Esta conmemoración se lleva a cabo este año en medio de un contexto complejo a nivel global y local, teniendo en cuenta los desafíos internacionales, los impactos de la pandemia y los compromisos nacionales climáticos. En esta nota, diversos actores de la sociedad civil destacan los puntos más relevantes de 2021 en materia climática.
Este viernes 26 de marzo se conmemora un nuevo Día Mundial de Acción del Clima, en un “año decisivo para enfrentar la emergencia climática global”, como enfatizó el Secretario General de las Naciones Unidad, António Guterres, debido a los resultados que arrojó el último informe provisional de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC, por sus siglas en inglés) publicado en febrero, alertando que los compromisos de los gobiernos no se acercan al nivel de ambición necesaria para limitar el cambio climático a 1,5 grados y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
En este escenario, la acción climática de los Estados debe ser más ambiciosa y eficiente, pues pareciera que el tiempo para dar una respuesta efectiva a los impactos de este fenómeno es cada día más limitado. El caso de Chile no es la excepción y desde diversas organizaciones de la sociedad civil nacional, pertenecientes a la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, presentan sus inquietudes y proyecciones en este período, instando al Gobierno central a avanzar con la celeridad que esta emergencia posee.
Gloria Lillo de la Fundación Heinrich Böll Stitung, señala que, en términos generales, “Chile debe moverse desde los esfuerzos de mitigación, hacia la adaptación, pues nuestros ecosistemas y grupos humanos más vulnerables ya están sintiendo los impactos del cambio climático, muchas veces de forma dramática, y la respuesta que requieren desde el Estado debe ser coordinada, planificada y participativa”.
El camino hacia la carbono-neutralidad de Chile:
En abril de 2020, Chile presentó ante la CNMUCC la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), momento en el que el Ejecutivo comprometió que el país será carbono-neutral en 2050. Este también es el principal objetivo de la Ley Marco de Cambio Climático que aún se encuentra en discusión en el Congreso nacional.
Para lograrlo, el país tiene una serie de acciones pendientes, especialmente en el área de energía, según destacan desde Fundación Terram y ONG FIMA, organizaciones que sostienen que el cronograma de descarbonización comprometido por el Gobierno y las generadoras en 2019, es una de las acciones pendientes para cumplir con las metas climáticas del país.
“Teniendo en cuenta que la nueva NDC presentada por Chile busca lograr que el año peak de emisiones de gases de efecto invernadero sea el 2025, no se entiende que desde el sector energético no exista para este año ningún cierre programado para otras centrales a carbón, habiéndose apagado ya cinco unidades termoeléctricas y quedando aun otras 23 por apagar al 2040. Esto solo nos recuerda la urgente necesidad por acelerar el cierre de las restantes sucias unidades que el país aún mantiene en funcionamiento, junto con su desmantelamiento y descontaminación de las zonas afectadas”, señala Gary González, de Fundación Terram.
En ese sentido, las principales zonas afectadas son cinco en el territorio chileno, las cuales mantienen una desmesurada carga ambiental -con parques industriales de grandes dimensiones – en comparación al resto del país. Estas son las llamadas Zonas de Sacrificio. «Chile debiera acelerar el proceso de descarbonización, de manera de terminar con las zonas de sacrificio, mediante medidas vinculantes de transición que sean social y ambientalmente justas”, refuerza Gabriela Burdiles de ONG FIMA.
Por su parte, Gilberto Ortiz de CODEFF, señala que el principal desafío a nivel nacional “es lograr que se elabore y promulgue la Ley de Cambio (Emergencia) Climática en una forma tal que constituya un instrumento efectivo y con recursos para la acción de adaptación y mitigación frente al cambio climático”, ya que esta vendría a materializar una serie de acciones para avanzar a la carbono-neutralidad en el año propuesto por el Gobierno.
