Ha partido Raúl Molina Otarola, geógrafo y antropólogo comprometido con los pueblos indígenas y la defensa de sus derechos territoriales. Compañero de vari@s de nosotr@s en muchas iniciativas de investigación-acción impulsadas desde la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y el Instituto de Estudios Indígenas de la UFRO primero, y más tarde desde el Observatorio de Derechos de Pueblos Indígenas, hoy Observatorio Ciudadano, en diversos territorios, incluyendo Alto Bío Bío, Salar de Atacama, comunidad colla Pai Ote, entre otras. En todos estos años aprendimos y enriquecimos de sus múltiples conocimientos disciplinarios, de su capacidad de trabajo y entrega a las comunidades, su conexión profunda con quienes viven en la tierra y con sus planes de vida, y de su amistad desinteresada con sus compañer@s de trabajo.
La elección de la constituyente mapuche Elisa Loncón como Presidenta graficó el protagonismo de los pueblos indígenas en la redacción de la nueva Carta Magna. En el mismo sentido, la victoria de Gabriel Boric significó un mayor respaldo institucional y el compromiso de dotar a la Convención con los recursos necesarios para su funcionamiento. La reciente aprobación de la Iniciativa N° 94-1 acrecienta la esperanza de que Chile se convierta en un Estado Plurinacional.
Además de cuestionar la institucionalidad heredada de la dictadura, las exclusiones y las inequidades, la revuelta social de octubre de 2019 puso en tela de juicio el modelo de relacionamiento histórico del Estado con los pueblos originarios. El estallido social posicionó la demanda de estos pueblos por la reconfiguración de Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural, así como el reconocimiento de sus derechos colectivos, en especial, el derecho al territorio y a la libre determinación.
Para las elecciones de mayo de 2021, la articulación de los pueblos originarios logró la inclusión de 17 escaños reservados para indígenas sobre un total de 155 que componen la Convención Constitucional: siete para el pueblo Mapuche, dos para el pueblo Aymara y uno para cada uno de los demás pueblos reconocidos por ley. Tras la aplicación de las normas de corrección de paridad, los pueblos indígenas quedaron representados por nueve mujeres y ocho hombres
Aunque se trata de una representación inferior a la demografía indígena, que asciende al 12,8% de la población total, y que tampoco se consideró al pueblo tribal afrodescendiente reconocido por ley en 2020, la elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. En Chile, es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto a la sociedad chilena en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica e intercultural.
La Constituyente y la consulta previa
La Convención Constitucional fue constituida el 4 de julio de 2021. Desde su inicio, las temáticas relativas a los derechos de los pueblos indígenas cobraron gran relevancia. En lo formal, se destaca la conformación de una Comisión Provisoria sobre “Participación y Consulta Indígena”. Este órgano recibió a 69 comunidades y personas naturales a lo largo de 22 sesiones para conocer sus opiniones en la generación de propuestas reglamentarias relativas a la participación y consulta de los pueblos en el proceso.
Como resultado, se redactó un Reglamento que recoge, de manera explícita, el derecho propio o consuetudinario de los pueblos originarios, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Además de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; las Observaciones y Recomendaciones de los Comités de Tratados de Derechos Humanos y de las Relatorías Especiales de Derechos Humanos de Naciones Unidas; y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La elección de constituyentes indígenas significó un hito histórico. Es la primera vez que los pueblos indígenas participan junto al pueblo chileno en la elaboración de la Carta Magna que establece nuevas bases de convivencia interétnica.
El Reglamento considera la realización de una consulta indígena constituyente y diversas instancias de participación, como la iniciativa constituyente de pueblos originarios, con el objetivo de que los pueblos originarios puedan proponer textos constitucionales para ser debatidos por la Convención. Para que se implemente el proceso de participación y consulta, también se consideró la conformación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad
Uno de los principales problemas que ha enfrentado esta Comisión para la implementación del proceso de consulta indígena ha sido los acotados tiempos del proceso constituyente: solo se dispondrá de dos meses para su realización. Además del reducido presupuesto, es necesario recordar que la coalición de derecha encabezada por Sebastián Piñera gobernará el país hasta marzo de 2022. Si bien el presidente electo, Gabriel Boric, ya se ha comprometido a dotar a la Convención Constituyente con los recursos necesarios, estos llegarán muy tarde.
