CHILE NECESITA UN NUEVO PACTO SOCIAL QUE ASEGURE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Estos días hemos asistido al estallido de un malestar social muy profundo.

Estos hechos simbolizan el cierre definitivo de una trascendental etapa de la historia de Chile que se inició en 1990 con un pacto social que significó importantes cambios pero que evidencian su agotamiento.

El país exige hoy un nuevo pacto social, que sea capaz de terminar con los abusos y desigualdades que hasta ahora no han sido derrotados.

Esta crisis social y política no es por los $30 del Metro. Es por el abandono de la educación y salud pública, por las miserables pensiones, es por las expectativas de progreso familiar que se alejan, es por un Chile que excluyó a las mayorías.

Se requiere entonces nuevas soluciones. Esto no se resuelve con discursos presidenciales, ni menos con militares en la calle ni con toques de queda que restringen nuestras libertades.

Su solución requiere empezar a realizar nuevas y profundas transformaciones que permitan cambiar el individualismo, el lucro con las prestaciones sociales y que empiecen a terminarse los abusos.

El país se debate entre un modelo que profundiza el individualismo y la competencia como motor de su desarrollo y otro, el que proponemos, que debe avanzar en solidaridad y colaboración como motores fundamentales de un desarrollo inclusivo, sin abusos y con mayores grados de participación de la ciudadanía.

En una sociedad en que el individualismo ha calado tan profundo, las movilizaciones de estos días se transforman en un aire de esperanza para la reconstrucción de una sociedad en que los distintos humanismos sean capaces de converger en un camino unitario que sea capaz de proponerle al país una alternativa de conducción mayoritaria y responsable.

Este camino es también de más participación y más diálogo, más conversación entre los múltiples actores políticos y sociales hoy fragmentados.
Por eso el Parlamento debiera ser el lugar institucional donde se puede empezar a resolver esta crisis.

Debemos por lo mismo reivindicar la política como el espacio principal, no el único, de debate y búsqueda de soluciones a las demandas de la ciudadanía. Renunciar a la política, es renunciar a la democracia.

Por lo mismo, queremos ser claros con el país. En esta crisis las responsabilidades no son iguales. La actual oposición, el progresismo y la centro-izquierda del país no tienen la misma responsabilidad que el actual gobierno y la derecha. No somos todos iguales. Gran parte de los cambios que el país hoy demanda no fueron posible por un bloqueo permanente de la derecha, que por 30 años impidió mayores avances políticos y sociales. La verdad histórica necesita claridad.

Aun así, estamos convencidos que los cambios que el país requiere y demanda, necesitan superar la crisis actual de manera que la ciudadanía pueda en paz resolver entre las distintas alternativas porque proyectos opta.

Es nuestro deber histórico contribuir a que como país construyamos más y mejor democracia, pasemos de una economía de los commodities a una sofisticada y diversificada, a una esfera pública más fuerte que facilite la inclusión social y eso requiere un nuevo Pacto o Acuerdo Social que permita ese desarrollo de todas y todos.

En esta coyuntura reiteramos al gobierno con claridad que no estamos disponibles para su burdo intento de intentar aprovechar la actual crisis para aprobar “su agenda legislativa original” sobre la que ha sido incapaz de construir acuerdos mínimos que le den viabilidad.

No seremos buzón legislativo para aprobar malos proyectos de ley, que profundicen modelos privatizadores, soluciones de mercado que debilitan la construcción de bienes públicos de calidad que nivelen la cancha social, y que no reúnen los consensos transversales que requiere esta hora presente.

Asimismo, llamamos al Gobierno a que re-diseñe sus prioridades del Presupuesto 2020 y efectivamente se asignen más recursos para atender las demandas sociales que pide la mayoría del país. Un incremento presupuestario del 3% para el año 2020 es completamente insuficiente.

I) PROPUESTA DE REFORMAS ESTRUCTURALES

a) Se requiere retomar el diálogo social sobre la Nueva Constitución para que el país tenga este nuevo Pacto Social

b) Es urgente legislar para que haya más participación democrática reponiendo el voto obligatorio, la iniciativa popular de ley y un plebiscito que abra paso a una nueva Constitución.

c) Reforma Constitucional sobre aguas que Garantice constitucionalmente el agua como bien nacional de uso público.

d) Debemos avanzar en solucionar las inequidades territoriales y fortalecer los gobiernos regionales y locales ya sea con más recursos (por eso es urgente mayores recursos para las regiones y un rediseño más equitativo del Fondo Común Municipal) pero también con más participación de los ciudadanos potenciando los roles de los Consejos Regionales y Consejos Municipales en su rol de representantes democráticos de la ciudadanía.

e) Reforma al modelo tarifario de los servicios básicos en agua, luz, transporte público apuntando a rebajar tarifas, generando mecanismos de estabilización, subsidios a los más vulnerables, participación de la comunidad dejando atrás el esquema vigente de “empresa modelo” y de abusivas rentabilidades para las empresas.

f) Se requiere avanzar hacia un sistema tributario más progresivo -donde los que más tienen deben pagar más impuestos- que permita incrementar la recaudación fiscal que financie responsablemente la provisión de mejores bienes públicos de calidad

g) En materia de pensiones se debe avanzar hacia un modelo mixto donde haya solidaridad intra e intergeneracional, principios de seguridad social y un ente público que administre la nueva cotización previsional.

II) MEDIDAS LEGISLATIVAS INMEDIATAS.
1. Retirar proyecto de reforma tributaria
• Reemplazo por un proyecto de ley que signifique un aumento significativo de los impuestos al 1% más rico proveniente de las utilidades de las empresas para financiar una real agenda social y que tenga un régimen especial para las pequeñas empresas.

2. Retirar reforma previsional
• Aprobar en lo inmediato el reajuste a PBS y APBS mediante una ley corta
• Constituir una mesa transversal y amplia para proponer una reforma profunda y estructural al sistema de pensiones que implique introducir la solidaridad intra e intergeneracional para mejorar las pensiones autofinanciadas, modificar la tabla de expectativas de vida, perfeccionar el funcionamiento del ente público que administrará la nueva cotización previsional.

3. Plan de inversión para reactivar economía
• En presupuesto 2020 debe financiarse un potente Plan de infraestructura en obras públicas, conectividad, transporte y servicios públicos, que permita dinamizar la inversión y mejorar el crecimiento potencial.
• Mayor endeudamiento del sector público, vía uso de fondos soberanos o colocando instrumentos de deuda en el mercado.

4. Retiro de proyecto de control preventivo de identidad a menores de edad.

5. Tramitación del nuevo Código de Aguas que permita tenerlo como ley en 1er trimestre del 2020

6. Retiro del proyecto de Flexibilidad laboral.

III) ES URGENTE RE-DISEÑAR PRESUPUESTO 2020 PARA ATENDER LAS SIGUIENTES DEMANDAS SOCIALES.
1. Adultos Mayores
a) Tarifa de transporte público liberada para adultos mayores.
b) Canasta gratuita de medicamentos especializados para adultos mayores.

2. Mejor Educación Pública
a) Recursos para fortalecimiento de educación universitaria pública.
b) Más recursos y oportunidad en la entrega para los Servicios Locales de Educación
c) Más recursos para construir salas cunas y jardines infantiles.
d) Condonación –al menos parcial- de deudores CAE
e) Comenzar a implementar una solución para la deuda histórica de los profesores

3. Sequía y escasez hídrica
a) Creación de un fondo de provisión para financiar nuevos de proyectos de infraestructura para enfrentar la sequía y más recursos para los proyectos APR

4. Salud
a) Elevar el per cápita de salud primaria.
b) Financiar la ley del cáncer.
c) Debe flexibilizarse la aplicación del nuevo modelo de financiamiento de los hospitales públicos (GRD)
d) Reponer recursos en fondo para ley Ricarte Soto

5. Vivienda
a) Duplicar recursos para vivienda social.
b) Programa de control del precio y condiciones de los arriendos.
c) Regular el precio de las viviendas.
d) Fin de las EGIS.
e) Fomento de cooperativas de vivienda.

6. Medio Ambiente
a) Incrementar recursos para programas de recuperación medio ambiental y social en las llamadas zonas de sacrificio ambiental (Huasco, Quintero, Coronel)
b) Una agenda efectiva de descarbonizacion de la matriz energética

7. Cultura
a) Incremento del presupuesto sectorial en al menos el mismo porcentaje de crecimiento del sector público.
b) Reponer recursos recortados en los Centros Culturales y museo de la memoria y del Museo de la Memoria
c) Crecimiento efectivo de fondos concursables y sectoriales
d) Reponer fondos del CNTV
e) Rechazo a la idea de un Museo de la Democracia

8.- Innovación Productiva
a) Para enfrentar estancamiento se requiere aumentar inversión en I&D –que hoy está en 0,35% y debe implementarse un programa 2020-2023 que permita llegar al 1% del PIB- ya sea a través de CORFO; Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) como del nuevo Ministerio de las Ciencias

IV) SOBRE LA AGENDA SOCIAL DEL PRESIDENTE PIÑERA
Es más mercado y mayor desigualdad.

Anuncia medidas que NO tienen acuerdo con Parlamento como la mal llamada Sala cuna Universal –que privatiza la provisión de ese servicio educativo-, un seguro catastrófico que potencia al sector privado y debilita al sector público y otras que debe aclarar como el Ingreso Mínimo Garantizado (ya que debe ser focalizada en las pequeñas empresas y no debe ampliarse a grandes empresas).

No nos parece razonable aceptar la presión gubernamental para aprobar “su agenda legislativa” con marcado acento privatizador y que tiene un exiguo gasto fiscal (sólo 0,4% del PIB cuesta paquete fiscal).

El Parlamento debe ser un lugar institucional para debatir, dialogar y no imponer; donde se mejoran los proyectos de ley para que efectivamente beneficien a las familias vulnerables y de la emergente clase media.

Por tanto, llamamos al Gobierno a abandonar el camino de la imposición legislativa y sentarse a dialogar sobre los proyectos de ley de la llamada agenda social.

No queremos más lucro, ni más letra chica en los proyectos de ley del Gobierno. Chile quiere solidaridad e inclusión social y ese seguirá siendo nuestro compromiso con los 18 millones de chilenas y chilenos.