A 1 año de su Siembra: Berta Vive, COPINH Sigue.
El 2 de marzo de 2016, asesinaron a Berta Cáceres con el objetivo de acallar su voz, acabar con su importante liderazgo y fulminar así el proyecto político y la lucha de un pueblo por la defensa de su territorio; pretendían no solo acabar con ella, sino también con la organización en la que militaba desde hace más de 20 años, el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Sin embargo, este crimen no solo no logró acabar con el movimiento sino que aún hoy Berta Cáceres, su legado de compromiso, resistencia y claridad siguen vigentes y vivos en los pueblos que en todo el mundo enfrentan las amenazas del capitalismo salvaje, del patriarcado, y de este sistema predador, racista y colonial.
Un año después, 8 personas han sido detenidas en relación con el asesinato de Berta y el intento de homicidio de Gustavo Castro, quien se encontraba en casa de Berta en el momento del atentado. Entre estas personas, hay miembros del ejército hondureño y militares retirados, así como trabajadores de la compañía DESA, responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que COPINH se opone desde hace años y que ha sido una de sus luchas más conocidas. Sin embargo, a pesar de haber detenido a los presuntos autores materiales, el asesinato de Berta permanece en la impunidad hasta que los responsables intelectuales sean desvelados y llevados ante la justicia.
Los familiares de Berta, el COPINH y el único testigo y superviviente del atentado, Gustavo Castro, siguen denunciando numerosas irregularidades y la falta de transparencia en la investigación del caso que permanece bajo secreto de sumario, en lo que se podría considerar una pretendida ineficacia para tapar que los verdaderos responsables se mueven en las altas esferas del país. Hace apenas un mes, se conocía el informe elaborado por la fundación Global Witness sobre los
defensores y defensoras del medio ambiente en Honduras, del que se desprende que detrás de los y las más de 120 activistas ambientales asesinados y asesinadas en el país desde el golpe de estado de 2009, están los conflictos originados por la proliferación de proyectos extractivos vinculados a las élites económicas y políticas hondureñas. Según la investigación, Honduras sería el país más peligroso para los defensores y defensoras del medio ambiente, quienes se juegan no solo la vida sino que enfrentan cada día amenazas, ataques, despojo y criminalización.
Las organizaciones abajo firmantes señalamos la responsabilidad del Estado de Honduras en el asesinato de la líder lenca por el incumplimiento de las medidas de protección a su favor que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había impuesto. Apoyamos la denuncia interpuesta ante la CIDH por las violaciones a los derechos humanos en contra de Gustavo Castro causadas por el Estado de Honduras durante su retención en ese país el pasado mes de marzo de 2016.
Así mismo, condenamos las campañas de desprestigio por parte de la prensa y del gobierno hondureño del trabajo del COPINH y de otras organizaciones sociales – inclusive nacionales e internacionales -, y la criminalización constante de defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano. Frente este contexto represor, con altos índices de corrupción e impunidad sostenida desde diferentes instancias del Estado de Honduras, es improcedente que el gobierno de Canadá está contribuyendo apoyos financieros, técnicos y políticos para respaldar el Ministerio Público, inclusive en torno a la investigación específica sobre el asesinato de Berta Cáceres y el intento en contra de la vida de Gustavo Castro (por ejemplo a través de la Agencia Técnica de Investigación
Criminal – ATIC). Hay por lo menos dos altos funcionarios en el mismo Ministerio Público con vínculos a la aprobación del proyecto Agua Zarca frente lo cual Berta y COPINH han estado en resistencia, por lo cual se ha cuestionado la voluntad política de este organismo de llevar a cabo una investigación plena e imparcial.
A un año de la siembra de Berta, manifestamos nuestro apoyo al COPINH, a los pueblos de Honduras y a Gustavo Castro, y sumamos nuestras voces para exigir:
1. La instauración de una investigación independiente del asesinato de Berta Cáceres llevada a cabo por expertos internacionales e imparciales dispuestos por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, que llegue a la verdad y fondo del crimen.
2. La inmediata cancelación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de las más de 50 concesiones otorgadas en territorio lenca por falta de respeto por sus procesos de auto-determinación y su consentimiento libre, previo e informado.
3. La desmilitarización y la salida de las fuerzas policiales del territorio lenca.
4. El fin de la criminalización y los ataques al COPINH y a sus miembros
5. La eliminación del apoyo técnico, económico y político del gobierno de Canadá con el Estado de Honduras, en particular con las fuerzas de seguridad y los organismos de
investigación del Ministerio Público, inclusive la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
6. El cese de las acciones de cabildeo de la diplomacia del gobierno de Canadá para promover los intereses de los inversionistas canadienses, que tienen fuerte presencia en los sectores de la minería, energía, telecomunicaciones y turismo en Honduras, a costa de la
democracia y del respeto de los derechos humanos fundamentales y los territorios Indígenas en Honduras.
7. El cese de los apoyos bilaterales de Canadá con Honduras a través de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs).
8. La nulidad del tratado de libre comercio Canadá-Honduras, que se negoció en los meses posteriores a las elecciones fraudulentas de noviembre del 2009 y se firmó con el gobierno continuista del golpe del estado que ha demostrado su desdén para los derechos humanos de la población.
En marzo no solo recordamos con dolor el horrendo crimen, sino que sobretodo celebramos la vida. La vida de Berta que nació un 4 de marzo, y la vida del COPINH, que el 27 de marzo cumple 24 años de su fundación.
Hoy día, celebramos la vida y nos solidarizamos con las personas, comunidades y movimientos sociales en Honduras que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la vida en un contexto de grave crisis de la democracia tras el golpe de estado del 2009 y que están en pie frente a las crecientes amenazas a las comunidades y territorios.