Participación indígena y libre determinación
La inclusión de los pueblos indígenas y de sus derechos está planteada desde el artículo N°1 del Reglamento General de la Convención: “Una asamblea representativa, paritaria y plurinacional, de carácter autónomo, convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente originario”. Además, se incluye otra serie de derechos indígenas: autonomía, territorio, bienes comunes y pluralismo jurídico. A su vez, cada una de las comisiones cuenta con la participación de al menos dos representantes de escaños reservados indígenas.
En este sentido, el 27 de enero de 2022 la Comisión de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral aprobó la norma que declara a Chile como un Estado Plurinacional e Intercultural. Patrocinada por 16 constituyentes y liderada por los convencionales indígenas, la iniciativa N° 94-1 indica que los pueblos indígenas son “titulares del derecho de libre determinación” y de los derechos colectivos reconocidos y garantizados por la nueva Constitución y el Sistema Internacional de los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.
La iniciativa N° 94-1 señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado.
En virtud de esa libre determinación, la propuesta asegura que tienen derecho a la autonomía y al autogobierno. Asimismo, deberán ser reconocidos sus territorios, patrimonio, lengua, cultura, instituciones y jurisdicciones propias. La iniciativa N° 94-1 también señala que el Estado deberá garantizar la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribución del poder, incorporando su representación política en la estructura del Estado y los órganos de elección popular.
La propuesta reconoce al menos 11 pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado chileno: Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk’nam. La iniciativa no descarta que otros pueblos puedan ser reconocidos por ley. Finalmente, se señala que el Estado deberá garantizar el diálogo intercultural en el ejercicio de las funciones públicas con el objetivo de reconocer la diversidad étnica de los pueblos preexistentes.
Hacia un Estado Plurinacional
Si bien recién fue votada en general y aún resta la votación en particular para, posteriormente, pasar al pleno de la Convención, la Iniciativa N° 94-1 es indicativa de la conciencia que existe en la mayoría de las y los constituyentes. En general, la sociedad chilena comprende la necesidad de que la nueva Constitución reconozca a Chile como un Estado Plurinacional. Solo de este modo se pondrá fin a los dos siglos de negación y exclusión que caracterizaron a la historia de nuestro país.
Junto al reconocimiento de los derechos indígenas colectivos, el debate sobre la plurinacionalidad es demostrativa de la agencia que los pueblos indígenas de Chile han tenido para transformar su relación con el Estado y la sociedad chilena a través de la vía institucional. Un análisis minucioso sobre la coyuntura política chilena nos lleva a pensar que el texto constitucional elaborado por la Convención Constituyente propondrá que nuestro país asuma su plurinacionalidad.
Hernando Silva es director del Observatorio Ciudadano y coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad.
José Aylwin es coordinador del Programa de Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadano.
Quienes conocen sus derechos, tienen mayores posibilidades de defenderlos, exigirlos, ejercerlos, y respetarlos en una sociedad diversa. Es por eso que la educación en derechos humanos resulta clave para avanzar en la construcción de una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.
Así fue señalado en el preámbulo de la Declaración Universal de 1948, al afirmar “que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades y aseguren mediante medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”.
La importancia de educar en derechos humanos ha sido reconocida de manera creciente y amplia por los Estados y consecuentemente con ello se ha impulsado, a partir del año 2005, un Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, del cual Chile es parte. Junto con ello nuestro país ha ido avanzando en la creación de instituciones destinadas a la protección y promoción de derechos humanos y ha dado importantes pasos para incorporar la Educación en Derechos Humanos en todo el sistema educacional desde la educación parvularia hasta la Educación Superior. Así también se ha hecho cargo de reforzar la inclusión educativa en todos los niveles educacionales y avanzar en promover la erradicación de discriminaciones y prejuicios que afectan a niñas, niños y mujeres, personas en situación de discapacidad, migrantes o pertenecientes a pueblos indígenas.
En la actual coyuntura electoral, se advierten riesgos de retrocesos, específicamente, en el programa de la candidatura de J. Kast; donde se amenaza la existencia de dos instituciones claves para la protección y promoción de derechos, como son el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Además, se pretende incorporar de manera obligatoria la asignatura de religión en todas las escuelas y liceos, lo que afecta la libertad de enseñanza y de credo de las familias; como asimismo derogar el decreto 170 que ha permitido generar los programas de inclusión escolar para estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto se suma a otras propuestas que no contribuyen al desarrollo de una cultura respetuosa de derechos humanos y que, por el contrario, favorece la vulneración, como lo es detener personas en lugares secretos sin orden judicial; derogar la ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, entre otras medidas que van en contra de los principios de progresividad e igualdad y no discriminación de los derechos humanos.
