En Chile la actividad pesquera tiene gran relevancia desde el punto de vista económico y laboral, pero también debido a su importante rol en la seguridad alimentaria y el mantenimiento de comunidades costeras.
La legislación pesquera nacional ha ido incorporando diferentes regulaciones, siendo una de ellas la fijación y asignación de cuotas globales de captura (CGC), con miras a enfrentar el problema de la sobreexplotación y la gran presión extractiva a la que se han visto sometidas las principales pesquerías nacionales. Sin embargo, después de varias décadas de implementación, la evidencia muestra que persisten problemas, tanto a nivel de efectividad como de suficiencia, en cuanto a la recuperación de los stocks, los procesos de transparencia y corrección de asimetrías de información, así como en la toma de decisiones o la dinamización e inclusión de nuevos actores, lo que ha impedido lograr mayores niveles de equidad social en la distribución de los bienes y la protección de las poblaciones de peces y demás recursos de los que depende la pesca a nivel nacional.
Este documento pretende aportar a la discusión algunos elementos asociados al sistema de administración de las principales pesquerías de Chile vinculadas a la implementación de cuotas de captura, identificando algunas problemáticas y desafíos para la sostenibilidad desde un enfoque de derechos humanos.
En este documento, analizamos en profundidad el impacto de este sistema. Entre las principales problemáticas destacadas se encuentran la concentración de derechos de pesca en manos de grandes empresas, la exclusión de nuevos pescadores artesanales ante la nula renovación del Registro Pesquero Artesanal, y la falta de un enfoque participativo que considere a las comunidades locales en la toma de decisiones. Estas deficiencias no solo limitan la equidad en el acceso a los recursos, sino que también amenazan la biodiversidad y la sostenibilidad del sector.
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos