«No significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso», señalaron desde el ministerio a través de una declaración pública.

Este domingo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, insistió que se seguirá adelante con el proceso, una vez que se resuelva el recurso de la Corte de Apelaciones que lo puso en pausa. «Haremos ver nuestros argumentos para continuar […] Estamos confiados que con los argumentos que se presentarán y se seguirá adelante», dijo.

Impacto en los salares del norte

El gobierno quiere producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Por ahora se adjudicaron dos de ellas: una a la multinacional china ByD y la otra a la firma chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Las ofertas alcanzan los 121 millones de dólares para el Estado. «Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo tierra o lo utilizamos en beneficio de todos los chilenos. Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile –que Australia nos había sobrepasado con largueza– y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio», explicó Piñera.

El anuncio de los ganadores del concurso se produjo pocas horas antes del inicio de un debate en el Congreso que podría haber paralizado el proceso que, desde que se dio a conocer en octubre, provocó malestar y rechazo ciudadano.

Las adjudicaciones son por un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 de producción. Aún no hay un territorio definido en el que se instalarán las empresas, pero se sabe que será en el norte del país, en Atacama, donde se encuentran los principales salares y yacimientos de litio, en especial, el Salar de Atacama, el más grande del país.

Chile acumula las mayores reservas de litio del mundo, un 40%. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), es el segundo productor mundial de este mineral (32%), solo por detrás de Australia (46%). Entre 2015 y 2018 sus exportaciones se cuadruplicaron a países como Corea del Sur, Japón y China, que son sus principales importadores. Cochilco también pronostica un aumento considerable de la demanda en los próximos años por la progresiva instalación de los coches eléctricos, uno de los usos más prometedores de este material.

«Una vulneración de derechos a las comunidades»

Tanto la comunidad científica, como políticos representantes de la Convención Constitucional y del Congreso se han posicionado en contra de la licitación convocada por Piñera. Pero los principales perjudicados son las comunidades locales, que observan como empresas extranjeras se adueñan de los recursos de sus territorios.

«Esta licitación nos causa mucha preocupación porque hay una vulneración de derechos que afecta directamente a los habitantes del territorio que aún existimos», dice el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra. Critica que el Estado de Chile desconozca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, y que se basa en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios, reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales y el derecho a decidir sus prioridades en los procesos de desarrollo.

El abogado del Observatorio Ciudadano Marcel Didier, quien ha estado evaluando el impacto de la extracción de litio en la cuenca del salar de Atacama, destaca también que todos los trabajos que han realizado las empresas del litio en Chile se han hecho «sin la consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento de los pueblos indígenas». En su opinión, también se han vulnerado derechos como la libre determinación –por no poder decidir qué se va a hacer en su territorio– y el derecho a la participación en los beneficios. «Si bien se entrega dinero a las comunidades, se ha hecho sin ninguna correlación con las utilidades que ganan las empresas y al margen de los estándares para este tipo de actividades», lamenta Didier.

A finales del año pasado, el Consejo de Pueblos Atacameños también presentó un recurso ante otro tribunal que, si bien fue acogido, no paralizó el proceso. Por eso ahora se adherirá al que fue interpuesto por el gobernador de Atacama que, junto al presentado por comunidades indígenas, fueron los acogidos este viernes. El gobierno dispone de un plazo de 10 días para entregar su informe sobre el proceso.

«Los contratos son una mala noticia»

Desde el anuncio de la aprobación, ha sido constante el ir y venir de declaraciones cruzadas entre autoridades del gobierno saliente y del que asumirá a partir del 11 de marzo con el izquierdista Gabriel Boric (Frente Amplio) a la cabeza. El equipo de Boric había pedido postergar la licitación al menos hasta la llegada de la nueva administración, pero el actual gobierno señaló que el concurso se habría adjudicado tras tomar en cuenta algunos puntos planteados por el equipo del futuro presidente. Los frenteamplistas lo negaron y Boric, que en su programa de gobierno propuso la creación de una Empresa Nacional del Litio, calificó los contratos como «una mala noticia». El exlíder estudiantil aseguró que «revisará» la licitación una vez asuma el poder, pero sus palabras sentaron mal a las autoridades actuales, que lamentaron «la desinformación» que se ha generado entorno al tema.