En razón de lo anterior, la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos REEDH, considera que la posibilidad de que se establezca un gobierno de estas características constituye una amenaza para los derechos humanos y en consecuencia llama a participar informadamente de las elecciones presidenciales, por la implicancia que reviste este proceso en la sociedad chilena actual.
LEF TRAWUN EN TEMUCUICUI, FIN A LA INVASION Y VIOLENCIA ESTATAL CHILENA, AFIRMACION DE NUESTROS DERECHOS COLECTIVOS, LA SOBERANIA TERRITORIAL Y LA AUTODETERMINACIÓN MAPUCHE.
1.- Nosotros los Mapuche participantes del Lef Trawun, “Reunión de Emergencia”, que surge como consecuencia del allanamiento masivo a las Comunidades Mapuche de Chacaico, Huañaco Millao, Temucuicui, Pancho Curamil, y Coñomil Epuleo, afirmamos que la invasión y violencia desatada y sin control de parte de la policía del Estado Chileno que destruyo nuestras viviendas, violento a los niños, mujeres y ancianos que viven en paz, tuvo por objeto omitir la responsabilidad penal y política del gobierno del Presidente Sebastian Piñera, de su ex ministro Andrés Chadwick, el ex Intendente de la Araucanía Luis Mayor en cuanto a la ejecución de Camilo Catrillanca y representa una violencia institucional continua y permanente desde la denominada “Pacificación de la Araucanía” hasta el día de hoy.
2.- La invasión policial y que consistió en un allanamiento masivo de parte de la policía, es un acto de violencia que atenta al derecho del Pueblo Mapuche de vivir en paz en su territorio y constituye un atentado a la familia Catrillanca que no se le permitió conocer las resoluciones judiciales que en ese momento y ese día el tribunal daba a conocer. Por lo mismo, viene a poner de manifiesto que la presencia del Estado Chileno y sus instituciones en el Wallmapuche, es una amenaza permanente en contra de nuestro Pueblo Mapuche y sus derechos.
3.- Subrayamos que el Wallmapuche es nuestro territorio y no hemos renunciado a ningún derecho sobre él, tampoco consentimos el despojo y la ocupación militar que ha efectuado el Estado Chileno. Por lo mismo, todas las propiedades patrimoniales territorial se han instaurado mediante la fuerza, la violencia y con leyes ilegitimas que los han elaborados y adoptados los propios usurpadores de nuestro territorio en desmedro a los derechos que nos asisten como Pueblo.
4.- Recordamos al presidente Sebastian Piñera y a los futuros gobernantes del Estado Chileno que, los Parlamentos o Tratados Mapuche referidos a la soberanía territorial están plenamente vigentes y reconocidos por el derecho internacional en dos normas de derechos humanos. En vista que el Estado Chileno no ha tenido la voluntad política de resolver el derecho al territorio. Entonces, consideramos que la ruta que adoptaremos para resolver las controversias sobre tierras y territorios serán los tribunales internacionales.
5.- Tenemos presente que en los actos coercitivos militares denominado “Pacificación de la Araucanía” se cometió el crimen de Genocidio que permanece en completa impunidad; asimismo, se tomó, confisco y ocupo nuestro territorio y sus recursos y nos empobrecieron económicamente como Pueblo y del mismo modo nos causaron daño cultural en el ámbito material e inmaterial. Estas tres situaciones constituyen las actuales tensiones y controversia y mientras no se resuelvan adecuadamente no aceptaremos jamás la impunidad del crimen de Genocidio, ni la ocupación y despojo de nuestro territorio y sus recursos y recurriremos a los tribunales internacionales para hacer cumplir la reparación al daño causado a nuestro Pueblo Mapuche.
6.- Llamado al Pueblo Chileno, especialmente quienes enarbolaron la Bandera Mapuche a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche”, para poner fin a la violencia Estatal, reconocimiento de soberanía territorial y autodeterminación, el establecimiento de la Verdad, Justicia, la Reparación al daño causado.
7.- Saludamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno que, surge del estallido social de octubre 2019, esperamos que haya una nueva constitución política, superando las trabas del 2/3. Al mismo tiempo y con la misma fuerza afirmamos que los Mapuche, no hemos dado mandato a nadie para disminuir, diluir o restringir nuestros derechos contenidos en el principio y el derecho a la autodeterminación adquirido internacionalmente.
Por el Derecho a Vivir en Paz, por el Respeto a nuestros Derechos Colectivos, por la Soberanía Territorial y la Autodeterminación, afirmamos los siguientes:
I.- Afirmamos que el Pueblo Mapuche seguiremos implementado la ruta de la autodeterminación al amparo del derecho internacional hasta la conformación de un gobierno propio como fórmula política para hacer respetar nuestros derechos y participar activamente en el concierto de las naciones organizadas políticamente.
II.- Exigimos al Estado Chileno y al gobierno del Presidente Sebastian Piñera asumir su responsabilidad en el crimen de Genocidio cometido en contra de nuestro Pueblo en el contexto de la denominada “Pacificación de la Araucanía” y con el objeto de conocer la verdad se establezca una “Comisión de Esclarecimiento Histórico”. La verdad, la justicia, la reparación al daño causado por el Genocidio, constituyen una condición previa para establecer una paz firme y duradera en el Wallmapuche.
III.- Anunciamos que la comunidad de Temucuicui y otras bajo el principio y el derecho al ejercicio de la soberanía territorial y la autodeterminación instaurará la “Policía Comunitaria Mapuche”, en vista que la policía Estatal Chilena representa una agresión y amenaza permanente en contra del Pueblo Mapuche.
IV.- Anunciamos que seguiremos desplegando y sin descanso, todas las movilizaciones organizativas de las comunidades Mapuche para la restitución de las tierras usurpadas y sin excepción alguna.
V.- Llamamos a los Tribunales de Justicia que operan en el Wallmapuche o territorio Mapuche que hagan efectivo su independencia en la aplicación de leyes revocando la constitución de propiedades territoriales que carecen de legitimidad, los arriendos por 99 años y asimismo, actúen con mayor objetividad en las causas que afectan a los presos políticos Mapuche.
VI.- Anunciamos a las comunidades Mapuche a desplegar todas las movilizaciones en el Wallmapuche y en el país en repudio a la invasión y violencia Estatal Chilena en contra de las comunidades Mapuche movilizadas por la restitución de su derecho a la tierra y en especial las que fueron víctima de un indiscriminado allanamiento.
VII.- Llamamos al Pueblo Chileno a establecer un “Pacto Político Social con el Pueblo Mapuche” fundado en un reconocimiento pleno de nuestros derechos, poner fin la impunidad del Genocidio y reparación al daño causado, reconocimiento de nuestra soberanía territorial y reconocimiento al derecho de autodeterminación.
VIII.-Alentamos el proceso constituyente del Pueblo Chileno y al mismo tiempo reafirmamos que no aceptaremos que se diluyan, restrinjan, ni limiten nuestros derechos colectivos adquiridos de parte del derecho internacional, asimismo, no aceptaremos una relación de subordinación institucional del Pueblo Mapuche en la nueva constitución política, sino un reconocimiento pleno de nuestra soberanía territorial y la autodeterminación.
Situaciones de precarización laboral o escaso acceso a la salud son factores que dificultan la forma en que la población extranjera puede enfrentar el COVID-19 y sus medidas de prevención en nuestro país.
Quienes se encuentran especialmente vulnerables ante la pandemia son los migrantes, esto no porque enfrenten problemas de salud que los hagan más fácilmente receptores del virus, sino por las condiciones de vida que muchos llevan en nuestro país.
Precarización laboral, escaso acceso a la salud, o falta de grupos sociales y familiares de apoyo son parte de las condiciones que pueden dificultar no solo el enfrentar la enfermedad, sino también el llevar a cabo una cuarentena.
Desde el Servicio Jesuita Migrante, Michelle Viquez, directora social de la institución, comentó que “mucha de la población migrante actualmente está en su proceso de regularización, formalización de documentos para poder residir en Chile, para poder trabajar en Chile y muchos de estos servicios se han visto afectados, así que hay una mayor incertidumbre de cómo poder acceder al trabajo”.
“Además que claramente el mercado de trabajo no está en su mejor momento afectando no solo a la población que ya está trabajando quizás en trabajos precarios, sino también en el mercado informal. Muchas personas tienen que verse obligadas a trabajar de manera informal para llevar sustento a su casa y muchos de estos trabajos están siendo super afectados en esta contingencia”, añadió.
Por otra parte, Michelle Viquez dijo que “también sabemos de personas migrantes y refugiadas que han llegado a Chile en situación de alta vulnerabilidad huyendo de ciertas crisis en sus países, así que varios de ellos hoy se encuentran en situación de calle, prácticamente con poco que comer, sin trabajo así que igual tenemos preocupación por toda esta población que está en una mayor posición de vulnerabilidad“.
