Los tribunales han suspendido un polémico proyecto que pone en riesgo a los salares del norte de Chile y a las comunidades que los habitan.
La Justicia chilena ha puesto en jaque una de las últimas y más controvertidas jugadas del gobierno de Sebastián Piñera. El viernes un tribunal acogió a trámite dos recursos que dejan suspendida una licitación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio que el Ejecutivo había adjudicado a una multinacional china y a una empresa nacional.
«No significa la cancelación definitiva de la licitación en curso. Solo implica que esta se suspende temporalmente mientras se resuelve el presente recurso», señalaron desde el ministerio a través de una declaración pública.
Este domingo el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, insistió que se seguirá adelante con el proceso, una vez que se resuelva el recurso de la Corte de Apelaciones que lo puso en pausa. «Haremos ver nuestros argumentos para continuar […] Estamos confiados que con los argumentos que se presentarán y se seguirá adelante», dijo.
Impacto en los salares del norte
El gobierno quiere producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una. Por ahora se adjudicaron dos de ellas: una a la multinacional china ByD y la otra a la firma chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte. Las ofertas alcanzan los 121 millones de dólares para el Estado. «Tenemos dos opciones: o dejamos el litio bajo tierra o lo utilizamos en beneficio de todos los chilenos. Después de ver que se había estancado la producción de litio en Chile –que Australia nos había sobrepasado con largueza– y que países como Argentina y Bolivia estaban amenazando con superar a Chile, decidimos poner en marcha un plan estratégico de aprovechamiento del litio», explicó Piñera.
El anuncio de los ganadores del concurso se produjo pocas horas antes del inicio de un debate en el Congreso que podría haber paralizado el proceso que, desde que se dio a conocer en octubre, provocó malestar y rechazo ciudadano.
Las adjudicaciones son por un plazo de 7 años –prorrogables por otros dos– para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 de producción. Aún no hay un territorio definido en el que se instalarán las empresas, pero se sabe que será en el norte del país, en Atacama, donde se encuentran los principales salares y yacimientos de litio, en especial, el Salar de Atacama, el más grande del país.
Chile acumula las mayores reservas de litio del mundo, un 40%. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), es el segundo productor mundial de este mineral (32%), solo por detrás de Australia (46%). Entre 2015 y 2018 sus exportaciones se cuadruplicaron a países como Corea del Sur, Japón y China, que son sus principales importadores. Cochilco también pronostica un aumento considerable de la demanda en los próximos años por la progresiva instalación de los coches eléctricos, uno de los usos más prometedores de este material.
«Una vulneración de derechos a las comunidades»
Tanto la comunidad científica, como políticos representantes de la Convención Constitucional y del Congreso se han posicionado en contra de la licitación convocada por Piñera. Pero los principales perjudicados son las comunidades locales, que observan como empresas extranjeras se adueñan de los recursos de sus territorios.
«Esta licitación nos causa mucha preocupación porque hay una vulneración de derechos que afecta directamente a los habitantes del territorio que aún existimos», dice el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, Manuel Salvatierra. Critica que el Estado de Chile desconozca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Chile en 2008, y que se basa en el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos originarios, reconoce sus derechos sobre las tierras y los recursos naturales y el derecho a decidir sus prioridades en los procesos de desarrollo.
El abogado del Observatorio Ciudadano Marcel Didier, quien ha estado evaluando el impacto de la extracción de litio en la cuenca del salar de Atacama, destaca también que todos los trabajos que han realizado las empresas del litio en Chile se han hecho «sin la consulta previa, libre e informada y sin el consentimiento de los pueblos indígenas». En su opinión, también se han vulnerado derechos como la libre determinación –por no poder decidir qué se va a hacer en su territorio– y el derecho a la participación en los beneficios. «Si bien se entrega dinero a las comunidades, se ha hecho sin ninguna correlación con las utilidades que ganan las empresas y al margen de los estándares para este tipo de actividades», lamenta Didier.
A finales del año pasado, el Consejo de Pueblos Atacameños también presentó un recurso ante otro tribunal que, si bien fue acogido, no paralizó el proceso. Por eso ahora se adherirá al que fue interpuesto por el gobernador de Atacama que, junto al presentado por comunidades indígenas, fueron los acogidos este viernes. El gobierno dispone de un plazo de 10 días para entregar su informe sobre el proceso.
«Los contratos son una mala noticia»
Desde el anuncio de la aprobación, ha sido constante el ir y venir de declaraciones cruzadas entre autoridades del gobierno saliente y del que asumirá a partir del 11 de marzo con el izquierdista Gabriel Boric (Frente Amplio) a la cabeza. El equipo de Boric había pedido postergar la licitación al menos hasta la llegada de la nueva administración, pero el actual gobierno señaló que el concurso se habría adjudicado tras tomar en cuenta algunos puntos planteados por el equipo del futuro presidente. Los frenteamplistas lo negaron y Boric, que en su programa de gobierno propuso la creación de una Empresa Nacional del Litio, calificó los contratos como «una mala noticia». El exlíder estudiantil aseguró que «revisará» la licitación una vez asuma el poder, pero sus palabras sentaron mal a las autoridades actuales, que lamentaron «la desinformación» que se ha generado entorno al tema.
Sea como sea, ahora la pelota está en manos de los tribunales y el proceso queda detenido, al menos por diez días. «Es muy difícil que se resuelva todo esto bajo el actual gobierno, por tanto, la licitación de Sebastián Piñera ya no va. Ese es un hecho en relación a los tiempos», asegura el abogado del Consejo de Pueblos Atacameños, Sergio Chamorro.
Para Marcel Didier, otra forma de revetir los permisos otorgados podría darse cuando empiecen las exploraciones de las empresas en la zona y el futuro gobierno solicite que se consulte a las comunidades indígenas afectadas. Por mientras no se llega a este punto, Manuel Salvatierra sigue denunciando: «Es una falta de respeto a un pueblo originario que existe, que está acá, y también a todo un país que reclama mayor participación en las decisiones de estas características». Y concluye: «Se está poniendo en riesgo la posibilidad de seguir ocupando este territorio por otros miles de años tal y como lo heredaron nuestros abuelos».
Organización no gubernamental de defensa, promoción y documentación de derechos humanos
