Junio 2020
En el marco de la crisis sanitaria y económica que vive Chile y el mundo, los pueblos indígenas u originarios son uno de los grupos más vulnerables frente a los impactos de la pandemia y la crisis económica, debido a las diversas desigualdades que enfrentan en lo social, económico y territorial; lo anterior, se une a la sobrecarga de enfermedades que afrontan, como por ejemplo, los altos índices de diabetes e hipertensión arterial producto de los cambios alimenticios causados por la reducción territorial.
Diversos organismos económicos y financieros han anunciado una crisis económica sin precedentes y decenas de millones de personas desempleadas a raíz de la pandemia por Covid-19. Para la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL ha pronosticado el aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, la persistencia de las desigualdades y el descontento generalizado. En este contexto, la crisis por la pandemia tendrá repercusiones negativas en la salud y la educación, así como el empleo y la pobreza, principalmente en los sectores más pobres y vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas.
Asimismo, dadas las desigualdades económicas, sociales y culturales de Chile, los efectos de la pobreza y el desempleo sin duda afectarán de forma desproporcionada a los pueblos indígenas u originarios que habitan tanto las zonas rurales como las ciudades. Ello, sumado al hecho de que Chile aún no ha brindado respuestas adecuadas frente al estallido social que surgió en el país en octubre de 2019, el cual ocasionó diversas protestas a lo largo del país, que se vieron interrumpidas con el inicio de la emergencia sanitaria por Covid-19 en marzo de 2020. En este sentido la CEPAL ha afirmado, con respecto a Chile, que lo que más preocupa es que esto pueda aumentar el descontento social que ya existía antes de la crisis sanitaria, “justamente porque la desigualdad y la pandemia, han demostrado grandes deficiencias estructurales que se vienen arrastrando en materia de salud y protección social.”
Sirve recordar, que si bien Chile ha ratificado el Convenio 169 de la OIT en el 2008 y aprobó con voto favorable la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016. A pesar de ello, los pueblos indígenas en Chile no están reconocidos en la Constitución Política y la Ley 19.253 de 1993, conocida como la “Ley indígena”, hace referencia a ellos como “étnias”, privándoles de esta forma de su reconocimiento político como pueblos y del reconocimiento de sus derechos colectivos. Asimismo, la Ley indígena no ha sido adecuada a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas a los que se encuentra obligado Chile. Lo cual sin duda aumenta el grado de vulnerabilidad de los pueblos indigenas que habitan Chile.
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