Ante tal situación, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantessolicitaron al gobierno tomar medidas, entre ellas atención de salud garantizada para todas las personas extranjeras indistintamente de su situación migratoria, garantizando así lo que debería ser un derecho.
Además, piden la elaboración y difusión de material informativo de prevención en los principales idiomas de las personas extranjeras en Chile, renovación automática de visas de residencia temporaria, así como el estampado electrónico de las prórrogas y de las visas.
Junto a ello regularización migratoria extraordinaria partiendo por el registro y cedulación a efectos de tener actualizada la información del Registro Civil, permitir que todos los residentes extranjeros que estuvieran fuera del país puedan retornar y no limitar esto a los que tienen permanencia definitiva, la incorporación como personal de atención de salud a las personas extranjeras residentes en Chile que tengan titulación en el área, entre otras solicitudes.
“En un sistema que es subsidiario de la salud, que no es que garantice la salud como derecho sino que la subsidia, lo pagan todos los trabajadores en Fonasa, significa que las personas que no tienen el rut o ni siquiera la inscripción provisoria en Fonasa no puede atenderse, y cómo se puede establecer medidas de control, barreras para que no se propague una enfermedad como esta si es que tu tienes sin acceso a la población, a cierto sector de la población, a este servicio”, comentó el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega.
Por otra parte, Noriega señaló que esta emergencia sanitaria ha derribado prejuicios que históricamente han recaído sobre las naciones más pobres o menos desarrolladas.
“Creo que no se pueden seguir sosteniendo los patrones de vida que hemos mantenido, los sistemas que han permitido y que permiten eso, la exclusión de las grandes mayorías de los servicios sanitarios, del acceso en calidad a los medios de subsistencia. Esta xenofobia que alienta la segregación, que alienta los racismos, la separación de los pueblos se cae. En el caso del COVID-19 es patético como han quedado en ridículo, el país que no tiene infectados en el continente aún es Haití, el país más pobre el país, más relegado ¿será porque no van los europeos a Haití?”.
En este contexto es de suma importancia, según comentaron desde la Coordinadora, que las medidas de gobierno que se vayan tomando en función de esta emergencia de salud los incluyan y garanticen su atención.
Una forma de que las personas extranjeras puedan estar atentos a qué acciones tomar es utilizar la aplicación MigrApp del Servicio Jesuita Migrante, a través de la cual se entrega ayuda, ya que las oficinas no estarán atendiendo por prevención.
El objetivo principal de la misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses para dar a conocer su alcance y magnitud en Canadá y, en particular, en Quebec, centrando su atención en los derechos colectivos, la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, los derechos sociales y laborales, los derechos de las mujeres, de los estudiantes y de los pueblos indígenas, en el contexto del momento constituyente que está viviendo Chile.
La Misión estuvo en Chile desde el 18 hasta el 27 de enero y tuvo encuentros con representantes de organizaciones sociales y políticas chilenas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso.
Los miembros que integran esta Misión son los siguientes:
Sol Zanetti, diputado, Partido Quebec solidario (Asamblea Nacional de Quebec)
Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado, Partido Bloc Quebequense (Parlamento de Canadá)
Denise Gagnon, dirigente sindical, Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec – FTQ y Fundación Salvador Allende
Luc Allaire, dirigente sindical, Central de sindicatos de Quebec – CSQ
Ricardo Peñafiel, dirigente sindical, Consejo Central del Montreal Metropolitano de la CSN y Federación Nacional de Docentes de Quebec, CSN
Marie-Christine Doran, investigadora, Escuela de Estudios Políticos, Université d’Ottawa
Isabel Orellana, investigadora, Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, Université du Québec à Montréal
Marcos Ancelovici, investigador, Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, Université du Québec à Montréal
Pierre Mouterde, ensayista, Filosofía, Colegio preuniversitario Limoilou
En concordancia con la elitización de la política y la creciente distancia entre las instituciones y la ciudadanía, Chile asiste a un inaceptable propósito de bloqueo mediático a las organizaciones ciudadanas, cuya labor encarna la voluntad de cambios expresada desde el pasado 18 de octubre y la exigencia por una nueva constitución.
De este bloqueo forman parte la decisión del Consejo Nacional de Televisión de no incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en la franja electoral para el proceso constituyente, tal como la invisibilización de que son objeto en los canales de la televisión abierta, cuyas concesiones pertenecen al Estado. Especialmente grave es lo que ocurre con Televisión Nacional de Chile, canal público donde nunca o casi nunca se oyen voces que no pertenezcan a las cúpulas políticas y empresariales.