Reactivación económica:
Además de este fenómeno, la pandemia ha puesto otra urgencia a nivel global, impulsando a los Estados a incorporar en sus políticas públicas planes de reactivación económica, los que, muchas veces, no logran dar una respuesta asertiva a la crisis ambiental de nuestro tiempo. Desde ONG FIMA, Burdiles señala que sería ideal “impulsar medidas de reactivación económica centradas en la adaptación al cambio climático, desde los territorios, como prioridad» en Chile, debido a sus escasos avances climáticos en este tema.
“Este 2021 debe marcar un punto de inflexión en la gestión y relación con la naturaleza, sobre todo si Chile apuesta a cumplir con el compromiso de ser carbono neutral al 2050. En ese marco, la posibilidad de promover una reactivación transformadora en materia de transporte, gestión de residuos y agricultura es fundamental y posible. La coyuntura nacional y la necesidad de atender las crisis es un terreno fértil para pasar de las palabras a la acción”, refuerza Karla Maass desde CAN-Latinoamérica.
Por su parte, Uri Colodro de WWF Chile, enfatiza que alcanzar una reactivación verde o transformadora debe ser un esfuerzo conjunto de la sociedad: “es relevante que esto no solo sea impulsado desde la sociedad civil, sino que también incorpore los esfuerzos del sector productivo y empresarial, los gobiernos locales, las comunidades y otras instituciones que también se comprometan con cambios ambiciosos para reducir al mínimo las emisiones y la huella ecológica, contribuir a una economía circular y a hábitos y modos de vida más sustentables”.
Nueva Constitución para Chile:
Por otra parte, uno de los temas que genera mayor expectación, es el proceso constituyente por el que atraviesa el país, justamente en este momento que está ad portas de las elecciones de las 155 personas que estarán a cargo de redactar una Nueva Constitución. Sin duda alguna, la sociedad civil espera que la emergencia climática tenga protagonismo en el debate.
“Con un proceso Constituyente en marcha, tenemos la oportunidad de sembrar los cimientos para la transformación que necesitamos. Chile podría ser el primer país en descarbonizar su matriz energética, dando un valioso ejemplo para la región. Además, debe asegurar un futuro equilibrado y justo para quienes ya están sufriendo la crisis climática y ambiental. Para ello, es importante proteger y conservar los espacios y funciones naturales que aún quedan y ayudar a regenerar lo que se ha dañado. La naturaleza es capaz de dar sustento y bienestar a todos los seres vivos, pero tenemos que darle la posibilidad de hacer lo suyo”, opina Florencia Ortúzar desde AIDA.
En otros temas, hay una serie de compromisos y deberes que el Estado de Chile no ha concluido. Por ejemplo, Arianne Van Andel de Fundación Otros Cruces recalca que sigue siendo “imprescindible que Chile firme el Acuerdo de Escazú” para que se “garantice la seguridad de los y las defensores de la Tierra”. Además, Van Andel cree que avanzar en una regulación de cuencas es un tema pendiente “para garantizar el derecho al agua a todos y todas, parando el acaparamiento de aguas y la intervención de los ríos”.
Por su parte, desde la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, señalan que se necesitan una serie de acciones que manejen y protejan las fuentes de almacenamiento de carbono forestal, como una de las principales acciones para mitigar el cambio climático. Por ejemplo, evitar cambios de uso de suelo; incorporar incentivos eficaces a la Ley de Bosque Nativo (N° 20.283); modificar la meta de restaurar 200 mil hectáreas al 2030, porque en realidad se necesita recuperar y restaurar 100 mil hectáreas por año; entre otras que apuntan a “una nueva institucionalidad forestal que atienda la problemática del sector como corresponde. Las propuestas señaladas se pueden iniciar ya, con voluntad política y por la urgencia del cambio del clima”, recalcan desde la agrupación.
*El Observatorio Ciudadano es parte de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, espacio compuesto por organizaciones de sociedad civil que investigan sus impactos y generan propuestas y exigir de las autoridades respuesta a la altura de los desafíos que tenemos como país y a nivel global.
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