Sea como sea, ahora la pelota está en manos de los tribunales y el proceso queda detenido, al menos por diez días. «Es muy difícil que se resuelva todo esto bajo el actual gobierno, por tanto, la licitación de Sebastián Piñera ya no va. Ese es un hecho en relación a los tiempos», asegura el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro.

Para Marcel Didier, otra forma de revetir los permisos otorgados podría darse cuando empiecen las exploraciones de las empresas en la zona y el futuro gobierno solicite que se consulte a las comunidades indígenas afectadas. Por mientras no se llega a este punto, Manuel Salvatierra sigue denunciando: «Es una falta de respeto a un pueblo originario que existe, que está acá, y también a todo un país que reclama mayor participación en las decisiones de estas características». Y concluye: «Se está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir ocupando este territorio por otros miles de años tal y como lo heredaron nuestros abuelos».

Fuente: https://www.publico.es/internacional/america-latina-justicia-chilena-frena-licitacion-gobierno-pinera-entregar-extraccion-litio-empresa-china.html?utm_medium=social&utm_campaign=Publico&utm_source=Twitter#Echobox=1642452858-1

«Más que juanitas»: 26 organizaciones feministas se unen para que la nueva Constitución reduzca la desigualdad de género

La propuesta, sistematizada por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, busca que la nueva carta fundamental chilena consagre la igualdad sustantiva y no discriminación, garantice los derechos sociales de las mujeres y ayude a combatir la discriminación contra las mujeres por razones de étnicas, de edad, de discapacidad y otras.

Si la brecha de género en Chile era profunda antes de la pandemia, esta se ha exacerbado por los efectos económicos y sociales del Covid-19: la participación femenina en el mundo del trabajo retrocedió un 6,1% durante 2020, según el INE, a la par de un aumento en las horas de trabajo no remunerado que las mujeres dedican a labores de cuidado. En este contexto la pregunta sobre cómo la nueva Constitución puede contribuir a reducir la desigualdad entre hombres y mujeres ha cobrado mayor relevancia. A partir de las experiencias de más de 26 organizaciones y mujeres chilenas, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por sus siglas en inglés) presentó 28 elementos transversales que la nueva carta fundamental debería cumplir para asegurar que cuenta con un enfoque de género.

El checklist es parte del libro “Más que Juanitas. Derechos sociales con enfoque de género en la nueva Constitución”, editado por GI-ESCR. El texto también presenta una serie de testimonios de mujeres en distintos contextos, aportados por más de 30 organizaciones y movimientos sociales nacionales, entre las que se encuentran Comunidad Mujer, el colectivo LAS TESIS, Mujeres en Zonas de Sacrificio, Corporación Humanas, ONG FIMA, Techo Chile, la Red de Defensoras de Derechos Humanos, la Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda y otras.

El listado incluye elementos estructurales que deberían ser incluidos en la nueva Constitución, como el principio de igualdad sustantiva y no discriminación entre hombres y mujeres; reconocer y distribuir las labores de cuidado; y fortalecer los servicios públicos con enfoque de género. También plantea que la carta fundamental debe reconocer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres. Finalmente, el checklist plantea elementos que reconozcan las distintas realidades de las mujeres a lo largo de Chile, como la protección de las defensoras ambientales; reconocer el aporte de las mujeres indígenas y combatir diversas formas de discriminación por razones étnicas, de edad o discapacidad.

El proceso constitucional chileno ofrece una oportunidad única para crear las condiciones que permitan reducir la desigualdad de género. “Una de las herramientas para enfrentar este desafío es a través de la incorporación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) con enfoque de género en el nuevo texto constitucional. El éxito de esta misión, sin embargo, exige dejar atrás los estereotipos que por décadas vienen reduciendo la experiencia y la agencia de las mujeres y niñas en Chile, tales como la ‘señora Juanita’. A eso apunta este conjunto de elementos que presentamos hoy que se han elaborado sobre la base de las demandas de varias organizaciones y movimientos feministas nacionales”, comenta la directora ejecutiva de GI-ESCR y ex relatora especial sobre extrema pobreza y Derechos Humanos de la ONU, Magdalena Sepúlveda.