En la práctica, asistimos a una verdadera suplantación: en los medios se reemplaza a los genuinos impulsores de una nueva constitución -el pueblo movilizado- por actores que en general han sido sindicados como responsables de la crisis que vive el país.
La gravedad del bloqueo no solo apunta a la suplantación, sino también a las consecuencias que esto tiene en el abordaje de los temas. En el Chile reciente se ha ido construyendo una agenda con demandas sociales de implicancia constitucional al margen y muchas veces a contrapelo de la agenda de los partidos políticos. Hay una serie de asuntos que han sido señalados por la calle que nunca han estado en el corazón de las preocupaciones de la élite. Por nombrar algunas: la lucha de las comunidades locales contra los proyectos extractivistas, la utilización de los agrotóxicos en la agricultura, las vertientes más radicales de la agenda de igualdad de género, No+AFP, las implicancias de los tratados de libre comercio y muchas otras.
Hoy, para las organizaciones sociales es imposible ejercer en Chile el derecho a la comunicación. Es por eso que en este estallido social por primera vez las protestas también han apuntado a los medios y sus líneas editoriales.
Por todas estas razones exigimos que se acaben los cercos. El país tiene derecho a conocer la mirada de las organizaciones sociales a través de los medios de comunicación masivos, en especial la televisión abierta. Chile despertó y exige más pluralismo, especialmente ahora que se inicia el proceso para una nueva constitución.
En relación a la sentencia de la Corte Suprema que falló a favor de la empresa minera Barrick Gold en su proyecto Pascua Lama, respecto al recurso de casación que buscaba dejar sin efecto la autorización de la modificación del permiso ambiental del proyecto, nuestra comunidad indígena de base territorial declara enfáticamente:
Está sentencia tiene poca relevancia respecto a los intereses por querer revivir este transgresor proyecto minero, debido a que se encuentra paralizado con la máxima sanción de CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA, dictaminada el 17 de Enero de 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Esta sentencia es solo un fallo especifico sobre la autorización de una modificación al permiso ambiental del ya muerto proyecto Pascua Lama, donde la empresa junto a los organismos “técnicos” del estado de Chile nos dicen que el agua se contamino de “manera natural”, por lo que deben subir los parámetros de metales pesados permitidos en el agua para que la contaminación sea legal y la culpable sea la naturaleza.
Denunciamos el mal manejo periodístico de algunos medios de comunicación que de manera sistemática lucran mal informando, así lo demuestra la orden de compra y oferta (adjuntos) de empresas como AZERTA que cobran importantes sumas de dinero por hacer un lavado de imagen de esta empresa que por más de 20 años ha mentido, a la comunidad, a las entidades fiscalizadoras y hasta sus propios inversionistas.
Denunciamos el interés de incidir en la ratificación del CLAUSURA TOTAL Y DEFINITIVA dictaminada por la Superintendencia de Medioambiente, que fue reclamada por la empresa ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Valoramos el voto en contra del Ministro Sergio Muñoz, debido a que efectivamente se infringió el Convenio 169 de la OIT al omitirse la apertura de un proceso de participación indígena, de manera previa, libre e informada. Sin duda estamos estudiando, acudir a instancias internacionales.
Compartimos las luchas del agua como un derecho humano y las demandas levantadas por los pueblos organizados.
Tras el reciente rechazo de nuestra casación por parte de la Corte Suprema, por medio de la cual buscábamos pronunciamiento de ilegalidad de la Resolución del Tribunal Ambiental que terminó defendiendo la modificación CRIMINAL al permiso Ambiental (RCA 2006) de Pascua Lama en su variable calidad de aguas del Río Estrecho en junio de 2016, con impotencia pero sobre todo rabia por la injusticia que se sigue perpetrando hace ya 20 años en nuestro territorio en manos de esta trasnacional y el Estado Cómplice, a la opinión pública declaramos:
1- Condenamos la campaña de manipulación ya histórica cometida y replicada por la mayoría de los medios de comunicación hegemónicos del país respecto de este proyecto. Desde al menos el año 2013, es sistemático su objetivo de desinformar y confundir a la población respecto de este proyecto, sobre todo en cuanto a resultado de fallos y resoluciones judiciales, poniéndolas siempre a su favor, exacerbando los resultados y muchas veces -como es el caso- tergiversando los contenidos de las causas y sus implicancias, para mostrar una supuesta animosidad favorable al proyecto por parte de la institucionalidad e incluso la máxima Corte de nuestro país a la ciudadanía, llegándose al extremo de hacer pensar que el proyecto se reinicia o continúa, presionando también otras instancias que están por resolverse. Llamamos con más fuerza que nunca, y en el momento de descrédito en que se encuentran los medios de comunicación a que sean responsables y cumplan con su ética que tanta falta hace en este convulsionado y vulnerado Chile.
2- Urge informar que esta Resolución NO “confirma la RCA del año 2006”, sino todo lo contrario, y MENOS“ratifica el proyecto Pascua Lama”. El proyecto se encuentra paralizado con una sanción de CIERRE DEFINITIVO dictaminada el 17 de Enero de 2018 por la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual espera su ratificación o rechazo por parte del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta tras Reclamación interpuesta por Barrick. Somos parte interesada y hemos trabajado fuertemente tanto por el Cierre como por su ratificación. No aceptaremos una opinión distinta por parte del Primer Tribunal Ambiental.
3- La causa que nos convoca hoy, la iniciamos porque era imperativo resguardar la calidad de nuestras aguas las cuales se ven afectadas por el proyecto esté éste paralizado/cerrado o no, ya que la contaminación es consecuencia del drenaje ácido de mina que supura sin descanso de la naciente del Río Estrecho a toda la cuenca del Valle del HUasco tras la intervención que alcanzó a realizar la minera sobre todo en su etapa de construcción. La modificación de la RCA autoriza niveles límite de metales pesados en el río más altos y permisivos con lo cual las nuevas contaminaciones perpetradas desde el año 2016 en adelante quedan ocultas, silenciadas, y por tanto, impunes, conformándose entonces en una amenaza altamente perjudicial para las comunidades y su salud así como para los ecosistemas. De esta manera, había que rechazarla y dejarla sin efecto por el bien de tod@s. Sólo por nombrar un ejemplo: el arsénico, elemento cancerígeno, en el punto de monitoreo más cercano a la población aguas abajo del proyecto (Chollay), se elevo su límite a sobrepasarse en 110 veces respecto de medición original o base, superándose incluso lo permitido por la Norma Chilena de Agua potable.
4- En consecuencia, lamentamos profundamente el rechazo de nuestra casación por parte de la Corte Suprema que si bien tuvo un voto en contra del Ministro Sergio Muñoz quien defendió la grave ilegalidad cometida al no realizarse la Consulta Indígena, con los votos de la mayoría se termina entonces perpetuando esta modificación que hemos denominado como CRIMINAL, al no demostrarse según dicha Corte los vicios del fallo del Tribunal Ambiental que alegábamos, los cuáles referían a situaciones graves como por ejemplo que no se tomaron en cuenta por parte de dicho Tribunal Ambiental nuestras contundentes pruebas avaladas por importantes expertos en salud pública y geología ,quienes expusieron que el supuesto cambio natural a la calidad de las aguas que aumento sus niveles de metales pesados defendido por la empresa no se comprueba, siendo enfáticos además en las graves consecuencias para la salud de la población tras la imposición de umbrales más permisivos como alertas de contaminación. Tampoco tomó atención de la fuerte crítica realizada a la metodología utilizada por el mismo Tribunal, la cual no era la óptima y además se realizó de manera deficiente, siendo sus resultados completamente serviles a la corroboración de la hipótesis de la empresa, aquella que siquiera la Seremia del medio Ambiente pudo confirmar en el proceso.
5- El agravio y aberración que significa la autorización de la modificación del Permiso Ambiental de Pascua Lama, un proyecto totalmente contumaz y doloso, es responsabilidad del Estado de Chile en forma de Comisión de Evaluación de Atacama, Comité de Ministros, Servicio de Evaluación Ambiental y Tribunal Ambiental. Y, lamentablemente la Corte Suprema no pudo comprender la urgencia de detener este agravio a la comunidad del Valle del Huasco, incluso ante uno de los escenarios más graves respecto del agua, en dónde hay que resguardarla en extremo, sobre todo en este lugar tan frágil que hace barrera al desierto más árido del mundo. Hemos agotado para estos efectos, todas las instancias en el país, quedando habilitados para accionar en jurisdicción internacional, cuestión que no desestimamos ante un Estado que prefiere entregar a su población a la muerte silenciosa por metales pesados aumentando la permisividad para contaminar a una trasnacional con tal de facilitarle la vida a su proyecto Pascua Lama.