La convencional constituyente por el Distrito 8 RM, Tatiana Urrutia, agradece que este proyecto recoja la conversación que han estado dando dentro de la Convención las feministas «que estamos preocupadas de que todas estas demandas se vean reflejadas en normas concretas que posibiliten el avance de futuras legislaciones que permitan cambiar la vida de las mujeres, de las disidencias y de la mayoría de las personas que viven en este país”.

El libro “Más que Juanitas” y el checklist están disponibles para descarga gratuita en formato digital en el sitio web de GI-ESCR.

En la iniciativa Más que Juanitas participaron las siguientes organizaciones, movimientos y personas:

Asociación de Abogadas Feministas (Abofem)
Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp)
Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda
Colectivo LAS TESIS
Comunidad Mujer
Cooperativa Desbordadas
Corporación Humanas
Corporación La Morada
Corporación Miles Chile
Corporación Opción
ONG FIMA
Fundación Chilena para la Discapacidad
Fundación Libera
Fundación Mujeres de Mar
Fundación Newenko
Fundación Niñas Valientes
Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile (OVO Chile)
ONG Madre Nativa
ONG Matria Fecunda
Movimiento de Acción Migrante
Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia
Mujeres de Maya Sawuri
Observatorio Ciudadano
Coordinadora Nacional de Inmigrantes
Red de Defensoras de DD.HH.
TECHO-Chile, Fundación Vivienda, y Centro de Estudios Socioambientales (CES)
Celsa Durán, Agrupación Casa Abierta
Laura Liliana Matus Ortega

Fuente: El Mostrador, disponible en: https://www.elmostrador.cl/braga/2021/12/22/mas-que-juanitas-26-organizaciones-feministas-se-unen-para-que-la-nueva-constitucion-reduzca-la-desigualdad-de-genero/

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Plataforma de la Sociedad Civil propone a la Convención avanzar a un Estado solidario. Presentan propuesta constitucional sobre Derechos Humanos y Empresas

Organismo que reúne cerca de 20 organizaciones presentó un documento que aborda la relación entre derechos humanos, sociales y ambientales y la actividad empresarial.

15 de diciembre de 2021, distintos lugares de Chile.

Las organizaciones integrantes de la Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, presentamos a los y las integrantes de la Convención Constitucional y a la sociedad interesada, insumos para el debate sobre los contenidos de la nueva Constitución, en cuanto ésta definirá la relación entre derechos humanos, en particular, derechos sociales y ambientales, y las actividades económicas.

Las reflexiones y propuestas de la Plataforma se derivan del derecho internacional de los derechos humanos, y abordan objetivos de la actividad empresarial para el bien común, así como algunos límites que el Estado debiera poner a las actividades económicas en función de la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Después de identificar el déficit de la actual Constitución en estos ámbitos, la propuesta elabora sobre principios del estado y la economía, derechos, sistema de tributación, las obligaciones del Estado y de las empresas en relación con los derechos humanos que debieran estar recogidas en la nueva Constitución, las empresas de propiedad del estado y el financiamiento estatal de la actividad económica.

Entre otras cosas, el documento propone superar el Estado subsidiario y “avanzar a un Estado solidario que procure el buen vivir, la vida digna, el bienestar social y el desarrollo humano sostenible sin discriminación alguna, lo que implica incluir en la Constitución la declaración del Estado de Chile como ‘Estado democrático y social de derechos’”, definir obligaciones de las empresas para con los derechos consagrados en la Constitución, y determinar la independencia de las instituciones fiscalizadoras. La versión completa y un resumen ejecutivo se pueden descargar en las páginas web de las organizaciones
integrantes de la Plataforma.

Prontamente, la Plataforma publicará una propuesta concreta de articulado relacionada a estos temas.

La Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas fue constituida formalmente el 1 de junio de 2021, y está integrada por el Centro de Derechos Humanos de la UDP, el Observatorio Ciudadano, Fundación Fiel Chile, Central Unitaria de Trabajadores, Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la UFRO, Chile Sustentable, Ciudad Común, Ciudadanía Inteligente, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, Corporación de Estudios Sociales y Educación, Defensoría Ambiental, Facultad de Economía y Negocios de la UAH, FIMA, The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, Greenpeace, Newenko, y Terram.

Plataforma Chilena de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas
Contacto: José Aylwin, jaylwin@observatorio.cl; Roberto Morales, rmorales@fielchile.cl;
Judith Schönsteiner, Judith.schonsteiner@udp.cl.

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