6- En una conciencia que se emancipa aún más en este contexto nacional en donde ya hemos dicho BASTA, nosotros que hemos seguido todos los caminos institucionales hace más de 7 años, hoy con más fuerza que nunca corroboramos la necesidad de cambios estructurales, constitucionales y de modelo que no permitan nunca más los niveles de corrupción y tráfico de influencias que han existido en torno al proyecto Pascua Lama, así como la devastación de aguas, glaciares y humedales, la pérdida de soberanía por el Tratado Binacional Minero, la destrucción de nuestro tejido social, la amenaza de nuestra identidad agrícola, entre otras cuestiones, a la que hemos sido gravemente sometidos.
Con motivo de la visita de Baskut Tuncak, relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y sustancias peligrosas, la FIDH, Justiça Global y Justiça nos Trilhos hacen un llamado al Estado brasileño y las empresas para que asuman sus responsabilidades y reparen integralmente las violaciones a los derechos humanos y el ambiente que vive la comunidad de Piquiá desde hace más de tres décadas.
Entre el sábado 7 y el lunes 9 de diciembre, el relator se encuentra en el estado de Maranhão, donde las desastrosas consecuencias de la industria minera y siderúrgica en la salud de los habitantes de Piquiá debido a la contaminación ambiental y sonora han sido denunciadas durante años, pero permanecen impunes. Luego de su visita a esta zona, el relator interpelará a las autoridades estatales y federales sobre el caso se Piquiá, comenzando hoy lunes en la capital del estado de Maranhão y en Brasilia.
“Esperamos que esta visita dé mayor visibilidad internacional a este caso, por tanto tiempo ignorado por el Estado, despertando a las autoridades para que la legislación ambiental sea reforzada y efectivamente implementada. A su vez, un firme llamado del relator a Vale, Viena Siderúrgica, Gusa Nordeste, Aço Verde Brasil e Cimento Verde Brasil (las tres últimas del Grupo Ferroeste), para que reparen los daños causados y se alinien con la normativa existente es necesario,” señaló Sandra Carvalho, vice presidenta de la FIDH y Coordinadora de Justiça Global.
El relator especial, cuyo mandato es monitorear los efectos nocivos que generados por sustancias y desechos peligrosos, debe alertar a los órganos de la ONU sobre las violaciones constatadas en la comunidad de Piquiá, y formular recomendaciones.
Los habitantes encaran con dignidad y aplomo, día tras día, la encomiable tarea de luchar por el ejercicio de sus derechos vulnerados. Mientras que la relocalización a Piquiá da Conquista les brinda una cauta esperanza, su situación sigue siendo grave.
La noticia alentadora es que frente a esta situación, la comunidad de Piquiá no se ha rendido. A pesar de los escasos recursos y apoyo con que cuenta, ha sabido organizarse y conseguir los recursos para ser relocalizada en un lugar llamado Piquiá da Conquista, donde un futuro lejos de la polución se construye. Sin embargo, existe el riesgo que las políticas de restricción presupuestaria para los programas sociales por el gobierno de Jair Bolsonaro como el contexto político más amplio afecten directamente la conclusión de este proceso.
“Mientras la comunidad de Piquiá continúe enfrentando problemas de salud debido a la polución del aire y siga expuesta a desechos tóxicos y peligrosos que resultan de la inadecuada gestión por parte de las empresas siderúrgicas, no habrá reparación integral. El mensaje del relator debe exigir además garantías de no repetición, para que las generaciones futuras en Piquiá puedan gozar de su derecho a un ambiente sano,” acotó Danilo Chammas de Justiça nos Trilhos.
Hoy, solicitamos concretamente que el Estado brasileño asegure la pronta conclusión e implementación de las decisiones judiciales y garantice la efectiva reparación a las familias afectadas negativamente por la industria minera, de arrabio y acero; que se inicien los procedimientos investigativos e impongan sanciones a las personas físicas y jurídicas responsables; se asegure un lapso de tiempo específico y acotado para que las empresas se alineen a las normas legales vigentes y aseguren garantías de no repetición; y que las empresas tomen las medidas necesarias para proteger a las familias de los desechos tóxicos y detener inmediatamente las operaciones sin licencia.
Esperamos que la presente visita del relator especial sirva para colocar nuevamente a Piquiá en la agenda pública y política de decisiones. Tuncak tendrá una conferencia de prensa el 13 de diciembre de 2019 a las 14:00 horas en Brasilia, donde compartirá sus observaciones preliminares. El relator especial presentará un informe completo con su análisis y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2020.
